Rato
fue una persona decisiva en los gobiernos del PP entre 1996 y 2004 y llegó a
ser uno de los candidatos a suceder a Aznar. Su trayectoria pública alcanzó
gran prestigio cuando fue nombrado director gerente del FMI, cargo que abandonó
alegando “razones personales” nunca bien explicadas.
Su
imagen pública empezó a deteriorarse a raíz de su gestión como presidente de
Bankia y el caso de las tarjetas negras, de gastos personales para consejeros y
otros cargos de la entidad.
En
términos jurídicos, cabe pedir que la investigación judicial se ejecute de
forma rigurosa y exhaustiva, como la que se aplicaría a cualquier otro
ciudadano.
En
términos políticos, las consecuencias para el PP pueden llegar a ser de una
extrema gravedad.
No
fue Rato quien pagó la sede del PP con dinero negro ni quien ideó y ejecutó
todo un sistema de financiación supuestamente ilegal del partido durante décadas.
Es inútil argüir ahora que Rato ya no representa un poder en el PP; forma parte
de una gestión de gobierno entre 1996 y 2004, mitificada en exceso desde
Génova, y que hoy parece muy discutible.
Pero
hay que hacerse otras reflexiones que no dejan en buen lugar al Ministerio de
Hacienda y a la Agencia Tributaria.
¿Por
qué, entre 705 investigados por presunto blanqueo, se filtró recientemente el
nombre del exgerente del FMI?.
El
ministro Cristóbal Montoro tendría que dar respuesta a esta pregunta, con el fin
de descartar que se trata de una vendetta partidista.
Está
en cuestión el uso correcto de la información tributaria. Lo correcto y
conveniente es que se publiquen los nombres de todos los investigados, no solo
de unos pocos.
Ahora
se aprecian las consecuencias de la desafortunada amnistía fiscal aprobada por
Hacienda. Una amnistía que no resolvió los problemas de las arcas públicas,
sustituyó desventajosamente la inspección exhaustiva a la que está obligada la
Agencia Tributaria y puso en clara desventaja a quienes pagaron y pagan sus
impuestos.
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