Luis
María ANSON
El
Gobierno ha anunciado que la eliminación de 2.029 entes públicos ha supuesto un
ahorro de 18.100 millones de euros, que es lo que perdían las empresas y
organismos ahora suprimidos. Asustan las cifras, sobre todo si tenemos en
cuenta que probablemente sobran otros dos mil entes públicos más.
En
1977, los empleados de las Administraciones se elevaban a 700.000; en 2011
superaron la cifra de 3.200.000. Los partidos políticos y los sindicatos,
convertidos en agencias de colocación, se habían dedicado durante tres décadas
a enchufar, a costa del dinero público, a sus parientes, amiguetes y
paniaguados. Exhausta la posibilidad de más colocación en las cuatro
Administraciones -la central, la autonómica, la provincial y la municipal-, los
políticos, que son listísimos, se inventaron la creación de empresas públicas,
organismos y entes diversos para que sus enchufados se instalaran en puestos de
escaso trabajo y copiosos sueldos, pagado el dispendio con el dinero extraído
de los contribuyentes a través de unos impuestos casi confiscatorios.
El
95% de las empresas públicas y de esos entes y organismos creados
artificialmente eran y son altamente deficitarios. La crisis ha obligado al
Gobierno Rajoy a tomar medidas que por el momento han supuesto un ahorro de
18.100 millones de euros anuales.
Pero
eso es la punta del iceberg. Si se quiere sanear de verdad las Administraciones
públicas habrá que reducir el número de funcionarios y empleados a un máximo de
1.200.000. Y, por supuesto, liquidar el 95% de empresas públicas, de entes y
organismos creados por la voracidad de los partidos políticos y los sindicatos.
El español medio trabaja casi la mitad del año para pagar lo que derrochan los
políticos y los sindicalistas.
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