miércoles, 30 de enero de 2013

Causas de la Guerra de España, Manuel Azaña



I. CAUSAS DE LA GUERRA DE ESPAÑA.............................................................. 10
II. EL EJE ROMA-BERLÍN Y LA POLÍTICA DE NO-INTERVENCIÓN........... 16
III. LA URSS Y LA GUERRA DE ESPAÑA ............................................................ 23
IV. LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA SOCIEDAD DE NACIONES ................. 28
V. EL NUEVO EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA..................................................... 36
VI. EL ESTADO REPUBLICANO Y LA REVOLUCIÓN....................................... 42
VII. LA REVOLUCIÓN ABORTADA...................................................................... 48
VIII. CATALUÑA EN LA GUERRA ........................................................................ 54
IX. LA INSURRECCIÓN LIBERTARIA Y EL «EJE» BARCELONA-BILBAO .61
X. LA MORAL DE LA RETAGUARDIA Y LAS PROBABILIDADES DE PAZ ..69
XI. LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA..................................................................... 76
CONTRAPORTADA.................................................................................................. 83

NOTA EDITORIAL
Este libro está compuesto por once artículos que se publican, ahora, por primera vez en Españaescritos por Manuel Azaña en Collonges-sous-Saléve, en 1939, y pensados para el público internacional (el undécimo llegó a ser publicado en inglés con el título de «Spain's Place in Europe. A Retrospect and Forecast», World Review, vol. VIII, n. ° 4, Londres, junio de 1939, pp. 6-15).
El presidente Azaña no puso título a este conjunto de artículos que aparecen agrupados en el volumen III de las Obras completas, de M. A., editadas en México, bajo el epígrafe de «Artículos sobre la guerra de España».
Hemos preferido, aquí, dejar como título del volumen el que lo es del primer artículo y que sí se debe al autor.
Esta edición respeta escrupulosamente la grafía del original exceptuando las mayúsculas de palabras como «gobierno», «presidente», «ministro», «ministerio», que aparecen aquí con minúscula, de acuerdo con las tendencias generales de hoy y con los usos específicos de esta editorial.

