viernes, 31 de enero de 2014
martes, 28 de enero de 2014
España en Europa
España en
Europa
España quedó al margen del proceso de
constitución de las Comunidades europeas (1951- 1957), su régimen político no reunía
los requisitos exigidos por los Estados fundadores del proyecto. Iniciada la
Transición política se inició un proceso de acercamiento a las instituciones ya
creadas.
No obstante, hubo dos momentos de
crucial importancia antes de la transición política:
*.- La solicitud del Gobierno español al
Consejo de la CEE el 9 de febrero de 1962, demostración de la voluntad de España
de formar parte del proyecto europeo.
*.- La firma, el 29 de junio de 1970, de
un Acuerdo comercial preferencial con el Mercado Común, que permitió ir
integrando la economía española a la economía comunitaria.
Con la solicitud del Gobierno español al
Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1977, se
inició formalmente el proceso que culminaría con la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea.
Una entrada que requería de España:[1]
*.- la consolidación de un régimen democrático:
*.- Con el Gobierno de Adolfo Suárez se incrementaron
las relaciones con Europa: el 5 de febrero de 1979 se iniciaron las
negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
*.- Los Gobiernos de Leopoldo
Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de Felipe González,
dirigieron las negociaciones con la Comunidad, que obtuvieron un respaldo por
un amplio consenso de los demás partidos con representación parlamentaria.
*.- Un complejo proceso de negociaciones
(duró siete años) que posibilitara la adaptación de la economía española a la
economía comunitaria.
*.- Estableciendo, para ello, unos
periodos transitorios en:
*.- La producción agraria y pesquera
española,
*.- La Unión Aduanera, monopolios o servicios
*.- La integración progresiva de los
demás sectores productivos.
El 12 de junio de 1985, España y
Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.
Tras la firma del Tratado en Lisboa, en
Madrid, en el Salón de Columnas del Palacio Real, el Presidente del Gobierno
(Felipe González), el Ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), el
Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas (Manuel Marín)
y el Embajador Representante Permanente ante las Comunidades Europeas (Gabriel
Ferrán) firmaron el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas,
que sería ratificado por unanimidad por el Congreso de los Diputados.
España era el quinto país más poblado de
la CEE y, por ello:
*.- Tuvo 8 votos en el Consejo.
*.- La Comisión Europea tuvo 17 Comisarios, dos serían españoles: Manuel
Marín y Abel Matutes.
*.-En el Parlamento Europeo, España
estuvo representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518 escaños[2].
*.-España recibió, anualmente desde
1987, fondos netos de la UE por valor del 0’8 % del PIB español.
*.- Su Renta per cápita. que en 1986
representaba un 68% de la renta media per cápita comunitaria, ha
pasado a representar un 89,6% en una Europa de 15 y
un 97,7% en una Europa de 25 países
miembros.
*.- Un 90% de la inversión extranjera en
España tiene su origen en países de la UE.
*.- La UE es destino del 75% de las
exportaciones españolas y el 66% de sus importaciones.
*.- De los fondos sociales de la UE,
sólo entre 2000 y 2003, se beneficiaron unos
16 millones de españoles (creándose unos 300.000 empleos anuales en España).
*.- España, en la actualidad, se encuentra plenamente integrada en la Unión
Europea
Participación
española en la Alianza Atlántica
En el proceso de la Transición política
española, en relación a una política de seguridad nacional, además de la
integración en la Unión Europea, se planteó la necesidad de definir una
posición frente a la Alianza Atlántica y las relaciones bilaterales de España
con los Estados Unidos.
El 30 de mayo de 1982, bajo el gobierno
de UCD, España presentó en Washington el instrumento de adhesión a la OTAN,
convirtiéndose de esta manera en un miembro de la organización.
Tras la victoria del PSOE (1982), el
nuevo Gobierno decidió suspender el proceso de incorporación dentro de la
estructura de la Alianza y convocó un Referéndum para decidir si España debía
integrarse en la estructura militar de la organización.
En octubre de 1984, el presidente del
gobierno, Felipe González, presentó al Congreso de los Diputados lo que se
llamarían “los Diez Puntos de una
Política de Paz y Seguridad”[3].en relación a la
política española de seguridad y defensa.
En esa misma exposición, el presidente
sugirió celebrar un debate parlamentario sobre los diez puntos, para difundir
información que ayudara a los ciudadanos a tomar una decisión, por medio de un
referéndum, sobre si España debería estar en la Alianza.
El 12 de marzo de 1986, tuvo lugar el
referéndum anunciado por el gobierno.
