¿Le
salen las cuentas a Podemos?
Francisco
Moreno, Ramiro Obedman y Juan Carlos Barba
Miembros
del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos
Podemos
ha irrumpido en el escenario político con una serie de propuestas que la mayor
parte de los analistas consideran bien intencionadas, ya que permitirían paliar
el impacto que la crisis ha tenido sobre los sectores más vulnerables de la
sociedad.
No
obstante, estos mismos analistas serios y rigurosos nos alertan de que las
propuestas heterodoxas de Podemos requieren ingentes recursos para ser
financiadas, y por tanto provocarían un incremento descomunal del déficit
público y de la deuda.
Esto
dispararía a su vez la prima de riesgo por encima de los niveles que nos
quitaron el sueño durante los últimos meses del gobierno de Zapatero y durante
la primera mitad de la legislatura de Rajoy y, en un efecto bola de nieve, las
cantidades que habría que pagar en concepto de intereses a nuestros
prestamistas, lo que requeriría a su vez más déficit y más deuda para financiarlos
a unos tipos cada vez más altos.
En
fin, una pesadilla.
Por
el contrario los “bien intencionados” economistas de Podemos, en una suerte de
discurso propio de la lechera de la famosa fábula, repiten una y otra vez que
todas sus fantásticas medidas se financiarían llevando dos indicadores
económicos a los niveles medios de la Unión Europea: la presión fiscal
(demasiado baja en España) y el fraude fiscal (demasiado alto).
¿Tiene
algún fundamento la argumentación de los economistas de Podemos frente al
consenso generalizado de los medios serios y rigurosos?
¿Hay
alguna base para pensar que es posible recaudar más o reducir el fraude?
Y
si fuésemos realmente capaces de recaudar más, ¿tiene sentido pensar que la
recaudación adicional permitirá sufragar tantas buenas causas?
En
un ejercicio previo a los pertinentes estudios econométricos o a las necesarias
memorias económicas que en su caso tendrá que elaborar el Ministerio de
Hacienda, ¿se ha hecho alguna estimación del coste de las medidas que plantean
y se ha contrastado con la supuesta recaudación adicional? ¿Alcanzará la
“plata”?
Ingresos
adicionales o de dónde estos muchachos pretenden sacar la pasta
Vayamos
paso a paso.
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de recaudación
adicional de los economistas de Podemos?
Aproximadamente 92.000 millones de euros.
¿De dónde deberían salir?
De equiparar la presión fiscal española (que en 2013
fue de un 37,8% del PIB) a la media de la Eurozona (un 46,8% del PIB también en
2013).
Podemos no aspira por tanto a converger con Suecia,
Finlandia o cualquiera de esos países escandinavos con presiones fiscales
altísimas, sino con el promedio de los países que utilizan el euro. No parece
un objetivo descabellado, más bien cabría considerarlo de sentido común: recaudar
aproximadamente lo mismo para disfrutar servicios públicos de calidad similar.
Bien, pero, ¿cómo lo hacemos?.¿Qué propuestas
concretas plantea Podemos para conseguirlo?
1. Reducir el fraude fiscal a los estándares europeos.
Para ello Podemos plantea una medida muy simple:
incrementar el número de inspectores de hacienda.
En España se dispone de un inspector por cada 1.958
habitantes, frente a los 942 de Francia, los 740 de Alemania y los 574 de
Luxemburgo. No parece extravagante pensar que si ponemos más inspectores a
perseguir a los que defraudan será posible reducir el fraude. Además, estima el
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que el 72% del fraude
fiscal está concentrado en las 3.000 mayores empresas y fortunas, lo que debería
ser una ventaja ya que es posible poner foco en un sector muy acotado de los
contribuyentes.
Podemos tendrá que apoyar con firmeza a los técnicos
de Hacienda, de modo que no se repitan espectáculos como el de la inspectora
cesada por intentar imponer una sanción millonaria a la multinacional Cemex.
