sábado, 6 de octubre de 2012

El sistema político de la Restauración y sus fundamentos sociales.II



El Sistema político de la Restauración y sus fundamentos sociales:


La Restauración es un período de la Historia de España, comprendido entre 1874 y 1923, en el que se restauró la Monarquía y la dinastía de los Borbones en la persona de Alfonso XII.
Incluyó también la Regencia de María Cristina (1885-1901) y el reinado de Alfonso XIII (1901-1931), aunque el sistema político de la Restauración dejó de estar vigente en 1923, con la Dictadura de Primo de Rivera.

El pronunciamiento militar del General Martínez, el 29 de diciembre de 1874, inició la Restauración y puso fin a la I República y al Sexenio Revolucionario.
El sistema de la Restauración acabó con otro pronunciamiento militar (13 de septiembre 1923), el que inició la Dictadura de Primo de Rivera.

El artífice de  la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo (antiguo ministro de la Unión Liberal) que, con realismo práctico, buscó un consenso de las fuerzas liberales que permitiera una amplia mayoría en la que pudiera sustentarse el nuevo sistema político, dándole así estabilidad y continuidad.
Líder indiscutido del partido conservador hasta que murió en un atentado en 1897.
El líder del  otro partido dinástico (el progresista) fue Mateo Práxedes Sagasta.
Estos dos partidos fueron la base del bipartidismo y del turnismo en los que se sustentó el nuevo sistema político, cuando esta base falló el sistema de la Restauración entró en una crisis de la que no salió.

Para iniciar el proceso Restaurador, Cánovas consiguió que la desterrada Isabel II renunciara a sus derechos al trono en 1870.

Cánovas, defendió:
*.- Un sufragio censitario y una soberanía compartida entre Rey y Cortes, equidistante entre
*.- la monarquía conservadora de Isabel II, constitución de 1845 y la monarquía democrática de Amadeo I de Saboya, constitución de1869.
*.- El alejamiento de los militares de la vida política y poner término a sus pronunciamientos (fuente continua de inestabilidad política en España).
*.- Un sistema bipartidista (dos partidos burgueses y liberales, que aceptasen el nuevo sistema y que pacíficamente se fueran turnando en el poder).
*.- La alternancia pacífica de estos dos partidos dinásticos (los que aceptaban el sistema de la Restauración, la constitución de 1876 y la monarquía de Alfonso XII).

El Partido Conservador de Cánovas representaba a la antigua Unión Liberal  y sería también el partido de los antiguos Moderados. Defensor de la tradición, del orden y de las buenas relaciones con la Iglesia. Partidario del sufragio censitario y del recorte de las libertades individuales y colectivas.

Tenía sus feudos electorales en el medio rural del sur e interior peninsular.
Sus bases: la vieja nobleza, la aristocracia rural y terrateniente, la gran burguesía y las clases medias

El Liberal, liderado por el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta, sería el heredero de los ideales de 1869 adaptados a los límites del sistema canovista.
Sus bases electorales estaban centradas en las ciudades, la periferia peninsular y el norte industrial: burguesía comercial e industrial, los profesionales liberales y la población urbana. Progresistas, radical-constitucionalistas, republicanos y descontentos de Cánovas.
Defendía el sufragio universal,  el aumento y desarrollo de las libertades y un cierto laicismo (incluso en determinados casos anticlerical).

Estos dos partidos controlaron inicialmente toda la vida política, se fueron turnando pacíficamente en la labor del gobierno y dieron apariencia democrática al sistema.
Sus diferencias ideológicas no eran muy importantes.
Habían pactado no realizar leyes que el otro partido necesitase derogar para gobernar.
En la práctica, su alternancia en el poder no se hacía en función del resultado de las elecciones sino por decisión del Rey o por un pacto entre los líderes de los dos partidos.
Las elecciones estaban adulteradas por el caciquismo.
El sistema de turno  tuvo la gran virtud de garantizar la alternancia pacífica en el poder, poniendo fin durante un largo periodo al intervencionismo militar y a los pronunciamientos.
 Sin embargo, el turno fue un puro artificio político, destinado a mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas.

