SEXENIO DEMOCRÁTICO
(1868-1874).
En el periodo que va desde
1868 a 1874 se suceden rápidamente la revolución de 1868 y la caída de la
monarquía borbónica, un periodo provisional y la Constitución de 1869, la
Regencia y la búsqueda de un Rey, la monarquía de Amadeo de Saboya, la I
República y el gobierno autoritario del general Serrano, hasta que a finales de
1874 se produce la Restauración de la casa de Borbón.
Pese a esa vertiginosa
sucesión de acontecimientos y formas políticas, este período tiene una cierta
unidad como etapa de la consolidación del régimen liberal en España.
Es contemporáneo de
acontecimientos que cambiaron el mapa europeo y el clima social del viejo
continente. Italia culminó su proceso de unidad nacional y Francia fue
derrotada por Prusia y nació el Reich alemán
El movimiento obrero,
organizado en torno a la Asociación Internacional de Trabajadores, adquirió
fuerza pero se escindió en dos tendencias: socialistas y anarquistas. La
insurrección de la Comuna de París, marzo de 1871, provocó una durísima
reacción (20.000 ejecuciones) y desencadenó en toda Euro-pa una acción
represiva sobre los movimientos sociales.
Las causas de la revolución
de 1868 son múltiples:
Deterioro de la situación
económica a partir de 1854 (crisis de la industria textil, el hundimiento de la
Bolsas con la consiguiente quiebra de sociedades, bancarrota de la hacienda
pública, crisis de subsistencias derivadas del paro industrial y de las
pésimas cosechas de 1866 y 1867). Esta situación produjo una crisis social y
generalizó el descontento (tanto de los grupos dirigentes, que comprendían al
fin lo erróneo de la política isabelina, como de la población asalariada sumida
en el paro y el hambre y que era reprimida en sus propuestas desde el
gobierno).
En 1868 ya casi nadie
defendía la causa isabelina. La Reina se había ido apoyando alternativamente
en los generales O'Donnell y Narváez, cuya única política consistió en
mantener orden y el sistema oligárquico (asentado en la Constitución de 1845)
mediante la represión de cualquier intento de protesta u opinión crítica.
Numerosos intelectuales se alejaron del régimen. Emilio Castelar, militante
demócrata, fue expedientado por criticar en la prensa a la corona.
Dentro del liberalismo, a
los progresistas (encabezados por Prim) se les unieron los demócratas (mucho
más organizados y cada vez más fuertes) y los republicanos (que veían en el
advenimiento de una República el cambio decisivo hacia la democratización del
país). Los dirigentes obreros, situados dentro del partido demócrata, también
veían en la revolución la posibilidad de sacar adelante sus reivindicaciones
populares.
Al Pacto dé Ostende,
firmado inicialmente por progresistas y demócratas, se sumaron en 1868 los
unionistas. Las diferentes fuerzas sociales también confluyeron en el proceso
revolucionario. Los grupos financieros e industriales también consideraron que
el gobierno isabelino era incapaz de solventar la crisis económica y de crear
un clima propicio a los negocios (quebrado por los frecuentes disturbios y la
represión). Incluso ciertos sectores de la oligarquía terrateniente aceptaron
que un cambio era inevitable si éste garantizaba el orden social. Entre los
militares, el recuerdo de la matanza del Cuartel de San Gil empujó a muchos de
ellos a apoyar la revolución, Las clases populares apoyaron también el
pronunciamiento (ante las promesas de combatir el paro, la miseria y la
corrupción y las promesas revolucionarias del sufragio universal, la supresión
de las quintas y la implantación de un contribución directa).
No fue una revolución
popular, sino uno más de los pronunciamientos militares del siglo XIX. Fue un
golpe encabezado por los generales Serrano, Prim, Ros de Olano y el almirante Topete
(que sublevó la escuadra en Cádiz). Los capitanes generales hicieron ver al
marqués de la Habana, Jefe del Gobierno, la necesidad de que Isabel II
abandonara el país. El día 29 septiembre la Reina atravesó la frontera de Irún
camino del exilio. La revolución triunfó rápidamente y el apoyo popular fue
posterior cuando los parti-dos organizaron juntas locales y provinciales,
entregaron armas a la población y organizaron a los llamados Voluntarios de la
Libertad (cuerpo armado civil de la revolución)..
Los conspiradores, una vez
conseguido el exilio de la Reina no tenían intención de llevar más lejos la
revolución. Se constituyó el 8 de octubre un Gobierno Provisional (presidido
por Serrano, con Prim en el Ministerio de la Guerra y Sagasta en Gobernación),
que pidió la disolución de las Juntas locales, reclamó a los Voluntarios de la
libertad la devolución de las armas y exigió a los gobernadores civiles el
mantenimiento del orden público y social.
