Una reforma urgente
La nueva financiación autonómica tiene que garantizar el Estado de Bienestar
La reforma de la financiación autonómica se ha convertido en los últimos meses en un auténtico avispero político. Las razones de este enconamiento autonómico son varias, pero destacan dos. La primera y principal es la absurda y negligente demora del Gobierno en encarar un problema, el del desequilibrio de financiación entre autonomías, que constituye una bomba de relojería capaz de producir graves tensiones políticas a corto plazo. La torpeza del Gobierno no puede excusarse en la eclosión del problema catalán, por muy grave que sea este. Solo una justificación cabe para tan irresponsable aplazamiento (superior ya a dos años): que el Gobierno carece de un criterio claro para abordar una reforma compleja y potencialmente conflictiva.
La segunda razón para el encrespamiento político de las autonomías es la aprobación de un cupo vasco, que ha subrayado las carencias financieras de otras autonomías. La percepción pública es que el Gobierno paga con una sobrefinanciación, calculada además de forma poco transparente, el apoyo político del PNV en algunos momentos delicados. Algunos Gobiernos autonómicos han descubierto lo que desde mucho tiempo atrás era evidente: que no existe un sistema de financiación normalizado para pagar los servicios públicos a cargo de las autonomías; que dicha financiación es bilateral y responde a compensaciones arbitrarias, con poca relación con las necesidades reales de gasto, a cambio de apoyos políticos. Algunas comunidades han caído en la cuenta, estupefactas, que si ayer estaban suprafinanciadas hoy han caído en infrafinanciación (Valencia); otras como Andalucía se encuentran a la espera de recursos que nunca llegan.
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Por mucha prisa que ahora se dé el Gobierno, lo más probable es que el nuevo sistema no esté listo en esta legislatura. Lo que importa es que existan ideas claras sobre cómo hay que proceder y que haya margen para el acuerdo. El primer paso (y el más difícil) es determinar cuál es el grado de solidaridad entre territorios que debe tener el nuevo sistema. El segundo paso, en línea con las recomendaciones de la comisión de expertos, tiene que ser la simplificación institucional. Basta con un Fondo, el de Garantía, y quizá los tres restantes tengan que ser refundidos en uno solo, para calcular de forma clara el gasto por unidad en función de la población ajustada en cada territorio. Los ingresos tienen que garantizar el Estado de bienestar en cada territorio. Para ello, es obligado armonizar las bases imponibles y liquidables de los impuestos cedidos. Los Gobiernos autonómicos han de poder subir el IVA y los impuestos especiales, pero de forma colegiada, para evitar diferencias graves entre comunidades. Hay que limitar la capacidad de endeudamiento (así no sería necesario condonar deuda, como propone Iceta), e incentivar la corresponsabilidad fiscal.
El sistema de financiación resultante tiene que basarse en un procedimiento estándar, predeterminado en cada uno de sus cálculos y ajustes, con poco margen para la arbitrariedad política. Y debe contar con un mecanismo de estabilización en fases recesivas o de crisis. La ausencia de un mecanismo así ha agravado las diferencias percibidas en unas y otras comunidades.
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