Si los sediciosos revalidan su derecho a seguir gobernando lo harán, sin duda, con el refuerzo moral que les otorgará la victoria en una consulta democrática e impoluta.
Faltan pocos días -la contabilidad casi admite el cómputo horario- para que las urnas nos digan si los triunviros del 155 acertaron o se equivocaron al invocar el precepto constitucional más contundente que existe en materia de asunción de competencias autonómicas con el propósito casi exclusivo de convocar elecciones inmediatas. Los artífices de la decisión siempre han dado por supuesto que hicieron lo correcto. Los sufridores de sus consecuencias, ya sean prófugos, reclusos, lugartenientes o infantes independentistas, sostienen lo contrario. Pronto sabremos quién está en lo cierto y quién está en Babia.
El objetivo que se buscaba, según nos ha explicado Rajoy en innumerables ocasiones, era el de devolver la actividad política en Cataluña al cauce de la ley. Una pretensión inobjetable. No solo legítima, sino seguramente obligatoria para cualquier Gobierno que quiera ceñir su conducta al papel que se le asigna en un Estado de derecho. Las dudas que ha suscitado desde el principio la aplicación del artículo de marras no derivan del qué. Derivan del cómo. No es el propósito que se persigue lo que está en cuestión. Lo que suscita controversia es la implementación de las medidas elegidas para alcanzarlo.
¿Basta con haber convocado elecciones en el plazo más breve posible? ¿Serán las urnas el bálsamo de fierabrás que acabe de un plumazo con la rebelión de los separatistas? ¿No le habremos dado a los promotores del procés la oportunidad de capitalizar la votación en beneficio propio? No importa mucho lo que diga la teoría. En la práctica son unas elecciones que tienen un carácter plebiscitario indudable. Si los sediciosos revalidan su derecho a seguir gobernando lo harán, sin duda, con el refuerzo moral que les otorgará la victoria en una consulta democrática e impoluta. El riesgo es enorme.
De hecho, Rajoy solo podrá argumentar que acertó con la tecla adecuada si ocurre alguna de estas tres cosas: que el nuevo presidente -o presidenta- de la Generalitatsea constitucionalista, que lo sea un independentista pragmático dispuesto a respetar los preceptos constitucionales, o en el peor de los casos, que la formación del Gobierno se complique tanto que se haga inevitable la repetición electoral y que la vigencia del 155 tenga que prolongarse -fuera de guión- por una larga temporada. Mínimo, otros cuatro meses. De esa forma, los efectos benéficos de su acción terapéutica tendrían más tiempo para hacer efecto.
Las posibilidades de que se dé el primer supuesto son muy pequeñas. Si no se equivocan todas las encuestas -todas significa todas-, son casi nulas. Que la suma de Ciudadanos, PSC y PP alcance la cifra taumatúrgica de los 68 escaños es algo que ningún arúspice ha contemplado jamás durante la campaña, si bien es cierto que Metroscopia, en el pronóstico que arriesgó el pasado jueves, situó esa hipótesis a tiro de piedra. La única alternativa posible para situar a un constitucionalista al frente del Govern, por lo tanto, parece pasar por la voluntad de Podemos. Y seguramente no bastará con que se abstenga.
Podemos también tiene la llave, según casi todos los pronósticos -aunque aquí sí cabe imaginar otras opciones-, para hacer inviable la formación del nuevo Gobierno y prolongar por la vía de los hechos la fecha de caducidad del 155. El mero hecho de que sea el mundo podemita quien esté en disposición de darle al PP lo que más le conviene -ya sea un Gobierno liderado por Arrimadas o Iceta, o en último término más tiempo para que se vaya diluyendo la fuerza de la insurrección- explica por sí solo el enorme riesgo, y el poco futuro, de la apuesta de Rajoy. Lo normal es que Iglesias le deje colgado de la brocha.
Queda la alternativa de que Junqueras o Puigdemont, ya sea en primera persona o a través de vicarios de urgencia, repudien el desafío unilateral y regresen al cauce de la ley. Si ERC y PDeCAT tuvieran que gobernar juntos esa hipótesis parece descabellada. El sábado, la ANC difundió un comunicado en el que afirmaba que sólo respaldaría a las fuerzas políticas que se comprometieran a consolidar la República, a restituir al Gobierno legítimo -el que surgió de las urnas de septiembre de 2015- y a iniciar el proceso constituyente. ¿Serían capaces los líderes separatistas de darle la espalda a las demandas de sus bases?
La renuncia a la unilateralidad del proceso sedicioso solo admite, me parece a mí, la encarnación transversal de un convenio tripartito suscrito por ERC, PSC y Podemos. El problema es que no solo se trata de un acuerdo aritméticamente dificultoso -sobre todo tras las buenas expectativas electorales de Puigdemont-, sino que exigiría de los socialistas el compromiso de trabajar en defensa de un referéndum pactado. ¿Acaso sería esa una buena noticia? ¿Podría decir el Gobierno que ha normalizado la política catalana si lanza a los socialistas a defender la legitimidad del derecho de autodeterminación?
Y si no es así, ¿qué otra cosa podemos esperar del formato elegido para aplicar el 155? Si alguien tiene una respuesta esperanzadora a esa pregunta, le pido por favor que me la haga llegar. Mi atribulado espíritu le quedará eternamente agradecido.
Postdata: absténganse los defensores a ultranza de Rajoy. Doy por hecho que él es el genio que nos ha salvado de todos los males, pasados presentes y futuros y que yo solo soy un gilipollas miope y resentido. Más allá de esa verdad axiomática, ¿alguna proposición aristotélica en la que basar cierta dosis de optimismo?
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