Las falsedades y omisiones de Puigdemont en «The Washington Post»
El presidente catalán busca el apoyo exterior al referéndum ilegal del 1-O con falsos argumentos
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publica este viernes un artículo de opinión en «The Washington Post» titulado «Lo siento, España. Cataluña va a votar sobre su independencia os guste o no» en el que defiende el referéndum ilegal del 1-O con argumentos plagados de omisiones, cuando no de inexactitudes.
Asegura Puigdemont que «después de tres siglos bajo dominio español», el 1 de octubre, los ciudadanos de Cataluña «tendrán finalmente la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación». Para empezar, se refiere el presidente catalán a la Guerra de Sucesión que enfrentó a los partidarios del archiduque Carlos de Austria, al que apoyaba el Principado de Cataluña, frente a los del heredero testamentario de Carlos II, Felipe de Anjou, Borbón. Una contienda española y europea en la que Cataluña apoyaba a uno de los candidatos al trono español. Además, insiste en el pretendido derecho a la autodeterminación de los pueblos, que la ONU interpreta para pueblos sujetos a régimen colonial o los sometidos a subyugación extranjera. Nada que ver con la situación de España, a no ser que Puigdemont considere Cataluña una colonia.
«El camino a este referéndum histórico fue pavimentado por una decisión mayoritaria del parlamento catalán», continúa el presidente de la Generalitat, sin mencionar en ningún momento que el Tribunal Constitucional ha anulado los acuerdos de la Mesa del Parlament en virtud de los cuales se pudo tramitar la aprobación de la ley de Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica, normas que a su vez han sido ya suspendidas cautelarmente.
«En marcado contraste con los gobiernos de Canadá o Gran Bretaña, Madrid se ha negado a aceptar este desafío democrático, y ha optado por el camino de la represión autoritaria», sostiene Puigdemont en otro párrafo de su artículo, en alusión a las últimas actuaciones policiales que han sido emprendidas por orden judicial para impedir la celebración del referéndum ilegal en una democracia.
Acusa además a las fuerzas de seguridad españolas de estar «intimidando a los ciudadanos», cuando las imágenes de las calles de Barcelona, con las multitudinarias concentraciones de los secesionistas y el asedio a la Guardia Civil en la sede de la Vicepresidencia de la Guardia Civil, no concuerdan precisamente con esas palabras. Hay testimonios que apuntan justo a lo contrario, con acosos directos y pintadas intimidatorias, como las aparecidas en la tienda de los padres de Albert Rivera en Granollers.
Menciona Puigdemont a un periodista francés para decir que el Gobierno «está actuando más como la dictadura venezolana de Nicolás Maduro que como una sana democracia europea». Sin palabras. Y acusa a las fuerzas policiales españolas de «trabajar para impedir el ejercicio de la democracia» en lugar de hacerlo para evitar posibles ataques yihadistas. Hoy mismo, la Guardia Civil ha detenido en Vinaroz un joven que compró material para los explosivos de los atentados de Barcelona, prueba de que la lucha antiterrorista no ha bajado la guardia.
Puigdemont acusa también al Gobierno de haber «violado gravemente la libertad de expresión y de información» al prohibir la difusión de anuncios sobre el referéndum y bloquear los sitios web de la Generalitat «que informan al público sobre el voto», cuando ha sido la Justicia quien ha prohibido cualquier acto de difusión del referéndum ilegal y la Generalitat se ha saltado esta prohibición en varias ocasiones.
Dice el presidente catalán que «hace unos días el gobierno central se apoderó de las finanzas de Cataluña, poniendo en peligro la economía catalana, motor de la economía española», cuando el Ministerio de Hacienda intervino las cuentas después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, rechazara enviar el informe semanal de gastos al Ministerio, una medida aprobada en julio para evitar que se destinarán fondos públicos a la consulta independentista. El armazón de controles ya existía desde noviembre de 2015 sobre los préstamos concedidos por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hacienda paga desde entonces a aquellos proveedores del FLA de la Generalitat. El ministro Cristóbal Montoro Montoro describió ayer como «paradójico y lamentable» que la comunidad que más «se ha beneficiado de los mecanismos de liquidez», al recibir 69.278 millones del FLA sea la que tenga la peor calificación para las agencias de rating. Ello es fruto, achacó, de «la errática gestión de la Generalitat».
Por último, finaliza su artículo Puigdemont pidiendo el apoyo a «esta larga lucha entre la libertad y el autoritarismo», cuando Gobierno y PSOE han abierto un camino al diálogo en Cataluña si se detiene el referéndum ilegal, aprobando en el Congreso la comisión para el estudio del modelo territorial.
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