Se pedía votar sí o no a las siguientes
cuestiones, tomadas en su conjunto, planteadas por el Gobierno:
*.- La participación española en la
Alianza Atlántica no suponía su ingreso en su estructura militar integrada.
*.- Seguía la prohibición de instalar,
almacenar o introducir armamento en suelo español.
*.- Establecía la reducción gradual de
la presencia militar de Estados Unidos en España.
El Referéndum tuvo un resultado
favorable[4] para la posición del Gobierno
y, desde ese momento, España empezó a elaborar su propio modelo de
participación en la Alianza, dentro de los límites establecidos en la Consulta:
La celebración en Madrid, por primera
vez, de la sesión ministerial de primavera del Consejo del Atlántico Norte, en
junio de 1988, simbolizó la consolidación de la participación española en la
OTAN.
Las características básicas del modelo
de la participación española en la Alianza son:
*.- la no incorporación a la estructura
militar integrada,
*.- el mantenimiento de la no
nuclearización del territorio español,
*.- la reducción progresiva de la
presencia militar americana en territorio español
*.- y la petición de la soberanía sobre
Gibraltar.
Las características complementarias son:
*.- la participación:
*.- en el Consejo del Atlántico Norte y
en sus órganos subsidiarios,
*.- en el Comité de Planificación de Defensa,
el Comité Militar y el Grupo de Planificación Nuclear,
*.-la contribución militar llevada a
cabo a través del Acuerdo de coordinación entre las autoridades españolas y
aliadas.
La aprobación de las directrices
generales para la contribución militar española en la Alianza Atlántica experimentó
un largo proceso desde octubre de 1986.
En 1988, España presentó al Secretario
general de la Organización, la explicación detallada de su contribución militar
a las misiones de la OTAN:
1. Defensa del territorio español.
2. Operaciones navales y aéreas en el
Atlántico oriental.
3. Control sobre el Estrecho de
Gibraltar y sus accesos.
4. Operaciones navales y aéreas en el
Mediterráneo occidental.
5. Control y defensa del espacio aéreo
en la zona de responsabilidad española y cooperación en zonas adyacentes.
6. Uso del territorio español como una
plataforma multifuncional de retaguardia (tránsito, apoyo, logística).
El 1 de diciembre de 1988, el comité de
planificación de defensa de la OTAN aprobó las directrices generales del Comité
militar español. Más adelante, el Consejo Atlántico tomó nota de estas
directrices en su reunión de los días 8 y 9 de diciembre en Bruselas. Esto
marca el final de un periodo de responsabilidad política y deja las
especificaciones técnico-militares para que sean resueltas por los expertos.
La concreción de la contribución militar
española comenzó con la firma, en mayo de 1990, de los dos primeros acuerdos de
coordinación entre las Fuerzas Armadas españolas y los comandos militares, con
respecto a la ejecución de maniobras marítimas y aéreas en el Atlántico
oriental y de defensa aérea.
Más adelante, en mayo de 1991, entraron
en vigor dos nuevos tratados sobre coordinación de defensa del territorio
español y operaciones aéreas y marítimas en el Mediterráneo occidental.
Después, en junio de 1992, se firmaron los dos últimos acuerdos, referentes al
control y defensa del Estrecho de Gibraltar y sus accesos, y el uso del
territorio español como zona de apoyo logístico y de retaguardia. Con estos
acuerdos se definió la contribución defensiva española a la Alianza Atlántica,
manteniendo la no incorporación en la estructura de mando, con el objetivo de
cumplir la condición de no participación en la unidad militar integrada.
El 1 de diciembre de 1995, 16
embajadores de los estados miembros de la OTAN acordaron nombrar al ministro
español de Asuntos Exteriores, Sr. Javier Solana, como el nuevo Secretario
general de la OTAN. Fue nombrado oficialmente el martes 5 de diciembre.
[1] Antes de la firma del Acta de Adhesión de España a
las Comunidades Europeas, España tuvo que ratificar los Pactos Internacionales
de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones
Unidas, convertirse en miembro del Consejo de Europa, firmar el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
y suscribir la Carta Social Europea.
De ese modo, en 1979 se abrieron oficialmente las
negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Los sucesivos
gobiernos de Suárez, Calvo-Sotelo y González trabajaron en las diferentes fases
de la incorporación de España a la CEE que se prolongaron durante siete años.
El 12 de junio de 1985se firmaba el acuerdo `por el que ambos países ingresaban
en la UE a partir del 1 de enro de 1986.
