viernes, 1 de diciembre de 2017

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA
Felipe González ve la ley del referéndum independentista catalán un “bodrio” propio de Nicolás Maduro
Los expresidentes reflexionan sobre la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución
Madrid 5 JUL 2017 - 15:54 CEST
 Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. ZIPI EFE
Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han alertado este miércoles contra el autoritarismo del proyecto independentista de Cataluña y la vulneración de la legalidad que suponen la ley de ruptura, adelantada por EL PAÍS, y la del referéndum. "Se está haciendo una propuesta como la de [Nicolás] Maduro: si no se gana por los votos, ganar por las botas", ha advertido González en el foro 40 años de democracia, organizado por Vocento, en el que ha calificado de "bodrio" la ley del referéndum y ha planteado la posibilidad de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución (que permite al Estado intervenir para obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir las leyes). "No se puede aceptar que las leyes sean vulneradas sin consecuencia", ha coincidido Aznar. "Creo que superaremos lo de Cataluña: cabeza fría, convicción y respuesta política con mayúsculas", ha pedido Zapatero.
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Los tres expresidentes vivos de la democracia española acumulan tres décadas de experiencia al frente del país. Durante sus mandatos, afrontaron retos como el de la lucha contra la banda terrorista ETA, la integración europea, la llegada del euro, el plan independentista de Ibarretxe y la entrada y salida de la guerra de Irak. Ahora no dudan en señalar cuál es la mayor amenaza a la que se enfrentan España y el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy: el proyecto secesionista que impulsa Carles Puigdemont desde la Generalitat de Cataluña.
"Tenemos un problema de convivencia que se traduce en un problema de territorios. No solo quieren crear nuevos demos, están fracturando mucho más gravemente su convivencia social interna", ha reflexionado González. "Es el gran riesgo del nacionalismo", ha subrayado. "No es que estén fracturando la convivencia con España, están fracturando la convivencia de Cataluña con Cataluña, de los catalanes con los catalanes", ha añadido, reprochando las "pulsiones extrañamente autoritarias" de la Generalitat y su "desconocimiento de las reglas de juego más elementales". Y ha subrayado: "Hay una incitación clara a la sedición. Y eso está tipificado [en el Código Penal]".
Un problema con tres niveles
González ha indicado que este "problema" se puede analizar en tres niveles: el de las implicaciones penales, el de las consecuencias constitucionales, y el de recurrir al artículo 155 de la Constitución. El primero lo ha mencionado porque, a su entender, los mandatarios catalanes que están a favor de la independencia están cayendo en una "incitación clara a la sedición". Del segundo ha comentado la potestad del Tribunal Constitucional. Y sobre el tercero ha dicho: "Lo que el artículo 155 exige a los responsables de gobierno es que si se vulneran las normas constitucionales y estatutarias, hay que dar una respuesta para devolver la realidad al ámbito constitucional". Es un artículo "ambiguo", ha reconocido el expresidente, que ha puntualizado que "afortunadamente" es así, ya que se "puede graduar". Y ha advertido: "Asumir la responsabilidad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución es bastante fuerte, duro. Siempre es relativamente más fácil ampararse en otras actuaciones. De aquí al 1 de octubre veremos qué ocurre".
Aznar, que el viernes pasado ya se mostró favorable a la aplicación del artículo 155, ha dicho coincidir con las tesis de González "al 97%". "Antes de romperse España, se romperá Cataluña (...) El independentismo va a acabar demoliendo Cataluña", ha lamentado. Y ha remarcado: "Cuando uno pega una patada a la mesa, no se puede actuar como si no lo hubiera hecho".
Finalmente, el expresidente Zapatero ha criticado que Puigdemont abogue por un referéndum unilateral para decidir el futuro de Cataluña. "Los referéndums son herramientas completamente negativas", ha opinado. "Dividen", ha recalcado. "Quien pierde, quiere la revancha. Y esto no es decidir sobre una ley u otra, sino sobre la convivencia. Resolver así los problemas de convivencia es un grave error".

Los tres expresidentes han coincidido en la necesidad de que el Gobierno busque soluciones políticas al reto independentista. También han debatido sobre las opciones de que una reforma de la Constitución tuviera los apoyos necesarios como para mejorar el encaje de Cataluña en España. González incluso se ha mostrado abierto a que una subcomisión estudie la cuestión en el Congreso de los diputados. Todas esas reflexiones, sin embargo, están supeditadas a la tensa cuenta atrás que ha emprendido el independentismo en su pulso contra el Gobierno: la fecha del referéndum unilateral de independencia ya ha quedado fijada para el 1 de octubre.

