Miro

La paciencia de los “malos catalanes”

El País | Ignacio Martín Blanco

El pasado miércoles, 4 de noviembre, aparecía en El País mi artículo Provocación y deslealtad, en el que revelaba parte de lo que dijo Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en una cena que tuvo lugar el 5 de octubre en un piso particular de Barcelona. Entre otras cosas, mi artículo denunciaba la estrategia del independentismo, cuyos líderes reconocen en privado la evidencia de que no cuentan con el suficiente apoyo popular para proclamar la independencia, pero siguen actuando en público como si de hecho la estuvieran proclamando. Su objetivo es provocar una reacción del Estado que nos lleve a un punto de no retorno, ya sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la celebración de un referéndum de secesión impuesto por la comunidad internacional ante una situación de inestabilidad política insostenible generada a propósito por los propios independentistas. Esa es la lógica de la resolución aprobada ayer por el Parlament.

Mentiría si dijera que me sorprendió el revuelo que provocó el artículo. Por un lado, asumo las críticas por publicar algo que se dijo en una tertulia privada, pero tengo la conciencia tranquila porque sigo pensando que el interés general debe prevalecer sobre los compromisos individuales, máxime cuando entre lo que alguien con responsabilidades de gobierno dice en público y lo que dice en privado no es que haya diferencias de matiz, sino que existe un abismo de deslealtad y engaño. Parece que hay quien considera reprobable mi decisión de hacer pública la determinación constatada de unos representantes políticos decididos a malear la opinión pública y vaciar las instituciones de autogobierno mediante la aprobación de resoluciones inaplicables. Supongo que les parecería más digno que asumiera el papel de mero espectador de la odisea separatista que el guión del “procés” reserva a los catalanes no independentistas, y que me resignara a que los independentistas prosigan su travesía a Ítaca sin reparar en que en el barco de Cataluña viajamos todos los catalanes, independentistas o no.

Sánchez no es un cualquiera, no es un simple activista político, sino que es el presidente de una asociación que desde el 2012 se ha convertido en una suerte de Gobierno de Cataluña en la sombra, que ha condicionado sobremanera la política catalana a pesar de situarse más allá del control de las instituciones democráticas. En los últimos años los catalanes hemos asumido como si nada cosas tan anómalas como que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocara en el Palacio de la Generalitat a la ANC -y a Òmnium Cultural- cada vez que se planteaba la necesidad de tomar decisiones de especial trascendencia, como la convocatoria de elecciones. Sin el beneplácito de la ANC, no hubiera habido elecciones catalanas el pasado 27 de septiembre. ¿Alguien se imagina que el presidente del Gobierno de España necesitara la aprobación de una asociación como, por ejemplo, la Fundación para la Defensa de la Nación Española para convocar elecciones generales? Así pues, no hay duda de que lo que diga el presidente de la ANC tiene interés público.

Por otro lado, más allá de los aplausos y los silbidos públicos, he recibido con satisfacción multitud de llamadas y mensajes de amigos, conocidos y saludados, la mayoría de los cuales ciudadanos catalanes que me agradecen que haya puesto negro sobre blanco la estrategia independentista. Algunos me dicen que ellos también han oído a otros líderes independentistas decir cosas parecidas, reconocer en privado que no tienen suficiente apoyo popular para culminar su proyecto rupturista, pero que deben seguir actuando como si lo tuvieran para provocar la reacción del Estado, seguir pedaleando porque si no, la bicicleta se cae antes de llegar a la siguiente meta volante. Van de farol en su desafío al Estado, es cierto, pero no porque no quieran sino porque saben que no pueden y, conscientes de su debilidad relativa, han decidido forzar la máquina y que salga el sol por Antequera.

De un tiempo a esta parte los independentistas se han autoerigido en representación exclusiva y abusiva de los intereses de Cataluña, y eso es con toda seguridad lo que explica que utilicen impunemente ese doble lenguaje que denunciaba en mi último artículo. De ahí, también, que manifiesten como si tal cosa su voluntad de proclamar la independencia contra la Constitución y el Estatut ¡con el apoyo del 48% de los catalanes!, dejando claro que la desconexión aprobada ayer no será con el resto de España, sino directamente con la realidad. Tan convencidos están de que Cataluña les pertenece que se permiten airear su deslealtad para con la mayoría de sus conciudadanos incluso ante alguien como yo, que llevo desde el inicio de este fatigoso proceso defendiendo en público y en privado la concordia entre los catalanes y la unión entre todos los españoles. Pero, cuando llevas tres años dividiendo la sociedad catalana entre buenos y malos catalanes y actuando como si los no independentistas no existiéramos, deberías contemplar al menos la posibilidad de que a alguno de esos “malos catalanes” no independentistas, harto de tanta deslealtad, se le acabe la paciencia y decida asumir los riesgos de romper en algún momento la espiral del del silencio 

Del 6 de octubre al 9 de noviembre

El País | Lluís Bassets

Como todos sabemos, Cataluña tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado sobre la historia de un momento trágico y excepcional, en que tropas armadas a las órdenes del Gobierno catalán se enfrentaron breve pero cruentamente con tropas a las órdenes del Gobierno de la República Española. Fue en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.

La intentona duró apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo disminuido por las dimensiones de la carnicería que se avecinaba apenas a dos años vista con la Guerra Civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el Gobierno catalán en pleno con su presidente a la cabeza, así como el alcalde de Barcelona, numerosos funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos y sindicales. La autonomía fue intervenida, el Parlamento quedó suspendido, fueron prohibidos los principales periódicos catalanistas, se reinstauró la censura sobre los otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la Generalitat y de la comisaría de Orden Público.

del-6-de-octubre-al-9-de-noviembreLa insurrección catalana fue un episodio más y no el más grave de una intentona revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su capítulo más cruento. Pretendía frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresión de la democracia y del autogobierno catalán de la que Cataluña apenas se recuperaría durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la Guerra Civil.

Sobre las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha tinta, y una parte muy importante precisamente en los últimos años, con motivo del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. “No queremos un nuevo Seis de Octubre”, se ha oído decir desde hace ya unos años en el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga bien.

Sobre las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse, porque casi todo es distinto, la época y las sociedades. Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamación unilateral de la independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaración que anuncia la ruptura o desconexión diferida o a plazos con la legalidad constitucional y la desvinculación de la autoridad del Tribunal Constitucional. A diferencia de los violentos años 30, todo parece jugarse en los límites de la acción democrática y pacífica, en manifestaciones cívicas, en los medios de comunicación, en la actuación de los Gobiernos y los parlamentos o en los recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y duras, más o menos eufemísticas, como desconexión, ruptura, insurgencia o rebelión, nada de momento sitúa la confrontación en el plano del uso de la fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la desaparición de las fronteras y las soberanías compartidas —la disolución precisamente de la idea de independencia nacional— bien distinto al de la época de los nacionalismos agresivos, la escalada armamentística y los totalitarismos.

Pero también hay semejanzas. La mayor, probablemente la más insidiosa para la democracia y la que más se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional. En los dos casos se confía en la acción unilateral para modificar la relación con el resto de España, sin una negociación ni un acuerdo previo. Tal como han señalado algunos historiadores, Lluís Companys no pretendía la separación, sino repetir la jugada de Francesc Macià el 14 de abril de 1931, cuando proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas, adelantándose así a la proclamación de la República en Madrid por parte de Niceto Alcalá Zamora, para conseguir con ello una negociación posterior, que es la que desembocó en el Estatuto de 1932; nada muy distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociación tirando millas en el camino de la independencia unilateral.

Algunas de las analogías sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede entenderse sin la radicalización izquierdista y el abandono de la moderación. También entonces como ahora, todo se juega al final en la correlación de fuerzas y en la capacidad de hacer un buen cálculo de las propias y las ajenas. En 1934, la insurrección no contó con la movilización obrera y callejera y quedaron en nada las milicias armadas que debían apoyar el golpe. En el actual proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayoría parlamentaria indestructible que pedía ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando pedía un resultado plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las elecciones con una mayoría insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP. Su aislamiento internacional es pavoroso, pero además no cuenta con aliados en España; y se ha enajenado a la mitad de la población catalana.

El juego comparativo no ha terminado. También tiene sentido fijarse en las reacciones del Gobierno español. Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas y gradualistas; el reproche, justísimo, es la falta de respuesta política. Ante la aprobación en el pleno, ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca la inmediata suspensión de la declaración y de sus efectos.

Con Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre la que ha recaído la responsabilidad de un trámite tan irregular como precipitado para aprobar la declaración. Pero no será por esta actuación partidista en la interpretación del reglamento del Parlament por lo que se le pedirá responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro en cumplimiento de la declaración que el Constitucional suspenderá en las próximas horas. Si Forcadell es la primera que actúa contra la legalidad de la que deriva su presidencia será ella y no Mas quien alcanzará una palma del martirio patriótico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de 1934. Seguro que será un honor para ella, pero también que no le importará a Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminación.

Lluís Bassets

Torcuato Fernández Miranda, el guionista de la Transición

ABC | Pablo Casado

En septiembre de 1978, en la prestigiosa tercera de este diario, Torcuato Fernández-Miranda escribía: «Asumir la Historia no es aceptarla sin más; pero sí es, nos guste o no, aceptar que nos condiciona y determina, porque, queramos o no, de ella venimos y somos en gran medida lo que ella nos ha hecho». No sabemos si, en aquel momento, el autor de estas palabras pretendía advertir a las generaciones futuras de los peligros de olvidar o reescribir la historia.

De lo que no hay duda es de que conocía bien a los españoles; en particular, el hábito arraigado de despreciar lo nuestro y esa mala costumbre de juzgar el pasado desde los parámetros del presente. Sólo así podría explicarse el afán actual por descalificar una época histórica que está ya, por méritos propios, en los libros de la historia universal y sobre la que se levanta el sistema político que tantos años de paz y bienestar ha dado a la sociedad española.