PRÓLOGO
Antonio Cánovas del Castillo y Manuel Azaña comparten la distinción de haber sido los dos jefes del gobierno español más cultos, más conscientes de la historia, de los siglos XIX y XX. Pero, mientras que Cánovas dedicó su talento político a un proyecto calificado de «mal menor» la creación de una oligarquía civil, cuasi-parlamentaria, tras un período de inestable dictadura militar—, Azaña dedicó su carrera política a la creación de una república reformista y secular, basada en elecciones limpias y en una administración no corrompida
 En su calidad de jefe del gobierno de octubre de 1931 a septiembre de 1933, guió el paso por las Cortes de las reformas más importantes conseguidas por la efímera Segunda República: la separación de la Iglesia y el Estado, la reorganización de las fuerzas armadas, un importante programa de construcción de escuelas, la primera ley del divorcio de la historia de España, el estatuto de autonomía de Cataluña y los tímidos inicios de una reforma agraria que se necesitaba desde hacía tiempo y había sido aplazada numerosas veces
 Aunque no sentía un interés personal por las cuestiones económicas, Azaña comprendió y apoyó a Jaume Carner e Indalecio Prieto en sus esfuerzos por mejora rel funcionamiento de la banca española, defender el valor cambiarlo de la peseta y, al mismo tiempo, combatir el paro y mejorar la infraestructura económica de España mediante un programa de obras públicas.
Era un excelente orador, un sagaz conocedor de los abogados y funcionarios de clase media que eran sus principales colaboradores yrivales y un hombre en el que un elevado sentido de la ética personal iba unido a ideas claras y muy pragmáticas sobre lo que era realmente posible en España
 Amigos y enemigos por igual reconocían en Ataña al líder que de modo más completo encarnaba el programa y el carácter de la mayoría republicano-socialista de los años 1931-1933
 Pero esa mayoría se desintegró internamente durante el año 1933 y Azaña dejó la jefatura del gobierno cuando el presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes constituyentes en septiembre del citado año.
Durante los dos años siguientes Azaña, ahora en la oposición, siguió siendo el portavoz arquetípico de la República reformista y brevemente, después de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, pareció que Azaña iba a presidir de nuevo el gobierno y a reanudar el programa interrumpido de 1931-1933.
Pero las revueltas de Asturias y Cataluña en octubre de 1934, junto con la feroz represión que provocaron, habían cambiado por completo el clima político.
La izquierda se reía de Azaña, al que calificaba de «Kerensky», de estadista «con un brillante porvenir en el pasado».
La derecha se volvía cada vez más hacia los fascismos italiano y alemán como «modelos» para la derrota del «bolchevismo» y el mantenimiento de los privilegios tradicionales contra la reanudación del programa republicano de reformas. Los diputados de derechas y los militares activistas empezaron a tramar un pronunciamiento contra el gobierno del Frente Popular desde el primer momento.
 Los asesinatos y los intentos deasesinato se convirtieron en la moneda común de la juventud militante, tanto de izquierdas como de derechas. En tales circunstancias, ni Manuel Azaña ni nadie podía dirigir con éxito un gobierno parlamentario.
Por si la confusión era poca, la nueva mayoría en las Cortes decidió deponer al presidente de la República, al que acusaba de haber disuelto «ilegalmente» las Cortes anteriores, ¡disolución que había llevado directamente a la victoria del Frente Popular!
 Para entender el tono agraviado y pesimista de los artículos que se publican en el presente volumen, es necesario tener presentes las circunstancias en las que Azaña pasó a ser presidente de la República y las condiciones que restringieron su iniciativa mientras ocupó dicho cargo desde mayo de 1936 hasta su dimisión en febrero de 1939, un mes antes de la rendición definitiva del ejército republicano.
 Al amparo de la Constitución de 1931, el jefe del gobierno ejercía la autoridad ejecutiva y la iniciativa legislativa en su calidad de líder de la mayoría en las Cortes. Éste fue el cargo que ocupó Azaña durante los dos primeros años de la República y más adelante, brevemente, de febrero a abril de 1936
 El presidente de la República tenía responsabilidades importantes, pero cuidadosamente limitadas. Podía «nombrar ydestituir libremente» al jefe del gobierno de entre los líderes del partido la coalición mayoritarios. Tenía poder consultivo en lo referente a la constitucionalidad de los proyectos de ley. En teoría también podía vetar las leyes, pero, dado que los monarcas españoles nunca habían ejercido el veto constitucional en el período 1876-1923, no se esperaba que el presidente de la República ejerciera el suyo.
En la primavera de 1936 la República reformista era atacada tanto por la izquierda militante como por la derecha monárquico-fascista.
Después de la temeraria deposición del presidente Alcalá-Zamora, era indispensable que el nuevo presidente de la República fuera un hombre de moralidad y estatura reconocidas que encarnara el carácter político de la República.
 En épocas tranquilas las funciones del presidente de la República eran principalmente simbólicas, pero en tiempos agitados su facultad de nombrar y destituiral jefe del gobierno y sus opiniones consultivas sobre la constitucionalidad revestían gran importancia
 Al dejar la presidencia del gobierno para ocupar la de la República, Azaña abandonó el liderazgo activo por el papel de símbolo y garante de la legalidad republicana.
Azaña nunca tuvo la oportunidad de funcionar normalmente en calidad de presidente de la República, como tampoco la había tenido de ejercer con normalidad el cargo de jefe del gobierno en la primavera de 1936.
A él le hubiera gustado nombrar a Indalecio Prieto, el más prestigioso de los parlamentarios socialistas y uno de los pocos líderes que advertían de forma enérgica y repetida del peligro de un levantamiento militar. Pero el partido socialista se hallaba fatalmente escindido entre los partidarios de Prieto y los de Largo Caballero, que no estaba dispuesto a tolerar un gobierno encabezado por Prieto. Así, pues, Azaña se vio obligado a depender de un miembro decente y escrupuloso, pero poco distinguido, de su propio partido republicano, Santiago Casares Quiroga.
Dos meses más tarde la sublevación de los generales Mola y Franco se propuso destruir la República reformista y la Constitución. El pronunciamiento fue derrotado, pero no por el impotente gobierno republicano, sino por los sindicalistas, los socialistas de izquierda y los anarquistas, que hicieron frente al mismo en las calles de Madrid y Barcelona.
Forzado por las circunstancias, Azaña se vio convertido en el símbolo de la legalidad republicana destruida en un país dividido en dos mitades, una de las cuales era una dictadura militar a la vez que la otra era escenario de una revolución en parte anarquista y en parte socialista.
El fracaso del pronunciamiento había llevado a la guerra civil, la revolución y la intervención internacional. Desde el principio Italia y Alemania enviaron abundantes suministros más adelante enviarían hombresen apoyo del general Franco.
 A partir de octubre de 1936 la Unión Soviética empezó a abastecer al ejército republicano, mientras la política de no-intervención patrocinada por Inglaterra y Francia obligó a la República a depender cada vez más de la ayuda soviética durante los dos años y medio de guerra civil.
 Dejando aparte las crisis emocionales que indudablemente sufrió Azaña en diversas fases de la guerra, puede decirse con certeza que en todo momento conservó su comprensión lúcida de la marcha de la contienda, su decisión de restaurar la legalidad republicana en la zona del Frente Popular y su convencimiento de que una paz tolerable sólo podría conseguirse si Inglaterra y Francia ejercían presión sobre franco para que aceptase su mediación. Aunque nunca fue admirador de Largo Caballero, y aunque acabó siendo enemigo encarnizado de Juan Negrín, Azaña nombró y apoyó a esos dos jefes del gobierno durante la guerra como claros representantes de la mayoría de las Cortes y como los líderes más aceptables desde el punto de vista de la opinión pública, en la medida en que era posible determinar ésta en plena guerra y revolución.
Empujado por el pesimismo en lo que se refería a las perspectivas militares del ejército republicano, así como por la desesperanza que en él producían los sufrimientos de sus compatriotas de ambas zonas, es indudable que Azaña abusó de sus prerrogativas constitucionales en su búsqueda de una paz mediada. De acuerdo con la Constitución, la política exterior era competencia del jefe del gobierno y no del presidente de la República. Pero en mayo de 1937 Azaña envió un mensaje personal a Inglaterra cuando Julián Besteiro representó a España en la coronación del rey Jorge VI, y en varias conversaciones con diplomáticos y periodistas expresó su parecer de que la mediación era necesaria, mientras que el jefe del gobierno se comprometía públicamente a alcanzar una victoria militar definitiva.