Para que estos recursos adicionales sean aún más
efectivos Podemos tendrá que impulsar una serie de reformas legislativas que
refuercen la capacidad inspectora, tales como la ampliación del límite máximo
del procedimiento inspector para grandes empresas (un año ampliable a dos en la
actualidad, insuficiente dada la sofisticación de los delitos cometidos por las
grandes corporaciones) o la ampliación también del plazo de prescripción de los
delitos fiscales.
Asimismo tendrá que apoyar con firmeza la labor de los
técnicos del Ministerio de Hacienda, de modo que no se repitan espectáculos
bochornosos como el acontecido a finales de 2013 cuando una inspectora fue
cesada por intentar imponer una sanción millonaria a la multinacional mexicana
Cemex.
Si todas estas medidas resultaran efectivas y convergiéramos con Europa
en porcentaje de fraude fiscal, este pasaría del 25% al 15% del PIB, lo que
según estima Gestha permitiría recaudar aproximadamente 34,400 millones de euros
adicionales.
Pero, ¿de dónde saldrían los restantes 57,600 millones?
2.
Incrementar los impuestos con criterios de progresividad y equidad.
En esto momentos el grueso de la carga fiscal en
España descansa sobre las clases medias a través del IRPF, que grava
fundamentalmente el trabajo asalariado, y el IVA, que trata a todos los
ciudadanos por igual, independientemente de su renta.
Otras figuras impositivas han ido desapareciendo o han
reducido de forma sustancial su participación en la tarta recaudatoria.
Es el caso de los impuestos de sucesiones y patrimonio. En lugar de
eliminarlos resulta necesario una actualización de los mismos para gravar de
forma justa a las grandes fortunas, y que estos impuestos cumplan su función
social y económica redistributiva.
El
impuesto de sociedades se ha visto mermado mediante toda una serie de
deducciones que reducen el tipo general del 30% a un tipo efectivo del 10% (de
los más bajos entre los países desarrollados) y que entre las 3.000 mayores
empresas se sitúa en el 3,5%. Asimismo los “ajustes por consolidación” que
según el Informe Anual de Recaudación Tributaria de 2013 experimentaron un
incremento anual de casi 30.000 millones de euros con respecto a 2012, hasta
alcanzar los 69.220 millones de euros, reflejan una potencial elusión fiscal en
torno a los 20.000 millones de euros.
Las
rentas del capital constituyen otro foco de injusticia fiscal palmaria, pues
mientras el tipo impositivo máximo para las rentas del trabajo se sitúa en el
45%, las rentas del capital, independientemente de su cuantía, tributan a un
tipo máximo del 21% y en el caso de las SICAV se quedan en un insignificante
1%. Reducir la diferencia en el tratamiento fiscal entre unas y otras rentas,
tal como ha hecho David Cameron en el Reino Unido, no parece un experimento
revolucionario.
También
el IRPF es susceptible de mejoras de calado, que van desde un incremento de la
progresividad, introduciendo más tramos que permitan gravar en mayor medida a
las rentas altas, hasta la supresión de desgravaciones tales como las
aportaciones a planes de pensiones privados, que tienen un coste elevado en
términos de recaudación y únicamente benefician a las rentas medias y altas.
En
definitiva, es razonable concluir que la legislación fiscal en nuestro país
presenta toda una serie de ámbitos de mejora entre los cuales los mencionados
anteriormente constituyen solo una serie de ejemplos. Existe en nuestro entorno
geográfico y político toda una legislación y experiencia práctica de la que es
posible nutrirse para adoptar los mejores estándares que permitan a nuestro
país converger con el resto de los países que comparten el euro. Recuperar ese
5-6% del PIB en ingresos fiscales sería por tanto un objetivo alcanzable
siempre que exista voluntad política para llevarlo a cabo, más allá de las
evidentes resistencias con las que se enfrentará el gobierno que lo impulse. En
cualquier caso, de nuevo, hablamos de medidas razonables que nos acercan a lo
mejor de la identidad europea, y en ningún caso de quimeras irresponsables que
pongan en riesgo la estabilidad económica.
Incremento
de los gastos y la inversión o de los quijotescos lances en los que pretenden
embarcarnos
Bien,
nos hemos convertido en ejemplares ciudadanos europeos que pagan sus impuestos.
