Solo una decena de
personas conoce los artículos del texto de la ley de ruptura
Barcelona 12 MAR 2017
Carles Puigdemont, ayer en un acto en Vilanova i la Geltrú. MASSIMILIANO
MINOCRI / ATLAS
La denominación oficial es Ley de Transitoriedad Jurídica,
se la conoce como ley de ruptura, servirá
para dar los pasos legislativos con el objetivo de romper con el resto de
España y constituye el secreto mejor guardado de Cataluña. Su contenido es
conocido por los cuatro diputados que han participado en su redacción y unas
cuantas personas más; en total, una decena. Ningún borrador del texto ni
anteproyecto de debate previo ha circulado. No se trata formalmente de una
Constitución catalana, pero es más eso que otra cosa. La razón de tanto
secretismo es evitar a toda costa el inmediato recurso del Gobierno de Mariano
Rajoy.
Con toda probabilidad, el Ejecutivo del PP recurrirá al
Tribunal Constitucional para suspender y paralizar la ley en cuanto se hagan
públicos sus artículos. Para que prospere la impugnación se requiere una
premisa ahora inexistente gracias a este juego del escondite: que
los folios ahora guardados con celo obsesivo salten —en modo de borrador, de
anteproyecto o de pacto— a una publicación oficial del Parlamento catalán. Y
eso es precisamente lo que pretenden evitar Junts pel Sí y la CUP, partidos que
han redactado la ley, hasta que llegue la hora H del día D, esto
es, el momento elegido en el que, según los independentistas, no haya una
marcha atrás jurídica.
Así se explica que durante los siete meses de negociaciones
de la redacción del texto los dos grupos independentistas, que suman mayoría en
el Parlament, hayan actuado con un sigilo impropio de una Cámara legislativa.
El pacto —el texto— se cerró hace poco más de 30 días sin
que ninguna de las partes lo hiciera público. Es una redacción aún susceptible
de retoques, pero con el grueso de los artículos ya acordado. En su redactado
han intervenido por parte de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas (Convergència,
ahora llamado PDECat) y Jordi Orobitg (ERC), mientras que Benet Salellas y
Gabriela Serra han representado a la CUP. Les une su decisión de lograr la
independencia de Cataluña; y a tres de ellos, en su condición de abogados, el conocimiento
de la legalidad que ahora se pretende sortear. Además de los cuatro diputados,
se da por hecho que conocen la ley de ruptura el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, además de su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras,
y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
La ley de ruptura es una de las tres patas
sobre las que se levantan los trabajos en los que está enfrascado el Gobierno
catalán dentro de su plan independentista. Y la única que va más allá de la
Generalitat, confiada a los partidos políticos. El resto cuelgan directamente
del presidente y del vicepresidente del Ejecutivo catalán.
Del equipo de Carles Puigdemont pende la preparación de las
denominadas estructuras de Estado, tarea cedida a Carles Viver Pi-Sunyer, quien
también es el encargado de trasponer, por si llegara el caso, en torno a 3.500
tratados, protocolos y convenios firmados por España con otros países. De
Puigdemont, a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Generalitat, también depende la elaboración del censo que se
utilizaría en el referéndum de secesión.
Sobre Junqueras recae la responsabilidad de la
organización de ese hipotético referéndum, que comparte con el
consejero de Asuntos Internacionales, Raül Romeva.
Corominas es perro viejo. Fue durante 12 años alcalde de
Castellar de Vallès (Barcelona), el pueblo donde nació en 1963, y diputado en
el Parlament desde 2003, donde es vicepresidente primero. Conoce todos los
recovecos del parlamentarismo y el reglamento. Dejó de ejercer la abogacía hace
unos años, cuando fue ascendiendo en el partido que después ha mutado en el
PDECat.