Los artículos que se incluyen en el presente volumen los escribió Manuel Azaña., el ex presidente en Francia durante los meses que siguieron a la derrota de la República y a la consolidación de la dictadura del general Franco, que contaba con el apoyo del fascismo
 Son la obra de un hombre que se sentía profundamente deprimido y era completamente lúcido.
Fueron escritos con muy poca documentación a mano. Pero Azaña fue siempre un diarista, un pensador y un conversador dado a la reflexión, un lector atento e infatigable y un hombre que conocía la historia contemporánea y la política mundial muchísimo mejor que la mayoría de los líderes políticos de cualquier época. Tenía la virtud de la honradez y estos artículos me parecen sumamente admirables por la ausencia de todo intento de manipular los hechos con el fin de mejorar la «imagen» política del autor.
Me gustaría comentar brevemente los artículos, dando por sentada su fiabilidad general como documentos históricos y concentrándome en las intuiciones y limitaciones particulares del presidente Azaña.
 «Causas de la guerra de España» ofrece una visión global, desde la época de la dictadura del general Primo de Rivera hasta el estallido de la guerra civil, de la historia de España. Me parece una crónica muy digna de confianza en lo que se refiere a su razonamiento de por qué la República llegó cuando llegó, de las diversas formas de apoyo limitado y de resistencia que encontró y de los logros de dicha República
 Solamente discrepo cuando incluye la reforma agraria como una de las «realizaciones principales» de la República
 Debido a una combinación de problemas económicos reales y de obstruccionismo legalista, en realidad sólo unas 10. 000 familias campesinas recibieron tierra. De hecho, la falta de una reforma agraria significativa fue uno de los grandes fracasos de la República
 Al mismo tiempo quisiera llamar respetuosamente la atención sobre la insistencia de Azaña en los conflictos internos de la clase media y la burguesía como causas de la guerra civil. La mayoría de los autores que han escrito sobre dicha guerra hacen hincapié en los conflictos de clase tal como los veían los marxistas, los anarquistas y los fascistas
 Azaña hace una distinción entre la clase media (profesionales modestos, burócratas, comerciantes al por menor) y la burguesía (los grandes propietarios y los capitalistas) y contrasta los que estaban preparados para una sociedad secular y cierto grado de reforma social con los que rechazaban toda disminución de los privilegios históricos de grupo.
 Es muy posible que, en lo que hace al estallido de la guerra civil, esa división fuera más fundamental que las huelgas y los lock-out o que las batallas propagandísticas entre las organizaciones juveniles de izquierdas y de derechas.
«El eje Roma-Berlín y la política de no-intervención» llama  discretamente la atención sobre varios puntos que no siempre se recalcan en la literatura que se ocupa de la participación extranjera en la guerra civil: que la intervención armada de las potencias fascistas tuvo lugar por invitación del general Franco y que el éxito principal de las potencias del eje no fue la ayuda militar directa que prestaron, sino su diplomacia, que aisló eficazmente a la República.
En cuanto a la cuestión, tan debatida, de la retirada de las tropas extranjeras, Azaña expone con precisión y amargura las diferencias de intereses entre su gobierno y el de Gran Bretaña. «Para la República era cuestión de vida o muerte que la intervención cesara antes de que sobreviniera una decisión militar de la campaña... Al gobierno británico lo que en definitiva le importaba era que los extranjeros no se quedasen en España por tiempo indefinido. »
El artículo relativo a «La URSS y la guerra de España» es acertado en lo que respecta a los motivos políticos y militares de la Unión Soviética como potencia mundial, pero guarda un silencio absoluto sobre las «purgas» estalinianas de 1936-1938 y su extensión a España.
El mismo silencio aparece en «La insurrección libertaria y el "eje" Barcelona-Bilbao», donde el autor comenta los sucesos acaecidos en Barcelona en mayo de 1937 sin mencionar una sola vez la desaparición de Andreu Nin, las acusaciones de colaboración «trotskista» con los fascistas que se lanzaron contra el POUM, etcétera
 Se me antoja muy improbable que Azaña desconociera la intervención directa de Stalin en la política de Cataluña y que ignorase también la estructura delabastecimiento del ejército republicano. Azaña, por supuesto, estaba completamente de acuerdo con las opiniones soviéticas en el sentido de que la «seguridad colectiva» requería la cooperación leal de las democracias occidentales y la Unión Soviética contra las agresiones del fascismo, y que la situación objetiva de España no era nada favorable auna revolución comunista.
 Pero las «purgas» de Stalin, tanto en Rusia como en España, fueron la razón principal que impidió que todos los diplomáticos occidentales, así como muchos partidarios de la República española, creyeran que Stalin estaba realmente dispuesto a apoyar a una República española democrática e independiente
 El orgullo que le inspiraba su propia independencia., la insistencia en la naturaleza interna del conflicto español y la adhesión a la política histórica de neutralidad de España debieron de contribuir al silencio que guarda Azaña sobre las «purgas».