Un tipo tóxico

Un tipo tóxico
Artur Mas es un personaje manipulador que pervierte cuanto toca llevando a la destrucción a quienes confiaban en él
ENRIQUE GIL CALVO 14 NOV 2015 - 21:26 CET
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Artur Mas es un político tóxico. Un politópata, si se me permite el neologismo construido por analogía con psicópata o sociópata. Un personaje manipulador que pervierte cuanto toca llevando a la destrucción a quienes confiaban en él. Así lo traslucen sus rasgos caracte-riológicos (envidioso y egocéntrico, conspirador y victimista, fabulador y fraudulento), que le asimilan al tipo de personalidad tóxica que definen los psicólogos. Y así lo revela su trayectoria, movida por la ambición de abrirse paso traicionando a cuantos le rodean.
Primero acabó con Miquel Roca Junyent y Josep Antoni Duran Lleida, los delfines llamados a suceder a Jordi Pujol, a fin de monopolizar el principado nacionalista. Después se propuso derribar a Pasqual Maragall haciendo fracasar su proyecto de nuevo Estatut, mediante una doble maniobra que primero forzó su radicalización soberanista en el Parlament para después pactarlo a la baja con el presidente Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
Luego pervirtió el moderantismo conservador de su partido para abrazar el radicalismo neoliberal de los recortes austericidas. Y cuando vio que sus electores desertaban no dudó en pasarse al independentismo de ERC, a fin de fagocitarlo en su propio beneficio. Finalmente, cuando ha visto que la fortuna le abandonaba, no ha dudado en tratar de destruir todo el entramado institucional, traicionando no sólo la Constitución española sino el Estatuto catalán. Todo ello al modo furtivo de un taimado Yago que siembra insidias al oído del Otelo catalán, sin dar jamás la cara ni asumir ninguna responsabilidad, pues siempre encuentra alguna Desdémona españolista a quien culpar. Un antihéroe más avieso que astuto, pues en lugar de por la virtù maquiavélica parece poseído por el vizio y lapassione de un Macbeth fatídico.

Lo más extraño es que con ese historial a sus espaldas haya podido llegar indemne hasta aquí. ¿Cómo es que todavía tiene un séquito dispuesto a suicidarse con él? Sin duda por su capacidad manipuladora, que le ha permitido hacer a sus cómplices unas ofertas fraudulentas que estos no supieron rechazar, quedando atrapados en una conjura de encubrimiento mutuo. Es la conocida táctica de hundir los puentes o quemar las naves, a fin de que los conjurados ya no puedan rectificar ni dar marcha atrás

Artículo 155: Instrucciones de empleo

Artículo 155: Instrucciones de empleo
Hay que aplicar medidas contundentes para frenar la “hoja de ruta” independentista, pero no se puede castigar a una comunidad autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 5 NOV 2015 - 00:00 CET
La provocadora resolución que los independentistas pretenden aprobar en el Parlamento catalán lleva a una dinámica en la que, además del obligado recurso al Tribunal Constitucional, quizá habrá que adoptar medidas más contundentes para parar la “hoja de ruta” que en dieciocho meses llevaría a la independencia. En ese caso, es inevitable pensar en el artículo 155 de la Constitución. Aunque alguna prensa (como El País) ha contribuido a aclarar algunas de las cuestiones más controvertidas acerca de la aplicación del precepto constitucional, éste todavía se percibe como un arcano, percepción que se complica con las diversas insinuaciones del Gobierno que, en cierto modo, ha tendido a identificar la aplicación del 155 con la suspensión del régimen autonómico en Cataluña. Es una visión desproporcionada, acorde con la escasa finura con que se tratan los temas constitucionales en Moncloa. Por ello, ante la eventualidad de que el Gobierno tenga que acudir al Senado para obtener la aprobación de medidas destinadas a parar el proceso a la independencia, conviene examinar las cuestiones más relevantes sobre la aplicación de este instrumento constitucional.

