Cataluña llegó a convertirse en una de las regiones más
ricas de España gracias al tamaño y diversidad que alcanzó su estructura
empresarial, fuente de riqueza y empleo, pero la gestión económica y
presupuestaria llevada a cabo en los últimos años, junto a la incertidumbre que
genera el desafío secesionista, está minando la base de tanta prosperidad, ya
que ahora las empresas huyen de dicha autonomía en busca de lugares más seguros
y atractivos para su negocio. En concreto, cerca de 8.000 compañías radicadas
en Cataluña han trasladado su sede social a otras comunidades autónomas desde
2008, frente a las 5.300 que decidieron instalarse en esta región durante el
mismo periodo, de modo que, hoy por hoy, la economía catalana ha perdido algo
más de 2.600 empresas en términos netos, lo cual es un torpedo en la línea de
flotación de la creación de empleo. Se trata de un fenómeno inédito a escala
nacional, ya que, a excepción de Canarias, la catalana es la única región que
ha visto reducido su tejido empresarial año tras año. La explicación reside,
primero, en la elevada presión fiscal y las trabas regulatorias que impuso la
Generalitat desde el estallido de la crisis. El tripartito formado por el PSC,
ERC e ICV, que gobernó Cataluña hasta 2010, disparó los impuestos e incluso
creó nuevas figuras tributarias para intentar compensar la fuerte caída de
ingresos públicos como consecuencia de la recesión, en lugar de reducir el
gasto superfluo y eliminar el inútil entramado autonómico que tan solo servía a
intereses políticos. La posterior llegada de los nacionalistas al poder, con
Artur Mas a la cabeza, perseveró en esta ruinosa deriva, haciendo que muchas
empresas huyeran hacia regiones más favorables a sus intereses. En lugar de
corregir su error, la Generalitat se dedicó entonces a criticar los bajos
impuestos que aplicaban otras autonomías como estrategia para evadir su
responsabilidad.
El segundo factor de este éxodo es el proceso
independentista. Desde 2012, y pese a la recuperación económica, la fuga de
compañías no ha cesado como consecuencia de la creciente inseguridad jurídica
que existe en Cataluña. La incertidumbre e inestabilidad políticas constituyen
pésimos compañeros de viaje para el mundo de los negocios, puesto que tanto el
futuro de la empresa como la seguridad de las inversiones ya no dependen de las
decisiones de sus directivos ni de la siempre cambiante coyuntura económica,
sino del arbitrario rumbo que fijen los gobernantes. La obcecación de los
separatistas por incumplir la ley ahuyenta a empresarios e inversores, ya que
la utopía independentista pretende sacar a Cataluña de España, lo que supone su
automática salida de la UE y del euro. Las consecuencias las están pagando los
catalanes, con menos empresas y una mermada capacidad de crecimiento.
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