La Transición de la dictadura a la democracia es uno de los logros de los que más orgullosos nos debemos sentir los españoles. Hay quien se ha empeñado en una labor de acoso y derribo de ese momento de nuestra historia con revisionismos demagógicos. Otros se inventan la necesidad de enterrarla bajo una pretendida segunda transición, como arrogante e irresponsable baza electoral. Y, sin embargo, fuera de nuestro país se considera uno de los grandes episodios de nuestra historia centenaria, y se toma de ejemplo para otras transiciones, como la tunecina, flamante premio Nobel de la Paz.

Algunos han definido la Transición como una obra coral, en la que es difícil enumerar a sus protagonistas sin dejarse a alguien, pero no hay duda de que Torcuato Fernández-Miranda fue responsable de escribir el libreto original. Es de justicia, por tanto, reconocer en su centenario el papel que en esa gran obra desempeñó el que un libro reciente denomina, con acierto, el guionista de la Transición.

La obra de Torcuato Fernández-Miranda nace de profundas convicciones, de la poderosa creencia en la capacidad de la política para transformar la realidad circundante. Mucho podemos aprender de la necesidad de hacer política con los pies en el suelo, convencido de la conveniencia de elevar, como dijo Adolfo Suárez, a la categoría política de normal lo que en la calle es simplemente normal. De su apertura al diálogo, fruto de su concepción de la democracia como un ejercicio continuo en el que «la mayoría es un hecho que tiene que ser verificado continuamente». De la valentía de defender sus ideas y trabajar por ellas. De la conciencia de que la política necesita, de vez en cuando, personas que ejerciten el «derecho a la impertinencia». De la austeridad que le llevaba a costearse de su bolsillo el material de despacho de presidente de las Cortes. Y de la discreción y generosidad del que, según él, no se considera indispensable, pero que llegó a figurarse que sólo se le llamaba para atender casos perdidos, algo que consideraba una forma de especialización.

Sus enseñanzas mantienen plena vigencia. Desde su posición de hombre de Estado, alejado de una ciega disciplina partidista, siempre defendió su concepción de la política y del político como algo «necesariamente posibilista, que tiene que adaptarse a los hechos y a las circunstancias». Nada más lejos de determinados llamamientos políticos, muy en boga en estos últimos años, frente a los que ya en 1978 alertaba: «Nuestra dura historia contemporánea, desde las Cortes de Cádiz, demuestra que las creaciones abstractas, las ilusiones, por nobles que sean, las actitudes extremosas, los pronunciamientos o imposiciones, los partidismos elevados a dogma, no sólo no conducen a la Democracia, sino que la destruyen».

En esta semana decisiva para abortar el desafío secesionista en Cataluña, es más necesaria que nunca su gran lección magistral, la del respeto escrupuloso a las normas vigentes, independientemente de su opinión sobre las mismas; y la inteligencia para utilizarlas, «de la ley a la ley», en su afán democratizador.

Sin haberle conocido, y contemplado desde la distancia, me resulta especialmente precursora, y a su vez cercana, su preocupación por el futuro de la relación de los jóvenes con la política. Unas nuevas generaciones para las que él creía que la política es una «palabra muerta», y que debemos atraer a la participación y al servicio público con ese «derecho a equivocarse noblemente» que nos concedía Torcuato, pero aprovechando el legado histórico de los que nos precedieron.

Mantener viva la memoria de la Transición es la mejor garantía de fortalecer el sistema constitucional y la unidad de España. En las próximas elecciones generales nos jugamos seguir avanzando por este camino de bienestar y progreso, construido con el esfuerzo de todos en los últimos cuarenta años, o repetir los mismos errores y convertir a nuestro país en esa aldea sin memoria de la que hablaba García Márquez.

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP.

Cataluña y Kosovo, nada que ver

El País | Guillermo Altares

Kosovo, una antigua provincia serbia de mayoría albanesa, declaró su independencia en 2008 con el apoyo de una parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos. Siete años después, se parece bastante a un Estado fallido: constantes protestas ciudadanas por el paro, ausencia de futuro para sus jóvenes y una migración masiva hacia Occidente. Aunque haya sido reconocido por más de 100 países, sigue sin ser aceptado por Estados como China, Rusia o España. El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, confirmó que la declaración unilateral de independencia no fue ilegal en una sentencia no vinculante de 2010.

Hoy Kosovo ha intentado, sin éxito, entrar en la Unesco porque en este organismo de Naciones Unidas no existe el derecho de veto, a diferencia del ingreso en la ONU, que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, donde cinco potencias pueden vetarlo. Un informe encargado por la Generalitat propone que Cataluña siga un camino similar para colarse por la puerta trasera en el sistema de Naciones Unidas. Los paralelismos entre Kosovo y Cataluña se acaban ahí, tanto desde el punto de vista de la historia, de la división étnica, del pasado reciente como del derecho internacional. Son casos que no tienen absolutamente nada que ver.

Kosovo es el lugar donde empezaron y acabaron las guerras que asolaron los Balcanes en los años noventa. Yugoslavia era un país formado por seis repúblicas, que en teoría tenían derecho a la autodeterminación, y dos provincias autónomas que formaban parte de Serbia: Kosovo, con un 90% de población albanesa pero que, a su vez, los serbios consideran la cuna de su historia y religión, y Vojvodina, con una minoría húngara. Cuando tras la muerte del mariscal Tito Yugoslavia se tambaleaba, Slobodan Milosevic, el fallecido caudillo serbio, utilizó Kosovo para azuzar el nacionalismo y convocó, en 1989, un aquelarre que reunió a cientos de miles de personas en el Campo de los Mirlos, en las afueras de Prístina. El lugar no podía ser más simbólico: allí, en 1389, los serbios perdieron su independencia tras ser derrotados por los turcos y desde entonces ese día, el 15 de junio, es su fiesta nacional.

Conforme se hacían más intensas las fuerzas centrífugas en Yugoslavia, Milosevic quiso aumentar su control sobre todas las repúblicas y también sobre sus provincias y decidió suspender en 1990 la autonomía de Kosovo y Vojvodina, una decisión que muchos historiadores ven en el origen de las guerras yugoslavas. Derrotado en Eslovenia, que logró la independencia tras un breve conflicto de diez días, y en Croacia, Milosevic ganó territorio con una limpieza étnica genocida en Bosnia y decidió hacer lo mismo en Kosovo. Cuando desató una oleada de represión brutal contra los albaneses, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos en 1999, que provocaron dos meses después la salida de las tropas serbias de la provincia, que quedó en manos de unas misión de Naciones Unidas, UNMIK, con el apoyo de tropas internacionales coordinadas por la OTAN, KFOR.

Las venganzas de los albaneses contra los serbios, el poder que alcanzaron los antiguos guerrilleros, la división étnica, el temor generalizado en el que vivían los serbios, los ataques contra sus iglesias (reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad), las mafias que campaban a sus anchas en un territorio que se convirtió en un foco de todo tipo de tráficos, la pobreza y el paro transformaron a Kosovo en un polvorín. La situación estalló en marzo 2004 con una revuelta contra la minoría de serbia de Kosovo, durante la que una turba de unos 50.000 albaneses radicales (según una investigación de la ONU) asesinó en dos días a 19 serbios e incendió 4.000 edificios, entre ellos 39 iglesias, ante la impotencia de 15.000 soldados de la Kfor (subió después de los ataques hasta los 19.000) y 3.000 policías de Naciones Unidas.

La ONU encargó entonces al diplomático finlandés Martti Ahtisaari buscar una salida, antes el riesgo de que la violencia étnica volviese a los Balcanes. Llegó a Prístina un día de noviembre de 2005 con temperaturas bajo cero y sin calefacción. Como en muchos países del Este, era central para toda la ciudad y no funcionaba, toda una metáfora del Estado general de la provincia. Los líderes kosovares anunciaron que no iban a aceptar otra salida que no fuese la independencia y los serbios que no iban a aceptar la independencia de ninguna manera. ¿Se parece esto en algo a Cataluña? Según fueron pasando los meses, muchos representantes de Belgrado, incluso dentro de los partidos nacionalistas, decían, en voz baja, que estarían encantados de que Kosovo se fuese de una vez siempre y cuando se hiciese sin grandes alharacas, una independencia de facto pero no de derecho.

Ahtisaari rompió el nudo gordiano apoyando una extraña fórmula de independencia tutelada y presentó su plan en febrero de 2007, que orillaba el gran problema jurídico: Milosevic aceptó la retirada de sus tropas y la entrada de las fuerzas internacionales con la condición de que Kosovo nunca fuese independiente, como quedó plasmado en la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba esta operación y garantizaba la integridad territorial de Serbia. El plan fue rechazado por Belgrado, lo que no impidió que Kosovo declarase su independencia en 2008, con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional.

El plan establecía que “Kosovo será una sociedad multiétnica, que se gobernará a sí misma de forma democrática y con respeto a la ley, a los derechos fundamentales y a los derechos humanos”. El documento decretaba desde su preámbulo que “una autoridad internacional civil” supervisará a las autoridades nacionales.

Kosovo ha logrado el reconocimiento de más de 100 países aunque otros, como España, Rusia, China, India o Rumania, se niegan porque consideran que no se puede aceptar una independencia que no reconoce el Estado del que se ha desgajado el nuevo país. Está fuera de la ONU y la entrada en la UE parece una quimera, no sólo por motivos políticos sino porque los criterios mínimos para comenzar una negociación están muy lejos. La sentencia del tribunal de La Haya representó un gran espaldarazo pero no es vinculante y, en cualquier caso, dejaba claro varias veces que Kosovo es un caso único y excepcional. Kosovo se independizó de forma unilateral sin contar con el acuerdo del país al que había pertenecido hasta entonces, pero lo hizo aplicando un plan de Naciones Unidas elaborado durante dos años, con el apoyo de la mayoría de los países de la ONU y bajo el compromiso de someterse a la supervisión internacional. Los paralelismos con Cataluña son imposibles de encontrar.