Se designaron nuevos
Ayuntamientos y Diputaciones, se sustituyeron los poderes revolucionarios y
quedó asegurado el control político del país. La Junta revolucionaria de Madrid
se autodisolvió e invitó a las demás a hacer lo mismo. Aunque algunas
inicialmente se resistieron, terminaron por ceder.
A comienzos de diciembre se
había logrado la normalización institucional, en enero se convocaron elecciones
a Cortes Constituyente (mediante sufragio universal de todos los varones
mayores de 25 años). En la campaña electoral se suscitó el dilema sobre
la forma de estado, monarquía o república.
Los unionistas y
progresistas, que dominaban el gobierno, eran partidarios de la Monarquía a la
que consideraban un régimen arraigado en la tradición y que aseguraba la
continuidad y la moderación. Los demócratas se dividieron, unos a favor del
establecimiento de una monarquía democrática y popular con sufragio universal,
otros (Figueras, Castelar) optaron por la alternativa republicana.
Pese al apoyo explícito del
gobierno a la Monarquía, las elecciones fueron limpias y la campaña transcurrió
con plena libertad de opinión y prensa. Más del 80% de la población masculina
era analfabeta, lo que facilitó que el voto se inclinara hacia las preferencias
de las autoridades locales. La coalición revolucionaria promonárquica
(progresistas, unionistas y demócratas). Los republicanos, los carlistas y los
monárquicos isabelinos quedaron en minoría. Casi todos los diputados
republicanos procedieron de las grandes ciudades.
En un tiempo récord se
elaboró y aprobó la nueva Constitución (1 de junio de 1869), considerada como
la primera constitución democrática de la nación española.
Por primera vez se sometió
al cuerpo electoral la opción por la forma monárquica o republicana, aunque el
gobierno provisional expresó su preferencia por la primera. La soberanía quedó
residenciada en las Cortes (formadas por el Congreso y el Senado, ambos
electivos).
Se proclamaron con
minuciosidad los derechos de los ciudadanos(inviolabilidad del domicilio y de
la correspondencia, de reunión y asociación, de libre circulación, de
enseñanza, de industria, de expresión del pensamiento), por primera vez se
estableció en la ley fundamental la libertad de cultos.
Las Cortes establecieron
además una nueva ley municipal: los concejales serían elegidos en su totalidad
por los residentes en cada población, y los concejales, a su vez, designarían
al alcalde.
La Regencia de Serrano
(junio 1869–diciembre 1870).
Aprobada la Constitución,
las Cortes eligieron como Regente al general Serrano y éste encargó al general
Prim la formación del Gobierno. Los sucesivos gobiernos de progresistas,
unionistas y demócratas, presididos por Prim, tuvieron que enfrentarse con las
revueltas sociales e insurrecciones que se sucedieron en las zonas del sur y
del levante y en los principales centros urbanos y que se aglutinaron bajo la
bandera republicana. También se tuvo que sofocar una tentativa carlista. No
pudieron sin embargo re-solver el conflicto cubano.
En 1870 se reunió en
Barcelona el I Congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT. El
congreso, que representaba a varios miles de obreros, sobre todo
catalanes, manifestó su pretensión de abolir las clases sociales y la propiedad
privada y lograr la igualdad económica y social de ambos sexos. También la
sustitución del Estado por una federación de asociaciones obreras.
Uno de los empeños
prioritarios de Prim fue el de encontrar un candidato adecuado al trono español
que fuese aceptado por la coalición gubernamental y no debía suscitar recelos
en ámbito internacional. Se optó por Amadeo de Saboya que fue ratificado
por las Cortes en noviembre de 1870.
La monarquía democrática de
Amadeo de Saboya.
Cumplía las expectativas de
los progresistas (trayectoria constitucional) aunque no logró atraerse a los
partidos y sectores sociales que desde el principio le fueron opuestos. Por
otro lado, los líderes de los partidos que le apoyaron estuvieron enzarzados en
continuas disputas personales que produjeron una inestabilidad institucional y
continuos cambios de gobierno y consultas electorales. Eran permanentes
las disensiones entre progresistas, unionistas y demócratas. Además se rompió
la unidad del partido más sólido de la coalición, el progresista, y del que
surgieron los constitucionalistas (liderados por Sagasta) y los radicales
(liderados por Ruiz Zorrilla).
Nada más llegar a Madrid, 2
de enero de 1871, Amadeo I se encontró a Prim asesinado en un atentado.
