La Ley de
Sucesión de 1947 y el principio VII de la Ley de Principios del Movimiento
Nacional, establecieron como forma del Estado español, “la Monarquía
tradicional, católica, social y representativa”.
Para Franco,
desde 1947, el sucesor sería el primogénito de don Juan de Borbón y éste debía
formarse como heredero en España.
“Así pues
-explicó Franco ante las Cortes en julio de 1969-, consciente de mi
responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y valorando con toda objetividad
las condiciones que concurren en la persona del Príncipe Juan Carlos de Borbón
y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios
siglos ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del
Régimen, se halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años
ha sido perfectamente preparado para la alta misión a la que podía ser
llamado... estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas, como
persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan
Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación
para su alta misión, y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas
fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los
Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que
concurren las demás condiciones establecidas por el artículo noveno de la Ley
de Sucesión”.
Franco
presentó un Príncipe que había sido especialmente preparado por él para su
tarea; vinculado al Ejército, pero que es más que cualquier militar (por ello
obligaría al Príncipe a retirar de su discurso la expresión “como soldado”); un
heredero leal tanto a los Principios del Movimiento como a las Leyes
Fundamentales, dos elementos constitucionales distintos, siendo los primeros de
orden jurídico superior. Franco entendió siempre que el único régimen político
posible para España era la Monarquía (virtualizada, expurgada de los errores
pasados, alejada de los cortesanos y de los intereses de clase a los que
siempre había estado vinculada y asentada sobre un marco social y económico
estable que impidiera una nueva caída de la institución, haciéndola así
perdurable).
La transmisión
de la legitimidad.La cuestión monárquica y su proceso instituyente fue siempre
un ámbito de decisión que Franco se reservó en exclusiva. Dejó que todos
opinaran, que todos actuaran a favor o en contra, pero en ningún momento dejó
de controlar el proceso.Y se inclinó por una Monarquía que, a su juicio, debía
de conservar importantes poderes, cuando en la mayoría de las monarquías
occidentales el monarca o carecía de los mismos o eran muy limitados.
Franco se
propuso devolver la Corona a la Jefatura del Estado en un país donde los
monárquicos eran una exigua minoría y la coalición política que, en cierto
modo, acaudillaba desde la guerra, no era significativamente monárquica.Hizo de
Juan Carlos primero y de sus sucesores, sus sucesores naturales.
No le
interesaba tanto que el sucesor se ganara a la aristocracia, a los sectores
económicos o a la clase política como al pueblo; impulsó a los Príncipes a
llevar a cabo una auténtica campaña de popularización, de contacto con el
pueblo, como las que él mismo solía hacer en los años cuarenta o cincuenta,
cuyos beneficiarios eran mucho más que la institución la pareja que formaban
Juan Carlos y Sofía.
En 1964 Franco
realizó, con un gesto, la primera designación popular de don Juan Carlos al
presidir a su lado el desfile conmemorativo de la Victoria.Franco se preocupó,
además, de que su sucesor contara si no con sus poderes y su carisma, algo
imposible de transmitir, si con la transmisión de su legitimidad personal. A la
muerte de Franco no se produjo la sustitución de un poder de hecho por otro
distinto, sino que se producirá una continuidad natural en el poder, atendiendo
a la norma constitucional vigente. Fue para los españoles una transmisión
normal. Esa transmisión de su legitimidad personal fue muy importante para
poder llevar a cabo la transición en dos sectores básicos: en una parte
importantísima de la clase política del régimen y en el Ejército.
En su
testamento político dejo escrito: “por el amor que siento por nuestra Patria,
os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y rodéis al futuro Rey de
España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me
habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración
que de vosotros he tenido”. Palabras suyas, escritas de puño y letra.
En sus
confidencias a José Luis de Villalonga, Juan Carlos afirma: “en los días que
siguieron a la muerte de Franco, el ejército hubiera podido hacer lo que le
diera la gana. Pero obedeció al Rey. Y seamos claros, le obedeció porque yo
había sido nombrado por Franco y en el ejército las órdenes de Franco, incluso
después de muerto, no se discutían”.
Franco
transmitir a su sucesor un poder especial, superior al contenido en la
Constitución del Régimen; poder que es el que le permite proceder a su
demolición.
Joaquín
Bardavío, escribe: “muerto Franco, al franquismo se le invitó a suicidarse y lo
hizo con patriotismo y obediencia al heredero de todos los poderes”, al
heredero de Franco.
