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Hace 14 horas
El uso de niños por parte de la Generalitat no cesa. En las últimas semanas los menores han sido protagonistas y manipulados a manos de las estructuras soberanistas con el objetivo de ser adoctrinados a favor de la causa separatista. El escenario es variopinto: en el día de la Diada, en los centros escolares, en programas infantiles pilotados por el canal de televisión público TV3 –«Info-K»– son sólo algunos ejemplos de estas prácticas que ya han sido denunciadas incluso ante el Parlamento Europeo.
El último acto fue el pasado 18 de noviembre, fecha en la que la Plataforma Per la Llengua –entidad subvencionada por el Govern– organizó una macrofiesta, inicialmente dirigida a niños. Sin embargo, el transcurso de la jornada, al que acudió la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, resultó ser contradictorio con el objetivo de la fiesta: en este evento se realizaron varios actos de propaganda política, y se llegó a reivindicar la libertad de los políticos encarcelados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de delitos de sedición. Como se muestra en la fotografía bajo estas líneas se realizaron talleres «infantiles» en una suerte de escenario propagandístico, del que colgaba un cartel que pedía la liberación de los «Jordis» y los miembros del Govern, encarcelados desde el 16 de octubre y el 2 de noviembre.
El hecho de que una entidad que recibe financiación pública organice una actividad infantil para promover una ideología política ha sido ya duramente criticado por muchos políticos. En esta ocasión, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, ha dado traslado de estos acontecimientos al Síndic de Greuges, el defensor del menor catalán, para protestar por «los actos de propaganda política» de ese día. Según explica la eurodiputada liberal en un escrito dirigido a la adjunta al Síndic, María Jesús Larios, en el evento «se reivindicó la libertad de los políticos encarcelados por haber cometido varios delitos que figuran en el Código Penal y por los cuales se encuentran actualmente en sus respectivos procesos judiciales». No es la primera vez que la representante española se dirige al Síndic por este motivo. En una respuesta anterior, el organismo catalán ya recordó que «el posicionamiento político o ideológico de la dirección, del cuerpo docente o de algunos miembros de la comunidad educativa de una escuela en relación con la situación sociopolítica del país, no tienen que involucrar al alumnado».
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