Guillermo Altares, redactor jefe de la sección Internacional del diario El País.

Y el Estado se quitó la chaqueta

El Mundo | Luis Sánchez-Merlo

El despliegue cinematográfico, con cientos de agentes deteniendo tesoreros y empresarios (incluido el registro por la Policía de la vivienda y demás dependencias de la familia Pujol), la proclama soberanista -urgida por las prisas de la CUP- precipitando la tramitación de la independencia y la respuesta del jefe del Ejecutivo que, con reflejos redimidos, escenificaba una declaración grave seguida de encuentros con la oposición, han marcado el final trepidante de este otoño para el recuerdo.

Ante la escalada, muchos españoles han tomado conciencia de que se puede estar poniendo en riesgo la integridad de la Nación. Algo así como la hora de la verdad. Y es que la ‘galbana’ institucional había cimentado la creencia de que el desafío -aunque continuado- no llegaría al final. No se había dado suficiente importancia al hecho de que quien va a cometer un fraude de ley lo hace con sumo cuidado. Y, desde la Diada del 2012, los paladines de la ruptura habían trazado un minucioso itinerario de desafíos, provocaciones y amenazas.

Con su comparecencia y la llamada a sindicar la defensa de la unidad, el jefe del Gobierno se ponía manos a la obra para desbaratar lo que tenía el aroma de la insurrección, por parte de dos partidos soberanistas que disponen de la mayoría absoluta de escaños -que no de votos- en el Parlamento de Cataluña.

y-el-estado-se-quito-la-chaquetaPero los que no parecen habérsela quitado todavía -y esto no ha pasado desapercibido- son quienes desde una posición no independentista han hecho gala de sonora pasividad, acompañada de espeso silencio -con honrosas y escasas excepciones- ante el atropello de quienes se han erigido en valedores de la separación de Cataluña, sin miramientos legales.

Así, la recién elegida presidenta, Carme Forcadell, siguiendo al pie de la letra el libreto del viaje a la independencia y como estrambote a su discurso inaugural, profirió con un tenue hilo de voz: “Visca la república catalana“. La mitad del hemiciclo -exactamente, el 47% de los presentes- rompía en aplausos, quedando en silencio el resto. No se entiende bien que los ‘desconsiderados’ no se ausentaran, evidenciando que la elegida sólo representa a una parte del conjunto.

Y es que la secuencia lógica de este ‘continuum’ debería haber pasado por un rechazo explícito -decía Ortega, “ha llegado el minuto preciso en que hay que quebrar ese silencio”- porque si no, descartada la complacencia, la pregunta es inevitable: ¿es que nada turba en esta Cataluña exaltada por ese cuarenta y pico por ciento que ha decidido “desconectar”?

Ensalzó Forcadell un valor irreal e inexistente -la república catalana- que es, además, contrario a la Ley fundamental del Estado. Y lo hizo en sede parlamentaria y durante el desempeño de su posición institucional como representante del Estado. Nunca se había llegado tan lejos en la dialéctica de la confrontación y quienes han empezado a romper amarras saben lo ingrato de una diligencia judicial frente a la inmunidad parlamentaria, el clima hostil a esa variable y la rentabilidad de la provocación o el victimismo. Con el grito de la presidenta se ha roto también el espejo para quien quisiera ver lo que está sucediendo.

Los autores intelectuales de este epígrafe de la hoja de ruta, perpetran una agresión a quienes -igualmente representados en el Parlamento- no desean ni la independencia ni la proclamación de la república catalana (aunque una parte de ellos no le haría ascos a la española). Han matado, pues, dos pájaros de un tiro porque, además de este desaire, nada menos que al cincuenta y pico por ciento de los votantes catalanes, insisten en la carga emocional contra varias decenas de millones de españoles, una vez más sacudidos por el oleaje que impugna la concordia.

Como era de esperar, la inminencia de la confrontación ha provocado disgusto indisimulado pero, al mismo tiempo, parece haberse perdido, por fin, esa reserva a diagnosticar la enfermedad -rebeldía- y su farmacopea -artículo 155-. Para defender la independencia, se asesta un golpe a la democracia que, ante todo, es orden jurídico y cuando este se quiebra -con la desobediencia de las leyes y los tribunales- lo que aflora es el totalitarismo. Y en esta ocasión se invoca, con naturalidad, el uso, previsto en caso de resistencia o desobediencia, de la ‘coerción federal’, a emplear con medida, prudencia y proporcionalidad. Una y otra vez, la ley se ha incumplido y la demanda para que se aplique sin complejos se ha convertido en exigencia compartida por la mayoría que no quiere la desconexión y cuyo hastío no deja margen para la condescendencia.

La unidad de España no es una imposición caprichosa, es una exigencia de la Historia y la garantía de que todo el mundo tenga los mismos derechos. De ahí que ésta sea la hora de los ciudadanos, lo que implica un ejercicio de pedagogía constante para que se deslinden bien las cuestiones. Porque lo grave no es pedir la independencia, aspiración legítima de quienes así lo desean, sino proclamar, violentándola, el desacato a la ley.

La sociedad silente no permitiría que se la utilice como escudo para distraer de otras cuestiones que podrían explicar el frenesí para la desconexión ¿de la justicia española, de la Policía, de las instituciones del Estado? ¿Para enervar la aclaración de los ilícitos penales, impunes, que se hayan podido producir?

Cataluña centrará la campaña electoral de los partidos de cara a las generales. Pero de forma especial, la de aquéllos que no están dispuestos a abandonar a esa otra mitad de catalanes que también se sienten españoles, ni a aceptar el acta de un garrotazo al Estado en el seno de una sociedad conmocionada por el paisaje de la escisión y la corrupción. Y llegados aquí, una pregunta: ¿cómo es que en el anuncio de la proposición parlamentaria para la puesta en marcha de la independencia, no se ha mencionado -en un ejercicio de coherencia- que los partidos que forman parte de esas dos coaliciones no piensan concurrir a las elecciones generales?

Cada día parece más claro que la apelación a los sentimientos encubre el atropello a las leyes. Una certeza: los que plantean la sedición retrocederán ante el ejercicio legítimo de los medios del Estado. Y un vaticinio: no llegaremos al abismo y ganará el imperio de la Ley, aunque el mal ya está hecho y el problema seguirá constando con mayor o menor intensidad.

Pero como no hay que fiarse mucho de los remedios penales para atajar actuaciones planeadas hasta sus más mínimos detalles para convertir el proceso penal en una causa política -con mártires sonriendo ante las cámaras- rescatemos el orteguiano “¡catalanes a las cosas!” y que nadie desvíe a este país de sus auténticos objetivos: consolidar la recuperación económica y fortalecer la estabilidad.

Tiempo de tender puentes, de preocuparse y ocuparse de las cosas, de gobernar para resolver los problemas de la exclusión, de los refugiados, de los desheredados. Sin perder, por ello, de vista, el catálogo de los delitos que el Estado tiene censados y que, hasta el momento, se pueden computar en el debe de los secesionistas:

– Delito continuado de sedición, de acuerdo con el artículo 544 y siguientes del Código Penal.

– Delito de desobediencia y desacato a las autoridades judiciales del Estado, según el artículo 508 del Código Penal.

– Delito de usurpación de atribuciones, al haberse convocado consulta popular por vía de referéndum sin tener competencia para ello. Artículo 506 del Código Penal.

– Delito continuado de ultrajes a España y a sus símbolos y emblemas, contemplado en el artículo 543 del Código Penal.

Y una reflexión final: cuando se avecina un temporal, la veteranía de un comandante con miles de días de mar es el mejor activo para capearlo y seguir navegando rumbo al destino. Porque una mala decisión puede ser fuente de nuevos males, pero la falta de decisión siempre conduce al desastre.

Luis Sánchez-Merlo fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (1981-82).

nov 15

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Una revolución de salón

La Vanguardia | Lluís Foix

Los dados están echados y han empezado a rodar. El Parlament de Catalunya ha aprobado la propuesta de resolución que supone el comienzo de una ruptura con España que tendría que estar lista en un año y medio. Se aprobó el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Por 72 votos contra 63.

No encuentro precedentes en que una decisión de esta envergadura se haga con una presidencia y un gobierno en sede vacante. En la declaración aprobada se insta al futuro gobierno a “que cumpla exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”.

Fue una votación precipitada que ha despertado a Rajoy y a Pedro Sánchez, que van a ponerse de acuerdo para que los mecanismos de que dispongan puedan anular y dejar sin efecto la declaración del inicio de la república catalana. No deja de sorprenderme que el Ejecutivo prejuzgue ya cuál va a ser la reacción del Constitucional. Podrían esperar unos tres días sin dar por supuesta la decisión de los jueces. Cuánto daño ha hecho a la política española y catalana la contaminación del poder ejecutivo sobre el poder judicial.

una-revolucion-de-salonEl hecho es que se ha iniciado el proceso de ruptura con España con una declaración institucional. Esto ya no son palabras ni retórica. Hay un acto político-jurídico que rompe la legalidad vigente. Es una revolución democrática, dicen los defensores de la ruptura, pero saltarse la ley no es democrático a no ser que sea sustituida por otra ley que nazca de un cambio de régimen o de una revolución que no sea de sonrisas sino de actos de fuerza de unos o de otros. El historiador Josep Fontana se refirió recientemente a esta segunda opción. La independencia no se sirve gratis.

La revolución de las sonrisas es eso, una revolución de salón, en la que alguien puede pretender cambiar la legalidad porque las leyes vigentes no le gustan o le pueden perjudicar. Con todos los respetos, la votación de ruptura del lunes es como jugar un partido de fútbol pensando que el otro equipo se dejará golear. Pretender que el Estado será neutral con la creación de una república catalana declarada unilateralmente me parece que es desconocer la historia del Estado al que pertenecemos y también ignorar lo que Europa y la comunidad internacional van a decir en los primeros meses o años de una hipotética república catalana desgajada de España sin una mayoría absoluta de votos que la avalen. Hemos llegado hasta aquí porque Artur Mas ha hecho una lectura política confusa, equivocada pienso, de las grandes manifestaciones de las últimas cuatro Diades. Y también porque Mariano Rajoy decidió, equivocadamente también creo, que el problema de una futura secesión de Catalunya acabaría como el plan Ibarretxe.