A ello nos ha ayudado un reforzado cuerpo de inspectores fiscales que cuenta
con todo el apoyo de la ley y del ejecutivo. Nuestros millonarios se han visto
poseídos por el espíritu de Warren Buffet y han decidido colaborar con la
patria en función de su capacidad económica, al igual que las grandes empresas
en aplicación de sus modernas políticas de Responsabilidad Social. A ambos les
ha ayudado también la profunda reforma fiscal a la europea implantada por el
nuevo Gobierno de Podemos. No obstante todos sabemos ya a día de hoy que esos
92.000 millones no van a dar ni para empezar. Cualquiera de las disparatadas
medidas que emprenderán los ministros del joven gobierno arrasará con esos
ingresos adicionales.
Podemos
plantea nacionalizaciones para garantizar los derechos básicos de los
ciudadanos. Es paradigmático el caso del sector eléctrico y la pobreza
energética, que está afectando gravemente a colectivos donde abundan niños y
ancianos.
¿Es
esto cierto? ¿Son tan devastadoramente despilfarradoras las medidas que Podemos
plantea? Evaluemos brevemente las más severamente criticadas entre estas
medidas heterodoxas que hacen cundir el pánico en platós de televisión y
debates radiofónicos, y veamos si es posible encontrar argumentos que infundan
confianza en nuestros queridos tertulianos antes de que tenga que hacerlo por
nosotros el director adjunto del Financial Times.
1. Reforma de las pensiones.
Sobre la jubilación existe un debate en el que
confrontan las supuestas evidencias demográficas con los argumentos que sostienen
que es la productividad la que determina que la población se tenga que jubilar
antes o después.
También resulta interesante contrastar las reformas
que aplicamos en España con el reciente adelanto de la edad de jubilación en
Alemania a los 63 años o como Francia la mantiene a los 62.
(…) Sin embargo, más allá de este interesante debate nos gustaría poder
estimar el coste que tendría elevar las pensiones contributivas de menor
cuantía hasta el salario mínimo interprofesional para comprobar si es viable su
financiación.
Si tenemos en cuenta el número de pensiones afectadas y su cuantía
media según datos de la Seguridad Social para 2013 el coste estimado de esta
medida sería de 5.228 millones de euros.
Adicionalmente, y si bien Podemos parece descartar esta
medida a corto plazo, en el programa a las Elecciones Europeas propuso rebajar
la edad de jubilación a los 60 años.
Si esta medida se aplicase aproximadamente un millón
de personas pasarían a jubilarse de forma anticipada, lo que, dada la pensión
media, supondría algo más de 17 mil millones. A esto habría que restarle
subsidios por desempleo (de quienes encuentran nuevos puestos de trabajo) y
pago de impuestos de los nuevos empleados. En total podría estimarse el coste
en aproximadamente 8-9 mil millones. Si a esto sumamos los 5.228 millones
correspondientes a elevar la pensión contributiva mínima al salario mínimo
interprofesional el coste estimado de la reforma de las pensiones sería de
aproximadamente 14.000 millones de euros.
2. Renta básica.
El programa de Podemos para las Elecciones Europeas
propuso la Renta Básica Universal (RBU).
No obstante no es menos cierto que incluso la Iniciativa
Legislativa Popular por una Renta Básica estatal que en estos momentos recoge
firmas plantea una implantación en fases donde en un primer momento se
establecería una renta básica condicionada para evolucionar con posterioridad
al objetivo máximo que supone la RBU.
(…) No obstante, asumamos que en el marco de una
implantación en fases de la Renta Básica Podemos decide establecer en una
primera legislatura una Renta Básica condicionada destinada a las familias en
proceso de exclusión severa.
Por ejemplo, aplicar en todo el país un sistema
equivalente a la Renta de Garantía de Ingreso que funciona en el País Vasco y
que garantiza una renta de 650 € mensuales para una persona que viva sola, o
1.000 para una pareja con dos niños, además de una prestación complementaria
para vivienda de 220 € en los casos necesarios.
