Atencion

Eempezará una nueva etapa en la gestión del desafío independentista en la que hay dos caminos: la negociación, si el soberanismo renuncia a la imposición del referéndum ilegal, o, en el caso de que hubiera una declaración unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ni el Gobierno ni los otros dos partidos constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos (Cs), desean que se llegue a este escenario, y, de hecho, en la estrategia de respuesta al órdago secesionista el Ejecutivo ha conseguido hasta ahora evitarlo. Pero un acto de secesión formal por parte de la Generalitat o del Parlament abocaría inevitablemente a valorar su utilización, sin perjuicio de la vía penal. Y ahí la previsión, después de los tanteos previos que ya se han producido, es que tampoco hubiera fisuras en la alianza del Gobierno con Pedro Sánchez y con Albert Rivera.

Hasta ahora, ante la estrategia tramposa de la Generalitat de ocultar sus planes, a sabiendas de que están fuera de la ley, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha optado por jugar también esta difícil batalla sin desvelar hasta el último momento sus «cartas, pero en el clima político previo a la jornada del 1-O hay un consenso tácito respecto a que si se llegara a esa situación extrema, el Ejecutivo podría mantener el apoyo del PSOE y de Cs para utilizar la vía del 155, sólo si hay declaración unilateral y, como se ha hecho hasta ahora, «con proporcionalidad». Ese artículo de la Carta Magna puede afectar a la autonomía de una comunidad o a determinadas competencias, en el caso de que su Gobierno no cumpla con sus obligaciones o actúe de manera desleal.

En la gestión previa al 1-O Rajoy ha tenido que manejarse con la oposición del PSOE y del partido de Albert Rivera a que se hiciese uso de esta previsión constitucional. Tampoco él ha sido nunca partidario, era la última medida para el caso de que fallaran todas las demás. Y el Gobierno ha conseguido así llegar casi a la víspera de la consulta ilegal con sus principales objetivos cumplidos, desactivar la logística del referéndum y fijar una hoja de ruta para evitar que se abran los colegios electorales sin tener que aplicar el demonizado artículo 155. Pese a las presiones incluso de satélites muy próximos al PP para que se diese ese golpe en la mesa, Rajoy se ha resistido siempre con la justificación de que evitar el referéndum ilegal debía hacerse con el menos coste social posible. Y si ya está resultando costoso de administrar la lectura que se hace en Cataluña, bajo la presión de la propaganda independentista, de las decisiones de la Fiscalía y del dispositivo de seguridad para garantizar el orden público, la vía de la suspensión directa de la autonomía habría sido utilizada por la dirección independentista como munición para «hacer arder la calle».

En medios gubernamentales se inclinan, no obstante, por la hipótesis de que la tensión y la división dentro del independentismo no se concretará en una declaración unilateral de independencia de manera inmediata. Pero todo está abierto y se está a la espera de ver qué ocurre el domingo una vez que la estrategia de la Generalitat «es intentar ganar en la calle lo que ha perdido legal e internacionalmente». Si la salida es ofrecer una negociación, Rajoy estaría dispuesto a negociar incluso con los actuales líderes independentistas, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pese a los procesos abiertos contra ellos por desobedecer al Constitucional. Con la condición de que renuncien a la imposición del referéndum de autodeterminación. Es un hecho que el soberanismo no tiene claro a día de hoy cómo va a administrar la jornada del domingo bajo la presión radical de la CUP y, al mismo tiempo, la soledad absoluta internacional. Por lo que anticipar escenarios es muy complicado. Y por eso mismo en el Gobierno no descartan que el 2-O, si no hay declaración de independencia, empiece una batalla política en la que sí salgan a la luz diferencias con el principal partido de la oposición, dentro del juego político con la vista puesta en unas futuras elecciones en Cataluña. Ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, escenificó con Cs, en el Congreso, la unidad frente al desafío independentista, al tiempo que acusó al PDeCAT de «despreciar la voz» de los catalanes que no quieren la independencia y que «no comulgan» ni con la secesión ni con la fractura. «El pensamiento único no existe, aunque ustedes lo quieran imponer con un referéndum», advirtió.