Investigan adjudicaciones del Gobierno de Zapatero a una empresa vinculada al PSPV
Varios juzgados analizan una posible falsificación de facturas de los socialistas y del Bloc para la campaña electoral de 2007
VALENCIAActualizado:
Cuatro juzgados de diversas ciudades investigan desde hace varias semanas la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià (el partido mayoritario dentro de la coalición Compromís) durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007. El inicio de este procedimiento tuvo lugar hace más de un año, cuando el juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional –que a su vez obtuvo la documentación a raíz de que el PP se personara en una comisaría para aportarla– por falsedad documental, prevaricación, malversación y delito electoral (el cual al parecer ya se encuentra prescrito) entre 2007 y 2011.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, en enero de 2018 se declaró incompetente porque los indicios de delito no se habían cometido en Valencia. A partir de ese momento, la instructora se inhibió en favor de dos juzgados de Madrid, uno de Gandia (Valencia) y otro de Benidorm (Alicante), que ahora se encargan del caso.
La supuesta trama de corrupción, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC, habría operado de forma similar a otras como Gürtel: gastos electorales de los partidos que se acababan facturando a diversas empresas. La marca ejecutora fue, en este caso, Crespo Gomar, una sociedad constituida en 2001 y extinta desde 2011. Su presidente fue Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antoni Gomar, y en ella trabajó también el exdiputado autonómico José Ramón Tiller. Ambos eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Facturas ficticias
En ese momento, el líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla -cuyo coordinador de campaña fue el concejal Vicent Sarrià-, y el de los nacionalistas el actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. Otros nombres que aparecen en los papeles son los de «Lluis Miquel», que podría referirse a su jefe de Gabinete, Lluis Miquel Campos, y el de Pepe Cataluña, exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE.
Crespo Gomar, según se investiga, habría sido la encargada de organizar actos de campaña para los socialistas, de cuyos pagos se hacían cargo empresas adjudicatarias de los Consistorios de Gandia y Benidorm. Los importes que han podido comprobarse por vía tributaria coinciden con los servicios al partido.
La sociedad también recibió contratos del Gobierno centraldurante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que se examinan en los juzgados de Madrid. En total, se trataría de seis por más de un millón de euros. Entre ellos, tal como publicó este periódico en 2009, se encuentran dos del Ministerio de Medio Ambiente: uno de AquaMed para la campaña de la desalinizadora de Torrevieja por 600.000 euros y otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros para un plan de comunicación sobre infraestructuras hidráulicas en 2005.
A ellos se añaden un contrato del Ministerio de Vivienda en 2008 para la difusión de los contenidos del Plan de Vivienda por 126.208 euros y otro del departamento de Sanidad en el mismo año por 200.000 euros para promover el consumo responsable entre la población.
Crespo Gomar fue igualmente la encargada de la campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante en 2007, Etelvina Andreu. Tras su derrota, fue nombrada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria.
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