El inexistente expolio fiscal a Cataluña
Ni ahora se roba a los catalanes, ni la independencia traerá un excedente fiscal. La comunidad solo puede quejarse de estar ligeramente peor financiada que la media
Madrid
¿Recibe Cataluña un trato fiscal justo? ¿Está mal financiada? ¿Serviría el déficit fiscal, cifrado por la Generalitat en 16.000 millones, para generar un dividendo que podría gastarse en el supuesto de la independencia? En el debate sobre los recursos de las comunidades se confunde interesadamente la financiación autonómica, el beneficio económico de la secesión y las balanzas fiscales o diferencias entre lo que se aporta y recibe. Ni hay un expolio a los catalanes, ni una Cataluña escindida disfrutaría de un gran excedente fiscal. No obstante, la comunidad sí que está ligeramente peor financiada que la media, aunque mejor que otras como Valencia y Murcia y en niveles similares a Madrid y Andalucía. También se podrían mejorar las inversiones, si bien estas suponen cantidades muy inferiores a las que recibe Cataluña por la financiación para pagar servicios. Desde 1995, estas se sitúan por debajo de la media nacional en relación al PIB y a los habitantes, pero no respecto a la superficie.
La Generalitat siempre ha empleado los datos de las balanzas fiscales para trasladar a la opinión pública que Cataluña está maltratada fiscalmente. Pero en España existe un sistema tributario progresivo, y eso significa que los que más ganan pagan más impuestos. De ahí que el déficit fiscal de Cataluña simplemente sea el reflejo de que es un territorio más rico. “Si aplicáramos la misma lógica de la Generalitat, los contribuyentes que más impuestos pagan deberían recibir más contraprestaciones”, dice Almudena Semur, del Instituto de Estudios Económicos.
La cuestión entonces consiste en analizar si ese déficit fiscal resulta excesivo. Y las comparaciones no parecen apuntar a eso. La situación catalana no es muy distinta de las de otras regiones españolas o extranjeras con niveles similares de renta sobre la media nacional. En los últimos años, los déficits fiscales por habitante de Madrid y Baleares han superado los de Cataluña. “Existe una relación inversa entre el PIB per cápita y el saldo fiscal. Cuanto más alto es el PIB per cápita, peor es el saldo fiscal”, apunta Ángel de la Fuente, un experto en la materia reconocido incluso por los independentistas y autor de las balanzas fiscales elaboradas por Hacienda. En esta comparativa, lo extraordinario es el caso de País Vasco y Navarra, que pese a ser regiones ricas presentan superávit fiscal. El motivo es que las comunidades forales recaudan los impuestos, y luego pagan al Estado una cantidad por los servicios que les presta. Según el consenso de los expertos, esa cifra se ha fijado demasiado baja.
Una comparación internacional se antoja mucho más difícil de hacer, ya que España era el único país que publicaba las balanzas fiscales con cifras oficiales. Solo Reino Unido ha hecho ese ejercicio justo este verano y sale, como es lógico, que Londres da mientras que los demás reciben. Respecto al resto, existen estudios privados llevados a cabo en países como Italia, Canadá o Australia que revelan déficits fiscales similares. Algunas de las estimaciones de déficit fiscal más llamativas son estudios de parte de regiones ricas empleados para reivindicar mejoras de financiación. En definitiva, el déficit fiscal catalán no parece una anomalía.
Otra pregunta distinta es si Cataluña está mal financiada. De entrada, la respuesta es sí pero no mucho. Mientras que la capacidad recaudatoria de una comunidad depende de la renta de sus contribuyentes, la finalidad de un sistema de financiación consiste en que todos los ciudadanos reciban unos niveles similares de prestaciones. Al valorar los recursos necesarios para prestar servicios similares, hace falta tener en cuenta una serie de variables que encarecen la prestación de servicios como el envejecimiento de la población, la proporción de niños, la dispersión de los habitantes o la insularidad. El actual sistema español incorpora todos esos factores, pero no otros que podrían ser relevantes como los diferenciales de precios entre regiones, algo que reclama Cataluña, o los diferenciales de renta per cápita, como piden algunos territorios con menos rentas. En todo caso, este sistema se acordó en la última reforma, negociada en 2009 con Cataluña cuando el consejero de Hacienda era el socialista Antoni Castells, un académico de prestigio.
Y con este sistema de ponderación, en las últimas balanzas fiscales de Hacienda se normaliza a escala 100 el gasto por habitante igualando las competencias y el esfuerzo fiscal, esto es: 100 representa la media de lo que se gasta por habitante en las autonomías de régimen común. Y el resultado se resume en que País Vasco y Navarra son las mejor financiadas de largo, con valores en torno a 200. El resto ronda el 100. Pero hay diferencias. Valencia obtiene 92,2 y Murcia 93,5. Son las peor tratadas. Cataluña figura a continuación con 96,6, prácticamente lo mismo que Madrid con 97. Andalucía también aparece por debajo de la media. Es decir, Cataluña está ligeramente infrafinanciada.
¿Y cuánto supone eso?, ¿es mucho dinero? De la Fuente hace un ejercicio que arroja cierta luz. A partir de datos oficiales, toma todo el gasto que se considera territorializable. Por ejemplo, no se recogen las partidas de Defensa o Exteriores, que obviamente no obedecen a criterios territoriales. Tampoco figuran las pensiones, que se pagan en función de la carrera de cotización personal. Pero sí que se incluyen todas aquellas rúbricas que revisten una lógica territorial como la financiación autonómica, las ayudas regionales o la inversión pública. De la Fuente recopila estos capítulos y examina cuánto difiere de la media el gasto territorializable por habitante sin ajustar, suprimiendo los impuestos propios de las comunidades. Esas serían las diferencias de gasto e ingreso en relación a la media que habría que analizar con cuidado para ver si están justificadas y si se precisa corregirlas.