La política no se hace en la calle sino en las instituciones. La calle puede influir y a veces determinar una política. Pero detrás de cada gran manifestación se esconde el pluralismo social y político que luego se confirma en las urnas. Artur Mas elogió con razón que en las concentraciones masivas no se ha tirado ni un papel al suelo. Cierto. Pero también hay que remarcar, como recordó Miquel Iceta, que los que no fueron a manifestarse tampoco se dedicaron a romper el mobiliario público.

Es interesante repasar el dietario de Amadeu Hurtado, Abans del Sis d’Octubre, en el que relata su papel mediador entre el Gobierno de la República presidido por Ricardo Samper y el de la Generalitat presidida por Lluís Companys. Hurtado consigue un acuerdo con Samper que no es otra cosa que el cadáver del Tribunal de Garantías, que se puso en contra de Catalunya a propósito de la ley de Contractes i Conreu de 1934. Le sugiere que vaya al Parlamento con ese trofeo, que será aceptado por el Gobierno de la República. “Nada –responde Companys–, estoy dispuesto a todo y si conviene los recibiré a tiros a todos los que quieran apoderarse de la Generalitat”.

El paralelismo con la situación actual es inexistente. Pero vale la pena seguir el diálogo entre Companys y Hurtado. Dice el president que “ha llegado la hora de dar la batalla y de hacer la revolución. Es posible que Catalunya pierda y que algunos de nosotros dejemos la vida; pero perdiendo, Catalunya gana porque necesita a sus mártires que mañana le asegurarán la victoria definitiva”.

Ya se sabe cómo acabó aquello. La declaración de ruptura ha sido esta vez más suave en la forma pero más contundente en el fondo. El Estado ha empezado a reaccionar. La política no es un simulacro ni una metáfora. Tampoco son declaraciones y declaraciones comentadas en tertulias. Es el arte de lo posible, dijo alguien que ha sido copiado por muchos. Kavafis empieza su célebre poema diciendo que “cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Exacto.

Lluís Foix

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Ley, Justicia y Democracia

El País | Enrique Moradiellos

En una reciente entrevista radiofónica en la cadena Onda Cero, Antonio Baños, líder de la CUP, explicó su posición secesionista con una razón suprema recurrente en los últimos tiempos en el debate político catalán: “Nosotros lo que queremos es trascender una legalidad para crear otra legalidad. (…) Como nación soberana, lo trascendemos creando la legalidad catalana”. Una afirmación que plantea la reconsideración de varios supuestos implícitos de orden histórico-jurídico (y cívico) que están en el núcleo de esa justificación de ruptura legal “democrática”.

En el proceso civilizatorio que registra la historia hay un elemento crucial que, desde tiempos clásicos greco-romanos, suele llamarse “el principio de legalidad”. Está en la base de la constitución del derecho como patrón normativo de conductas aceptadas o rechazadas que sirve de referente a una comunidad política de individuos heterogéneos. Esto es: grupos colectivos que no son familia (y que por tanto no se rigen por vínculos de sangre y parentesco “naturales” de afecto, respeto y consideración) y que sí son vecinos (oriundos de familias diversas que conviven en el mismo tiempo y sobre un mismo espacio de acuerdo a algún tipo de reglas instituidas y ya no instintivas).

Desde las primeras civilizaciones mesopotámicas hasta la cristalización del derecho romano, ese principio de legalidad deriva de algo tan simple como transcendente: el derecho, como código más o menos sistémico de normas acordadas, funda el Estado como institución terrenal y temporal de convivencia supra-familiar. Porque sin Estado, no hay Derecho. Y así tenemos el llamado “código de Hammurabi” (siglo XVIII antes de Cristo) que recoge los “decretos” del rey babilónico inspirados en un ideal de justicia labrado en torno al binomio de “estabilidad y equidad”. Los griegos, que también consideraron que el ideal de justicia exigía equidad y norma conocida, llamaron a ese objetivo eutaxia (equilibrio ordenado).

Los romanos dieron el salto lógico y establecieron la fórmula jurídica del principio de legalidad de la mano de Cicerón (siglo I a. C.): Salus Publica in legibus sita est. A saber: la “salud” (bienestar y equilibrio) del Estado (o sociedad política) radica en las leyes. El corolario de esa máxima era evidente y acuciante: la paz pública (concordia interna y seguridad externa bajo la ley) sólo era posible eliminando la guerra y la violencia: Silent leges inter arma (las leyes callan cuando hablan las armas). Por eso, el propio Cicerón, que vivió y fue asesinado durante las guerras civiles que destrozaron la República romana, dejó escrito como legado: “cualquier género de paz me parece preferible a la guerra civil”.

La aparición de la idea de lex como norma jurídica fundacional de la vida estatal es, por tanto, un proceso histórico largo e íntimamente ligado al paso del estadio de barbarie al de civilización. Y su configuración no es posible hasta que surge el Estado después de la revolución neolítica y gracias a la vida urbana de estructura socio-ocupacional compleja y con dominio de la escritura como tecnología comunicativa superior. De hecho, lex es un vocablo latino de origen indoeuropeo que deriva del verbo lego (con el sentido de “juntar y reunir”). El mismo vocablo que da origen a legere (“juntar signos y leer”). Y como lex hay que entender los acuerdos registrados por escrito (para conocimiento de todos y perduración temporal, frente a la costumbre familiar o mores) entre individuos racionales que tienen inteligencia (inter-legere) porque pueden entenderse y acordar normas colectivas con fuerza vinculante. Y no importa que el fundamento último de esa norma se entienda como otorgada por los dioses, enseñada por los profetas o instituida por los hombres sabios. Compone un parámetro social de conductas admisibles o inadmisibles que evitan el vacío del caos (y su compañera: la fuerza bruta violenta) y es condición para la vida civilizada en cuanto que estatal, urbana, letrada y racional.

Sin embargo, a pesar del “poder sagrado de las leyes” (Rousseau), el devenir histórico muestra un proceso más o menos violento de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes a lo largo de los siglos y las culturas. Hasta llegar al triunfo del llamado “Estado de Derecho” en la época contemporánea de la mano de la alternativa liberal-democrática, que encumbra el principio de legalidad hasta hacerlo supremo y axiomático: la democracia es ante todo the rule of law (el imperio de la ley). Una fórmula que, básicamente, implica que por encima de la ley no está ni el rey soberano del Antiguo Régimen. Y cuya observancia protege al ciudadano del despotismo de la voluntad de un César omnímodo tanto como de la tiranía de las masas incontroladas e impunes. Un César o una masa capaces de imponerse de manera ilegal e ilegítima por razones que Juvenal había caricaturizado en un verso magistral: “porque quiero, porque lo mando y porque mi voluntad es la única razón”. Desde luego, ese triunfo del paradigma democrático sólo fue posible (y en una parte todavía hoy pequeña del mundo) una vez superado el doble desafío de los totalitarismos del siglo XX.

En todo caso, al margen del modelo democrático, el mencionado proceso histórico de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes normalmente ha utilizado dos vías básicas de actuación para sus fines.

La primera vía de alteración del principio de legalidad vigente ha recurrido a la invocación de un verdadero “estado de necesidad” que habría obligado a modificarlo en virtud de otro superior y anterior: el principio de realidad. La propia doctrina romana (otra vez Cicerón) articuló la fórmula para “justificar” (legalizar) la alteración de la norma en casos extremos de máximo peligro: Salus Publica Suprema Lex. Y así se constituyó la institución de la dictadura comisaria como expediente para afrontar situaciones de grave riesgo que la ley no contemplaba inicialmente. Y así surgieron en los códigos constitucionales democráticos las previsiones de estados de alarma, sitio, excepción o guerra para prever esas situaciones y darles cobertura legal (como es el caso del artículo 155 en la constitución española de 1978).

El grave problema de esa invocación a un precepto legal anterior y superior para vulnerar la ley vigente fue el que contemplaron los criollos que dirigieron el proceso de emancipación de la América española a partir de 1808: roto el dique de legalidad colonial, todos los aspirantes a ejercer el derecho de actuar por principio de necesidad competían por imponerse a otros equivalentes en igualdad de condiciones de legitimidad. Y así se sucedieron las luchas que desangraron y fracturaron los límites de los antiguos virreinatos en nuevas naciones sucesorias soberanas en un contexto donde callaba la ley porque hablaban las armas y el derecho se fundaba en la fuerza bruta.

La segunda vía de alteración suele recurrir a la impugnación del principio de legalidad apelando a una instancia igualmente jurídica pero superior y anterior, en la línea de las declaraciones de Antonio Baños. En su lógica, la legalidad vigente sería mera plasmación contingente de una fuente más profunda y “legítima”: el Ius, la virtud que encarna la Iustitia. Estaríamos así en la dialéctica de la Lex frente al Ius, siendo éste el vocablo derivado de una raíz indoeuropea que tenía el sentido de “juntar y atar”: Iugum (yugo) y “yuxta-puesto” (poner juntos unidos). Así, el Ius encarnaría la norma de justicia natural “legítima” (ontológica) que obliga por necesidad primaria mientras que la ley (positiva) sería sólo una norma acordada convencionalmente y mudable sin coste. Y nadie debe dudar que lo primero tiene primacía respecto de la segunda y puede y debe ser invocado para “justificar” (convertir en iusto) la anulación, eclipse o cambio de ésta.

