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LLARENA QUIERE SABER SI HUBO CONCIERTO ENTRE CDC, ERC, ANC Y OMNIUMUna agenda intervenida por la Guardia Civil revela el papel de Mas, Rovira y Gabriel en el procés
EL IMPARCIAL
Lunes 11 de diciembre de 2017, 14:41h
El juez del Supremo pide a la Guardia Civil un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “Enfocats”.
Según se ha sabido este lunes, una agenda intervenida al exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep Maria Jové, por la Guardia Civil en el registro de su domicilio el pasado el 20 de septiembre revela el papel que desempeñaron Artur Mas, Marta Rovira y Anna Gabriel, entre otros investigados, en el comité estratégico del procés para conseguir la independencia de Cataluña.
Varios medios de comunicación destacan que en dicha agenda, “grande de color negro de tamaño medio con la inscripción Moleskine", se revelan unas conclusiones sobre varias anotaciones realizadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 sobre “la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana”. Igualmente se hace referencia al “referéndum de independencia”, las “estructuras de Estado”, las “leyes de desconexión” y la “estrategia de desobediencia”.
La Guardia Civil explica en el informe que se trata de una agenda que arranca el 12 de febrero del año 2015 con anotaciones sobre estrategias políticas de ERC, pactos con CiU y CUP, recoge lo que se denomina ideas de fuerza, hoja de ruta y programa”. Hay que destacar que este 20 de septiembre se encontró también el documento ‘Enfocats’por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido este lunes que se amplíe la investigación que afecta al comité de dirección del procés.
El magistrado ha dictado este lunes una providencia en la que solicita nuevas diligencias en la causa por el procés hacia la independencia y estudia si imputa a más personas, entre las que podrían estar la candidata de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira,y la diputada de la CUP Anna Gabriel. Así, Llarena solicita a la Guardia Civil, como policía judicial actuante, la práctica de determinadas diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el alto tribunal por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.
En concreto, solicita al grupo de policía judicial actuante que practique diligencias tendentes a esclarecer y justificar si hubo un eventual acuerdo inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. Del mismo modo, el magistrado pregunta si estas entidades han sufragado actuaciones acordadas por alguno de estos partidos políticos.
El magistrado quiere que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir e indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.
El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.
Además, pide al instituto armado un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comités de Defensa del Referéndum” y “Comités de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “Enfocats”.
En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.
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