El TSJC obliga a la policía a cerrar todos los locales públicos del 1-O
La mambién orgistrada tadena requisar todo el material relacionado con el referéndum ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado hoy a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que obligue a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.
En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que investiga al Govern por convocar el referéndum suspendido por el Constitucional, ha acordado esta medida cautelar, en la que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.
La juez ha pedido a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» sobre el referéndum, por lo que será ella quien asuma las próximas directrices relacionadas con el 1-O, tras semanas en que el ministerio público ha liderado la operación contra la consulta.
Pese a dejar claro en su auto que ahora será ella quien dirija la operación sobre el 1-O, la magistrada ha avalado la decisión del ministerio público de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.
Precisamente, en una de sus últimas instrucciones, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía ha obligado a las policías locales que garanticen que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referéndum.
En otra orden, el ministerio público dispone que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyen si es necesario a los Mossos d'Esquadra en las operaciones para evitar el 1-O, después de que la policía catalana haya expresado sus reticencias a la orden de Fiscalía de que precinten los locales del referéndum antes del próximo sábado.
En la reunión de coordinación policial que se ha celebrado hoy en la Fiscalía Superior de Cataluña, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se ha comprometido a cumplir la orden de la Fiscalía para impedir el referéndum, pero han precisado que lo hará con «proporcionalidad» para evitar desórdenes públicos.
En una carta que hoy ha presentado ante el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a que ha tenido acceso Efe, el mayor de los Mossos advierte de que aplicar de forma «estricta» la orden del ministerio de precintar los locales del 1-O podría acarrear consecuencias «no deseadas» porque obligaría a suspender la actividad en servicios «esenciales» como hospitales, ambulatorios y geriátricos.
Por su parte, el conseller de Salud, Antoni Comín, ha destituido hoy a los representantes del Govern en los consorcios sanitarios y entidades públicas sanitarias de Cataluña y se ha nombrado presidente a sí mismo para «dar máxima seguridad jurídica» a los trabajadores de los 80 centros sanitarios previstos por el Govern como puntos de votación en el 1-O.
Las diferencias entre la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra, por la decisión del ministerio público de dejar en manos de un cargo de la Secretaría de Estado la coordinación de la investigación del 1-O, ha motivado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya convocado para mañana la Junta de Seguridad de Cataluña.
En la Junta -a cuya reunión, en el Palacio de Pedralbes, asistirá un representante del Ministerio de Interior-, Puigdemont pretende sentar las bases para la coordinación de las actuaciones policiales relacionadas con el referéndum, suspendido por el Constitucional.
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