I) ¿Una declaración de independencia justifica aplicar el 155? La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 que enjuició la Declaración de soberanía del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013 era, a mi juicio, excesivamente comprensiva con el discurso independentista, pero al menos dejaba claro que una declaración como aquella tenía efectos jurídicos y no sólo políticos. Otra declaración más rotunda, como la que se pretende aprobar ahora, no sólo tendría el valor jurídico que señaló el Tribunal Constitucional en 2014 sino que, además, se situaría en una secuencia que comprendería otros actos jurídicos. En ese caso, ante el siguiente acto jurídico a la nueva declaración independentista, la aplicación del artículo 155 sería necesaria. ¿Por qué? Porque la Comunidad Autónoma catalana, representada por su Parlamento, se habría introducido de manera indubitada en una vía que atentaría gravemente al interés general de España al quebrar su indisoluble unidad (artículo 2º de la Constitución).

II) ¿Quiénes tienen que adoptar las medidas? La Constitución prevé que el Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico, y con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, adoptará las medidas necesarias. Tanto el requerimiento como la petición al Senado y la adopción específica de medidas deben corresponder al Consejo de Ministros pues la mediad afectaría a varios Ministerios.

¿Y si hubiera que actuar después de las elecciones, con un Gobierno en funciones? Como la Constitución y la Ley del Gobierno de 1997 no prohíben al Gobierno cesante aplicar las previsiones del artículo 155, no habría ningún obstáculo a aplicar ese precepto. ¿A quién habría que enviar el requerimiento? Aunque sea un acto parlamentario, al Presidente de la Comunidad que es el más alto representante de la Comunidad Autónoma, lo que permitiría desposeerle, si fuera necesario, de su potestad de promulgar leyes, expedir decretos y ordenar su publicación.

Una comunidad no puede atentar contra el interés general de España
¿La Diputación Permanente del Senado disuelto puede autorizar las medidas que proponga el Gobierno? Aunque la Constitución no atribuye expresamente esta función a la Diputación Permanente cabe entender que podría adoptarla pues lo contrario conduciría a dejar en suspenso el artículo 155 de la Constitución en el período que media entre la disolución del Senado y la constitución del siguiente, lo que no parece que sea voluntad del texto constitucional.

III) ¿Qué medidas se pueden adoptar? La Constitución no especifica cuáles son esas medidas como tampoco lo hace el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se inspira el precepto español. Con ligereza, algunos representantes del Gobierno han insinuado la posibilidad de suspender el régimen autonómico en Cataluña. Pero no se puede castigar a una Comunidad Autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes.
Hay que tener en cuenta la dimensión teleológica de las medidas que prevé la Constitución: se trata de obtener el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales o de proteger el interés general teniendo las medidas un carácter cautelar, provisional, hasta que se cumpla lo previsto en la Constitución. Ello no se consigue con la suspensión de todo el régimen autonómico, lo que, por otra parte, no contempla la Constitución. Y no es posible la suspensión porque ésta sólo debería adoptarse si lo previera (que no lo prevé) el propio Estatuto. No estamos en 1934.

La Policía autonómica tendría que ponerse a las órdenes del delegado del Gobierno
Ante la aplicación de la “hoja de ruta” independentista sería necesario (además de retirar al Presidente la potestad de promulgar y ordenar publicar leyes) suspender las competencias estatutarias que faciliten la aplicación de esa hoja de ruta. Habría que dejar en suspenso las competencias sobre organización de la Administración autonómica, régimen local, publicación de normas, seguridad pública, Seguridad Social, sistema penitenciario, transportes, función pública, infraestructuras de transporte y comunicaciones y servicio público de comunicación audiovisual. También habría que suspender los preceptos estatutarios sobre participación de Cataluña en los asuntos relacionados con la Unión Europea, acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acciones con proyección exterior y oficinas en el exterior. Finalmente, habrá que dejar en suspenso todo lo que se refiere a la Hacienda autonómica. Lo más importante, con todo, es suspender las competencias sobre seguridad pública para que la Policía autonómica se ponga a las órdenes del Delegado del Gobierno en concurrencia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Sería necesario suspender al Presidente o a otros cargos políticos, antes incluso de que se hayan negado a obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional (como ocurre en Italia donde el Consejo Regional puede ser disuelto)? Supuesto el carácter cautelar de esa suspensión, el artículo 155 muestra una vocación teleológica: se trata de obtener un resultado que consiste en que una Comunidad Autónoma deje de atentar gravemente contra el interés general de España o de incumplir sus obligaciones constitucionales o legales. Si el Presidente o todo el Gobierno colaboran en ese comportamiento inconstitucional, será necesario suspenderles mientras persista la situación de rebeldía. Y así debe autorizarse por el Senado.
Como el artículo 155 sigue siendo un misterio, quizá haya que pensar en otras medidas pero en todo caso hay que pensar en su finalidad: cortar la rebeldía autonómica, antes que suspender la autonomía.

