Joaquin
Leguina 20 julio 2012 Tribuna El País.
Uno de los
mayores disparates cometidos contra el prestigio de la democracia en España ha
venido de la mano de los partidos políticos, que han invadido la actividad de
órganos legalmente autónomos (Tribunal Constitucional, Consejo General del
Poder Judicial…), entre los que se incluye la ruinosa invasión partidista de la
cajas de ahorro.
Lo más
bochornoso del caso ha consistido en aprobar leyes que hacían impecablemente
autónomos a esos órganos para, de inmediato, incumplir esas leyes y entrar a
saco en las instituciones sin que nadie —ni dentro ni fuera de los partidos— lo
denunciara por ilegal. Mas ahora, cuando el desastre de, por ejemplo, Caja
Madrid, ha entrado en la vía judicial, parece llegado el momento de cobrar la
cuenta de tan larga fiesta a quienes han sido responsables de decisiones no
solo indecentes desde el punto de vista de la economía de la empresa, también
desde el punto de vista moral y legal.
Y conviene
no equivocarse ni en las personas ni en el tiempo, porque la ruina de Caja
Madrid no comenzó ni con la crisis ni con la salida de Bankia a bolsa. Se
inició con el pacto firmado el 6 de septiembre de 1996 entre el Partido Popular
y Comisiones Obreras que llevó a Miguel Blesa a la presidencia de la Caja.
Comenzaba así:
No existe en
el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer
desde fuera de sus propios órganos
“Reunidos D.
Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular de Madrid, y
D. Francisco Javier López, secretario de Política Institucional de la Unión
Sindical de Madrid-Región de Comisiones Obreras, actuando ambos en nombre y
representación, tanto de sus respectivas organizaciones regionales, como del
conjunto de consejeros que por parte del Partido Popular y de CC OO forman
parte de los órganos de gobierno de la Caja de Madrid, Acuerdan…”
El Sr.
Romero de Tejada y el Sr. López actuaron simultánea y respectivamente como
representantes del PP y de CC OO, haciéndolo en asuntos que afectaban
directamente a la administración, gestión financiera y representación de la
Institución, declarando actuar —así está escrito— en representación del PP y de
los miembros del Consejo nombrados a propuesta del partido político y del
sindicato. Una delegación que era y es ilegal. Fue así como desbancaron a toda
prisa de la presidencia de la Caja a quien había sido elegido para ese cargo
por unanimidad tan solo unos meses antes de ese pacto. ¿Por qué fue ilegal ese
acuerdo?
Porque la
ley de Cajas de la Comunidad de Madrid entonces vigente (también la actual)
recogía en el artículo 22.2 lo siguiente:
“Los
miembros de los Órganos de Gobierno actuarán con plena independencia respecto
de las entidades y colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales
no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones.
Solo responderán de sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en todo
caso, ante la Asamblea General”.
Los actuales
estatutos de la Caja reproducen en su artículo 7.2 este principio legal y lo
mismo hacían los anteriores estatutos en su artículo 10.
Un consejero
no podía —ni puede— comprometerse u obligarse con nadie, tampoco con su partido
político ni con su sindicato, respecto de su actuación en el Consejo de
Administración, pues atentaba (y atenta) contra la independencia y autonomía de
la Caja y subvierte los principios de su buen gobierno. Estamos ante una
perversión descomunal que el mínimo respeto a las instituciones y a las leyes
hubiera debido impedir. No existe en el mundo una sola organización que admita
que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos y eso es,
precisamente, lo que ha pasado en las Cajas, en general, y con la de Madrid, en
particular.
El Consejo
de Administración de la Caja, como órgano colegiado, no conoció aquel pacto y
por ello no pudo debatir ni acordar acerca de su contenido, pero, eso sí, se ha
visto sometido a esa ilegalidad permanentemente. Una acción capitaneada por el
señor Blesa y secundada por su leal escudero José A. Moral Santín, de Izquierda
Unida.
No menos
chocante, dentro de esta conspiración, ha sido el hecho de que los órganos de
control de la propia Caja, los de la Comunidad de Madrid y los del Banco de
España no hayan intervenido nunca para impedir esa tropelía continuada. Estas
prácticas ilegales de los dos grandes sindicatos (UGT también entró en ese
juego) y del tándem IU-PP deberían haber sido cortadas de raíz.
Por lo
tanto, si se quiere aclarar este gravísimo asunto de Caja Madrid y castigar, si
fueran constitutivas de delito, algunas conductas, el juez Andreu y el
Parlamento tendrían que empezar por el principio y por las dos personas que han
llevado a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad hasta la ruina: Miguel Blesa y
José A. Moral Santín.
Y si alguien
me recuerda que fui presidente de la Comunidad de Madrid, ha de saber que los
consejeros cooptados por el PSOE o los sucesivos presidentes de la Caja de
aquella época jamás recibieron de mí orden alguna. Eran los tiempos en que la
Caja estaba gobernada con solvencia profesional y ganaba mucho dinero.
Joaquín
Leguina es economista y fue presidente de la Comunidad de Madrid.
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