El turno en el poder no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los partidos lo acordaban y pactaban previamente. Una vez acordada la alternancia, y el consiguiente disfrute del presupuesto, se producía el siguiente mecanismo:
El Rey nombraba un nuevo Jefe de Gobierno y le otorga el decreto de disolución de Cortes
El nuevo gobierno convocaba unas elecciones completamente adulteradas, “fabricaba” los resultados mediante el  “encasillado”, la asignación previa de escaños en los que se dejaba un número suficiente a la oposición.
Este sistema de adulteración electoral no fue único de la España de la época, el “transformismo” en Italia y el “rotativismo” en Portugal fueron sistemas similares

LA CONSTITUCIÓN DE 1876 (estableció el sistema de la Restauración)
*.- La nueva Constitución de 1876, en lo fundamental, fue heredera de la moderada de 1845 aunque incorporando algunos aspectos defendidos en el Sexenio. Fue elaborada y aprobada en unas Cortes constituyentes, elegidas por sufragio universal, con mayoría canovista.
*.- Inspirada por Canovas del Castillo, estableció la Soberanía compartida de las Cortes con el Rey (negando el principio de soberanía nacional).
*.- Cortes Bicamerales (Congreso elegido y Senado, con senadores de derecho propio, vitalicios y electos por sufragio censitario):
*.- El Monarca tenía el poder ejecutivo (designaba a los Ministros y tenía el mando directo del Ejército), compartía con las Cortes el poder legislativo (teniendo el derecho a veto de las leyes aprobadas por éstas) y podía convocar, suspender o disolver las Cortes.
*.-  Los Ayuntamientos y las Diputaciones fueron controlados por el Gobierno y se suprimieron los Fueros vascos:
*.- Confesionalidad católica, garantía del sostenimiento del culto y del clero y el reconocimiento de otras creencias pero sin manifestaciones públicas.
*.- Reconocía teóricamente derechos y libertades, que en la práctica  fueron limitados o aplazados durante los gobiernos de Cánovas.
*.- No especificó el tipo de sufragio para elegir el Congreso. Posteriormente, bajo el gobierno del Partido Conservador de Canovas se aprobó la Ley Electoral de 1878 que estableció el  voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Con Sagasta  se estableció universal.


Varios grupos políticos, sociales e ideológicos no aceptaron el nuevo sistema, quedando excluidos del mimo:
*.- Los Carlistas, tradicionalistas y monárquicos, no aceptaron a Alfonso XII como Rey (no lo consideraron legítimo por una cuestión sucesoria y se oponían al liberalismo que representaba) en su defensa del tradicionalismo.
*.- Los partidos republicanos (con base social en las clases medias urbanas), defensores de una República y contrarios a una Monarquía conservadora..
*. El movimiento obrero: anarquistas y socialistas poco a poco fueron consolidándose frente a un régimen político que consideraban burgués, conservador y clerical.
*.- Los nacionalistas, principalmente en Cataluña y País Vasco”, en defensa de su “identidad amenazada” se opusieron a las medidas centralizadoras y uniformizadoras del “nacionalismo político” del sistema liberal.
*.- La oposición intelectual, pensadores, profesores universitarios, novelistas… se mostraron contrarios a un sistema que pensaban que hacía inviables la modernización del país.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Esquema del Sexenio Democrático.


Esquema del funcionamiento del caciquismo en la Restauración.





Con esto llegamos como por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás.
Esos componentes exteriores son tres: 1º, los oligarcas (los llamados primates, prohombres o notables de cada bando que forman su “plana mayor", residentes ordinariamente en el centro); 2º, los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio; 3º, el gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la Nación.
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o encasillada en “partidos". Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de la Nación, sería orgánica representación de ella, y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de Ministerios, Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos.
[...] En las elecciones […] no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder que para dirigir desde él a las masas  les había sido entregado.
Joaquín COSTA: Oligarquía y caciquismo, colectivismo agrario y otros escritos, [Madrid, 1901], edición de 1969, Alianza Editorial, pp. 28-30.




Los párrafos del texto pertenecen al ensayo “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España” escrito por Joaquín Costa a principios del siglo XX.
En ellos, el político y jurista aragonés, denuncia la corrupción del sistema político establecido por el sistema político de la Restauración y la Constitución de 1876, el de la alternancia pacífica de los partidos dinásticos en los que se agrupan, según él, los dirigentes que subordinan los intereses de la nación a los suyos propios.
Unos dirigentes que ni representan a la nación ni, por extraños, forman parte de ella.




