No había otra opción digna que no fuera la salida de Guillermo Zapata

EL PAÍS 16 JUN 2015 - 00:00 CEST

No había otra opción digna que no fuera la salida de Guillermo Zapata como concejal de Cultura y Deporte de Madrid para saldar el redescubrimiento de comentarios antisemitas y de desprecio a víctimas de ETA realizados por él años atrás.

Las disculpas pedidas por su conducta pasada no le eximen de responsabilidad como cargo público y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha hecho bien al aceptarle la renuncia.

Mucho peor habría sido empeñarse en iniciar un proyecto político manchado por la incertidumbre sobre la moral civil de alguno de sus componentes.

Subsiste un espacio de confusión e incoherencia, puesto que Zapata deja sus responsabilidades de Cultura, pero se mantiene como concejal.

 Hizo sus lamentables comentarios cuando era una persona privada, y esto plantea el debate de si un error así, reconocido por el autor, le invalida para toda tarea pública.

 La realidad es que en Twitter no se plasma una conversación particular, sino pública, y todo cuenta cuando se trata de cargos rodeados de altas expectativas.

Las quejas por el marcaje a los nuevos actores políticos son irrelevantes, puesto que se habían atribuido una elevada superioridad moral y política, y no deben protestar por estar sometidos a un escrutinio intenso.

 Más allá del caso en concreto (o de los casos, porque el de Zapata no es el único entre los nuevos concejales de Madrid), lo sucedido muestra la fragilidad con que las formaciones emergentes acceden al poder.

El impacto producido por el cambio no les vacuna contra la inestabilidad objetiva de sus respectivas situaciones.

Cierto que los Ayuntamientos se han constituido con toda normalidad —salvo alguna tensión aislada—, como es deseable que ocurra respecto a los Gobiernos autónomos; pero la gobernabilidad depende de equipos que no cuentan con claras mayorías de votos.

Y la relación de fuerzas tampoco les favorece: Manuela Carmena y Ada Colau —por citar solo dos ejemplos del cambio— han sido elegidas como candidatas de agrupaciones políticas heterogéneas. A esta situación interna, de por sí compleja, hay que añadir los esfuerzos que habrán de hacer para conservar los apoyos externos con los que cuentan, porque estos, una vez votadas las investiduras, se vuelven a la oposición y ya no se sienten solidarios con los cargos a cuya instalación han ayudado.

Todo sería diferente si los nuevos poderes hubieran establecido acuerdos de coalición.

No los querían, ni tampoco los que les apoyan puntualmente, para no comprometerse ante las elecciones generales. Sin mayorías absolutas ni coaliciones estables, no pueden gobernar como si dispusieran de todos los resortes; se encuentran expuestos a desautorizaciones y sanciones, incluida la moción de censura.

 Al final, Zapata tenía que caer aunque solo fuera porque el PSOE, que había apoyado la investidura de Carmena, ha presionado con firmeza para ello; igual que José Antonio Griñán ha formalizado la renuncia al escaño de senador para facilitar la gestión de Susana Díaz, una de las condiciones que Ciudadanos había planteado a cambio de su voto a la investidura de la presidenta andaluza. Las nuevas formaciones son bienvenidas al poder, aunque no sea exactamente lo que esperaban.