Las
circunstancias geopolíticas.Transformar el régimen de Franco en un sistema
democrático al modo occidental no obedeció sólo a razones de ideológicas o
internas. En ella intervinieron las circunstancias geopolíticas del momento.
Terminada la
II Guerra Mundial, los aliados decidieron acabar con el régimen condenándolo al
ostracismo al descartar una posible intervención militar.
No era un
sistema democrático pero tampoco lo eran infinidad de países miembros de las
Naciones Unidas, el Régimen de Franco tampoco era un Régimen impuesto a los
españoles por las potencias derrotadas y menos constituía una amenaza para la
paz mundial.
Franco, que ya
había denunciado el entreguismo occidental al avance y la previsión de la
Guerra Fría, reaccionó afirmando su régimen político. España era, según declaró
a la Associated Press, un “país de constitución abierta” que seguiría el camino
trazado de perfeccionamiento institucional sin abrir “periodos constituyentes
de interinidad”.
A partir de
1947, EE.UU. consideró oportuno de “modificar su política hacia España”,
constatando además que en España no existía una oposición cohesionada capaz de
hacerse con el poder. La situación previsible de una retirada de Franco podía
conducir al caos.
Lo único
conseguido con el aislamiento había sido “reforzar el régimen de Franco,
impedir la reconstrucción económica de España y operar contra el mantenimiento
de una atmósfera pacífica en España en caso de conflicto internacional”.
Lo deseable:
la evolución del régimen de Franco de una forma ordenada hacia un régimen
democrático, pero para ello será necesario ir convenciendo a “los elementos
derechistas que apoyan al régimen, al ejército y a la Iglesia”.
Los Estados
Unidos hicieron llegar a Madrid su idea de que a Franco debería sucederle,
conservando siempre el orden y la estabilidad en la evolución, un sistema
basado en la alternancia de dos fuerzas moderadas: una de centro derecha y otra
de centro izquierda.
Independientemente
de los deseos exteriores, Franco continuó fiel a su idea de poner en marcha un
Nuevo Estado (cerrado en 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del
Estado); La institucionalización final estuvo más para el sucesor que para el
propio Franco.
Años sesenta:
la desideologización del régimen cuando entro en vigor la Ley Orgánica, una
parte importante de la clase política del régimen había dejado de creer en el
mismo y orientaba su acción política hacia la futura homologación del sistema
con occidente; había un consenso casi unánime de que tal homologación política
solamente alcanzaría entidad real una vez proclamado el sucesor y con la
progresva desaparición de Franco de la escena política.
El proyecto
del sucesor.El príncipe Juan Carlos pronto fue consciente de que más tarde o
más temprano tendría que enfrentarse políticamente a su padre y a la Corte de
Estéril; pronto asumió que, para ser rey, debería ganarse la voluntad de
Franco, aceptando su proyecto instaurador. Don Juan Carlos se ganó esa
voluntad.
Franco cuidó
hasta los límites más insospechados de su sucesor. Preparó sus estudios, vigiló
su formación, hablaba con unos y con otros, hacía pequeñas indicaciones,
bloqueaba cualquier información que él consideraba que podía dañar su imagen
Se reunía con
el Príncipe, al que hablaba de su experiencia, dándole lecciones de
comportamiento y de conducta: un rey no debía tener, su existencia fue una de
las causas de la caída de la Monarquía; el rey no debía tener amigos públicos;
la Monarquía debía enterrar a la Corte y ganarse al pueblo.
Pemán dejó
constancia de que Franco veía en el Príncipe a un hijo, y que Juan Carlos
asumía esta relación como la del abuelo con el nieto. Doña Sofía también estima
que Franco vio a su esposo “como el hijo que no había tenido”.
El médico
privado de Franco, doctor Vicente Pozuelo, dejó escrito que consideraba a los
Príncipes como parte de su propia familia.
La Ley y los
Principios: controversias sobre la idea de la Ley a la Ley.La Ley de Sucesión
de 1947, en su artículo noveno, fijaba la obligatoriedad de que el sucesor
jurara lealtad a las dos realidades jurídicas que formaban el entramado
constitucional del régimen:
.- Las Leyes
Fundamentales del Reino.
