Trapero asegura que ofrecieron tres veces salir a la comitiva judicial del Departamento de Economía
El mayor de los Mossos declara ante la juez que si les hubiesen informado el día antes de los registros podrían haber planificado un mejor dispositivo
Barcelona
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, asegura que el día 20 de septiembre ofreció en tres ocasiones a la comitiva judicial formada por la Guardia Civil y la secretaria del juzgado de instrucción 13 de Barcelona la posibilidad de salir del Departamento de Economía, donde quedaron sitiados tras registrarlo. En su primera declaración ante la Audiencia Nacional, Trapero criticó que podrían haber planificado mejor el operativo si hubiesen sabido el día antes los registros. Ante Economía, llegaron a concentrarse 40.000 personas.
La primera noticia del operativo fue a las ocho de la mañana a través de los medios de comunicación, dijo Trapero en la Audiencia Nacional el 7 de octubre, en una declaración hecha pública por el diario Ara. A las 9.15, la Guardia Civil les pidió protección. A esa hora, ya había entre 700 y 1.000 personas delante de Economía, según Trapero, lo que impidió ya hacer un cordón policial.
Los Mossos se desplazaron al lugar, y poco a poco incrementaron las dotaciones. Pasadas las ocho de la tarde empezaron a preparar el cordón para que saliese la comitiva judicial. Los problemas surgieron cuando los agentes de la Guardia Civil pidieron salir con sus tres vehículos que habían aparcado frente al Departamento, en Rambla de Catalunya. “Esos coches estaban totalmente rodeados”, alegó el mayor. “Les decimos que es materialmente imposible, con los miles de personas que había. Además, estaban dañados, había que entrar con grúas”, relató.
“A partir de ahí, nos comunican primero que se quedaran dos uniformados” para marcharse con los coches, siguió, y que “saldrán los investigadores”. La secretaria judicial abandonaría el edificio con los agentes de paisano. “Minutos después nos dicen que los agentes de paisano no saldrán porque como los otros compañeros no salen, ellos se quedan ahí. Que saldrá la secretaria sola”, añadió ante la juez. Sobre las diez de la noche, la secretaria “decide que como no pueden salir todos, ella también se queda”.
El mayor llamó entonces al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y le informó de la situación. Este a su vez, le comentó que podía “haber un problema debido a la presentación de unos hábeas corpus y de una recusación del juez” que podría alargar los registros. Por lo que la intendente Teresa Laplana preguntó directamente a la Guardia Civil. Según la declaración de Trapero, les dijeron que tenían problemas con soportes informáticos, que se podían “alargar horas e incluso toda la noche”. Por ese motivo, los Mossos empezaron a desmontar el cordón policial de salida. Posteriormente, Trapero recibió una llamada del juez de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez, que le “ordenó” que sacase a la comitiva judicial.
Trapero mantuvo ante la magistrada y el fiscal de la Audiencia Nacional que “en ningún momento” se les fue “de las manos” la situación, en cuanto a “gestión de una concentración”. Que mediaron en la zona con los concentrados y que no intervinieron para no generar una situación peor. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, le llamó y se ofreció para negociar con la gente sobre la que él “tenía ascendente” la apertura de un pasillo de salida. “Si hubiésemos podido planificar hubiese sido mejor, también se lo digo”, insistió, sobre el hecho de que no supiesen nada de los 40 registros, varios en consejerías del Govern.
Trapero y la intendenta Teresa Laplana están imputados por un delito de sedición por la gestión del orden público entre los días 20 y 21 de septiembre. La Guardia Civil les acusa de no haber facilitado el dispositivo que permitiese que desarrollasen debidamente los registros, y la salida de los agentes y la secretaria. Acusan a Mossos de no responder a sus reiteradas llamadas para acordonar la zona. Tanto Trapero como Laplana tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado.
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