miércoles, 6 de mayo de 2015

Las recetas de Podemos: más IRPF, nuevos impuestos y defensa de «lo público»

ABC.ES / MADRID
Día 06/05/2015 - 12.11h
El partido de Pablo Iglesias presenta para el 24-M una mayor carga fiscal para las rentas superiores a 50.000 euros, recupera el impuesto de Sucesiones y reduce el umbral para pagar el patrimonio
Podemos se retrata.
Con gran expectación, el partido liderado por Pablo Iglesias presentó ayer en Madrid sus propuestas con las que concurre a las elecciones municipales y autonómicas del 24-M.
El programa, que Iglesias ya avanzó que no contentaría a todos, demuestra que las promesas sociales que han sido la bandera del partido desde su nacimiento sólo se podrán pagar con más impuestos.
Y ello afectará especialmente a las clases medias, que verán aumentada la carga fiscal a partir de los 50.000 euros de renta.
Además, Podemos introduce de nuevo el Impuesto de Sucesiones, una «tasa turística» para hacer caja con el turismo y reduce el umbral para pagar por el patrimonio.
Por si fuera poco, a estos nuevos impuestos se suma la supresión de muchas de las deducciones como las de la vivienda o de algunos gastos del colegio privado. Podemos, eso sí, se olvida entre sus propuestas de la renta universal que tanto prometieron desde su fundación y renuncia al ímpago de la deuda.

El «Programa del cambio», que admite en su introducción que «las recetas mágicas sólo existen en los cuentos», incluye 215 medidas para «un proyecto de país» divididas en cuatro bloques, y el primero de ellos se ocupa del prometido plan de rescate ciudadano para llevar a cabo en los primeros cien días de gobierno.
*.- Aquí se incluye su propuesta de elaborar una ley de emergencia contra los desahucios, que plantea la dación en pago con carácter retroactivo para todas las personas «con deudas hipotecarias vivas» que hayan entregado la vivienda.
*. Propone regular un procedimiento judicial especial para evitar esos desahucios a personas sin recursos, así como reducir el capital pendiente del préstamo ajustándolo al valor real de la vivienda.
*.- Garantizar el suministro de agua, luz y gas a todos los hogares, declarando su carácter de servicio público, es otra de las promesas incluidas en la ley de emergencia de Podemos, que establecería un «mínimo vital» de esos recursos para que en situación de pobreza el pago máximo no supere el 10 por ciento de los ingresos mensuales del hogar, para lo que se establecerá un fondo autonómico.

Un plan gradual para llegar a las «35 horas»
En materia económica, plantea un «plan de garantía de renta», que no consiste en aprobar aquella renta básica universal de la que hablaban en las europeas, sino en aproximar las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas al salario mínimo interprofesional (SMI) anual -fijado actualmente en 648,60 euros al mes- de forma «gradual» y «en virtud de las posibilidades». Sí permanece en este programa la propuesta de Podemos de emprender «un plan gradual» para llegar a la jornada laboral de 35 horas, empezando por el empleo público.
El programa no incluye una memoria económica detallada, que según fuentes del partido se añadirá después en cada comunidad autónoma, pero sí plantea reformas en materia de fiscalidad para conseguir los fondos para financiar sus medidas. Así, propone un sistema fiscal armonizado en todas las CC.AA., para que ninguna de ellas sea desleal al resto, y hacer más progresivos los impuestos autonómicos con una reforma que derogue bonificaciones del impuesto de sucesiones para las rentas altas y recupere el impuesto de patrimonio, reduciendo el mínimo exento a un patrimonio de 400.000 euros. También pretende intensificar la progresividad en el tramo autonómico del IRPF reduciendo los tipos mínimos para rentas de menos de 25.000 euros, suavizar los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentar los que sean superiores.

Énfasis en la lucha contra la corrupción
*.- La lucha contra la corrupción es otro de los ejes del programa de Podemos, que promete una ley de transparencia autonómica que obligue a todos los diputados autonómicos a hacer una declaración anual de bienes y otra de gastos mensuales relacionados con el ejercicio de su función.
*.- Los cargos electos tendrán también el deber de informar de su agenda, del contenido de sus reuniones y de cualquier documento que hayan debatido, y los altos cargos serían sometidos a un protocolo de rendición de cuentas para evaluar el grado de cumplimiento de sus compromisos.
*.- Podemos apuesta además por la creación de un fichero de condenados por corrupción, que recogerá los nombres de personas físicas y jurídicas condenadas por estos delitos, para evitar ilegalidades en la contratación pública, y plantea la prohibición de las puertas giratorias y la regulación de los «lobbies» en cada comunidad autónoma.

