Las claves de la extradición de Anna Gabriel a España
El juez ha ordenado la detención nacional de la exdiputada de la CUP, sin pedir su arresto internacional ni decretar su ingreso en prisión
MadridActualizado:
La Justicia busca la fórmula adecuada para traer a España y juzgar -en el estricto terreno de juego de la ley española, sin limitaciones externas- a los líderes independentistas fugados. Con esa intención, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó ayer la detención de Anna Gabriel, y ganó tiempo para exponer ante Suiza los indicios para juzgarla por un delito de rebelión, más sólidos que hace cuatro meses, y solicitar su entrega a España. La exdiputada del partido radical de la CUP, que se encuentra fugada en Suiza, desatendió la llamada del juez, que la citó a declarar ayer a las 09.30 de la mañana como investigada.
¿Qué hará Suiza?
Suiza avanzó ayer que rechazaría una demanda de extradición de España si se sostiene en motivos políticos. El Gobierno suizo tendría la última palabra para autorizar la entrega, pero las autoridades judiciales valorarían si los delitos por los que se acusa a Anna Gabriel existen y están contemplados así en la ley suiza.
¿En qué se base la entrega?
Esa equivalencia en la legislación penal, el principio de doble incriminación, es un requisito necesario para el éxito de la extradición. En la ley suiza existen delitos contra el Estado y alta traición, que podrían asimilarse a la rebelión. Aun así, el Gobierno suizo podría rechazarla si considera que es una persecución política.
¿Qué ha ordenado Llarena?
El juez ha ordenado la detención nacional de la exdiputada de la CUP, sin pedir su arresto internacional ni decretar su ingreso en prisión, pasos necesarios para reclamar la extradición. Evita así poner en marcha de forma inmediata el proceso de extradición, cuyo éxito no está todavía asegurado.
¿Qué busca la Justicia?
El objetivo de la Justicia es hallar el mejor momento y la fórmula adecuada para garantizar la entrega de Gabriel y Puigdemont y su enjuiciamiento según la ley española, sin limitaciones externas. Una opción es solicitarla tras el procesamiento de los investigados, con una resolución fundamentada con todos los indicios.
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