Para Costa, los “factores que integran esta forma de gobierno” son:
*.- Oligarcas (notables de cada bando que forman su “plana mayor", residentes ordinariamente en el centro.
*.- Caciques (jerarquizados en grados) y diseminados por el territorio nacional.
*.- El gobernador civil en su provincia, instrumento y enlace de oligarcas y caciques.
El  Gobernador Civil recibía del  Ministro de la Gobernación los resultados electorales que "debían"  salir en su provincia, siguiendo el "encasillado"  previamente pactado por los oligarcas de los partidos dinásticos.
Para conseguirlo, los caciques, en sus respetivos  territorios de influencia, siguiendo las instrucciones del Gobernador Civil consiguen los resultados  previstos: con violencia, amenazas, comprando los votos y, en última instancia, recurriendo al “pucherazo” (modificando los resultados obtenidos).
Costa critica que así, en “en las elecciones no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder que recibieron para servir a la sociedad y no para servirse de ella.
Oligarcas y caciques, distribuidos o encasillados en “partidos", aunque se les llame gobernantes no lo son, porque no son parte integrante de la Nación ni representación orgánica de ella.
Actúan como “una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de instituciones y cargos que usan en beneficio propio.
Concluye que a esto se reduce el “artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la Nación”.

Entre éstos, Joaquín Costa distingue entre:
*.- Los caciques (los personajes importantes en lo social y económico en un territorio y que, jerarquizados, se distribuyen por todo el territorio nacional) y
*.- los oligarcas (los políticos profesionales de la nación que necesitan del cacique para lograr sus fines). Residen en el Centro de la Nación (Madrid, sede de la Monarquía, de las Cortes, sede principal de los dos partidos dinásticos.
*.-El funcionamiento de este sistema, según refiere el texto, se apoya tanto en los oligarcas como en los caciques.
El Gobernador Civil de cada provincia, en cuanto representante e instrumento del Gobierno central en ella, sirve de nexo entre oligarcas y caciques.
*.- El Gobierno organiza las elecciones y decide su resultado.
*.- Los oligarcas, agrupados en partidos que les representan en las Cortes, se reparten regionalmente la nación en áreas de influencia política y por ello, según Costa, ni los partidos ni las Cortes representan al país y la nación no es libre ni soberana por estar prisionera de un régimen oligárquico y caciquil servido por instituciones aparentemente constitucionales y parlamentarias.
*.-Un sistema político en el que los intereses de los electores quedan subordinados a los de los que fraudulentamente han sido elegidos.
*.-Unos, abusando de su autoridad, y otros, aprovechándose de su posición y de sus riquezas, son los corruptores de un régimen que, pretendidamente representativo, ignora la voluntad de los que dice representar.
Así, falseando el sufragio de los electores, se reparten y adueñan de todas las instituciones administrativas y de gobierno para actuar a través de ellas en beneficio propio.

Algunas ideas para un comentario.
*.- En España coexistían dos realidades diferentes: una ficticia o aparente (de monarquía parlamentaria, constitución y elecciones), otra real (la del caciquismo oligárquico que establece el gobierno que representa a unos pocos, que atiende al interés exclusivo de oligarcas y caciques, la de un gobierno parlamentario sin electores y en el que las mayorías y minorías no dependen de la voluntad de los electores sino de lo que previamente acuerdan los partidos.
*.- Costa, por defender el régimen parlamentario condena su perversión oligárquica. Además considera que este sistema corrupto compromete la unidad de la nación y fomenta en ella el secesionismo político y territorial y perpetúa en ésta, y en los españoles, su secular atraso cultural, social y económico.

De hecho la función reservada al cuerpo electoral, en el Sistema de la Restauración, es completamente pasiva.
*.- Las líneas de acción no funcionan del electorado a las Cortes sino del Gobierno al electorado, previo acuerdo con unos notables rurales locales o provinciales («caciques») que simulan la elección.
*.- El mecanismo del sistema parlamentario previsto en la Constitución quedó sustituido por otro mecanismo real: el que establece el engranaje entre una estructura social real («caciquismo») y una estructura política formal (Gobierno-Cortes) que funciona independientemente de lo que el texto constitucional presentaba como clave: el cuerpo electoral.
*.- El Rey para designar Gobierno no se atiene a la opinión del cuerpo electoral manifestada en una mayoría parlamentaria.
Es al revés, el Rey designa un jefe de gobierno que propone los ministros al rey, que recibe un decreto de disolución de las Cortes y que convoca nuevas elecciones, pactando sus resultados con las diversas fuerzas políticas capaces de movilizar a sus respectivas clientelas («encasillado»). Se hacen unas elecciones que necesariamente proporcionan holgadas mayorías al gobierno que las convoca.
*.- La suprema decisión queda en manos del Rey, que (independientemente del cuerpo electoral) nombra o cesa, de acuerdo en esto con la Constitución, a cada jefe de Gobierno .
*.- Falto del indicador de las elecciones auténticas, ¿a qué indicador debe atender el Rey para dar el poder a uno u otro jefe, a uno u otro partido político?.

