Un sector muy amplio de la opinión pública, a tenor de algunas encuestas, cree que el Gobierno debe detener a los responsables del órdago secesionista catalán y ponerlos a disposición de la Justicia. Están perpetrando con el mayor cinismo un golpe de Estado. Lo normal es que los jueces sentencien los delitos cometidos con penas de cárcel. Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas modificarán su altivez y sus intemperancias cuando estén entre barrotes.