[2] El Acta de Adhesión estableció un plazo de dos años para que mediante sufragio
universal España y Portugal celebraran elecciones al Parlamento Europeo: el 10
de junio de 1987 se celebraron len España las primeras elecciones. En 1989, el
español Enrique Barón fue elegido Presidente del Parlamento Europeo (1989 -
1992).
[3] El Decálogo del Gobierno de Felipe González para la
Permanencia de España en la OTAN.
" 1.- España, en cuanto Estado que forma parte del
Tratado de Washington, pertenece a la Alianza Atlántica y participa en sus órganos.
En mi opinión, éste es un punto de partida inexcusable para nuestro diálogo
político y, con probabilidad, el de mayor grado hipotético de consenso. Por
tanto, estaría por la no denuncia del Tratado.
2.- España no se ha incorporado en la estructura
militar integrada de la OTAN. En mi opinión, no necesita hacerlo.
3.- España mantiene una relación bilateral con los
Estados Unidos, que abarca aspectos defensivos junto a otros. Actualmente se basa
en el Convenio de 1982 y el Protocolo de 1983. En mi opinión, es necesario
proceder a un ajuste en la dirección de una progresiva menos presencia de
fuerzas en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo, de acuerdo con
nuestros intereses nacionales.
4.- Las Cortes han establecido la no
nuclearización de España. En mi opinión,
debe mantenerse esta decisión prácticamente unánime de la Cámara.
5.- España ha firmado el Tratado de prohibición de
pruebas nucleares y ha sometido sus instalaciones nucleares al sistema de salvaguardas
del Organismo Internacional de Energía Atómica. En mi opinión, esto es
suficiente, aunque no excluyo la consideración de la firma del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares en el futuro.
6.- España no forma parte de la Unión Europea
Occidental, única organización europea con competencias en materia de defensa.
En mi opinión, la participación de España sería deseable, aunque hay que ver
antes los resultados de nuestra integración en la CEE.
7.- España tiene en su territorio una colonia británica
integrada en el sistema de mandos de la OTAN: Gibraltar. En mi opinión, teniendo
en cuenta el nuevo estatus, debe avanzarse hacia la solución definitiva del
problema de la "Roca" y de su integración a la soberanía española.
8.- España trabaja activamente en la conferencia
Europea de Desarme y ha presentado su candidatura al Comité de Desarme de la
ONU. En mi opinión, esta política debe proseguirse y fortalecerse.
9.- El Gobierno español está desarrollando una red de
convenios bilaterales en materia de cooperación defensiva con otros países de
Europa occidental, que nos permitan estrechar las relaciones sin constituir
tratados de alianza. En mi opinión, deben seguir desarrollándose estos sistemas
de cooperación.
10.- Para concluir y afectando al conjunto de lo ya
expresado nos encontramos en un proceso ya avanzado de elaboración del Plan
Estratégico Conjunto, elemento sustancial para la comprensión cabal de nuestras
necesidades y de nuestra misión. Debe, pues, ser objeto de este diálogo que nos
permita llegar a un consenso en materia de defensa en su defensa en su
dimensión interior y exterior"..
Discurso del Presidente del Gobierno en el Congreso de
Diputados, el 23 de octubre de 1984. Diario de Sesiones, 24 de octubre de 1984.
[4] Resultados del Referéndum sobre el ingreso de España
en la Alianza Atlántica, llevado a cabo el 12 de marzo de 1986: Votos a favor:
9.054.509 (52,49 %) . Votos en contra: 6.872.421 (39,84 %). Votos en blanco:
1.127.673 (6,53 %). Votos nulos: 191.855 (1,11 %). Votantes: 29.025.494.
Integración de España en Europa
La
integración en Europa:
Firmado, el
12 de junio de 1985, el Tratado de Adhesión a la CEE, la integración se produjo
de forma efectiva el 1 de enero del año siguiente. Al fin se iniciaba el
proceso (de) la homologación de las instituciones, de las estructura positivas
y de las reglas de gestión económica a las de los países de nuestro entorno
occidental.
La ruptura
del aislamiento supuso la apertura de la economía y el abandono del proteccionismo.
España
disponía de un período transitorio de siete años para desmantelar gradualmente
sus barreras arancelarias y adoptar la Tarifa Exterior Común.
Para Fuentes
Quintana, en 1985 finalizaba una larga etapa abierta en 1890, denomnada el
modelo castizo, caracterizado por el cierre del mercado interior mediante la protección
y su muy lenta apertura.
La nueva
base debía basarse en la plena apertura hacia el exterior, estabilidad
económica, liberalización e implantación de la competencia y modernización del
sector público.
