El juez procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Turull, los Jordis y otros 8 líderes secesionistas
El caso avanza hacia el juicio oral, que se prevé en noviembre, el primero en democracia contra los gobernantes catalanes por el plan secesionista. Llarena deja fuera del auto al expresidente Mas, a Marta Pascal y a Neus Lloveras
MadridActualizado:
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes por rebelión a trece líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y siete antiguos consejeros de su gobierno.
Los procesados son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carme Forcadell, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados.
El juez ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Son los únicos 3 de los 28 investigados en el Supremo por el «procés» hacia la independencia unilateral de Cataluña que no han sido procesados por el magistrado.
Entre los doce que no han sido procesados por rebelión, sino por desobediencia y/o malversación, están tres de los siete fugados: Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCat) y Meritxel Serret (ERC).
Con este paso, el juez expresa sus conclusiones sobre la causa y escribe el relato que condensa el camino delictivo de los líderes secesionistas para empujar hacia la independencia. El caso avanza hacia el juicio oral, que se prevé en noviembre, el primero en democracia contra los gobernantes catalanes por el plan secesionista ilegal. El magistrado considera que los líderes independentistas alentaron una insurrección, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado.
Libro Blanco de la Transición
En el auto, Llarena relata los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos 6 años en relación con el proceso secesionista, en lo que considera un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, al margen de la legalidad vigente.
El magistrado sitúa el inicio de este concierto el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de CiU Artur Mas firmó con el presidente de Esquerra Republica de Cataluña Oriol Junqueras el «Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya», un acuerdo que determinó el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat.
Llarena destaca la importancia del llamado «Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña», presentado públicamente por Artur Mas en septiembre de 2014, que proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación de Cataluña y que ha venido marcando desde entonces la hoja de ruta para el proceso de transición de Cataluáa hacia un país independiente.
Ese libro «contempló distintos procedimientos para la creación del nuevo Estado, en función de que la independencia pudiera alcanzarse mediante un marco de colaboración negociada con el Gobierno español, o que, por el contrario, se desplegaran instrumentos de oposición a la independencia por parte del Estado. Esto es, no era la independencia la consecuencia de una falta de negociación con el Estado, sino el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso, primeramente mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse».
Un plan concertado
Paralelamente a que el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña desarrollaran el contenido del Libro Blanco, en marzo de 2015 se amplió el concierto de actuación ilegal «a otras agrupaciones distintas de los partidos políticos que conformaban la mayoría política que prestaba soporte al Gobierno de la Generalidad y que habían firmado el pacto de legislatura». De este modo, añade el juez, se acordó una hoja de ruta respecto del proceso independentista entre los partidos políticos CDC y Esquerra con las entidades soberanistas Omnium, ANC y la Asociación de Municipios para la Independencia.
En relación con la actuación del gobierno de la Generalitat en este contexto, el juez destaca que los ex consellers procesados «pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias (...) y pese a la suspensión y nulidad de los decretos para la celebración del referéndum, los órganos ejecutivos de la Generalitat de Cataluña continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de Estado (que permitirían una efectiva independencia conforme a las previsiones del Libro Blanco), así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía, tal y como ya habían hecho a lo largo de toda la legislatura, además de desplegar la actuación que consideraron precisa para llevar a término la votación de autodeterminación».
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