Siguiendo este razonamiento, el valor supremo de la ley queda anulado por su colisión con el valor supremo de la justicia, como recordaba otra máxima latina ya de época moderna: Fiat Iustitia pereat Mundus (Hágase la justicia, aunque su resultado sea el fin de una realidad mundana). El gran problema de este argumento no reside sólo en que la relación entre lex y ius (y legalidad y legitimidad) sea mucho más estrecha de lo que parece porque ambos términos denotan siempre normas históricas, contingentes y acordadas por seres humanos y que difícilmente pueden tener fuentes de “derecho natural” que permitan concebir la justicia al margen de su codificación legal.

El grave problema es que esa fundamentación de la justicia fuera de la ley exige una fuente que sólo puede ser de naturaleza divina (metahumana) o divinizada en la práctica (la nación, la raza, la clase). Y entramos así en la absoluta arbitrariedad porque, roto el dique de la legalidad, cada conciencia individual podría elevar a la condición de fuente de justicia su propio parecer personal intransferible. Y, por tanto, esa nueva legalidad “justa” sólo cabe imponerla por el recurso a la fuerza coactiva contra los “desviados” que impugnan la santidad de la nueva ley. Es lo que acertadamente el periodista Carlos Alsina planteó a Antonio Baños en su entrevista: “¿Una vez que exista esa legalidad catalana, el ciudadano que entienda que es injusta puede desobedecerla también?”.

En el caso de los Estados de Derecho liberal-democráticos, ese gravísimo problema siempre se ha afrontado con la máxima del respeto estricto a la legalidad, tanto en su vertiente material como procesal. Primero, porque el Estado de Derecho es aquel que permite la reforma y reemplazo de la ley por cauces previsoramente estipulados y racionalmente acordados (y, en el caso de la Constitución de 1978 sin que haya límite alguno a su revisión formal o material porque carece de “cláusulas de intangibilidad”, al contrario que muchas otras europeas). Y, segundo, porque roto el principio de legalidad, no se abren las puertas del Paraíso, sino que se puede caer en el más oscuro de los Infiernos, como la experiencia histórica, lejana y reciente, ha demostrado.

Por tanto, la virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley (democrática) por razones superiores a la propia ley (democrática). No sólo porque es un principio cívico democrático asumir siempre el imperio de la ley positiva. Sino porque el sueño de la razón justiciera produce monstruos reales y no sólo Edenes imaginados.

Enrique Moradiellos es catedrático de Historia.

Herramientas de la Constitución

El País | Antonio Arroyo Gil

La llamada coerción estatal del artículo 155 de la Constitución española se encuentra claramente inspirada en la coerción federal alemana regulada en el artículo 37 de su Constitución. En ambos casos, el supuesto de hecho que ha de producirse para activar ese mecanismo coactivo consiste en el incumplimiento de una obligación constitucional o legal por parte de un land o de una comunidad autónoma. No obstante, en el caso español, además de esto, se hace una apelación más amplia a una actuación autonómica que atente gravemente contra el interés general de España.

Aunque la determinación apriorística de lo que constituye un incumplimiento legal o constitucional, o un atentado grave al interés general, no resulta sencilla, lo que sí parece evidente es que hay que huir de interpretaciones maximalistas. Es decir, tan solo aquellos incumplimientos que fuesen verdaderamente graves o aquellas actuaciones que trajesen consigo consecuencias altamente perniciosas para el susodicho interés general “justificarían” la puesta en práctica de las medidas que cabría derivar de esos preceptos constitucionales.

herramientas-de-la-constitucionY, en todo caso, debemos de ser conscientes de que la sola llegada de ese momento es indicativa de que nos encontramos ante una crisis política e institucional de grandes y profundas dimensiones, que puede desbordar el orden jurídico constitucional vigente. Por eso, es deseable que el Gobierno federal o nacional, responsable máximo a estos efectos, lleve a cabo una aplicación prudente del Derecho, acompañada de un ejercicio inteligente de la dirección política.

Antes de ver cuáles podrían ser esas medidas coercitivas, interesa hacer una doble reflexión previa:

1ª) Como es natural, podremos discutir el concreto alcance de los incumplimientos constitucionales o legales o del grave atentado al interés general de España por parte de una comunidad autónoma, y de las subsiguientes medidas coactivas a poner en práctica por el Gobierno central; pero lo que a nadie podrá sorprender es que se dote a este de poderes suficientes para garantizar la subsistencia o viabilidad del Estado. Esto es algo que se deriva de manera inexorable del principio constitucional de unidad del Estado, a cuya garantía está obligado todo Gobierno responsable.

2ª) Además, interesa saber que las medidas coercitivas de este estilo no son una anomalía de nuestra Constitución, o de la alemana, sino que son frecuentes en el derecho constitucional comparado, en donde lo más común es acudir directamente a técnicas, si se quiere decir así, más agresivas para la autonomía política de las partes constitutivas del Estado federal o regional, como son las que apuntan directamente a la suspensión o disolución de sus órganos propios, en el supuesto de que a los mismos les fuese atribuible una lesión grave del orden constitucional o legal. Así sucede, por ejemplo, en Austria, Italia o Suiza.

La determinación de cuáles sean las medidas necesarias que el Gobierno central puede adoptar, previo requerimiento al presidente de la Comunidad autónoma, y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado —para obligarla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales o legales, o para la protección del interés general de España— no es una labor sencilla, dado el silencio que nuestra Constitución guarda al respecto. No obstante, con carácter general, cabría entender que tales medidas han de ser idóneas (para lograr el fin que se persigue) y proporcionales. Entre ellas, cabría imaginar las siguientes, enunciadas con carácter subsidiario:

—Dar instrucciones o directrices jurídicamente vinculantes al Gobierno o Parlamento de la comunidad incumplidora;

—De no ser estas atendidas, sustituir a la comunidad autónoma incumplidora por vía ejecutiva, suspendiendo, por el tiempo necesario, a las autoridades y empleados públicos incumplidores; y nombrar, entretanto, a una especie de comisionado del Estado central para que ejerza las competencias gubernamentales y administrativas autonómicas.

—De resultar insuficientes estas medidas, ordenar la intervención de las fuerzas policiales del Estado en la Comunidad autónoma incumplidora; intervención que, en todo caso, deberá dirigirse contra los órganos o autoridades responsables del incumplimiento, no directamente contra la población.

Lo que en ningún caso se podrá hacer es disolver la comunidad autónoma incumplidora, pues ello sería contrario al principio de autonomía constitucionalmente garantizado. Además, resulta dudoso que entre esas medidas coercitivas se pueda incluir la supresión o disminución sustancial de su financiación, ya que algo así, más allá de su efectividad, puede acarrear un perjuicio insoportable para los ciudadanos de su territorio.

Mucho más dudoso resulta el empleo, como ultima ratio, de las Fuerzas Armadas, dado que nuestra Constitución no contiene una previsión similar a la existente en Alemania, de la que cabe derivar la prohibición de tal intervención del Ejército federal. Sea como fuere, la eventual aceptación de esta posibilidad en España, dada su indudable gravedad, habría de considerarse absolutamente excepcional y, por supuesto, llevarse a cabo con proporcionalidad.

Por último, me parece que en el caso de que se encuentren disueltas las Cortes Generales, la Diputación permanente del Senado está capacitada para aprobar las medidas necesarias, y explícitamente concretadas, que pretenda adoptar el Gobierno. Si la Diputación permanente del Congreso puede asumir las funciones que corresponden a este en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, ¿qué sentido tendría negar tal posibilidad a la Diputación permanente del Senado, para actuar ante una situación asimismo grave y excepcional como es aquella que motiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Concluyo como comencé, reconociendo que la sola puesta en práctica de la coerción estatal del mencionado artículo 155 denota la existencia de un grave conflicto político y, eventualmente, social, que fuerza seriamente los márgenes del Derecho. De ahí que la pretensión de encontrar solución al mismo a partir de lo que las normas prevén pueda resultar no inútil, pero sí insuficiente. No es inútil, porque todo Gobierno tiene la obligación de hacer frente a un desafío tan grave como aquel que aspira a quebrar, desde dentro, el principio de unidad del Estado, a partir de la infracción de la legalidad vigente. Pero sí es insuficiente, porque mediante la aplicación de esas medidas coercitivas no desaparecerá el problema político —y en su caso, social— existentes.

De ahí que sea también políticamente irrenunciable para un Gobierno verdaderamente responsable ejercer con inteligencia la dirección política del Estado, ofreciendo respuestas convincentes (un proyecto político atractivo) a aspiraciones que, en la medida en que se mantengan dentro del respeto a la legalidad, resultan legítimas. Porque gobernar responsablemente un país no consiste solo en defender el respeto a la ley, sino también en liderar los procesos políticos de gran envergadura, como lo son claramente aquellos que afectan a la organización territorial del propio Estado, mediante la realización de propuestas o la búsqueda de acuerdos o compromisos entre todas las partes. Seguimos esperando.

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

Más artículos:

Antonio Arroyo GilEl País11/11/15

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España/Modelo de Estado/A debateArtículo 155, Cataluña

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Cataluña humillada

Mas hunde el prestigio de la Generalitat al subastarlo al postor antisistema

EL PAÍS 13 NOV 2015 - 00:00 CET

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Archivado en: Opinión Artur Mas CUP Elecciones Autonómicas 2015 Elecciones autonómicas Independentismo Cataluña Elecciones Partidos políticos Ideologías Política España

Artur Mas habla con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana (a la izquierda, de espaldas), y con Raül Romeva, cabeza de lista de Junts pel Sí, ayer en el Parlamento de Cataluña. / ALEX CAPARROS (GETTY IMAGES)

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No te preguntes qué puede hacer Cataluña por ti, sino qué puedes hacer tú por Cataluña. El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, se colocó ayer en las antípodas de ese imperativo de raíz kennedyana y registró su segundo —e históricamente inédito— sonoro fracaso en el intento de investirse como nuevo presidente.