La
integración española se produjo en el momento en el que tenía lugar, a partir
de la firma, en 1986, del Acta Única, la transformación de la CEE de simple
unión aduanera en mercada único, cuya construcción se desarrolló entre el 1 de
enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1993, los mismos siete años en los que
España debió adaptar su economía a la competencia. Mercancía, personas y
capitales podían circular libremente, con algunas limitaciones, por el interior
de la Europa comunitaria.
Los efectos
de la integración en Europa han sido muy positivos para la economía española.
El proceso de apertura al exterior, siempre beneficioso (el consumidor puede
acceder a productos mejores y más baratos), mejoró la renta real.
La
competencia externa eliminó a los menos eficientes y disciplinó a todos, que
dirigieron sus esfuerzos hacia las actividades en las que existían ventajas
comparativas.
Para Myro la
integración ha culminado el proceso de apertura al exterior iniciado en 1959.
El grado de apertura ha alcanzado niveles semejantes a los de los grandes
países comunitarios (30%).
Sanchez
Marroyo, F.: La España del siglo XX. Economía, demografía y sociedad. Editorial
Istmo. Madrid, 2003, 535-536.
La
integración en Europa:
Con la Firma
del Tratado de Adhesión a la CEE (12 de junio de 1985) y la integración efectiva el 1 de enero de
1986, se iniciaba, para España, un proceso de: homologación de las instituciones,
estructuras productivas y reglas de gestión económica de España a las de los
países de nuestro entorno occidental.
El fin del
aislamiento supuso la apertura de la economía al exterior y el abandono del
proteccionismo interior. Para ello se estableció un período transitorio de
siete años para que, de forma gradual, desaparecieran las barreras arancelarias
(proteccionistas) y se adoptara la Tarifa Exterior Común.
Finalizaba
en 1985 “el modelo castizo” iniciado en 1890 (proteccionismo y aislamiento del
mercado interior mediante aranceles). La nueva etapa exigía alcanzar,
gradualmente, una economía abierta al exterior, competitiva y estable y de una modernización
del sector público.
La firma, en
1986, del Acta Única y su aplicación progresiva hasta 1993, transformó la CEE
de simple unión aduanera en un mercada único, y coincidió con los años en los
España tuvo que hacer viable y efectiva la libre circulación de personas,
mercancías, capitales y servicios.
La
integración económica en Europa ha sido muy positiva: se ha incrementado para
el consumidor el acceso a productos más baratos y de mejor calidad y las
empresas españolas han incrementado su competitividad en el exterior.
Se ha
culminado para España el proceso, iniciado con los Planes de Estabilización de
1959, de su apertura exterior (no sólo económica, también política, científica
y cultural) y que pretendía el fin de su ostracismo, su autarquía económica y
su secular estructura política, científica y cultural.
Datos
complementarios: El comienzo de la construcción europea (1951-1957) se
dio excluyendo a España; su modelo político no cumplía con los requisitos
exigidos por los Estados fundadores del proyecto. Iniciada la Transición
política se dieron los primeros pasos para la incorporación de la nación española
a la Comunidad Económica Europea.
Previamente
dos importantes se habían producido dos importantes pasos:
*.-
El Gobierno español había mostrado al Consejo de la CEE, 9 de febrero de
1962, su voluntad de que España quedase integrada dentro de la construcción
del proyecto europeo.
*.-
El 29 de junio de 1970, España firmó un Acuerdo comercial preferencial con
el Mercado Común, que permitió la progresiva integración de la economía española
en la economía comunitaria.
Con la solicitud
del Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, el 26
de julio de 1977, se inició formalmente el proceso que culminaría con la
entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Una entrada que,
previamente, exigía, entre otros requisitos, de la existencia real de un
régimen político democrático.
Con los Gobiernos
de Adolfo Suárez se incrementaron las relaciones con Europa y se abrió un
diálogo que condujo, el 5 de febrero de 1979, a la apertura de las
negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
Los
Gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de
Felipe González, dirigieron las negociaciones con la Comunidad, contando, para
ello, con un amplio consenso de los partidos políticos representados en el
Parlamento español.
Las
negociaciones se prolongaron durante siete años, plantearon la necesaria adaptación
de la economía española a la economía comunitaria, exigiendo, la C.E.E, periodos transitorios en el ámbito de la producción
agraria y pesquera española, y , por parte de España, periodos transitorios en
otras áreas (Unión Aduanera, monopolios o servicios).
el 12 de junio de 1985, España y Portugal suscribieron
el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas[1].
