El TSJ catalán desbarata 29 aplicaciones para el voto telemático

La Guardia Civil se persona en el centro de telecomunicaciones de la Generalitat tras la orden de la juez de suspender las aplicaciones informáticas creadas para facilitar el voto online en el referéndum ilegal y su posterior recuento ante el cierre de los centros electorales.

Andrés Bartolomé, Ricardo Coarasa, J.M.Zuloaga. Barcelona/Madrid.

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La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Puigdemont y sus consejeros por el referéndum ilegal de mañana dio ayer el golpe de gracia al «plan B» de la Generalitat para sortear el cierre de colegios y seguir adelante con el 1-O. Mercedes Armas ordenó ayer al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat la suspensión de 29 aplicaciones impulsadas, burlando de nuevo las resoluciones judiciales, por el Ejecutivo de Puigdemont para facilitar el voto telemático el 1-O. La instructora tomó la decisión tras ser alertada por la Guardia Civil de Cataluña «de la creación de unas aplicaciones y servicios informáticos a partir de los cuales podría facilitarse la votación telemática».

A última hora de ayer agentes de la Benemérita se presentaron en la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) para entregar la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena no desarrollar el voto telemático. La medida estará en vigor hasta la medianoche del próximo miércoles, ante la posibilidad de que esas aplicaciones informáticas se utilicen también para el «recuento o escrutinio de los votos».

En su resolución, la juez desvela que Puigdemont y su Govern tenían «un plan por el que a través de una aplicación, conocida como evot se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales» a través de ese voto online. Además, añade, la plataforma utilizada para ejercer ese voto sería la red Macro Land de la Generalitat. Este plan se le incautó al jefe de riesgos del Cesicat, el organismo encargado de garantizar la protección en materia de seguridad de la Generalitat, por lo que para la magistrada «es clara la vinculación que su creación y desarrollo» tiene con el Ejecutivo de Puigdemont.

De hecho, esas 29 aplicaciones «pertenecen a distintos departamentos» del Gobierno catalán. A saber: Gobernación (16), Trabajo (9) y Presidencia, Enseñanza, Justicia, Vicepresidencia y Asuntos Exteriores (con una cada uno).

La magistrada del TSJC apunta además a nuevos indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, castigado con penas de prisión, por parte de los querellados en relación «a un necesario y previsible gasto o desembolso económico cuya gestión también se hace necesario averiguar».

La jueza del TSJ de Cataluña requiere al Cesicat para que adopten las medidas necesarias para «la detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales» y advierte al responsable del CTTI de su deber de colaborar «bajo apercibimiento de cometer un delito de desobediencia». Además, le obliga a darle cumplida cuenta de las medidas adoptadas.

Y es que los investigadores ya trabajaban desde hace tiempo para evitar cualquier intento de montar una consulta «on line», tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del lunes. A los agentes les llamó la atención que una web que ha permanecido inactiva durante años, idecatmobil.cat, que ya estaba siendo controlada por la Benemérita, se haya revitalizado desde el 8 de septiembre. Se trata de una dirección en la que los ciudadanos pueden obtener la certificación digital para hacer gestiones con la Generalitat y otras instituciones oficiales, como ayuntamientos. Y también votar.

En el caso de idecatmobil.cat, los investigadores subrayan que aunque en estos momentos no están en marcha procedimientos recaudatorios o de otro tipo para la población en general, se ha reactivado con la recomendación de que los ciudadanos obtengan la certificación digital que, por ejemplo, les serviría para acreditar su voto «on line» el domingo si se habilita algún servidor en el extranjero. Sería una forma de «acreditar» –ya que para obtener el certificado hay que reflejar todos los datos, incluido el DNI–, el mayor número de votos afirmativos, que serían presentados como la única opción que le ha quedado a la Generalitat ante las dificultades que la Justicia ha puesto para poder emitir los sufragios por el sistema tradicional.

Y es que sobre idecatmobil.cat no pueden actuar las Fuerzas de Seguridad, ya que se trata de un dispositivo al que, en principio, no se puede relacionar con el referéndum, por más sospechas que se puedan tener al respecto. Tampoco se puede investigar el número de personas que han solicitado el certificado digital, porque supondría vulnerar la legislación vigente sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos. «Si se confirma que detrás de todo esto está el intento de organizar un voto online, sería una perversión del Estado de Derecho. Habrá que esperar para ver lo que ocurre y, si es así, ejercitar las acciones oportunas», señalaron fuentes de la investigación.

Todo el proceso estaría basado en una aplicación que aparece en la web de la Generalitat –idecatmobil–, un mecanismo de identificación y firma electrónica destinado a la ciudadanía basado en el «envío de claves de un solo uso al teléfono móvil». Antes, es preciso registrar los datos de contacto en el servidor de la oficina electrónica del Govern, algo que habrán tenido que hacer con tiempo los interesados en votar este domingo. Una vez obtenidas las claves ya hay vía libre para optar por el «sí» o el «no» a la ruptura con España.

Según Pablo Burgueño, CLO (jefe de la oficina legal) de Nevtrace, la mecánica «es similar a la que emplean los bancos a la hora de certificar que una persona quiere hacer una transferencia». Es lo que se llama «doble factor de autenticación». Se certifica –a través de un sistema de firma electrónica– «que la persona que está votando es quien dice ser». Es un método «avalado a través de la ley de firma electrónica; se puede vincular a un ciudadano con una firma y, en este caso, con la firma de un voto», explica. Nevtrace, que analiza sistemas de cifrado para comunicaciones, colabora con la lucha contra el fraude electrónico a través de la Oficina Europea de Policía (Europol). Burgueño considera que la votación por este método «podría ser legal si hubiera una norma autonómica o local que lo avalara, ya que normas nacionales no existen que permitan esta vía». Por lo tanto, «si no la hay, los resultados por este sistema pueden declararse nulos».h6C