ISABEL
SAN SEBASTIÁN
SOSTIENE
Manuela Carmena que «en democracia los juicios se hacen en los juzgados, no en
los medios de comunicación».
¡Cierto!
Los
medios de comunicación sirven para dirimir otras cuestiones, como el valor de
la palabra dada, la credibilidad o la coherencia de los personajes públicos.
Los
medios de comunicación informan, contextualizan esa información y emiten opiniones
plurales sobre las implicaciones que se derivan de esos hechos, con el fin de
ayudar a la ciudadanía a formarse su propio criterio.
Los
medios de comunicación constituyen un pilar esencial de la democracia, señora
Carmena.
Tan
imprescindible al menos como los juzgados, a menudo ocupados por togados
vinculados a partidos o ideologías incompatibles con la imparcialidad que se
les supone y necesitarían para desempeñar su función dignidamente.
Los
medios de comunicación son los vigilantes del sistema, señora Carmena, mal que
les pese a algunos.
Los
fedatarios llamados a garantizar que los gobernantes o aspirantes a gobernar
asuman su responsabilidad política.
Una
compañera de Libertad Digital, Sandra León, ha publicado una información
absolutamente veraz, relevante, y por tanto impecable periodísticamente
hablando.
Se
refiere a la empresa de la que el marido de la señora Carmena, Eduardo Leira,
era propietario y administrador único, condición que utilizó para contratar a
un equipo de arquitectos que estuvieron trabajando para el estudio como falsos
autónomos y con un categoría inferior a la que les correspondía.
Por
si no bastara con estas graves irregularidades, reconocidas en una sentencia,
los trabajadores en cuestión desempeñaron su labor durante siete meses sin
cobrar su sueldo ni tampoco ser despedidos, lo que al menos les habría hecho
acreedores a una indemnización que sí les reconoció el tribunal, aunque no
llegaran a percibirla al declararse insolvente el señor Leira.
Su
dinero había sido transferido a su mujer en plena crisis de su empresa, i3
Consultores, a fin de hacer frente al pago de un crédito avalado, entre otros
bienes, con una casa que no llegó a ser embargada, a diferencia de lo acaecido
a la inmensa mayoría de los empresarios sumidos en la pesadilla de un concurso
de acredores.
Sostiene
la señora Carmena que sacar a relucir ahora esta historia es jugar sucio y
personalizar una pugna política.
¡Falso!
Para
una candidata que ha hecho bandera de la defensa de los trabajadores y se ha
llenado la boca y la pluma de reivindicaciones relativas a los derechos
laborales conculcados por la patronal ávida de lucro, esta peripecia de su
esposo resulta terriblemente reveladora, máxime porque ella no ha negado los
hechos ni afeado a su compañero esa actuación, sino que se ha limitado a
repetir que él actuó dentro de la legalidad.
También
son legales los desahucios, señora Carmena, las puertas giratorias o las
asesorías a empresas por parte de diputados, pese a lo cual usted y sus
compañeros de lista militantes de Podemos las califican de inmorales, acaso
porque la mayoría de las veces, lo son. Legalidad no es sinónimo de decencia y
en política, para predicar desde una pretendida superioridad ética, hay que
tener la casa inmaculada.
Amenaza
Manuela Carmena con querellas a todo aquél que la vincule con un delito de
alzamiento de bienes por ese traspaso patrimonial denunciado en su día y
enseguida archivado por la Justicia. Es ciertamente más fácil querellarse,
sobre todo para una cofundadora de Jueces para la Democracia con muchos y
buenos amigos en la Carrera Judicial, que dar explicaciones satisfactorias
sobre los hechos relatados. Lejos de mi intención, en todo caso, achacar a la
candidata de Ahora Madrid una participación cualquiera en un delito. Yo la
acuso, eso sí, de ser profundamente incoherente, someto esta acusación al
tribunal de la opinión pública y me acojo para hacerlo a la libertad de
expresión vigente aún en esta España democrática que algunos de sus compañeros
de candidatura querrían ver convertida en Venezuela.
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