Con la
entrada de España y Portugal, la Europa comunitaria pasó a tener 329 millones
de habitantes, era la tercera ampliación de las Comunidades Europeas.
Como quinto
país más poblado de la Comunidad, España tuvo ocho votos en el Consejo. La
Comisión Europea pasó a estar integrada por 17 Comisarios, de los que dos
serían españoles: Manuel Marín y Abel Matutes. En el Parlamento Europeo, España
estaría representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518 escaños.
El Acta de
Adhesión determinó un plazo de dos años para que, por sufragio universal, se
celebrasen elecciones al Parlamento Europeo en España: el 10 de junio de 1987
se realizaron las primeras. En 1989, Enrique Barón , fue elegido Presidente del
Parlamento Europeo (1989 - 1992).
En el
Tribunal de Justicia de las C.E.E., el número de Jueces pasó de 11 a 13, y el
número de Abogados Generales de 5 a 6. En el Comité Económico y Social, España
contaría con 21 miembros.
En el
Tribunal de Cuentas, cada Estado miembro tuvo un representante. En el Banco Europeo
de Inversiones, se incrementó una Vicepresidencia (compartida entre España y
Portugal). En el Consejo de Administración, a España le fueron atribuidos dos
puestos de administradores y a Portugal uno, compartiendo ambos países un suplente.
En España, el
proceso de integración en Europa, ha contribuido a la consolidación política, a
su desarrollo social y económico, a la modernización y la cohesión de ésta con
los demás Estados miembros.
En el aspecto
económico:
*.- España
ha recibido anualmente, desde 1987, fondos netos de la UE por valor del 0’8 %
del PIB español.
*.- La renta
per cápita española, en 1986, apenas llegaba al 68% de la media comunitaria. “o
años después se estima en el 89,6% en una Europa a 15 y en el 97,7% en una Europa a 25.
*.- Las
ayudas de la UE han contribuido a crear unos 300.000 empleos anuales en España.
*.- Un 90%
de la inversión exterior en España proviene de la UE.
*.- La UE es
el destino del 75% de las exportaciones españolas y el origen del 66% de las
importaciones que realiza España.
*.- Cuatro
de cada diez kilómetros de las autovías que cruzan el territorio español, han sido
financiados con fondos comunitarios. Con ayuda de la U.E., se han realizado las
ampliaciones, entre otros, de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, el metro
de Sevilla, la Ciudad de las Artes de Valencia y la expansión del Puerto de Las
Palmas (proyectos que han recibido la ayuda del Banco Europeo de Inversiones).
*.- Los fondos sociales de la UE han supuesto
para España, sólo entre 2000 y 2003, 16 millones de personas: con ayuda de la
UE se han creado 298.000 empleos anuales.
*.- 180.000
estudiantes españoles se han beneficiado de los programas educativos Lingua y
Erasmus.
El español
cuenta ya con la Tarjeta Sanitaria Europea, que le asegura tratamiento médico y
quirúrgico en caso necesario. La Comisión
Europea ha ayudado a financiar numerosos proyectos.[2]
[1] Por parte española firmaron el Tratado de Adhesión, el
Presidente del Gobierno (Felipe González), el Ministro de Asuntos Exteriores
(Fernando Morán), el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades
Europeas (Manuel Marín) y el Embajador Representante Permanente ante las Comunidades
Europeas (Gabriel Ferrán). Esta adhesión fue ratificada por unanimidad por el
Congreso de los Diputados.
[2] España, ha pasado a ser uno de los Estados miembros
más activos a la hora de esbozar nuevas iniciativas en el seno de la Unión: la
ciudadanía europea, la apuesta por la Europa social, la introducción de la
moneda única, la creación de empleo como motor de la cohesión entre los países
miembros de la Unión, la creación de un verdadero “Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia”, etc.
Mensaje de Su Majestad el Rey a los españoles en su proclamación Madrid, 22 de noviembre de 1975
“En esta hora, cargada de emoción y
esperanza” asumía la Corona del Reino con pleno sentido de su responsabilidad
ante el pueblo español y de la honrosa obligación de cumplir las leyes y
respetar la tradición centenaria. Era Rey por “tradición histórica”, por la “Leyes
Fundamentales del Reino” y “el mandato legítimo de los españoles”.
La figura de Franco “entra en la
historia”. (…) “El cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra
circunstancia”. “Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España”, una “etapa,
que hemos de recorrer juntos”. “La Monarquía (…) procurará en todo momento mantener
la más estrecha relación con el pueblo·.