En la Restauración, tanto Alfonso XII como la regente María Cristina se atuvieron, más racionalmente, a la necesidad de mantener un amplio consenso para la monarquía, sobre la base de una práctica constitucional de formulación canovista: dualidad de partidos y de clientelas y el disfrute alternativo del poder que aleje la tentación de exclusivismo y el recurso a la conspiración o al pronunciamiento.
*.- En esas condiciones el Gobierno parlamentario es claramente una ficción, pero que dio un pasable juego y funcionó durante un cuarto de siglo.
Mientras Cánovas y Sagasta mantuvieron la hegemonía casi indiscutida de dos grandes partidos que aceptan las reglas del juego como un compromiso político de honor.

Todo lo anterior era una ficción desde el punto de vista del derecho constitucional, pero un realidad social y política en la España de finales del siglo XIX.


El Partido Conservador de Cánovas representaba a la antigua Unión Liberal  y sería también el partido de los antiguos Moderados. Defensor de la tradición, del orden y de las buenas relaciones con la Iglesia. Partidario del sufragio censitario y del recorte de las libertades individuales y colectivas.
Tenía sus feudos electorales en el medio rural del sur e interior peninsular.
Sus bases: la vieja nobleza, la aristocracia rural y terrateniente, la gran burguesía y las clases medias

El Liberal, liderado por el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta, sería el heredero de los ideales de 1869 adaptados a los límites del sistema canovista.
Sus bases electorales estaban centradas en las ciudades, la periferia peninsular y el norte industrial: burguesía comercial e industrial, los profesionales liberales y la población urbana. Progresistas, radical-constitucionalistas, republicanos y descontentos de Cánovas.
Defendía el sufragio universal,  el aumento y desarrollo de las libertades y un cierto laicismo (incluso en determinados casos anticlerical).

Estos dos partidos controlaron inicialmente toda la vida política, se fueron turnando pacíficamente en la labor del gobierno y dieron apariencia democrática al sistema. Sus diferencias ideológicas no eran muy importantes. Habían pactado no realizar leyes que el otro partido necesitase derogar para gobernar. En la práctica, su alternancia en el poder no se hacía en función del resultado de las elecciones sino por decisión del Rey o por un pacto entre los líderes de los dos partidos. Las elecciones estaban adulteradas por el caciquismo. El sistema de turno  tuvo la gran virtud de garantizar la alternancia pacífica en el poder, poniendo fin durante un largo periodo al intervencionismo militar y a los pronunciamientos. Sin embargo, el turno fue un puro artificio político, destinado a mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas.
El turno en el poder no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los partidos lo acordaban y pactaban previamente. Una vez acordada la alternancia, y el consiguiente disfrute del presupuesto, se producía el siguiente mecanismo:
El Rey nombraba un nuevo Jefe de Gobierno y le otorga el decreto de disolución de Cortes
El nuevo gobierno convocaba unas elecciones completamente adulteradas, “fabricaba” los resultados mediante el  “encasillado”, la asignación previa de escaños en los que se dejaba un número suficiente a la oposición.
Este sistema de adulteración electoral no fue único de la España de la época, el “transformismo” en Italia y el “rotativismo” en Portugal fueron sistemas similares

viernes, 29 de junio de 2012

El contexto de los Pactos de la Moncloa (1977)



NO es posible entender la historia política española sin tener en cuenta los tres fenómenos fundamentales que se originaron desde el campo de la economía.
*.- El Plan de Estabilización de 21 de julio de 1959.
*.- El Pacto de La Moncloa, de 25 de octubre de 1977.
*.- El ingreso de España en el ámbito comunitario, el 12 de junio de 1985.
El Pacto de La Moncloa, desde el punto de vista histórico, fue engarce entre los otros dos.