*.- Los
“Principios que informan el Movimiento Nacional”. (Pero esos principios no
estaban precisados, salvo que se entendiera como tales, a través del Decreto de
Unificación, los puntos programáticos de Falange).Una de las batallas políticas
de José Luis de Arrese fue la de fijar esos Principios que aseguraran la
permanencia de la ideología que animaba al régimen, sin mención a la Monarquía
y se aseguraba la pervivencia del Movimiento.El equipo de López Rodó, una vez
frenados los proyectos de Arrese, preparó una nueva redacción, obra, en gran
medida, de Fernández de la Mora, que sería la promulgada en 1958.
Los Principios
Fundamentales eran los inspiradores de las leyes, de la acción política y del
ejercicio de la misma en el Régimen (un corpus ideológico no negociable, no
sujeto al debate político en el que se subsumían los principios del
Tradicionalismo, del Derecho Público Cristiano y los conceptos joseantonianos.
Estos principios no podían ser vulnerados ni modificados por el sistema
constitucional que informaban; quizás sólo pudieran ser ampliados o matizados a
través de un sistema de enmiendas siguiendo el modelo americano).
En el
ordenamiento constitucional español, ante los Principios, las Leyes
Fundamentales quedaban en un rango inferior. El juramento de fidelidad exigido
al Jefe del Estado le convertía en el encargado de mantenerlas, observarlas y
defenderlas. Como el propio Franco precisaría, no se trataba de un juramente
único sino de un juramento doble y diferenciado.
Eliminada del
ordenamiento la fórmula de reaseguro preconizada por Arrese al exigir que “la
redacción de las leyes deba evitar que queden (los Principios y el Movimiento)
a merced de los caprichos y de las veleidades posibles de los hombres teniendo
como objetivo lograr la continuidad política fijando las facultades y
funciones, dentro de un sistema de garantías políticas, que aseguren la
adecuación de la gestión de gobierno a esos principios inmutables”.
El problema
político de la redacción final era que todas las garantías consistían en la
lealtad a un juramento. Para Francisco Franco, era imposible que un Rey no
cumpliera lo que jurara, porque teniendo presente lo expuesto es evidente que
prestar el mismo con cualquier tipo de reserva mental constituiría un engaño o
una traición.
En la Ley de
Principios, los tres artículos que acompañaban a la Declaración de Principios
eran muy claros en su intención: los Principios inspiran las leyes; son de obligado
cumplimiento para todos los cargos públicos; cualquier ley o disposición que
los vulneren o simplemente eviten su cumplimiento en lo más mínimo serían
nulas.
La Ley
Orgánica del Estado cerró el entramado constitucional del régimen de Franco, en
su artículo tercero, volvía a situar, por encima de la misma, a los Principios
Fundamentales, que son “por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”.
Algo que se
reiteraría en la refundición en un solo documento de las Leyes Fundamentales
del Reino, publicado unos meses después.En su exposición indicaba que la
refundición mantenía la “permanencia e ineltarabilidad de los principios que
las inspiran”, volviéndolos a situar en un plano distinto y superior a las
leyes. La insistencia en la importancia de la correcta observación de los
Principios resulta en la Ley Orgánica reiterativa.
El artículo
sexto de la Ley obliga al Jefe del Estado a la “más exacta observancia de los
principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de la
continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”.
Leyendo la
ley, difícilmente, desde su óptica, si se aceptaba el juramento de las leyes,
se podía promover una acción contra lo que precisamente se había encomendado.
La Ley
Orgánica, también limitaba los poderes del Jefe del Estado, cuyas decisiones
necesitaban el refrendo del presidente del gobierno, del ministro
correspondiente o del presidente del Consejo del Reino según los casos.
Además, al
Consejo Nacional se le encomendaba la misión de “defender la integridad de los
Principios del Movimiento Nacional”, correspondiéndole velar porque las leyes
se ajusten a los mismos y puedan ejercer, en caso contrario, el recurso de
contrafuero.
La Transición
(la reforma-ruptura realizada por don Juan Carlos, a través de Adolfo Suárez y
Torcuato Fernández Miranda) fue “un pequeño golpe de estado legal”, el artículo
59 de la Ley era determinante y no abierto a interpretación al afirmar en su
apartado primero: “es contrafuero todo acto legislativo o disposición del
gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes
Fundamentales del Reino”.
Además, en la
refundición de las leyes se recordaba de forma taxativa que “serán nulas las
leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los
Principios proclamados en la presente Ley Fundamental del Reino”.