Amadeo I se negó a la suspensión de garantías constitucionales y la asunción de
plenos poderes para combatir la actividad de grupos extremistas que le propuso
el General Serrano. La Comuna de París, revolución obrera duramente reprimida,
produjo temor por a la llegada de exiliados obreros internacionalistas que,
según Sagasta, pretendían destruir la propiedad, la familia, el Estado y la
patria. El Parlamento intentó disolver la Internacional en España, pero no
resulta posible por vulnerar el principio constitucional de libertad de
asociación.
Se encontró además con la
oposición del partido alfonsino, liderado por Cánovas del Castillo¸ que
aglutinó a la aristocracia latifundista (que veía peligrar sus propiedades territoriales
ante la presión radical y republicana) y a los hombres de negocios (temerosos
de que el librecambismo, el abolicionismo en las colonias y el auge del asociacionismo
obrero perjudicasen sus intereses).
Los carlistas optaron por
la insurrección armada en abril de 1872 (la tercera guerra carlista). El
con-flicto carlista privó a la Península del hierro vasco, y generó la
necesidad de nuevas levas de quintas con el consiguiente descontento popular.
Los sectores republicanos
también se opusieron a la monarquía de Amadeo I. La jerarquía
eclesiásti-ca también se opuso a la libertad de cultos y a la completa
separación de la Iglesia y del Estado, además Amadeo I era un Saboya,
perteneciente a la dinastía enemiga del Papado, al que había reducido al
territorio del Vaticano.
LA PRIMERA REPÚBLICA.
El mismo día que Amadeo I
presentó su renuncia en las Cortes, el Congreso y el Senado, reunidos en
Asamblea Nacional, proclamaron la I República como consecuencia de un pacto
político de los diputa-dos y senadores radicales con el fin de dar salida al
vacío de poder.
Las Cortes eligieron como
presidente del poder ejecutivo a un republicano federal, Estanislao Figueras,
que formó un gobierno con republicanos y radicales.
Su principal empeño fue
mantener el orden, porque la proclamación de la república reavivó las
esperanzas de cambio en ciertos grupos sociales.
En algunos lugares de
Andalucía se produjeron incidentes contra la propiedad. En Barcelona hubo
varios intentos de proclamar el Estado catalán dentro de la Federación
Republicana Española. Los obreros de la Asociación Internacional del Trabajo
reclamaron del poder central, entre otras reivindicaciones, un aumento de los
salarios, la reducción de la jornada laboral y la protección al trabajo
infantil. En Madrid, la aristocracia y la alta burguesía emigró ante el temor
de un desbordamiento de la situación, las cotizaciones de la Bolsa, la deuda
pública y las acciones del Banco de España experimentaron una caída
considerable.
Las medidas adoptadas por
el gobierno fueron insuficientes para estabilizar la situación. La abolición de
la esclavitud en Puerto Rico puso en guardia a los sectores conservadores. La
supresión de las quintas, por un lado cumplió las expectativas populares, pero,
al crear un cuerpo de Voluntarios de la República, con un jornal diario,
ocasionó descontento en el ejército. Además, ese cuerpo fue insuficiente para
contener empuje cantonal y carlista que pronto se desató.
Los radicales aspiraban al
mantenimiento de los principios democráticos dentro de una república unitaria,
mientras que los republicanos propugnaban la convocatoria de elecciones para formar
una Asamblea constituyente que dictaminara sobre la forma, unitaria o federal,
de la república. Los radicales abandonaron el poder.
Convocadas las elecciones
para reunir una Asamblea Constituyente, todos los partidos (excepto los
republicanos) se negaron a participar en las mismas. La victoria abrumadora de
los republicanos federales no resultó sólida (por la gran abstención y por las
disensiones y desavenencias entre los propios republicanos).
Las Cortes constituyentes
proclamaron la república federal. Designado Francisco Pi y Margall presidente
del ejecutivo, los republicanos se dividieron en varias tendencias: una más
conservadora (dirigida por Emilio Castelar), otra extremista intransigente y un
centro (dirigido por Pi y Margall).
La falta de consenso en la
Cámara ocasionó que varios proyectos legislativos no fueran aprobados. Entre
ellos, el proyecto oficial de Constitución de 1873, redactada por Castelar.
Establecía una división territorial acorde con la idea federativa (el proyecto
enumeraba diecisiete estados como integrantes de la nación española).