Si extrapolamos a partir del coste del programa vasco que cubre unas
68.000 hogares, y es de aproximadamente 480 millones de euros al año, a un
número aproximado de 1,6 millones de hogares estimados según datos del INE para
2013, el coste sería de aproximadamente 11,000 millones de euros anuales.
3. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
Esta es otra de las medidas que, según los sesudos
seguidores de Friedrich Hayek e incluso algún que otro neo-keynesiano,
descapitalizaría el estado con sólo publicar un par de líneas en el BOE.
Más allá de la posibilidad de controlar una empresa
con un porcentaje significativo pero mínimo de las acciones, tal como hace por
ejemplo la familia Botín en el Banco de Santander, o de la oportunidad de
recordar cómo no pocos gobiernos europeos controlan a día de hoy sectores
estratégicos de la economía, sin visos de que tengan pensado perder dicho
control; es necesario evaluar por qué Podemos plantea asumir el control de
determinadas empresas y la probabilidad de que dichas nacionalizaciones se
consumen.
El principal motivo por el cual Podemos plantea nacionalizaciones es
para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos.
Es paradigmático el caso del sector eléctrico y la pobreza energética,
que está afectando gravemente a colectivos vulnerables donde abundan niños y
ancianos.
En este sentido Podemos plantea que, aún asumiendo la necesidad de
redefinir un plan energético nacional y de revisar los acuerdos con las
empresas energéticas en materias tales como el polémico déficit tarifario, a
corto plazo sería necesario implantar medidas sencillas de impacto inmediato
contra la pobreza energética tales como la prohibición de cortar el suministro
por impago entre el 1 de octubre y el 1 de abril.
En este sentido, ¿necesitará un gobierno de Podemos nacionalizar las empresas
energéticas para hacer efectiva una medida destinada a proteger a los sectores
más vulnerables y que por lo demás está en vigor en países democráticos de
nuestro entorno como Holanda?
¿Está el sector energético en condiciones de plantear
batalla por una medida humanitaria de sentido común como esta?
Es muy probable que no, y muy probable por tanto que
Podemos pueda llevar adelante sus medidas de rescate ciudadano que impacten en
la regulación de determinados sectores empresariales sin tener que acometer
nacionalizaciones. Por lo tanto, en un momento en el que la política de gastos
exigirá establecer prioridades y controlar el déficit en aras de la suficiencia
fiscal es fácilmente asumible que Podemos podrá llevar adelante su programa de
políticas sociales, e incluso otros más ambiciosos tales como los relacionados
con la reforma del sector energético, sin nacionalización de empresas.
Podemos plantea también otras medidas de incremento de gastos e
inversión pública, tales como la extensión de la red de asistencia social, la
mejora de la calidad educativa y su ampliación a la franja de edad entre los 0
y los 3 años o políticas activas destinadas a mejorar nuestro modelo productivo
excesivamente vinculado al turismo o la construcción, si bien ninguna de estas
propuestas resulta tan polémica como las anteriores y con mayor o menor
sinceridad todos los partidos aceptan que al menos comparten el fin último de
las mismas y de una u otra forma las integran en sus programas. Por tanto, no
las consideraremos en este análisis que quedaría por tanto limitado a las tres
líneas de actuación anteriormente comentadas y que son sin duda las que más
controversia han suscitado en los medios.
En definitiva, las medidas más heterodoxas del
programa de Podemos en materia de gastos tendrían un coste aproximado de 25.000
millones de euros mientras que el objetivo de recaudación adicional gracias a
la lucha contra el fraude y una fiscalidad más equitativa sería de 92.000
millones de euros, si bien sabemos que esa recaudación adicional no llegará de
un día para otro y será el resultado de un trabajo intenso que dará frutos a lo
largo de los años de gobierno.
A diferencia de lo que establece el discurso dominante
en muchos medios de comunicación donde se trata de reducir Podemos a una
caricatura, la conclusión es que si consideramos de forma pragmática el coste
de las propuestas más polémicas de Podemos frente a los ingresos adicionales
esperados, el enfoque de Podemos es prudente y su viabilidad está fuera de
dudas.
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