Editoriales anteriores

Dinámica infernal (12/11/2015)

Después de Mas (11/11/2015)

Firmeza y política ante la insurgencia (10/11/2015)

En vez de honores, Mas obtuvo una sangrante humillación para sí mismo y para la institución que encarna —tan decisiva para el autogobierno de los ciudadanos catalanes como simbólica para su sentimentalidad histórica— cada día que pasa con entereza decreciente. En su empeño por congraciarse con la formación antisistema CUP, el presidente saliente apuntó una oferta de trocear su futura presidencia en tres compartimentos estancos que supondrían sendos minigobiernos incomunicados entre sí, esa “presidencia coral” tan contraria a cualquier Gobierno que merezca ese nombre. Y la redondeó con la promesa de que encajaría, encantado, un contrato a tiempo parcial, a renovar a los 10 meses mediante la presentación de una moción de confianza voluntaria.

O sea: una Generalitat capitidisminuida y de carácter provisional, auténtica herejía para todo catalanista, algo impensable en dignatarios como Josep Tarradellas. Y pésimo desde el punto de vista de la responsabilidad de la gestión diaria ante los ciudadanos afectados por tales desatinos. Así se comporta Mas, arrastrando la ley, la dignidad del puesto y la institución de autogobierno con tal de repetir en el cargo: tan es así que de mantener los principios institucionales ya habría —para mejor o peor— otra persona ejerciendo la presidencia.

En este desquiciado viaje, el discípulo predilecto de Jordi Pujol no logró ayer convencer a nadie de que no seguiría rebajando el precio a la patética subasta de sí mismo; que la filosofía moderada que un día le inspiró era arqueología; que no tenía otro horizonte a ofrecer a los catalanes que la peligrosa ilegalidad, la ineficaz pérdida de tiempo y los esfuerzos inútiles. Todo eso mientras sus problemas reales siguen sin obtener un mínimo tratamiento.

Preguntado insistentemente sobre si acataría la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la resolución de insurgencia política, desobediencia legal y desacato institucional, Mas hizo de Mas. Mientras su vicepresidenta, Neus Munté, había prometido la víspera incurrir en conductas ilegales, el presidente saliente aseguró que actuaría como en el falso referéndum del 9-N, con la despreciable astucia de tirar la piedra y esconder la mano: asegurar su liderazgo político e imputar los actos presuntamente delictivos a los funcionarios. Un gran ejemplo ético.

Mas es políticamente un muerto viviente, aunque aún pueda resucitar para reinar en el cementerio político del Estado de derecho de la mano de la CUP, partidaria siempre de maximizar las contradicciones. Su derrota de ayer prefiguró su posible salvación en última instancia en una nueva, indeterminada sesión de investidura. A condición de que siga humillándose en el lodazal, destruyendo lo que aún quede del catalanismo moderado, del respeto a la mayoría no independentista y cediendo vergonzosamente su dignidad residual al mejor postor. Nada que ver con Kennedy.

MARIANO RAJOY, ANTE EL ÓRDAGO SECESIONISTA DE ARTURO MAS Y SUS CÓMPLICES

12/11/2015@12:04:10 GMT+1

Luis María ANSON

Sería perder el sentido de la objetividad si no se reconoce la excelente gestión que ha hecho Mariano Rajoy en los últimos días. Se ha entrevistado con los principales dirigentes políticos, sindicales y empresariales. Ha conseguido para su posición en defensa de la unidad de España el apoyo explícito del PSOE y de Ciudadanos. Eso significa que actúa, conforme al espíritu de la Transición, respaldado por el centro derecha y por el centro izquierda, es decir, por más del 80% del voto popular. Se ha distinguido por la firmeza, dentro de la prudencia y la proporcionalidad, y ha cumplido con todos los trámites que la legislación española establece consiguiendo una celeridad sin procedentes en la Justicia española.

Se merece Mariano Rajoy, por consiguiente, el elogio general, puntualizando, eso sí, que ha hecho las cosas bien pero tarde. Era fácil prever el órdago secesionista catalán que debió ser cercenado al menos hace dos años. La política de pasividad y lenidad ha constituido un error considerable.

Bien resueltos los trámites legales, puede presentarse ahora para Mariano Rajoy lo más espinoso del órdago secesionista. Si los dirigentes catalanes soberanistas no obedecen lo establecido por el Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno, con el apoyo de los líderes del PSOE y Ciudadanos, se verá en la obligación de hacer cumplir la ley con todos los medios que el Estado de Derecho pone a su alcance. Y eso exige grandes dosis de firmeza y la previsión de las reacciones que se pueden producir y que no serán fáciles de controlar.

HERMANN TERTSCH

Mal momento para la farsa Hermann Tertsch

Todos los miembros de la UE van a entender el desvarío separatista de Mas como una agresión a la estabilidad común

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Hermann Tertsch - hermanntertsch - 11/11/2015 a las 19:00:25h. - Act. a las 19:00:26h.

Guardado en: Opinión

No podía elegir Artur Mas un momento peor para su huida definitiva hacia delante y asumir ya evidentes responsabilidades penales. Ya no va a poder salvarle ni el Gobierno de Mariano Rajoy, que por evitar el conflicto y por sus ansias infinitas de armonía ha dejado que el ya expresidente de la Generalidad llegara tan lejos. E implicara a tantos en un delito que comenzó a gestarse, organizarse y también a ejecutarse antes del ecuador de la legislatura. No ha elegido peor momento porque avanzamos directamente hacia una situación de alarma en Europa en la que todos los miembros de la Unión Europea van a entender el desvarío separatista de Mas y compañía como una agresión a la estabilidad común. Y no es nada improbable que pronto sean otras capitales europeas las que presionen al Gobierno español, al saliente o al entrante, para que tome medidas más severas contra el delito del separatismo, de traición, que hasta ahora han observado con más incredulidad que indignación.

Un caudillo regional dedicado a desestabilizar a España es lo último que quieren soportar ahora quienes van a tener que tomar gravísimas medidas por una crisis de refugiados en la que nos jugamos, y ahora va en serio, la supervivencia de la UE. Y nuestra seguridad. Los problemas a los que se enfrenta ahora Europa ya no son de dinero. Son mucho peores por ello. Son fortísimas las tensiones en Alemania y Suecia, los dos países que más refugiados han recibido. Lo son las que se producen en los países de paso de los refugiados en los Balcanes y Centroeuropa, que ven sus fronteras convertidas en causa de conflicto y potencial escenario de catástrofes. El cierre de una sola de esas fronteras, por no hablar de la alemana, puede provocar allí un empantanamiento de centenares de miles de personas en este invierno con el peligro de gravísimos disturbios. La propia Merkel ha hablado del riesgo de conflictos armados en los Balcanes. Las masas que se han puesto en movimiento para llegar a Alemania -400.000 han llegado a Baviera solo desde septiembre- no se han dejado ni dejarán frenar ni disuadir por las fronteras o fuerzas armadas. Nadie descarta ya ni el uso de la fuerza ni una catástrofe humana.

Pero en primer orden está en juego la cancillería de Alemania. Ni más ni menos. Los apoyos a Angela Merkel se debilitan con rapidez inaudita. La revuelta de las bases comenzó poco después de su decisión del 4 de septiembre de aceptar a todos los refugiados que quieran ir a Alemania. Hoy el malestar contra ella se extiende por toda la sociedad. En el partido está cada vez más aislada. La canciller ha asumido esta causa de los refugiados como su bandera política irrenunciable, con la que triunfará o caerá. Dicen miembros destacados del partido que sus posibilidades de mantenerse se deben ante todo a que no hay un sustituto de consenso en el partido. Wolfgang Schäuble tiene en su contra su paraplejia, debida a un atentado, y sus difíciles relaciones con muchos aliados europeos. Pero el reto capital va a ser mantener la cohesión y unidad europea. Países centroeuropeos se rebelan abiertamente contra los intentos de Merkel de compartir la política de refugiados. Y en el oeste las dificultades son más discretas, pero no menores. Nadie oculta el regalo que para el Frente Nacional en Francia supone la situación en permanente deterioro. Así las cosas, la España unida es un imperativo para los europeos, que si en algo están de acuerdo con Merkel hoy es en que el nacionalismo es la plaga a combatir en un momento de extrema gravedad.

LA GENERALIDAD DESAFÍA AL TRIBUNAL Y AFIRMA QUE OBEDECERÁ AL PARLAMENTO "SOBERANO"

Mazazo del TC a la sedición

Mazazo del TC a la sediciónAmpliar  

11/11/2015@19:34:10 GMT+1

Por EL IMPARCIAL/Efe

Como se esperaba, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central y, suspende, de esta forma la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán con los votos de Juntos por el Sí y la Cup. A pesar de que el TC ha advertido de resposabilidades penales para 21 cargos del actual Gobierno catalán en funciones en caso de desobediencia, la Generalidad ya ha afirmado que obedecerá al Parlamento "soberano".

El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán el pasado lunes. Al admitir a trámite la impugnación presentada contra la misma por el Gobierno central, y tal y como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, se suspende de manera automática la resolución un plazo máximo de cinco meses.

El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento. ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalidad en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol. Un total de 21 cargos a los que avisa de que incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión. A todos se les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.

La Generalidad, desafiante: obedecerá al Parlament

Por su parte, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlamento catalán "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" el Tribunal Constitucional para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña. Munté ha recalcado que la resolución de inicio del proceso independentista fue aprobada por una mayoría absoluta de un Parlamento constituido tras unas elecciones, por lo que ha juzgado que existe una "clara legitimidad" para aplicarla.

En este sentido, ha garantizado "un estricto cumplimiento de un mandato de nuestro Parlamento soberano". Así, Munté ha remarcado que la voluntad del ejecutivo es "seguir" con la resolución y ha añadido: "No es una desobediencia (al TC), sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento".