“La institución que personifica integra
a todos los españoles, y hoy, (…) os convoco porque a todos nos incumbe por
igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura
de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia
nacional”.
“El Rey es el primer español obligado a
cumplir con su deber y con estos propósitos”.
Quiere seguir “el ejemplo de tantos
predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos
de España”, “desea “actuar como moderador, como guardián del sistema
constitucional y como promotor de la justicia”.
“Que nadie tema que su causa sea
olvidada”. (…) “Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa
oportunidad. Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia
y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función”.
“La
patria es una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza
deben de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos”.
“La justicia es el supuesto para la
libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la
construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como
la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional”.
“Un orden justo, igual para todos,
permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades
regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la
sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada
uno en su cultura, en su historia y en su tradición.
Al servicio de esa gran comunidad que es
España, debemos de estar: la Corona, los ejércitos de la nación, los organismos
del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las
instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un
firme entramado de deberes y derechos. Sólo así podremos sentirnos fuertes y
libres al mismo tiempo”.
Como primer soldado de la nación me
dedicaré con ahínco a que las Fuerzas Armadas de España, ejemplo de patriotismo
y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo”.
El mundo del pensamiento, de las
ciencias y de las letras, de las artes y de la técnica tienen (…) una gran
responsabilidad de compromiso con la sociedad. (…) En tarea tan alta, mi apoyo
y estímulo no han de faltar”.
“La Corona entiende (…) como deber
fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin
es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les
permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades”.
“Por lo tanto, hoy, queremos proclamar,
que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien
lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los
bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos”.
“Una sociedad libre y moderna requiere
la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de
información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional.
Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa
comunitaria y una tarea de gobierno”.
“El Rey, que es y se siente
profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia”,
aunque “el respeto a la dignidad de la persona que supone el principio de libertad
religiosa es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra
sociedad”.
“Estoy también seguro de que nuestro
futuro es prometedor porque tengo pruebas de las cualidades de las nuevas generaciones”.
“España es el núcleo originario de una
gran familia de pueblos hermanos. Cuanto suponga potenciar la comunidad de
intereses, el intercambio de ideales y la cooperación mutua es un interés común
que debe ser estimulado”.
“Europa
deberá contar con España, pues los españoles somos europeos”.
Asume la lucha “por restaurar la
integridad territorial de nuestro solar patrio”.
“Si todos permanecemos unidos habremos
ganado el futuro”.
¡Viva España!
Designado sucesor a la Jefatura del
Estado en 1969, tras la muerte del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco,
Don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975, y pronunció en
las Cortes su primer mensaje a la nación, en el que expresó las ideas básicas
de su reinado: restablecer la democracia y ser el Rey de todos los españoles,
sin excepción:
Anunció,
expresamente y sin equívocos, que asumía su misión de reconciliar a todos los españoles, procurando el
entendimiento entre opositores (rupturistas o reformistas) y renovadores. En su
discurso no ignoró a nadie: Franco, era una figura excepcional pero que ya era
historia (pasado); su padre, que le había inculcado el cumplimiento del deber;
los ejércitos, la Iglesia, el mundo del pensamiento, las peculiaridades
regionales y "la participación de todos en los foros de decisión"
(haciendo referencia veladamente a todos los partidos políticos sin exclusión).
Con
sus palabras pretendía disipar la desconfianza de quienes, viniendo de una tradición
republicana, lo veían como Rey y designado
por Franco, o por quienes, siendo monárquicos o no, tenían sospechas de que como
Rey fuera un mero continuador del Régimen de Franco.
A unos y a otros se pretendió hacerles
llegar que el nuevo Rey estaba dispuesto a devolver la soberanía al pueblo y a
facilitar la vía pacífica a la democracia.
"La Corona ampara a la totalidad
del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando, a través del derecho y
mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la
justicia".
El Rey ha confesado: “Seguí al pie de la
letra el consejo de Torcuato. Y en aquel discurso de la Corona dije muy
claramente que quería ser el rey de todos los españoles”, dejar claro que se
ponía término a cuatro décadas del Régimen de Franco, comenzaba una etapa de
fundamentada en la reconciliación de todos los españoles. “Y en aquel discurso
de la Corona dije muy claramente que quería ser el rey de todos los españoles”.
Quería dejar claras, en su discurso de
proclamación y para que no quedase ninguna duda, sus verdaderas intenciones para el futuro. Y
que utilizaría todo el poder “para decirles a los españoles que en el futuro
eran ellos quienes debían expresar su voluntad”.