Javier García Fernández es catedrático de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid.

JUNQUERAS DESCARGA UNA DESCOMUNAL BOFETADA SOBRE EL ROSTRO DE RAJOY


JUNQUERAS DESCARGA UNA DESCOMUNAL BOFETADA SOBRE EL ROSTRO DE RAJOY

Mientras se baja los pantalones ante el juez Pablo Llarena, mientras canta la palinodia en do mayor, mientras rectifica todo lo que haya que rectificar para salir de la cárcel, Oriol Junqueras ha propinado a Mariano Rajoy una monumental bofetada: “ERC hará un recuento paralelo el 21-D porque el Gobierno prepara un pucherazo”.
La España impecablemente democrática, con elecciones que nadie ha discutido, ha sido tratada por la ERC de Oriol Junqueras como una nación bananera. Acusar al Gobierno de preparar un pucherazo, imposible, por cierto, con el sistema de control que establece nuestra ley electoral, es la máxima agresión que podía sufrir ante el mundo Mariano Rajoy.
Seguramente al presidente le entrará por un oído y le saldrá por el otro la acusación atroz de este dirigente catalán, que él sí, como cómplice de Puigdemont, fracturó la democracia en mil pedazos, primero en el Parlamento el 6 y 7 de septiembre y después en un referéndum que fue la apoteosis de la trampa y del más completo ejercicio antidemocrático.
Por otra parte, lo que revela la decisión de Oriol Junqueras al organizar un recuento paralelo es el propósito de denunciar ante la opinión internacional un pucherazo que no va a existir pero que la posverdad, en el juego de las redes digitales, puede convertir en realidad para muchos y en muchos países.

Lo que un sinvergüenza pide, un tonto se lo da

Emilio Campmany


La propuesta de Iceta es inadmisible. El 'proceso' empezó precisamente cuando el Gobierno se negó a entregar a la Generalidad la gestión de la totalidad de los impuestos.

