MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA Miércoles,
01-10-08
El éxito de la
manifestación celebrada el pasado domingo, en la que miles de personas
recorrieron las calles de Barcelona para denunciar la imposición del catalán
que practica la Generalitat, ha renovado las esperanzas de quienes defienden la
libertad lingüística. Pero la realidad pesa como una losa y, mientras el
Gobierno catalán mantiene las multas a los comercios por no rotular en catalán,
la única vía de escape del ciudadano es acudir a los tribunales. Aunque a
partir de ahí comienza un periplo judicial que puede tardar hasta cuatro años.
Manel Nevot es el
único particular que se ha atrevido a poner su caso en conocimiento de la
Justicia, aunque desde 2004 el Ejecutivo tripartito ha impuesto multas por
rotular en castellano que superan los 250.000 euros. Este agente de la
propiedad inmobiliaria fue multado en 2005 por el Gobierno autonómico con 400
euros por no rotular en catalán su establecimiento, situado en Vilanova i la
Geltrú (Barcelona) en catalán -«Fincas Nevot. API. Compraventa de pisos,
solares y rústicos»-.
Impugnó la multa
por vía ordinaria y, en junio, la Generalitat confirmó la sanción, por lo que
decidió presentar un recurso en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Según sus abogados, la vista oral por esta impugnación se verá en 2010 y la
sentencia podría tardar dos años más, por lo que la defensa de sus derechos
lingüísticos podría alcanzar siete años de duración.Por un tique de caja en castellano,
se han impuesto multas de 1.800 eurosColapso judicial
El motivo de este
retraso es el colapso que actualmente sufre la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, desde que entró en vigor el carné por puntos, que
ha generado un alud de recursos. Asimismo, la regularización de los inmigrantes
también ha contribuido a colapsar esta vía. Convivencia Cívica Catalana, una de
las asociaciones que acudieron a la protesta del pasado domingo y que es una de
las más veteranas en la defensa del bilingüismo, ha proporcionado a este
ciudadano apoyo legal y, ante la parálisis existente en los juzgados, intentará
reconducir el caso y presentarlo como vulneración de derechos fundamentales,
concretamente del artículo 20 de la Constitución relativo a la libertad de expresión,
para que se tramite por vía de urgencia. «Pero existe un riesgo en esta vía,
que es que los tribunales se limiten a decir si se ha vulnerado o no ese
derecho, y no entren a valorar si la normativa sancionadora de la Generalitat
es legal o no», explica el presidente de CCC, Francisco Caja.
Pero todo ello no
hace desfallecer a Nevot, quien se hizo famoso en marzo del año pasado cuando
el presidente del PP, Mariano Rajoy, sacó a relucir su historia en un programa
de televisión. Hasta hace poco, este API se había mostrado muy prudente, pero
ahora le puede la indignación. «Me han multado, no por no usar el catalán, sino
por escribir el rótulo en castellano, tal cual», comenta a ABC. Desde que hizo
público su caso, Manel Nevot ha recibido visitas muy particulares en su
establecimiento, como la de miembros del partido independentista Unidad
Nacional Catalana, que colocaron en el letrero de su oficina adhesivos con las
frases «Queremos vivir en Vilanova plenamente en catalán» o «Queremos una
Vilanova más limpia, segura... ¡y catalana!».Por la ausencia de la lengua
catalana en carteles de precios, 600 eurosMás recientemente, este agente de la
propiedad inmobiliaria tuvo otra visita, en esta ocasión a cara descubierta. La
de una persona que se identificó como independentista y que le ofrecía correr
con todos los gastos de un nuevo rótulo, en esta ocasión escrito en catalán.
«Dijo que me conocía de verme por Vilanova, me pidió que me retractara, que lo
hiciera por defender el país. «Usted defiende Cataluña a su manera, pero es que
yo no ataco a nadie», le contesté.
«Soy un icono»
Manel Nevot no ha
vuelto a recibir ninguna coacción más, pero cree que «no me han roto los
cristales de la oficina porque me he convertido en un icono». Nevot tendrá que
esperar, por tanto, varios años hasta que la Justicia reconozca -o no-sus
derechos. Y aunque la sentencia le sea favorable, tampoco hay garantías de que
se ejecute.
El pasado 4 de julio, el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó un auto en el que ordenaba a la
Consejería de Educación aplicar la tercera hora de castellano en este curso
escolar que acaba de comenzar. Por otro lado, la Generalitat tampoco ha acatado
las sentencias de este mismo tribunal, en las que se reconoce el derecho de los
padres a escolarizar a sus hijos en su lengua materna en la primera enseñanza,
aunque en este caso el procedimiento legal da la razón al Gobierno catalán,
porque esas resoluciones están recurridas ante el Tribunal Supremo
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