De con las
leyes del Régimen, la Ley de la Reforma Política era en derecho nula y el
axioma de ir de la “Ley a la Ley” una justificación, porque la reforma lo que
en realidad implicaba era una ruptura realizada desde el poder. Fue en
realidad, si nos ceñimos a lo dispuesto en las leyes, un golpe de estado
legislativo. Josep Meliá, un hombre de la Reforma, escribió: “con arreglo a
derecho, Blas Piñar y todos los ultras tienen razón. Porque el proyecto de Ley
de Reforma Política incurre en contrafuero”.
La redacción
definitiva de las leyes logró un complejo sistema de relaciones orgánicas entre
los poderes e instituciones del Estado, que incluía un fuerte sistema de
seguridades que, en teoría, hacía imposible que las leyes vulnerasen la
filosofía del Régimen.
Tenía, en este
sentido, razón Franco cuando afirmaba que “todo estaba atado y bien atado”: ni
el Presidente del Gobierno, ni el de las Cortes, ni el Consejo del Reino, ni
las propias Cortes o el Jefe del Estado podían pasar por encima de los
Principios, a no ser, claro está, que todos estuvieran de acuerdo en vulnerar
las leyes, pero esto era algo impensable para Franco.
Lograr la
aceptación de esas instituciones, de un modo u otro, al impulso del Jefe del
Estado, se basó la primera fase de la Transición que condujo a la Ley de
Reforma Política.
Las leyes
obligaban a todos, desde el Jefe del Estado hasta el último de los procuradores
y consejeros nacionales, a la defensa activa de los principios y a evitar su
vulneración.
Ahora bien, el
sistema legal de seguros estaba pensado en función de posibles actos
gubernativos. Frente a éstos estaba la capacidad del Consejo Nacional para
operar como Tribunal Constitucional. Lo que no estaba previsto es que el
Consejo Nacional no ejerciera esa misión a través de los vericuetos legales,
porque la hipótesis que Franco nunca barajó fue que el Jefe del Estado, la
pieza clave, se convirtiera en el elemento activo que impulsara la conculcación
de los Principios.
Para ello,
Juan Carlos se benefició de los poderes de Franco. Poderes que aunque
legalmente no heredaba, si quedaban en su acervo personal por la inercia propia
de la situación. Esta legitimidad le abrió las puertas de las instituciones del
régimen para su demolición. Para ello fue necesario controlar las instituciones
mediante hombres vinculados a sus propósitos de cambio.
El compromiso
de 1969.
Lo que se
produce en julio de 1969, de acuerdo con la legislación vigente, es una
instauración convertida en reinstauración por el hecho de que el sucesor es
heredero directo de la rama reinante hasta 1931.
No es una
restauración porque no se vuelve a la legitimidad de 1876, sino que se llega al
trono a partir de la realidad engendrada por el 18 de julio. Es lo que el
Príncipe afirma en su discurso: “quiero expresar, en primer lugar, que recibo
de Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, la legitimidad
política surgida del 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de
tantos sufrimientos tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase
su nuevo destino”.
Después
recordará que “pertenece por línea directa a la Casa Real Española”,
¿reivindicando que su legitimidad venía de más allá del Régimen?.
El al final
reitera, “estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera
preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar”.
Hay
testimonios que indican que el ya Príncipe de España no tenía intención de
preservar esos Principios Fundamentales, sino hacer evolucionar el sistema
hacia formas democráticas (lo difícil el cómo y en qué forma se podría realizar
semejante operación política y si tendría que conservar alguna de las
aportaciones del Régimen).
Conocía la
posibilidad de cambiar el régimen desde la legalidad, evitando la oposición de
las instituciones. Según testimonia doña Sofía, a Juan Carlos le preocupaba la
fórmula del juramento: “no quería ser perjuro. Ni que alguien pudiera llamarle
perjuro”. El propio rey ha dicho: “son muy pocos los que hablan de lo mal que
lo pasé yo antes de prestar un juramento de fidelidad a unos Principios que yo
sabía que no podía respetar”.
El 18 de julio
de 1969 tuvo lugar la célebre conversación entre don Juan Carlos y Fernández Miranda,
en la que, de algún modo, se selló el mecanismo de la Transición. El profesor
tranquilizó su conciencia con el siguiente razonamiento: “al jurar las Leyes
Fundamentales, las juráis en su totalidad; por lo tanto, también juráis el
artículo 20 de la Ley de Sucesión, que dice que las leyes pueden ser derogadas
y reformadas. Luego aceptáis desde ellas mismas esa posibilidad de reforma”.