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Miquel Iceta | Europa Press
La propuesta de Miquel Iceta es inadmisible. El proceso empezó precisamente cuando el Gobierno de la nación se negó a entregar a la Generalidad la gestión de la totalidad de los impuestos. Entonces, Artur Mas y demás separatistas iniciaron el camino hacia la independencia para, a cambio de renunciar a ella, extraer lo que habían exigido. Como Rajoy no cedió, avanzaron hasta llegar al borde del precipicio, pero nunca tuvieron la intención de ser realmente independientes. Lo prueba la disposición de Puigdemont a desdecirse en el último momento y convocar elecciones autonómicas y la nula resistencia que hubo a la aplicación del 155. Los socialistas pretenden ahora remunerar al golpismo secesionista arrugándose frente a lo que en su día exigieron los separatistas bajo amenaza y coacción. Al cupo vasco y al convenio navarro habría que añadir, según Iceta y Pedro Sánchez, el consorcio catalán.
El sistema tributario padece una perversa anomalía. No es el Estado quien fija lo que debemos pagar, sino que es el contribuyente el que, con su declaración, dice lo que él cree que debe pagar. En caso de error a favor del Estado, éste calla e ingresa el exceso sin rechistar. Si el contribuyente se equivoca en su beneficio, se presume que lo ha hecho de mala fe y se le impone una sanción, además de los intereses. Cuando lo que se deja de ingresar va más allá de un determinado límite, aunque sea a consecuencia de un error o simplemente de una interpretación diferente de la que hace la Administración, la conducta se tipifica como delito.
Es obvio que, en un sistema así, la clave es la inspección. Quien en su declaración omita parte de sus ingresos, sólo pagará lo que realmente debería si su declaración es correctamente examinada. Quien sepa que su declaración no será revisada a partir de una determinada suma declarada podrá evadir impunemente lo que se corresponda con el exceso no declarado. A las otras administraciones gestoras, diferentes de la Agencia Tributaria, como la del País Vasco y la de Navarra y como la que se pretende ahora que haya en Cataluña, el sistema les otorga la posibilidad de atraer a inversores y empresas interpretando las normas tributarias de un modo más benévolo a como lo hace la Agencia Tributaria o conduciendo las inspecciones con inferior celo. Asimismo, el sistema también consiente a estos competidores de la Agencia hacer favores a los empresarios amigos asegurándoles que si declaran hasta un determinado límite no serán inspeccionados por lo que falte por declarar. A nadie se le oculta la clase de poder que los separatistas quieren asumir cuando exigen hacerse con la gestión de todos los impuestos. Y todos, incluidos los socialistas, podemos darnos cuenta de lo importante que es negarse a ceder en este punto.
Al final va a resultar que todo se resume en que unos sinvergüenzas disfrazados de patriotas no quieren más que manejar el dinero... y unos tontos están dispuestos a dárselo.
Ramón Cotarelo y Pablo Iglesias.PD
Divertidas vienen este 1 de diciembre de 2017 las tribunas y editoriales de la prensa de papel.
Entre las peticiones desnortadas de Miquel Iceta, el líder del PSC-PSOE en Cataluña, y las cosas de Pablo Iglesias, que hoy puede purgar al jefe de los podemitas catalanes por abrazar el separatismo y mañana el propio 'coleta morada' apoyar a los golpistas prestando sus votos para presentar un recurso de inconstitucionalidad al 155.
Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, le mete un buen repaso a Miquel Iceta por su atraco al Estado español:
Miquel Iceta era el eslabón perdido de la banda de Alí Pujol. Ayer lo encontramos. Su artículo en EL MUNDO es, sencillamente, el Programa Máximo de Convergencia, Sociovergencia o el Imperi del Trespercent. Si el Gobierno buscaba un Pujol, ahí lo tienen: para Jordi de los Jordis, el del PSC. Ni la Esquerra se ha atrevido a presentar una propuesta tan descarada de Estado Parásito como la de la Catalunya Gran o Països Archicatalans que Iceta quiere que paguemos todos los españoles con el Cuponás Policial.
 
El Mundo le mete una buena sacudida a Pablo Iglesias por su última pirueta política:
En cuestión de pocas semanas, Iglesias ha pasado de purgar a Albano Dante Fachín por defender la independencia de Cataluña a convertirse en el ariete de los independentistas frente al Gobierno. No es de extrañar que los votantes estén dando la espalda a una formación que no ha sabido articular un discurso coherente sobre la unidad nacional.
 
Santiago González recoge la frase de Cotarelo para definir la última ‘hazaña' de Pablo Iglesias, aliarse con los separatistas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña:
¿Va estando ya claro que este hombre, además de narcisista y prepotente, es tonto?
 
Raúl del Pozo relata cómo andan las cosas por Cataluña:
Los nacionalistas intentan transformar su gran cagada en un cantar de gesta invocando a los jefes de la sedición como héroes y mártires. Además, han metido en el embrollo a Podemos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155. Si esto sigue así, terminaremos muy mal.
 
Bieito Rubido, director de ABC, asegura que el partido de Iglesias no es un partido adecuado para garantizar la unidad de España:
Podemos es una herramienta que su líder, Iglesias Turrión, está articulando mal, hasta el punto de que hoy se puede afirmar que se ha convertido en algo más peligroso que útil para la unidad de España.
 
El editorial de ABC es claro a la hora de denunciar lo que pretende hacer el líder de Podemos:
Iglesias no pretende contribuir de forma constructiva a una hipotética reforma constitucional, sino tratar de derogarla por la vía de los hechos consumados junto al huido Puigdemont, Junqueras, Tardá, Rufián, Colau y toda la cohorte de dirigentes independentistas que prefieren pisotear la Carta Magna en lugar de proponer soluciones ajenas a la sedición o la rebeldía. De facto, Iglesias emprende el camino de un suicidio político asistido de Podemos en toda España..., lo cual, visto en positivo, no sería una mala noticia.
 
Ignacio Camacho cree que Iglesias le hace un regalazo al PSOE con su acercamiento a los golpistas:
En cada oportunidad de alinearse, de elegir sitio, opta por el más alejado de la moderación, por el más desestabilizador; no sabe prescindir de su impulso subversivo. Buena noticia para el PSOE y para todos los demás: se está eliminando como alternativa, reduciendo su espacio, encerrándose en el furor rabioso, testimonial, del extremismo.
 