Salud y educación
*.- La salud pública es otra de las prioridades de Podemos, que se compromete a revertir la privatización de los hospitales e impulsar la recuperación de los servicios externalizados, como la lavandería central, el mantenimiento o las donaciones de sangre.
*.- Quieren también promover la fabricación de medicamentos genéricos para enfermos que se ven obligados a seguir tratamientos costosos como el de hepatitis C y proponen además reducir las listas de espera, establecer el derecho a una muerte digna y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

En el ámbito educativo,

además de derogar la Lomce y pedir una moratoria para su ejecución hasta el 2016, aboga por fortalecer la escuela pública con aumento de plazas de alumnos y profesores, reducir las horas lectivas por docente y limitar las clases a 23 alumnos en primaria y 25 en secundaria, así como guarderías gratuitas y gratuidad también para el material escolar. La innovación y la investigación son para Podemos la clave en la mejora de la productividad sin reducir salarios, sino mediante el alza del gasto en I+D+i al 2 % del PIB en cada comunidad, como ha defendido el candidato por Madrid, José Manuel López, quien ha expuesto el nuevo modelo productivo de Podemos.

Las medidas de Podemos

FISCALIDAD Y OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS
- Recuperación del impuesto sobre el patrimonio allí donde haya sido derogado «de facto», así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. En concreto, propone reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.
- Derogación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.
- Revisión de «la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica del IRPF que se practican en la actualidad» y que carecen de carácter redistributivo con sentido progresivo.
- Incremento de la progresividad del tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros.
- Nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica, sobre actividades de alto riesgo ambiental, sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.
- Creación de una ecotasa que grave los establecimientos turísticos para corregir sus impactos medioambientales, sociales y culturales.
- Revisar el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- Declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking.

VIVIENDA Y SUMINISTROS BÁSICOS
- Paralización los desahucios «que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica».
- Implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que contemplará la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado --más conocida como dación en pago--; la posibilidad de ajustar la deuda pendiente al valor actual de la vivienda --mediante una nueva tasación con los precios actuales y no los del tiempo de la burbuja--; y la dación en pago retroactiva, a la que podrán acogerse «todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco».
- Creación de un Servicio Público del Derecho a la Vivienda para comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. «Se instará a la autoridad judicial para que se paralicen los desahucios que no cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos», añaden.
- Prohibición de contratar desde las Administraciones Públicas con entidades bancarias que ejecuten desahucios.
- Procedimiento para sancionar económicamente a entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías, y no quieran sacarlas al mercado del alquiler. En los casos muy graves, contemplan «la cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública».
- Suministro de luz, agua y gas garantizado. Impedirán el corte de estos servicios «cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad». También establecerán un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar.
- Se estudiará la creación, por parte de cada Comunidad Autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública.
- Desarrollar un «Plan de Garantía de Renta» para mejorar y coordinar las denominadas «Rentas Mínimas de Inserción» que ya existen en muchas Comunidades, y otras medidas similares. Uno de los objetivos será aproximar estas rentas, «de forma gradual y en virtud de las posibilidades», al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.
- Desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo, comenzado en el ámbito de la Administración Pública.
- Creación de la Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación, para denunciar situaciones de explotación laboral, acoso y discriminación.
- Desarrollo de la banca pública en las Comunidades Autónomas.
- Renegociación de la deuda pública de las Comunidades con el Estado, a través de los tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización.

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
- Disminución de alumnado por aula en los centros públicos, estableciendo un máximo de 20 en Infantil, 23 en Primaria, 25 en Secundaria, 30 en Bachillerato, 15 en Formación Profesional Básica y 25 en los ciclos formativos de grado medio y superior.
- Reducción de las horas lectivas del profesorado
- Mecanismos de evaluación por parte de la Administración Pública para garantizar que en los centros concertados se brinda «una educación de calidad acorde con los principios constitucionales».
- Educación infantil universal y gratuita desde los 0 años.
- Incentivos en la contratación de padres y madres solteros así como mayor flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos más largos que en el caso de las parejas.
- Garantizarán la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema público de salud.
- Declarar el derecho a una muerte digna.
- Impulsar la fabricación de medicamentos genéricos que sean beneficiosos para los enfermos con tratamientos muy caros, como la hepatitis C.
- Reducir el número de cesáreas y los partos inducidos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
- Obligación de los cargos electos y de libre designación de realizar una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).
- Ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de regulación de lobbies para regular las «organizaciones de intereses» en cada Comunidad Autónoma y sus relaciones con los altos cargos. «Se hará explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas».
- Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado para que los funcionarios públicos pueda señalar «de forma anónima» los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.
- Protección laboral a los empleados y empleadas públicos denunciantes o testigos en procesos de corrupción.
- Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos para detectar posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores, y abrir procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.
- Reducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- «Democratización» de los consejos de radio y televisión públicas a partir de una elección que respete las mayorías y las minorías parlamentarias y en la que participe la sociedad civil a través de un Consejo Ciudadano de participación

No hay comentarios:

Publicar un comentario