Para Fernández
Miranda, los Principios no era una realidad distinta a las Leyes Fundamentales
sino parte de las mismas y por tanto modificables.
La reforma era
posible si se hacía de acuerdo con lo establecido por las leyes y ese camino
evitaría el continuo empezar de nuevo de la anterior historia de España desde
las Cortes de Cádiz. Lo que en realidad había encontrado era un vericueto
legal, una trampa jurídica que él sabía contraria tanto a la inspiración como a
la intención de las leyes y a la propia filosofía política del régimen.
Torcuato no
ignoraba que los Principios estaban situados en un rango superior. El argumento,
en definitiva, era válido tan solo en la medida en que se quisiera compartir;
porque, como ya hemos apuntado, éstos no eran, como sostiene el profesor del
Príncipe, síntesis de las leyes sino inspiradores de las mismas. No eran
resumen de su filosofía sino la filosofía que las impregnaba.
Torcuato tuvo,
además, buen cuidado de no hacer referencia al artículo tercero de la Ley de
Principios que declaraba nula cualquier ley que entrara en colisión con los
mismos. Y el recurso de contrafuero era práctica parlamentaria habitual en la
época.
Don Juan
Carlos, años después comentaría, “aquello que me decía Torcuato de que toda ley
lleva en sí misma el principio de su reforma y que nada es eterno y que todo se
puede cambiar por la vía de la legalidad sonaba muy bonito, pero una cosa es
hablar de ello y otra hacerlo”.
El piloto del
cambio.En “Todo un Rey” se dice: “cuando Franco le nombró Príncipe de España,
Juan Carlos programó cada minuto de su vida para preparar la Transición en el
momento oportuno. Sin perder nunca el respeto personal a Franco”.
Nicolás de
Cotoner, marqués de Mondéjar, en el prólogo a la obra de los familiares de
Fernández Miranda, significativamente titulada “Lo que el rey me ha pedido”,
dice “que nuestro Rey ha sido el motor del cambio, el empresario de la obra y
el piloto que manejó con pulso firme la nave del Estado en su travesía hacia la
orilla democrática”. Pero tras el juramento y la decisión de cambiar el régimen
no existía certeza sobre el cómo hacerlo.Lo que sí se puede afirmar es que en
1969 don Juan Carlos debió moverse en la órbita de los sectores aperturistas
del régimen.Entre 1969 y 1975 el Príncipe fue adquiriendo el compromiso de no
ser el continuador de la obra política de Franco, sin que esto significase que
renegar o poner en tela de juicio la legitimidad que le había hecho rey.
En el período
que va desde 1969 a 1975 dos tiempos en la acción del motor del cambio:*.- En
el primero, el Príncipe juega con la hipótesis de ser rey en vida de Franco. En
ese marco, los cambios por fuerza deberían ser muy lentos y dentro de los
límites de lo que se venía denominando el reformismo del régimen, en el que
militaba una joven generación de burócratas del Movimiento.
*.- El segundo
tiempo vendrá determinado por la asunción del hecho de que no sería rey en vida
de Franco. Ante el después de Franco se dedicaría a dar a conocer cuál era su
proyecto tanto a la oposición como a los ambientes internacionales.
El Gobierno
formado en octubre de 1969, el gobierno del Príncipe, hechura de Laureano López
Rodó, estaba destinado a presidir la proclamación de Juan Carlos como rey. En
el mismo figuraba, como Ministro Secretario General del Movimiento, un hombre
de la confianza del Príncipe, Torcuato Fernández Miranda.
Un gobierno
que se movía dentro de la órbita reformista y aperturista del momento que en
cierto modo trataba de ir sentando las bases para un cambio. Torcuato se
proponía consumar, bajo la aparente ortodoxia de las palabras, la
desfalangistización del Movimiento para convertirlo en una estructura de apoyo
a la Monarquía.
Las denuncias
contra este gobierno por parte de los sectores más militantes del régimen,
acusado de querer desmantelar el régimen y socavar el prestigio de Franco
arreciaron y finalmente tanto Franco como Carrero se hicieron eco de las
mismas. Mientras, el Príncipe continuaba dando muestras de lealtad a Franco y a
los Principios Fundamentales en los primeros discursos públicos que pronuncia.
Es el hombre que mide las palabras para no despertar recelos.