El desacuerdo entre los
republicanos culminó en julio, cuando los denominados intransigentes se
retiraron de las Cortes (pretendían una república federal de cantones). Los
intransigentes formaron en Madrid un comité de salud pública, desde el que
animaron la insurrección cantonalista. Pi y Margall dimitió Le sucedió Salmerón
que tuvo que enfrentarse al avance carlista y al levantamiento cantonal
El presidente del Gobierno
tuvo que recurrir a los jefes militares de prestigio como Martínez Campos (que
dominó el cantonalismo en Levante) y Manuel Pavía (que lo hizo en
Andalucía, a excepción del cantón de Málaga). El de Cartagena quedó reducido a
su base naval. El gobierno ordenó el cierre de los locales de los sindicatos y
la detención de sus militantes. Salmerón también dimitió.
Le sucedió Castelar
(representante del republicanismo conservador, defensor de un sistema de orden,
autoridad y gobierno. Castelar fue investido por las Cortes de poderes
extraordinarios, gobernó por decreto, suspendió las garantías constitucionales
y recortó la libertad de información, disolvió al cuerpo de los Voluntarios de
la República, restableció las quintas y rehabilitó las ordenanzas militares.
Las acciones militares
acabaron con los restos del cantonalismo, a excepción del de Cartagena. La
actuación del ejército contra el carlismo no obtuvo mucho éxito. Continuó la
guerra de Cuba. La política de Castelar suscitó la oposición de la izquierda
republicana, encabezada por Figueras y Pi y Margall. Las Cortes, a principios
de enero de 1874, retiraron su confianza al poder ejecutivo, lo que significaba
volver a la república federal, cosa que no iban a tolerar los mandos militares
dispuestos a mantener la república unitaria a toda costa.
En la madrugada del 3 de
enero el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, disolvió la Asamblea, previa
invasión del hemiciclo por la Guardia Civil. La República experimentó un giro
definitivo.
Tras el golpe de Estado, el
General Serrano asumió la presidencia del poder ejecutivo y la jefatura del
Estado, formó gobierno en el que participaron radicales, constitucionalistas,
militares proclives a la causa alfonsina y un republicano unitario. En un
Manifiesto del poder ejecutivo a la nación se declaraban disueltas las Cortes
hasta que, resuelto el problema del orden público, se convocasen de nuevo.
La situación de interinidad
de gobierno podía haber derivado hacia una república unitaria, pero, en España,
la república unitaria no tenía suficiente arraigo y la federal se había
autoexcluído. La propaganda monárquica identificaba república con desorden y
desintegración nacional.
Los gobiernos de Serrano
practicaron una política autoritaria. Disolvieron la AIT (por atentar contra la
propiedad, la familia y demás bienes sociales), y las sociedades republicanas
federales. Se declaró el estado de sitio en toda la nación. Los carlistas no
pudieron ser sometidos. La crisis económica se agudizó, el déficit de la
Hacienda Pública crecía.
Los mandos militares se
fueron pasando a las filas alfonsinas (necesitaban un rey que deslegitimase la
causa carlista). El partido de Cánovas se había ganado a muchos de los
progresistas que apoyaron la monarquía de Amadeo I de Saboya.
El 1 de Diciembre de 1874 el
príncipe Alfonso, desde la academia militar de Sandhurst escribe un manifiesto
a la nación. En el texto se declara legítimo representante de la monarquía
española, católico y liberal.
La monarquía democrática de
Amadeo de Saboya.
Cumplía las expectativas de
los progresistas (trayectoria constitucional) aunque no logró atraerse a los
partidos y sectores sociales que desde el principio le fueron opuestos. Por
otro lado, los líderes de los partidos que le apoyaron se enzarzaron en
continuas disputas personales que produjeron una inestabilidad institucional
con continuos cambios de gobierno y consultas electorales. La inestabilidad
políti-ca comenzó a manifestarse desde el primer gobierno presidido por Serrano
(eran permanentes las di-sensiones entre progresistas, unionistas y
demócratas).
Al poco tiempo se rompió la
unidad del partido más sólido de la coalición, el progresista (del que
surgieron los constitucionalistas (liderados por Sagasta) y los radicales
(liderados por Ruiz Zorrilla).
Nada más llegar a Madrid, 2
de enero de 1871, Amadeo I se encuentró con que acababa de morir, víctima
de un atentado, el general Prim, su principal valedor.
Amadeo I se negó a la
suspensión de garantías constitucionales y la asunción de plenos poderes para
combatir la actividad de grupos extremistas que le propuso el General Serrano.
Este constante cambio
político es debilitador para un sistema al que se oponen:
*.- El partido alfonsino,
liderado por Cánovas del Castillo¸ que aglutina a la aristocracia latifundista
(que ve peligrar sus propiedades territoriales ante la presión radical y
republicana) y a los hombre de negocios (temerosos de que el librecambismo, el
abolicionismo en las colonias y el auge del asociacionismo obrero perjudiquen
sus intereses).
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