«Muchos no estamos dispuestos a que, una vez más, el silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios»
JUAN
CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA - 16/01/2016 a las 13:31:30h. - Act. a las 13:31:40h.
ESCRIBO
estas líneas desde lo que históricamente fue la España de la marginación, de la
falta de oportunidades y de la sangría de la emigración. Muchos no estamos
dispuestos a que, una vez más, el silencio nos haga cómplices de procesos que
marginen a nuestros territorios. Me atengo, pues, a una estricta lealtad al
proyecto político encarnado en la Constitución de 1978, y reivindico mi
derecho, y el de millones de ciudadanos, a no ser considerados sospechosos de
nada por el simple hecho de defender, junto con quienes compartan esta visión
positiva, el texto constitucional y lo que está significando para España.
En
Cataluña ha comenzado a desarrollarse un proceso de toma de decisiones sobre el
que tenemos, no ya el derecho, sino el deber de explicitar nuestra posición
como ciudadanos españoles. Si en el mundo interconectado en el que estamos
viviendo, nos afectan los acuerdos de la OMC o un reglamento comunitario, ¿cómo
no nos va a afectar todo lo que ocurre en nuestro país? Andalucía, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia y otros territorios de la España menos
desarrollada se vieron relegados, durante décadas, por decisiones, indiscutidas
desde esos territorios, de la política nacional. El silencio o la desatención
de cuanto nos afectaba fue el caldo de cultivo de un secular abandono
únicamente corregido desde que la Constitución de 1978 nos posibilitó
constituirnos en comunidades autónomas, lo que nos ha permitido avanzar en la
convergencia con el resto de España.
Y,
cuando por fin una Constitución, la española, nos garantiza, a los ciudadanos
de estos territorios marginados históricamente, la condición de ciudadanos
españoles, cuando comenzamos a ocupar un sitio en España que nos permite
imaginar y construir nuestro futuro como pueblos, surge un frente independentista
que pretende poner en cuestión el concepto de España, el concepto de soberanía,
el concepto de solidaridad entre todos los españoles y el concepto de igualdad
entre todos los territorios que conforman España. Estamos ante un desafío de
los partidos independentistas que, como se plasmó en la resolución del
Parlamento catalán del pasado 11 de noviembre, tiene como objetivo sobrepasar
la Constitución para independizar a un territorio ya privilegiado
históricamente, para poner en cuestión la soberanía nacional y para establecer
una nueva territorialidad.
Tuve
la desgracia de haber sufrido junto con otros un secuestro el 23 de febrero de
1981. Un grupo de guardias civiles, mandados por Antonio Tejero, teniente
coronel del Benemérito cuerpo, tomaron a golpe de metralleta el Congreso de los
Diputados. Aún resuenan en mis oídos los disparos que, como saben todos cuantos
visitan el Parlamento español, dejaron sus huellas en paredes y en la claraboya
central del hemiciclo. Pero por encima del ruido de las balas en mi siguen
tronando las palabras que un capitán sedicioso pronunció desde la tribuna de
oradores a las pocas horas de haber asaltado el recinto donde anida la
soberanía popular: "Quédense tranquilos. No va a pasar nada. Vamos a
esperar que la autoridad, militar por supuesto, diga lo haya que hacer".
De vez en cuando se les oía decir que ellos no seguirían más mandato que las
órdenes emanadas de esa autoridad militar.
Esa
experiencia es la que permite que no me deje impresionar por la liturgia
independentista seguida en el debate de investidura y en la toma de posesión
del nuevo presidente de la Comunidad Autónoma catalana. Me sonó a ya oído eso
de que «Nada ni nadie está por encima del pueblo catalán». Tejero, la señora
Forcadell y el presidente Puigdemont se rigen por el mismo esquema sedicioso:
la Constitución les importa un pimiento porque uno y otros se rigen por
mandatos etéreos (autoridad militar desconocida, uno y pueblo catalán
indefinido, otros).
La
única diferencia entre ellos radica en la posición mantenida por nosotros, los
demócratas, frente a la sedición de unos y otros. Por haberlo sufrido en tantas
ocasiones, los demócratas españoles estamos psicológicamente preparados para
hacer frente al golpismo procedente de los aledaños del sistema constitucional,
pero no sabemos cómo reaccionar frente al golpismo desde dentro del propio
sistema. No teníamos ninguna duda de que el destino de Tejero y los secuaces
que le acompañaron o impulsaron era juicio por sedición armada y la prisión.
Pero da la sensación de que no sabemos qué hacer cuando la sedición procede del
interior de las instituciones constitucionales.
Visto
lo que está ocurriendo en España desde hace cuatro años, ya va siendo hora de
que aprendamos a reaccionar para poner en su sitio a los golpistas de guante
blanco. Ya es hora de que sean esos golpistas los que sepan a qué atenerse
cuando desafíen el ordenamiento constitucional.
El
presidente que acaba de tomar posesión en Cataluña ha dicho que «estamos
ahogados, humillados, desatendidos por las instituciones del Estado y
menospreciados». Parece deducirse que ese ahogamiento, esa humillación, esa
desatención y ese menosprecio constituyen las razones fundamentales que
explican sus deseos de desconectar con un Estado que tan mal se comporta con
ellos. Puesto que durante la dictadura franquista no desafiaron la unidad de
España de la forma en que pretenden hacerlo en la democracia, se podría
concluir que con Franco no se consideraron humillados, ahogados, desatendidos o
menospreciados. Si consideran que la Constitución es más débil que las Leyes
Fundamentales de la dictadura, ya llegó la hora de que les saquemos de su
error.
Y
llegó, también, el momento de que el espíritu democrático que anima a la
dirección de los socialistas españoles no pueda ser confundido con debilidad o
chalaneo con quienes aspiran a romper la concordia y la convivencia entre los
españoles. Mi voto al PSOE resulta incompatible con el préstamo de cuatro
senadores a ERC y Democràcia i Llibertad. Ya sé que es saludable que todos
puedan tener grupo parlamentario en la Cámara de representación territorial.
Ellos que fueron juntos en las elecciones del 27 de septiembre, pueden juntar a
sus dieciséis senadores para formar un grupo que les permita defender las
posiciones independentistas que defienden juntos en Cataluña.
JUAN
CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA FUE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
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