El día 22 de noviembre de 1975, no habló
de una legitimidad derivada del 18 de julio ni de cualquier otra fecha, sino de
la historia, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los
españoles, tres conceptos difícilmente compatibles con los títulos de legimitidad
que podrían aducir los miembros de aquellas Cortes y del Consejo del Reino a
quienes se dirigía.
Se presentó como Rey legítimo por historia,
por las Leyes Fundamentales y el mandato legítimo de los españoles, obviando
cualquier legitimidad que tuviera su origen en su designación por Franco como sucesor
a título de Rey.
Consideró improcedente que, en su primer,
discurso el Rey hiciera cualquier referencia excesivamente elogiosa a Franco. Si
se quería instaurar un régimen democrático, no tenía sentido hablar de Franco
en términos excesivamente laudatorios.
Siguió fielmente la recomendación que le
había hecho Torcuato Fernández Miranda: “Vuestro primer discurso será la clave
de todo el cambio, y en él habéis de decir a los españoles: esto es lo que
tengo la intención de hacer y así es como voy a hacerlo”, aunque dejando claro
que “aquel primer discurso de la Corona fue mío, solamente mío".
En su discurso no ignoró a nadie:
Franco, figura histórica del pasado; los
ejércitos, la Iglesia, el mundo del pensamiento, las peculiaridades regionales
y "la participación de todos en los foros de decisión".
Despertando rencores
EL
22 de noviembre de 1975, tiene lugar la solmene sesión de Cortes en la que Don
Juan Carlos de Borbón asume la Corona del Reino, tal como desde antaño estaba
previsto. Se han producido momentos en los que de todo ha habido: alegrías de
unos, lágrimas de otros y... serenidad.
Esto
último constituyó el factor más importante para la gran tarea que el país
afrontaba, sobre todo por la existencia y sensatez de la clase media aparecida
en décadas anteriores y reacia a cualquier clase de choque violento como
ocurrió en 1936.
El
valiente discurso del nuevo Monarca, todavía pronunciado ante los llamados procuradores
de las Cortes emanadas de la hasta entonces denominada «democracia orgánica»,
causa lógicas molestias entre ellos. Hasta el final, muchos habían apostado por
lo que precisamente el mismo Franco nunca apostó: que habría un franquismo sin
Franco.
El
titulado «Caudillo por la gracia de Dios» sabía muy bien que «aquella gracia»
(al fin y al cabo derivada del triunfo en una guerra, algo que nadie podía
heredar) terminaría cuando también terminase su propia vida.
De
diferentes e incluso ideológicamente opuestas fuentes, es conocida la última y
única petición que el falleciente hace todavía al Príncipe cuando éste le
visita en el Hospital: «lo único que pido a Su Alteza es que mantenga la unidad
de España». Parecía importarle poco todo lo demás. Y el ilustre visitante así
lo prometió.
De
aquí que el aludido discurso estuviera pensado y pronunciado para otros
destinatarios: la totalidad de los españoles. Esto no empaña ni mucho menos dos
importantes gestos del ya Rey.
No
decir nunca una palabra contra quien, a la postre, había instaurado la
Monarquía en su persona y distinguir a la viuda y a la hija del fallecido con
los títulos de Señora de Meirás y Duquesa de Franco, respectivamente. Aunque no
lo parezca, mucho hay de afán conciliador en ambos gestos.
Y
por ello, no para el pasado que no había que remover ni mucho menos continuar o
resucitar, sino para aquel difícil presente y para un ilusionante futuro (son
expresiones del Rey) va dirigido el contenido de sus palabras que hoy parece
voluntariamente olvidado por algunos.
«Que
todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará
en un efectivo consenso de concordia nacional». Ha aparecido la palabra clave
para lo que luego serán los hechos: concordia entre todos los españoles.
Vencedores y vencidos. De dentro y de fuera.
Es
el momento de la reconciliación que tenía que borrar para siempre las huellas
tanto de una sangrienta guerra civil, cuanto de los largos años que a ella
siguieron.
A
las palabras siguieron los hechos que avalaban el contenido de esta nueva etapa
de nuestra historia política.
Amplísima
amnistía en que tuvieron su alcance los condenados por el régimen anterior. Reconocimiento,
contra la voluntad de algunos, del Partido Comunista. Y, sobre todo, la figura
de un hábil político llamado Adolfo Suárez que conduce el cambio sin fisuras
alarmantes. No lo olvidemos: se ha sabido conectar con el deseo y el
sentimiento de la mayor parte de la sociedad española.