La vicepresidenta ha acusado al Gobierno del PP de "utilizar" el TC para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña. Ha admitido que le "sorprenden" las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando dice que actúa en defensa de los catalanes, porque, según Munté, en Cataluña hace tiempo que se "echa en falta" la defensa desde el Estado de los derechos de los catalanes. Asimismo, ha replicado a Rajoy que "la democracia no está en juego en Cataluña; al contrario, se está defendiendo y goza de buena salud".

El Gobierno, satisfecho

Mientras, el Gobierno ha expresado este miércoles su satisfacción por la decisión del Constitucional y considera que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones. El Gobierno llama la atención sobre el hecho de que en 48 horas se haya dejado sin efecto esa resolución con el recurso presentado por el Ejecutivo y con la aprobación del mismo por parte del Tribunal Constitucional. "Esto demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley en España", han subrayado las fuentes citadas.

Desde el PP, el vicesecretario de Acción Sectorial Javier Maroto, ha considerado que la decisión del TC da un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, y se produce por la "contundencia" del Gobierno. Maroto también ha considerado que la decisión del TC debería hacer reflexionar a los promotores de la resolución independentista y ha insistido en que la respuesta del Gobierno es "contundente y proporcional", "una receta -ha dicho- que tendrá éxito". Además, ha recordado que la decisión de acudir al Constitucional está consensuada con el resto de las fuerzas políticas.

De hecho, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha sumado al entusiasmo del PP y ha destacado que la resolución del TC asegura que "sea quien sea el presidente de la Generalidad, por suerte no podrá saltarse las leyes", pero en todo caso ha llamado a explorar una mayoría alternativa de gobierno. "La resolución del TC no puede sorprender a nadie. Lo que ha pasado hoy es lo que pasa en cualquier país democrático del mundo, que es que cuando unos políticos se quieren saltar leyes democráticas y la justicia, los tribunales actúan. Si a pesar de todo, los miembros de Mesa del Parlament siguen adelante y se saltan la resolución, estaría pasando una desobediencia supina a nuestra justicia", ha advertido.

"Intentaremos sumar esfuerzos para crear una alternativa política. Y, si no, la otra solución serán unas nuevas elecciones", ha dicho. "Pero hay margen para reconducir esta situación política, solo falta la voluntad de algunos que deben volver al camino de la democracia, el 'seny' y el respeto a las leyes democráticas".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado también su confianza en la democracia y el respeto a la sentencia del Constitucional. Sánchez ha querido mandar un mensaje al conjunto de los españoles y catalanes, a los que les ha mostrado su confianza de que "con la ley y la política se va a poder vencer al independentismo". Asimismo, ha asegurado estar convencido de que la mayoría de los catalanes apuestan por cumplir con la vía de la legalidad.

Sánchez ha manifestado que algunos "confunden patria con patrimonio que se llevan a paraísos fiscales" y ha asegurado que la patria para los socialistas "son las aulas de los colegios públicos y las habitaciones de los hospitales públicos". Aún así, el candidato a la presidencia del PSOE ha querido subrayar que lo único que tienen en común con el presidente del Gobierno es el respeto a la Constitución, la cohesión territorial y la igualdad de los españoles y ha mostrado su confianza en "que el PP sean tan leal cuando sea oposición con el Gobierno socialista" como lo es el PSOE.

Después de Mas

El Parlament niega su elección. Peor: la impugna. El presidente saliente debe irse

EL PAÍS 11 NOV 2015 - 00:00 CET

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Un gesto de contrariedad de Artur Mas en su escaño, durante la segunda jornada del debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat. / ANDREU DALMAU (EFE)

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Si Artur Mas exhibiese fuste de líder, reciedumbre moral y envergadura histórica no se habría arrastrado ante las radicales exigencias de la CUP para templar gaitas, congraciarse con los postulados antisistema, implorar dos votos e intentar asegurarse así su reelección como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Para actuar como una persona de convicciones, y no de meras conveniencias personales, se necesita algo más que la deslealtad táctica (agrupa a unos y otros para desestabilizarlos después), el engaño leguleyo (promete atenerse a la legalidad y enseguida perpetra ilegalidades) y la trampa permanente (confunde, amenaza y veja hasta a sus propios consejeros): modos de conducta en los que desde hace meses Mas está concienzudamente doctorándose.

El líder de lo que queda de Convergència, esa heteróclita amalgama de ineficacia, ensoñaciones, nepotismo y corrupción, podría haber reivindicado el liderazgo del independentismo (si de verdad creyera en él) desafiando a los recién llegados y planteándoles un verdadero ultimátum.

Lo hizo ayer en sordina y sin elegancia. En efecto, se autoproclamó como la mejor garantía posible para el triunfo del secesionismo —lo que de rebote inquiere sobre la solidez del mismo, al depender de una sola persona—, pero sin exhibir la grandeza de ceder el testigo a cualquiera de los mejor colocados para sucederle.

Ya se sabe desde hace días que Mas es, políticamente, un cadáver viviente y un peso muerto incluso para los suyos. Desde el debate de investidura de ayer, la oposición (y el secesionismo radical) no se limita a distanciarse del gobernante en funciones. Se ve impelida a oponerse a sus triquiñuelas —como la de erigirse en campeón de la redistribución, la justicia social y la protección de los desheredados— no solo con la negativa a su reelección. Va más allá: exige activamente su renuncia, por sus ambigüedades, sus deslealtades y su carácter de responsable político de los corruptos locales. Inés Arrimadas (Ciudadanos) destacó que quien ha llevado a los catalanes al desastre no puede ser quien los saque de él. Miquel Iceta (PSC) le desautorizó por ser el verdadero autor de la resolución de insurgencia. Y Antonio Baños (CUP) le recriminó no comprometerse contra la corrupción alojada en su partido.

Así que Mas recibió ayer una ominosa negativa a su patético esfuerzo por ser reelegido, exacta imagen de que la pretendida mayoría independentista es un (eso sí, amplio) conjunto vacío, carente de apoyos indispensables. Y que esta negativa se repetirá el jueves. Y que, como en ausencia de presidente no hay Gobierno que pueda proponer leyes, ni Parlamento lo suficientemente constituido como para presentarlas desde los grupos parlamentarios, no despegarán las leyes de “desconexión”.

El empeño de Mas perjudica, por su osadía antiestatutaria y anticonstitucional, al conjunto de los catalanes, destruye la estrategia propia y la de sus aliados de la CUP. Como esta propone ya un candidato alternativo (Raül Romeva) a Mas, no le queda a él sino renunciar: el uno por el otro. Al Mas posterior a Mas le quedaría el consuelo de reencarnarse en una tercera opción, su vicepresidenta Neus Munté. O en algún otro edecán impoluto. Salvo que opte por naufragar más en otras elecciones.

LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA »

Los 21 cargos catalanes que pueden ser inhabilitados

Estos son los miembros del Parlament y del Gobierno catalán que serán suspendidos si desobedecen al Constitucional

El Gobierno advierte de que 21 cargos catalanes pueden ser suspendidos

EL PAÍS Barcelona 11 NOV 2015 - 15:56 CET

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La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, registra el texto en el Constitucional.

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En el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha presentado este miércoles se señala una lista de 21 altos cargos catalanes que corren el riesgo de ser inhabilitados si desobedecen la más que previsible suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la resolución soberanista. En su impugnación, el Gobierno pide que se haga a estos cargos un “apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones”. El pleno del Alto tribunal debate esta tarde el recurso del Ejecutivo español.

Los cargos afectados por esta posible suspensión son los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán en funciones. Concretamente, los nombres son los siguientes:

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Carme Forcadell

Presidenta del Parlamento de Cataluña. Carme Forcadell figuraba como número dos de Junts pel Sí. Antes fue presidenta de la Assemblea Nacional Catalana y exconcejal de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell.

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Artur Mas

Presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña. Artur Mas es el candidato de Junts pel Sí para repetir como jefe del Ejecutivo, aunque no ha logrado el apoyo necesario.

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Lluís M. Corominas

Vicepresidente primero de la Mesa del Parlament y secretario general adjunto de Convergència Democràtica. Corominas es diputado en la Cámara catalana por Junts pel Sí.

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José María Espejo-Saavedra

Vicepresidente Segundo de la Mesa del Parlament y diputado de Ciutadans.

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Anna Simó

Secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada de Junts pel Sí. Anna Simó es militante de Esquerra Republicana.

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David Pérez

Secretario segundo de la Mesa del Parlament y diputado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

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Joan Josep Nuet

Secretario tercero de la Mesa del Parlament, diputado por Catalunya Sí que es Pot y militante de Esquerra Unida y Alternativa.

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Ramona Barrufet

Secretaria Cuarta de la Mesa del Parlament y diputada por Junts pel Sí. Militante de CDC.

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Pere Sol

Secretario General del Parlamento. Funcionario de la Cámara catalana.

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Neus Munté

Vicepresidenta del Gobierno catalán y consejera de Bienestar Social y Familia en funciones. Munté es diputada por Junts pel Sí (CDC).

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Francesc Homs

Consejero de la Presidencia en funciones. Homs es el candidato de Convergència para las elecciones generales del 20 de Diciembre.

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Meritxell Borràs

Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales en funciones (CDC). Borràs no repite como diputada en esta legislatura.

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Andreu Mas-Colell

Consejero de Economía y Conocimiento en funciones. Mas-Colell no repite como diputado en esta legislatura.

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Irene Rigau

Rigau es consejera de Enseñanza en funciones y diputada por Junts pel Sí.

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Boi Ruiz

Consejero de Salud en funciones. Ruiz no repite como diputado en esta legislatura.

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Jordi Jané

Consejero de Interior en funciones. Jané no repite como diputado en esta legislatura.

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Santi Vila

Consejero de Territorio y Sostenibilidad en funciones. Vila no repite como diputado.

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Ferran Mascarell

Consejero de Cultura en funciones. Mascarell no repite com diputado.

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Jordi Ciuraneta

Consejero de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación en funciones. Ciuraneta no repite com diputado.

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Felip Puig

Consejero de Empresa y Empleo en funciones. Puig no repite com diputado.

