La Generalitat, un gobierno basado en las incongruencias con la ley
El Govern ha cometido ilegalidades de forma reiterada, pero ha recurrido a los tribunales cuando lo ha necesitado
Las incongruencias de la Generalitat de Cataluña a la hora de interpretar las leyes se han puesto de manifiesto, en mayor medida, durante los últimos meses, en sus empeños por que se lleve a cabo el 1-O. El claro ejemplo es su relación con los tribunales: pese a que el Tribunal Constitucional suspendió la ley del Referéndum, los secesionistas insisten en que no reconocen al órgano para continuar con sus planes, aunque luego, en ocasiones, sí recurren a los tribunales. Así lo hicieron el pasado 18 de agosto, cuando dos días después de que el Gobierno central les diera un ultimátum para intervenir sus cuentas y asegurarse así de que no se destinaba dinero público a la celebración del referéndum, la Generalitat presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para impedirlo.
Algo similar ocurrió con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que, minutos antes de iniciar el pleno en el que se aprobaría la ley de referéndum, presentó una petición de recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por «falta de imparcialidad» y para «garantizar» su derecho de defensa en caso de que el órgano tomara acciones contra los miembros de la cámara catalana. «Si recusas, en el fondo estás reconociendo a ese tribunal. No te gustan sus componentes, pero estás reconociendo la competencia del tribunal. Es una incongruencia, una ausencia de lógica jurídica», explica José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
Precisamente la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament es una de las muestras más claras de cómo el Govern está incumpliendo las leyes. El profesor Cano Montejano considera que la Cámara catalana interpretó el reglamento «de manera claramente torcitera, sin respetar los plazos ni los trámites de enmienda, y poniendo encima de la mesa una ley que estatutariamente no podía en ningún caso ser planteada, porque una ley de referéndum queda excluida de la competencia del Estatuto de Cataluña». Una explicación parecida es la que da Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática Jean Monnet, que expone que para aprobar la citada ley, así como la de transitoridad, no se cumplieron las exigencias de transparencia de la legislación catalana que deberían haberse dado por su relevancia social y política: «Las exigencias de comunicación a la sociedad, de acceder a sus contenidos, etc..., tienen que verse muy garantizadas. En absoluto el contenido de esas normas se conoce cuando las entran en el Parlamento, las admiten a trámite incluso con la oposición de los propios letrados parlamentarios, el secretario general del parlamento finalmente no quiere ni firmar la publicación de la ley porque sabe que es completamente ilegal, se aprueban en unas horas sin ningún tipo de debate público, sin enmiendas discutidas, sin que se permitan hacer cambios… sino tal cual esta mayoría espuria las ha adoptado».
El profesor Cano Montejano considera que lo que el Govern está haciendo es «una interpretación del principio democrático exorbitante, fuera de lugar y con una atribución de potestades de las de que de origen carecen». Para explicarlo, pone un ejemplo: un hombre al que le molestan los horarios de entrada y salida de los hijos de su vecino y quiere regularlos. No puede, pues debe ser el padre de los chicos quien lo haga. «No pueden regular el referéndum porque la legitimidad catalana deriva de la legitimidad de España y del sistema autonómico que le ha otorgado la Constitución Española», explica.
Un censo ilegal
Pero son más las ilegalidades que ha cometido la Generalitat para sacar adelante el referéndum, como la manera en la que han obtenido los datos del censo. A la hora de celebrar unas elecciones o un referéndum, el censo tiene que darse a conocer al público como mínimo un mes antes, además de que los ciudadanos ceden sus datos para finalidades determinadas y siempre dentro de la legalidad, algo que el 1-O no cumple. Freixes explica que, recientemente, participó en un debate en París junto al delegado de la Generalitat en Francia, y este aseguró que, para el referéndum, se ha partido del censo de las últimas elecciones y se está actualizando con los ayuntamientos que están a favor de la consulta ilegal.
Todo esto conlleva, a juicio de Teresa Freixes, a que la Generalitat no tenga «ninguna legitimidad». Al actuar incumpliendo la ley continuamente, considera que no tienen la capacidad de poder exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la misma. «Esto no es democracia. Ellos identifican democracia con el voto, pero en las dictaduras también se vota, los dictadores hacen referéndums para poder mantenerse en el poder, y la democracia además del voto es el pluralismo, el respeto a las minorías, la garantía de los derechos, el respeto de los procedimientos para tomar las decisiones...etc.», concluye
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