El Plan de Estabilización fue decisivo para romper un nacionalismo económico, su desequilibrio presupuestario, el descontrol de la peseta en los mercados financieros internacionales, la huida del mercado libre y el refugio en un régimen de expedientes administrativos múltiples, la petrificación tributaria y la tensión y populismo en lo social-.
Sirvió para que al abandonar en 1959 una economía proteccionista iniciada en 1876 con Cánovas del Castillo y crear un equilibrio fiscal, automáticamente ésta se engranase con la onda larga mundial de prosperidad que existió desde el final de la II Guerra Mundial hasta mediados de los años setenta.
El desarrollo español fue fortísimo, pero conservaba dentro de sí, un serio problema que urgía solventar. La libertad y el desarrollo pasaban a tener una relación funcional. No era imaginable un fuerte desarrollo sin dosis crecientes derivadas de libertad, ni era posible impulsar el desarrollo sin partir de ámbitos importantes de libertad política.
El desarrollo de la economía española exigía la apertura de un proceso constitucional comprometido por una fuerte crisis económica, un lógico creciente nivel de desempleo y de una tensión social que amenazaba, tras una loca carrera de precios y salarios, con crear situaciones de creciente inflación que podía provocar un hundimiento económico. En tales condiciones, la libertad quedaba amenazada.

Tres elementos hicieron posible la salida del agobio.
1.- El nombramiento como vicepresidente de Enrique Fuentes Quintana, un economista importante, que tenía mucho prestigio entre sus colegas.
2.- El que existiera un amplio conjunto de economistas, situados no sólo en la Administración y las empresas, sino también en los diversos partidos políticos y en las incipientes organizaciones sociales. Éstos conocían no sólo el funcionamiento de nuestra economía, sino que estaban al tanto de la quiebra de las seguridades postkeynesianas que habían reinado, hasta entonces, en el ámbito de la OCDE.
3.- El pueblo español comprendió, cuando el profesor Fuentes Quintana explicó por televisión a los españoles la magnitud, muy grave, del problema económico que le aquejaba, cómo podía resolverse la cuestión.
La simultánea exposición parlamentaria de éste, que técnicamente puede calificarse de perfecta, caló asimismo muy hondo en los legisladores constituyentes y, de modo derivado, en el conjunto de los ciudadanos.

Después vino el operar a partir de esos tres puntos de apoyo.
La reacción de los economistas, en apoyo de las ideas de Fuentes Quintana resultó esencial.
*.- Hubo quien redactó en el órgano doctrinal del partido comunista «Nuestra Bandera» un editorial clarividente que iba en contra de la línea que Nicolás Sartorius defendía como línea del proletariado organizado que, simultáneamente, se integraba, crecientemente, en Comisiones Obreras.
*.-  En el partido socialista ayudaba la que se podría denominar línea socialdemócrata de Solchaga con el flanqueo en el PSC de Ernest Lluch.
*.- El asesoramiento de un brillantísimo economista, Guillermo Piera, fue importante para que, frente a Manuel Fraga no se alzasen voces de repulsa en Alianza Popular ante el planteamiento que, entre todos, capitaneados por Fuentes, iban trabando.

En tal articulación se dieron cuatro pasos esenciales para completar adecuadamente lo que sólo había podido iniciarse con el Plan de Estabilización.
*.- El primero, afianzar la labor constituyente.
*.- El segundo la liquidación de la tensión social mediante un acuerdo: la palabra concertación social comenzó a reinar entre nosotros.
*.-  El tercero fue poner en marcha una reforma fiscal y progresiva por la que mucho había trabajado como eminente profesor de Hacienda y cabeza de una escuela, el propio Fuentes Quintana.
Todos estos proyectos habían quedado varados en 1973, y en plena crisis económica, con una decisión rayana casi en el heroísmo, decidió Fuentes ponerlos en marcha. De otro modo, la petrificación impositiva acabaría por generar un desequilibrio presupuestario intolerable.

Todo esto coincidía en 1977 con la ampliación a «los diez» comunitarios del Acuerdo Preferencial Ullastres de 1970. El informe Birkelbach, convertido, como dice Ramón Tamames, en conciencia del ámbito comunitario, se había alzado en forma de valladar para nuestra incorporación definitiva a Europa.
Justamente, al abrirse el periodo constituyente, todas estas barreras se venían al suelo, y era posible pensar, seriamente, en negociar con Europa.
La entrada plena en el ámbito comunitario, supondría la culminación de la apertura iniciada -fruto del Plan de Estabilización- con el Arancel de 1960 así como con el ingreso en el GATT y en el Fondo Monetario Internacional.

Estas cuatro piezas -amparo a una nueva Constitución, ampliación definitiva de la apertura y, con ello, afianzar nuestra economía en un gran mercado, un sistema tributario adecuado, y paz social- fueron las que se aprobaron, no sólo por las fuerzas políticas reunidas en el Palacio de La Moncloa el 25 de octubre de 1977, sino por los economistas, las principales fuerzas sociales y, en suma, por el pueblo español.
(Elaborado en base a un documento de Juan Velarde Fuertes)