Apoya el
proceso de desmantelamiento del Movimiento que muchos pretenden incluso desde
el Gobierno o sus aledaños, conclusión lógica de parte de la política de los
sesenta; como otros, cree que la estrategia acertada es que el Movimiento se
vaya diluyendo; se muestra partidario de que se produzca la separación de la
Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno; quiere las asociaciones
políticas porque ellas abrirán las puertas a los partidos.
Su opción
parece ser la evolución lenta, quizás conservando algunos elementos del
régimen. Probablemente está en la órbita de lo que desde hace años ha planteado
la política exterior americana como salida al régimen de Franco: un sistema con
dos grandes fuerzas que no cuestionen el orden.
Cuando esté
próxima la muerte de Franco se planteará impulsar la formación de esas fuerzas.
El presidente
Nixon, al conocer sus propósitos durante su visita a los EEUU en 1971, le
recomendó tranquilidad en un camino donde lo importante era conservar el orden
y la estabilidad.
Pero también
en esos años hizo llegar a los centros de opinión internacionales su intención
de hacer cambiar el sistema. En 1970, el prestigioso articulista, Richard Eder
publicó un importante artículo bajo el título de “Juan Carlos quiere una España
democrática”.
Conforme
avancen los años setenta y la decadencia de Franco se haga más evidente mayor
será la actividad del piloto del cambio.
En 1971 visitó
los EEUU, en 1972 la República Federal Alemana. Después, a través de
colaboradores, buscó convencer a la oposición de sus deseos de cambio. A través
de José Mario Armero llegó hasta Felipe González. También enlazará con Luis
Yañez y Luis Solana. En el maletero de Puig de la Bellacasa llegan a la
Zarzuela hombres como Jordi Pujol o Leopoldo Torres.
En 1972,
Herrero de Miñón publicó en Cuadernos para el Diálogo su trabajo “El Principio
Monárquico”, en el niega la inmutabilidad de los Principios e indica que la
clave está en la utilización del artículo 10 de la Ley de Sucesión, confiando a
la Corona, gracias a su poder soberano, la misión de poner en marcha el cambio.
En 1974,
Rafael Arias Salgado, había defendido que el cambio debería ser obra de un
gobierno liberalizador.
Jorge Esteban
publica la obra “Desarrollo Político y Constitución Española” y Fernández
Miranda “Estado y Constitución”, defendiendo su idea de que “el único camino
para erradicar las leyes que no nos gustan es trabajar para conseguir
cambiarlas desde los mecanismos de reforma en ellas establecidos.
En 1973,
Franco decidió separar la Presidencia del Gobierno de la Jefatura del Estado
nombrando presidente a un hombre leal, Luis Carrero Blanco. El gobierno está
también pensado de cara al momento de la sucesión real pero es muy distinto al
de 1969. Carrero supone la continuidad del régimen y un escollo para un cambio
absoluto, pero lo corta un atentado terrorista de ETA.
El propio don
Juan Carlos ha precisado que de vivir el Almirante, un hombre que en silencio
había trabajado por la restauración de la Monarquía y por don Juan Carlos, no
hubiera podido desmantelar el régimen tan rápidamente, aunque creía que
Carrero, finalmente, no se le hubiera opuesto presentándole su dimisión.
Don Juan
Carlos ya trabajaba abiertamente para el cambio político, quedaba diseñar el
camino legal.
Franco murió
el 20 de noviembre de 1975. Probablemente era consciente de que su régimen no
le sobreviviría. En su última conversación con el hombre al que, en definitiva,
le había hecho rey, ya en la Ciudad Sanitaria de La Paz, sólo pidió al Príncipe
una cosa: que preservara la unidad de España: “la última vez que le ví ya no se
encontraba en estado de hablar. La última frase coherente que salió de su boca,
cuando ya se hallaba prácticamente en la agonía, es la que he mencionado ya,
referida a la unidad de España. Más que sus palabras, lo que me sorprendió
sobre todo fue la fuerza con que sus manos apretaron las mías para decirme que
lo único que me pedía era que preservara la unidad de España. La fuerza de sus
manos y la intensidad de su mirada. Era muy impresionante. La unidad de España
era su obsesión. Franco era un militar para quien había cosas con las que no se
podía bromear. La unidad de España era una de ellas”.
Esa España
que, como afirma el propio Rey, es la que le permitió llevar a cabo la
Transición: “todo lo que hice cuando me vi con las manos libres pude hacerlo
porque antes habíamos tenido cuarenta años de paz. Una paz, estoy de acuerdo,
que no era del gusto de todo el mundo, pero que de todos modos, fue una paz que
me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar”.
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