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Germà Gordó

Consejero de Justicia en funciones y diputado por Junts pel sí. Gordó es militante de CDC.

El Papa advierte de la incomunicación que crean las nuevas tecnologías

Francisco afirmaba hoy que «cuando los hijos están en la mesa pegados al teléfono o a la «tableta» y no se escuchan entre ellos, esto no es una familia»

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El Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano

El Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano

JUAN VICENTE BOO Corresponsal En El Vaticano - 11/11/2015 a las 12:40:46h. - Act. a las 14:26:09h.

Guardado en: Sociedad

Saliendo al paso de un problema grave en las sociedades ricas, el Papa Francisco ha advertido este miércoles que «cuando los hijos están a la mesa pegados al teléfono o a la tableta, y no se escuchan entre ellos, esto no es una familia. ¡Es una pensión!». Cuanto más teclean en sus respectivos aparatos, más se aíslan de quienes les rodean.

Ante unos cuarenta mil peregrinos que participaban en la audiencia general a pesar del frio, el Santo Padre continuó su catequesis sobre la familia advirtiendo que «la convivialidad es un termómetro seguro para medir la salud de las relaciones. Si en una familia hay algo que no va o alguna herida oculta, a la mesa se nota enseguida».

Según Francisco, «una familia que no come junta casi nunca, o que no habla en la mesa sino que ve la televisión o cada uno su teléfono, es una familia poco familiar».

El Papa advirtió que la sociedad contemporánea, con los horarios de trabajo, las distancias, etc. «pone muchos obstáculos a la convivialidad familiar. Por eso tenemos que recuperarla». Se logra teniendo presente que «en la mesa, se habla; en la mesa, se escucha. Nada de silencios que son el silencio del egoísmo, del teléfono, del televisor… Hay que recuperar la convivialidad adaptándola a nuestro tiempo».

Pasando al plano religioso, Francisco afirmó que «los cristianos tenemos una especial vocación a la convivialidad. Jesús no desdeñaba comer con sus amigos. Y representaba el Reino de Dios como un banquete alegre. Fue también en una cena donde entregó a sus discípulos su testamento espiritual, e instituyó la eucaristía».

La familia cristiana no debe cerrarse en sí misma, aislarse, sino «dilatarse en la Eucaristía”, abriéndose a otras familias, una actitud muy importante “en este tiempo de tantos cierres y de demasiados muros».

Con buen humor, el Papa recordó que «prácticamente hasta ayer, bastaba una mama para cuidar a todos los niños del patio de vecinos».

Ahora todo es más complicado, pero «sabemos bien la fuerza que gana un pueblo cuando los padres están dispuestos a proteger a los hijos de los demás porque los consideran un bien para todos». Un sano espíritu de responsabilidad personal y ciudadana resolvería muchos problemas

El Consejo de Estado ve «insumisión» en la resolución independentista

Aprueba por unanimidad el informe en el que se apoyará el Gobierno para impugnar el plan secesionista ante el TC

NATI VILLANUEVA / MARIANO CALLEJA Madrid - 10/11/2015 a las 21:18:52h.

La resolución independentista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña implica la «vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución» y una «declarada insumisión» a las instituciones del Estado. Así lo considera el Consejo de Estado, que por unanimidad, y con la celeridad que le pidió el día anterior el presidente del Gobierno, emitió ayer el informe que servirá de base a la Abogacía del Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional la «desconexión democrática» proclamada por la Cámara autonómica. El órgano consultivo cree que existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Ejecutivo plantee su recurso. Con su informe -que no es vinculante, aunque sí obligatorio-, el Consejo de Estado allana el camino para declarar inconstitucional el último desafío secesionista.

Esta mañana se reunirá el Consejo de Ministros con carácter extraordinario para autorizar la impugnación de la resolución por parte de la Abogacía del Estado. A continuación, se presentará el escrito en el registro del Tribunal Constitucional, que previsiblemente celebrará esta misma tarde un pleno extraordinario. En virtud del artículo 161.2. de la Carta Magna, la mera admisión del recurso implica su suspensión automática durante un periodo de cinco meses tras los que el TC tendrá que decidir si levanta o mantiene esta medida. El plan rupturista quedará bloqueado dentro de unas horas y cualquier iniciativa tendente a desarrollarlo será castigada.

Es un acto jurídico

El Consejo de Estado no tiene dudas de que la resolución de la ruptura es susceptible de impugnación. No es un acto político, sino un acto jurídico en toda regla, señala en el informe al que ha tenido acceso ABC. «De manera clara y difícilmente controvertible (la resolución) contiene manifestaciones relativas a las condiciones jurídico-políticas» para la actuación del propio Parlamento de Cataluña», al que se califica como depositario de la soberanía nacional «y expresión del poder constituyente» (apartado sexto).

Además, en la resolución hay «verdaderas manifestaciones de voluntad», que se traducen en la declaración sobre el inicio del «proceso de creación de un estado catalán independiente» y en la apertura de un proceso constituyente para preparar las bases de la futura constitución catalana (apartados segundo y tercero).

El órgano consultivo recuerda, además, que el documento de la ruptura fija también un plazo máximo para iniciar la tramitación de leyes específicas vinculadas a tal proceso constituyente (apartado quinto), expresa la voluntad del inicio de negociaciones con el fin de hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente (apartado noveno) y de que el Parlamento y el denominado proceso de desconexión «no se supeditan a las decisiones de las instituciones del Estado español». Todo esto le lleva a concluir que, en cuanto a la forma y efectos, la resolución independentista «expresa palmariamente un contenido con pretendido efecto jurídico».depositario de la soberanía nacional «y expresión del poder constituyente»

En lo que se refiere al fondo del plan rupturista, el Consejo de Estado lo resume en dos «contenidos básicos» que, a su juicio, son inconstitucionales: el primero es la decisión de iniciar un proceso constituyente que conduzca a la creación de un Estado independiente; el segundo, desarrollar ese proceso sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular a las del Tribunal Constitucional.

Autonomía no es soberanía expresa la voluntad del inicio de negociaciones con el fin de hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente

Respecto al primero de los apartados, el Consejo de Estado, al igual que la Abogacía del Estado, aprecia una correlación clara entre las nociones de poder constituyente y poder soberano. Desde esta perspectiva, el Parlamento catalán no puede arrogarse un poder que no tiene, pues el artículo 1.2 de la Constitución atribuye con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español. El Parlamento de Cataluña no solo contraviene así la Constitución, sino que está actuando al margen de su condición institucional, pues «asume determinaciones para las que carece de capacidad». «Cataluña ostenta autonomía, no soberanía, y se configura como un poder constituido en virtud del poder constituyente del Estado a través de la Constitución y su Estatuto de Autonomía», recuerda.

Respecto al segundo apartado (el no sometimiento a las decisiones de las instituciones democráticas), la resolución conculca el principio de primacía de la Constitución como norma fundamental (artículo 9.1). Contravenir este principio es aún más grave en este caso, dice el Consejo de Estado, porque lo decide una institución parlamentaria y se dirige como instrucción al futuro gobierno de la Generalitat, «ambos órganos revestidos de la condición de poderes públicos». A juicio del órgano consultivo, la proyectada desobediencia de las decisiones del Tribunal Constitucional «supone un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de Derecho en España, que es el establecimiento de una garantía jurisdiccional específica y suprema de la vigencia y efectividad del orden constitucional».

Notificación en mano

En la impugnación que hoy llegará a la mesa del TC la Abogacía del Estado solicita a los magistrados que notifiquen la providencia de suspensión de la resolución a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, «y en su caso a la persona» que sea nombrada para el desempeño de ese cargo; a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán; al secretario general de la Cámara autonómica y a todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Además, solicita al TC que en esa misma notificación se imponga a Forcadell y al secretario general del Parlamento «la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma de consideración, ni para su debate o votación iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida». Quiere también que se prohíba al presidente de la Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno promover iniciativas con la misma finalidad bajo apercibimiento expreso de suspensión de funciones.

Respecto al primero de los apartados, el Consejo de Estado, al igual que la Abogacía del Estado, aprecia una correlación clara entre las nociones de poder constituyente y poder soberano. Desde esta perspectiva, el Parlamento catalán no puede arrogarse un poder que no tiene, pues el artículo 1.2 de la Constitución atribuye con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español. El Parlamento de Cataluña no solo contraviene así la Constitución, sino que está actuando al margen de su condición institucional, pues «asume determinaciones para las que carece de capacidad». «Cataluña ostenta autonomía, no soberanía, y se configura como un poder constituido en virtud del poder constituyente del Estado a través de la Constitución y su Estatuto de Autonomía», recuerda.

Respecto al segundo apartado (el no sometimiento a las decisiones de las instituciones democráticas), la resolución conculca el principio de primacía de la Constitución como norma fundamental (artículo 9.1). Contravenir este principio es aún más grave en este caso, dice el Consejo de Estado, porque lo decide una institución parlamentaria y se dirige como instrucción al futuro gobierno de la Generalitat, «ambos órganos revestidos de la condición de poderes públicos». A juicio del órgano consultivo, la proyectada desobediencia de las decisiones del Tribunal Constitucional «supone un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de Derecho en España, que es el establecimiento de una garantía jurisdiccional específica y suprema de la vigencia y efectividad del orden constitucional».

Notificación en mano

En la impugnación que hoy llegará a la mesa del TC la Abogacía del Estado solicita a los magistrados que notifiquen la providencia de suspensión de la resolución a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, «y en su caso a la persona» que sea nombrada para el desempeño de ese cargo; a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán; al secretario general de la Cámara autonómica y a todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Además, solicita al TC que en esa misma notificación se imponga a Forcadell y al secretario general del Parlamento «la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma de consideración, ni para su debate o votación iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida». Quiere también que se prohíba al presidente de la Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno promover iniciativas con la misma finalidad bajo apercibimiento expreso de suspensión de funciones