Al contrario de Corominas, Orobitg sigue compaginando el
escaño con la abogacía y con la práctica del remo en banco fijo, su gran
pasión. No en vano fue campeón de Cataluña en diversas modalidades. Nacido en
1966, su carrera política se inició en Lloret de Mar (Girona) en 2010. Dio el
salto al Parlament en las últimas elecciones de 2015. Lo mismo le ocurrió a
Salellas, de 40 años, jurista de cabecera de la CUP, que viste toga hace ya un
tiempo en defensa de activistas de diversos movimientos sociales. Salellas
defendió a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, investigada
y posteriormente exculpada de un presunto delito electoral al negarse a
descolgar la bandera estelada (independentista) del
Ayuntamiento en dos convocatorias electorales. De Salellas es la célebre frase
para referirse a la renuncia de Artur Mas a seguir en la presidencia de la
Generalitat, forzada por la CUP: “Le hemos enviado a la papelera de la
historia”.
Gabriela Serra, de 65 años, es la más veterana del grupo.
Maestra de profesión, inició su activismo nada más morir Francisco Franco. Fue
candidata del Movimiento Comunista de Cataluña en Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona) en las primeras municipales de la democracia, en 1979, y se curtió
como activista, desde la campaña contra la OTAN a la Federación Catalana de
ONG.
La web del Parlament relata al detalle las funciones que
desempeñan estos diputados y su actividad, pero de ninguno de ellos se dice que
haya redactado la ley cuyo artículo primero —el único conocido— reza así:
“Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social”. Eso
es lo que anunciaron Junts pel Sí y la CUP el pasado 29 de diciembre, en plenas
fiestas navideñas, en un comunicado de prensa idéntico remitido de forma
separada a las 13.24.
Ese es el único texto que da algún detalle de una ley que
aún no se sabe si servirá o no para convocar el referéndum de independencia que
el presidente Carles Puigdemont se ha comprometido a celebrar antes del fin de
septiembre. Lo que se da por hecho es que contendrá una disposición final en la
que condicionará su entrada en vigor a la victoria del sí en
esa hipotética consulta. Lo contrario sería como colocar el carro delante de
los bueyes.
El paraguas legal con el que los independentistas quieren
amparar el referéndum es el aspecto más sujeto a variación, explican fuentes de
ambos grupos parlamentarios, y su aplicación final dependerá de hasta dónde
quiera tensar la cuerda la CUP.
A Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal
Constitucional reconvertido en jurista áulico del independentismo desde 2012,
sus colegas le atribuyen la redacción del texto. “Con todo el respeto para los
diputados, solo Pi-Sunyer es capaz de entrar al detalle en tantas cuestiones”,
afirma un constitucionalista que pide anonimato. Pi-Sunyer coordinó durante dos
años el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional, las 1.300 páginas que
detallan el tránsito para crear un Estado catalán. Al lado de esto, la ley de
ruptura es poco menos que un trámite para este jurista. Al resto de dirigentes
independentistas les puede sonar la música de la ley pero confiesan
abiertamente desconocer la letra. “Tampoco nos preocupa”, dice uno de ellos.
Al secretismo de la ley de ruptura han contribuido los
grupos no independentistas del Parlament con su negativa a participar en la
redacción, lo que abrió las puertas a los secesionistas para prescindir del
trámite habitual. Así, se descartó crear una ponencia y no se publicitó ninguna
de las reuniones que han mantenido los cuatro diputados que han participado en
su elaboración, al contrario de lo que sucede con cualquier actividad
parlamentaria. Al final corrió la consigna y se impuso un hermetismo total
hasta que llegue el momento de esgrimir el texto, cuando convenga a la
estrategia independentista en función “del calendario”, esto es, después de las
sentencias por los dos juicios por la consulta de 9-N y el proceso penal contra
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la
Mesa de la Cámara.
Mientras, y para allanar el camino de la aprobación
parlamentaria, se ha activado una reforma del reglamento para que la ley no la
conozcan los diputados hasta poco antes de votarla por el procedimiento de
urgencia y alterando sobre la marcha el orden del día de un pleno ordinario.
Porque no será el Gobierno catalán quien presentará a la Cámara el decisivo
proyecto de ley, sino un grupo parlamentario, con lo que se pretende esquivar
también una posible inhabilitación que se da por hecho que llegará en algún
momento si se cumple la promesa de convocar el referéndum
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