Berna González Harbour escribe en El País que a Puigdemont le espera la indiferencia:
A veces las barbaridades ya no encuentran siquiera eco en la prensa. En estos momentos, alguien en sus filas debería aterrizar y caer en la cuenta de que el siguiente paso a esto es el silencio, la irrelevancia o la indiferencia nacional e internacional. Por aburrimiento, por daño, por dignidad, o porque ya no encontrarán quien les escuche.
 
La Razón cuenta como TV3 se va a echar descaradamente en manos del separatismo durante la campaña electoral de Cataluña:
Lo más llamativo y escandaloso es que será el mismísimo director de TV3, Vicent Sanchís, quien realizará las entrevistas en prime time y moderará los debates. Esta medida es inédita en la historia electoral española, tanto en cadenas públicas como privadas, lo que da muestra del papel de este medio en la propaganda del proceso a lo largo de estos años. Dicho directivo es, además, reconocido por su absoluta obediencia al credo independentista y por esta fidelidad fue nombrado.
 

La nueva financiación autonómica tiene que garantizar el Estado de Bienestar

Una reforma urgente

La nueva financiación autonómica tiene que garantizar el Estado de Bienestar

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda EFE
La reforma de la financiación autonómica se ha convertido en los últimos meses en un auténtico avispero político. Las razones de este enconamiento autonómico son varias, pero destacan dos. La primera y principal es la absurda y negligente demora del Gobierno en encarar un problema, el del desequilibrio de financiación entre autonomías, que constituye una bomba de relojería capaz de producir graves tensiones políticas a corto plazo. La torpeza del Gobierno no puede excusarse en la eclosión del problema catalán, por muy grave que sea este. Solo una justificación cabe para tan irresponsable aplazamiento (superior ya a dos años): que el Gobierno carece de un criterio claro para abordar una reforma compleja y potencialmente conflictiva.
La segunda razón para el encrespamiento político de las autonomías es la aprobación de un cupo vasco, que ha subrayado las carencias financieras de otras autonomías. La percepción pública es que el Gobierno paga con una sobrefinanciación, calculada además de forma poco transparente, el apoyo político del PNV en algunos momentos delicados. Algunos Gobiernos autonómicos han descubierto lo que desde mucho tiempo atrás era evidente: que no existe un sistema de financiación normalizado para pagar los servicios públicos a cargo de las autonomías; que dicha financiación es bilateral y responde a compensaciones arbitrarias, con poca relación con las necesidades reales de gasto, a cambio de apoyos políticos. Algunas comunidades han caído en la cuenta, estupefactas, que si ayer estaban suprafinanciadas hoy han caído en infrafinanciación (Valencia); otras como Andalucía se encuentran a la espera de recursos que nunca llegan.
Por mucha prisa que ahora se dé el Gobierno, lo más probable es que el nuevo sistema no esté listo en esta legislatura. Lo que importa es que existan ideas claras sobre cómo hay que proceder y que haya margen para el acuerdo. El primer paso (y el más difícil) es determinar cuál es el grado de solidaridad entre territorios que debe tener el nuevo sistema. El segundo paso, en línea con las recomendaciones de la comisión de expertos, tiene que ser la simplificación institucional. Basta con un Fondo, el de Garantía, y quizá los tres restantes tengan que ser refundidos en uno solo, para calcular de forma clara el gasto por unidad en función de la población ajustada en cada territorio. Los ingresos tienen que garantizar el Estado de bienestar en cada territorio. Para ello, es obligado armonizar las bases imponibles y liquidables de los impuestos cedidos. Los Gobiernos autonómicos han de poder subir el IVA y los impuestos especiales, pero de forma colegiada, para evitar diferencias graves entre comunidades. Hay que limitar la capacidad de endeudamiento (así no sería necesario condonar deuda, como propone Iceta), e incentivar la corresponsabilidad fiscal.
El sistema de financiación resultante tiene que basarse en un procedimiento estándar, predeterminado en cada uno de sus cálculos y ajustes, con poco margen para la arbitrariedad política. Y debe contar con un mecanismo de estabilización en fases recesivas o de crisis. La ausencia de un mecanismo así ha agravado las diferencias percibidas en unas y otras comunidades.