Las tres asociaciones de jueces defienden a Alaya del ataque de Moliner

LAS ASOCIACIONES MAYORITARIAS DE JUECES ARREMETEN contra el «dañino» Comisario Político del PSOE en la Justicia por sus ataques a Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso del saqueo socialista del Fondo de los Parados mediante ERE fraudulentos

JOAQUÍN MANSO MADRID

25/05/2013

Las tres asociaciones de jueces defienden a Alaya del ataque de Moliner

Consideran que ha puesto «en tela dejuicio» la instrucción del ‘caso ERE’

Las tres grandes asociaciones de jueces defendieron ayer al unísono a la instructora del escándalo de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, de las críticas a su trabajo que en la víspera había manifestado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, con ocasión de una visita institucional a Sevilla.

Consideran que sus declaraciones «sobran», son «dañinas» y ponen «en tela de juicio» la investigación.

Moliner dijo en Sevilla que «no es normal ni aceptable» el retraso que, según él, acumula la causa, y advirtió públicamente de la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra Alaya, que se reincorporó a su puesto en marzo tras seis meses de baja por enfermedad.

Sus palabras fueron aprovechadas por el poder político más afectado por ese caso de corrupción.

Ayer fue el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien afirmó que «la Justicia no puede trabajar tan lentamente», como anteayer había sido el consejero de Empleo, Emilio de Llera.

La actuación del presidente del Poder Judicial fue respondida con contundencia por las asociaciones en sendos comunicados.

Destacó singularmente el de Jueces para la Democracia, a la que Moliner estaba afiliado hasta que dejó de estarlo por ser incompatible con la Presidencia.

«No se comprenden las críticas públicas realizadas a la llamada instrucción del caso ERE y el anuncio de la posible iniciación de un expediente disciplinario a la magistrada instructora», dice la nota, tras recordar que entre las funciones del CGPJ no está la de «incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional», y sí la de «garantizar la independencia judicial frente a todos, así como asegurar que los jueces no sean inquietados en su quehacer profesional».

Por ello, concluye que, si Alaya no ha incurrido en ninguna conducta merecedora de sanción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, como admite el propio Moliner, «sobran manifestaciones de su presidente poniendo en cuestión dicha responsabilidad».

También la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, mostró «su más enérgico rechazo» a las declaraciones de Moliner.

«El presidente del órgano de gobierno de los jueces no puede ser el medio ni el instrumento por el cual se efectúen juicios de valor que puedan ser interpretados, siquiera de manera velada, como una forma de presión o influencia que cuestione la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos puede poner en tela de juicio el esfuerzo personal que está realizando la magistrada que lleva a cabo la instrucción del llamado caso de los ERE».

La Asociación Francisco de Vitoria fue, asimismo, muy dura:

«La indeseable politización del órgano de gobierno de los jueces, en la que pretende profundizar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en trámite parlamentario, llega a su esplendor»

«Se hace no sólo visible y palpable, sino también terriblemente dañina al Estado de Derecho con actuaciones como ésta, cuando es precisamente el presidente del máximo órgano constitucional del Poder Judicial quien con sus expresiones publicas pudiera influir, interferir o presionar en el fondo o en la forma de resolver determinados asuntos sensibles a la clase política, de la cual proviene su nombramiento», señala su comunicado.

Moliner, cuyas declaraciones se produjeron en un contexto de presiones a la juez Alaya desde el Gobierno andaluz y después de que el Tribunal Superior de Justicia la apremiase a agilizar la causa, emitió una matización en la que asegura que «en ningún caso» pretendía expresar «intención alguna de iniciar actuaciones disciplinarias» contra la instructora, cuya independencia «respeta y exige que se respete».