La
que, en feliz término de Julián Marías, se caracterizaba, sobre todo, por su noluntad,
por lo que no quería: ni vuelta atrás, ni nuevos enfrentamientos, ni nada que
pusiera en peligro lo adquirido en años anteriores. Y esa gran nueva clase y
ese «no querer» está muy todavía ahí, permitiendo y colaborando en el
desarrollo de nuestra democracia, a pesar de sus evidentes defectos. El 18 de
noviembre de 1976 se aprueba en las Cortes la Ley para la Reforma Política que
suponía la autodisolución de las mismas y el camino para llegar a las
elecciones de 1977 (¡misterioso silencio al cumplirse ahora los treinta años de
la misma!). Muy poco después (15 de diciembre) el pueblo español respalda con
muy sólida mayoría esta Ley mediante referéndum convocado al efecto. El régimen
político de Franco ha terminado.
Y
los españoles caminan, mirando al futuro y empeñados en el logro de una Constitución
de consenso, nuevamente respaldada en otro referéndum. Y aquí hay que hacer una
apostilla. Ni antes, ni durante el proceso constituyente se habló de reparar
nada. En el gran pacto de nuestra transición, la revancha no podía tener lugar.
Todos estaban de acuerdo. Y con esta ejemplar muestra de «asumir» (que no
supone olvidar, ni dejar de investigar), se suceden las meritorias empresas con
los gobiernos de UCD. El muy largo tracto de un PSOE dirigido por Felipe González
que no se enfrentó con ningún sector de la sociedad a pesar de aciertos y
desaciertos (lo de Maravall con la Universidad no se perdonará nunca). Y, en
fin, la etapa de gobierno del Partido Popular.
Pero,
de pronto, se ha vuelto a una de las nocivas constantes que tanto ha dañado siempre
nuestro caminar político. La de resucitar el pasado y convertirlo en pieza de
discordia en la actual contienda como arma arrojadiza. La ventura se nos torna
preocupación.
Y
lo que todos, repetidas veces, habían decidido dejar atrás, quizá esperando que
el paso del tiempo ofreciera la necesaria distancia para un análisis desprovisto
de pasiones en unos y otros, se trae a un muy peligroso primer plano. La
sociedad no ha cambiado en sus auténticos deseos. Más aún: el país anda ya
poblado de nuevas generaciones que hasta desconocen los detalles de un ayer con
cuya resurrección nada bueno puede venir. Porque al resucitar se cae en las
falsas generalizaciones y, por supuesto, en las verdades a medias. ¿A qué se ha
debido el empeño en una «memoria» que todavía no tiene la entidad temporal como
para ser llamada «histórica»?
La
apelación a la historia no se puede hacer desde lo que todavía puede escocer y
hasta dividir. Ni la historia ni la política que de ella se derive pueden tener
como gestores la ira o el rencor. Por eso no estaba en el discurso regio con el
que hemos comenzado estas líneas y contra el cual camina sin reparo esta vuelta
atrás. Y por eso tampoco se quiso incluir en el contenido de una transición
que, de haber tenido como baluarte el escudriñar en ese inmediato pasado, sencillamente
no habría sido posible. Y creo que ni entonces, ni ahora. Hace falta mucho tiempo
para comprender y asumir. Y ese paso del tiempo es el que traerá mesura para
unos y para otros.
Como
lo que aquí predico es tiempo, mesura y, sobre todo, objetividad en la
valoración, no voy yo a caer en estas líneas en el recuento de lo que hicieron
mal unos y otros. Sí: también otros. Y como la escalada de reproches si se hace
desde esta ira y ese rencor citados, pueden no resultar fiables, vuélvase, como
testimonios directos, a la lectura de «Las causas de la guerra de España» del
gran Manuel Azaña o a la de «La guerra civil en la frontera» de Pío Baroja.
Ambos padecieron muy de cerca, sufriendo con ello, lo que ahora quiere
resucitarse sin la distancia y con el prejuicio. Y ninguno de los dos habló
nunca de fascismo, totalitarismo, genocidios o llamada a la revancha. Más bien
a todo lo contrario. Bien sabían que lo de asumir, incluso dejando atrás
jirones de desgracias en ciudades y en pueblos (esto último poco estudiado y
producto de nuestra ancestral envidia), requería algo más que talante: requería
también talento. Y muy posiblemente lo segundo
sea más importante que lo primero a la hora de atreverse a retomar la página de
nuestro inmediato pasado. Que, claro está, puede convertirse, ¡una vez más!, en
doloroso presente. Y para todos.
MANUEL
RAMÍREZ.- Catedrático de Derecho Político.- ABC, 18 de mayo de 2007