El hallazgo de este ejercicio es que las diferencias son relativamente modestas. Los catalanes quedan por debajo de la media en 207 euros por habitante, lo que supone un déficit total de 1.500 millones para Cataluña. Otras regiones están peor. Andalucía se sitúa 358 euros por debajo de la media por habitante; Murcia con 569 y Valencia con 702. No obstante, si se suman todas las diferencias cuestionables, en el conjunto de España apenas se llega al 1% del PIB, unos 11.000 millones. Ese es el gasto sobre el que habría que poner la lupa y repensar su distribución. En cualquier caso, De la Fuente cree que son cantidades asumibles.
¿Y sería eso un trato justo para los independentistas? Según el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, “el máximo que pagas debería corresponderse con el PIB que produces y el mínimo que recibes debería corresponderse con la población que representas”. De acuerdo con los datos del INE, el PIB de Cataluña representa el 18,77% del nacional. Y la población es el 15,98%. Pues bien, según los cálculos elaborados por la propia Generalitat en sus balanzas fiscales, la recaudación que aporta Cataluña ha supuesto entre el 18,89% y el 19,24% del total de España, dependiendo del método que se tome. Y el gasto se sitúa entre el 15,08% y el 13,81% del total. Los datos de Hacienda refrendan estos cálculos, elevando el peso en el gasto hasta el 15,97%. Así que la diferencia respecto a lo que pide Junqueras es muy escasa o nula. Y en ningún caso se cumple la afirmación que siempre repite Junqueras de que Cataluña contribuye con el 24% y solo recibe el 9%. Tamaña aseveración no se corresponde con ningún dato real independientemente del método elegido.
Otro debate diferente es el beneficio económico que se obtendría si Cataluña se independizase. Los nacionalistas argumentan que ese saldo fiscal favorable sería el dividendo fiscal de la secesión. Junqueras siempre ha declarado que contarían con los manidos 16.000 millones. Pero en esas balanzas fiscales no se contabilizan muchas rúbricas de gasto estatal que el Govern tendría que afrontar por sí solo si se independizase, perdiendo economías de escala.
Además, en las balanzas que invoca la Generalitat solo computan los gastos de numerosos organismos del Estado en la medida en que estos tienen sede en Cataluña. Y ello a pesar de que los catalanes se benefician igual que el resto de la Agencia Española de Medicamentos, la de Seguridad Alimentaria, el BOE, el Instituto Nacional de Consumo, el de Turismo o el Consejo de Seguridad Nuclear, por decir solo algunos. También se ignoran sustancialmente los desembolsos por Defensa, Exteriores o el aparato administrativo central. Por no hablar de que se da por hecho que el nivel de renta en Cataluña no disminuiría con la secesión, algo desde luego muy aventurado.
La propia Generalitat calculó para sus cuentas de 2015 cuál sería el presupuesto de todas las Administraciones en Cataluña. El conseller que los elaboró, Andreu Mas-Colell, aseguró que estas serían las cuentas catalanas “bajo cualquier orden jurídico”. Es decir, también bajo la independencia. Y la conclusión era un excedente de 2.409 millones aun minusvalorando partidas. En cualquier caso, nada que ver con los 16.000 que siempre vende Junqueras.
Una vez liquidados esos presupuestos, el que era número dos de Más-Colell, Albert Carreras, publicó en una revista académica que el excedente finalmente ascendió a 428 millones. Lo divulgaba para poder decir que una Cataluña independiente sería autosuficiente. Eso sí, en ese ejercicio no cuenta con los problemas que una secesión a las bravas generaría de fuga de capitales, tarifas arancelarias o recaudación tributaria. Por no mentar una salida del euro o los desembolsos en los que se incurriría para crear un Estado. Todo ello empobrecería mucho a Cataluña y España, evaporando cualquier dividendo fiscal.
UN DINERO QUE NO EXISTE
La Generalitat siempre ofrece sus cifras de balanzas con el déficit público neutralizado o suprimido. Esto es un ejercicio académico legítimo para saber cuál es la situación fiscal de Cataluña con independencia del ciclo económico, es decir, en fase de bonanza. Pero Oriol Junqueras ha vendido a los catalanes que dispondrían de esos 16.000 millones si se escindiesen. Tendrían hasta una hipoteca pagada, ha dicho. Pero eso no es verdad. Una parte del dinero que reivindican no existe. Al suprimir el déficit lo que han hecho es vender el endeudamiento como si fuese un ingreso. Poner un signo más donde había un menos. Esa cantidad no existiría hoy de independizarse. De hecho, solo el sistema de pensiones y prestaciones de desempleo tiene en Cataluña un agujero de 6.043 millones, según las últimas balanzas de Hacienda con cifras de 2014.
En lo único que tiene un poco de razón Junqueras es en los datos de inversión: según la Fundación BBVA-Ivie, el porcentaje dedicado a Cataluña de inversión pública se sitúa en un promedio del 14,6% durante el periodo 1995-2013, una cifra por debajo del PIB y la población. Sin embargo, guarda relación con la extensión del territorio, un factor también determinante. "Vistos estos datos, la inversión en Cataluña está por debajo de lo que le correspondería de acuerdo a su tamaño y población. A partir de 2004, se observó un punto de inflexión en el que empieza a subir recuperando posiciones. Sin embargo, desde 2009 se observa un retroceso", explica Matilde Mas, catedrática de la Universidad de Valencia e investigadora del Ivie.
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