Los seis artículos (véanse los capítulos V-X) que tratan de problemas políticos y morales internos de la zona republicana, poseen ciertos rasgos comunes en lo que hace a su interpretación. Azaña critica siempre las tendencias «centrifugas» en España. A su modo de ver, casi nadie daba su lealtad principal al Estado republicano y a su ejército regular, que había sido reconstituido penosamente.
 La milicia anarquista anunciaba las condiciones en las que lucharía y, en general, los oficiales no podían dar órdenes a las tropas voluntarias, sino que, en vez de ello, tenían que recurrir a la persuasión. A la mayoría de los vascos sólo les preocupaba defender sus propias provincias, cosa que ocurría también en el caso de los catalanes. «Según la influencia que han tenido en los gobiernos las sindicales o el partido comunista, así ha crecido o menguado la afiliación de los militares en esas organizaciones.

El primitivo impulso político que llevaba a todos a combatir, se convirtió en espíritu partidista» (p. 79)
 Allí donde otros dirían que las masas urbanas salvaron a la República de la insurrección militar los días 19 y 20 de julio, en Barcelona y Madrid, Azaña escribe: «La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República» (p. 69).
 Para él la revolución social no era un experimento admirable aunque ingenuo de nuevas formas de solidaridad humana, sino un desastre de ineficiencia, desorganización y violencia vengativa. Si los sentimientos revolucionarios y regionalistas destruyeron el Estado republicano desde dentro, la no-intervención selló su destino desde fuera. No fue sólo que en la práctica la política de no-intervención impidió a la República comprar armas mientras que las potencias del Eje abastecían a Franco sin interrupción ni obstáculo de ninguna clase
 Fue que la política de no-intervención negaba implícitamente la legitimidad de la autodefensa de la República y con ello contribuyó a su descrédito ante los ojos de la población española.
Finalmente, en vista de que con frecuencia se ha acusado a Azaña de cobardía moral y de derrotismo total, vale la pena citar su definición, sin mencionar nombres, de la diferencia que en 1938 había entre él mismo y Negrín. Azaña escribe que el dilema de la República jamás fue «resistencia o rendición».
 Más bien consistía en la diferencia entre «resistir es vencer; la resistencia es la única política posible» (Negrín) y«la guerra está perdida: aprovechemos la resistencia para concertar la paz» (Azaña). Azaña, con su lucidez de costumbre y su honradez fundamental, expone las alternativas en términos sencillos, objetivos, impersonales. En su conjunto, estos artículos hacen honor a su conocimiento, a su lucidez y a su honestidad.
GABRIEL JACKSON
Barcelona, enero de 1986
Manuel Azaña Causas De La Guerra De España

Regeneracionismo y crisis del sistema de la Restauración



Regeneracionismo:
Francisco Silvela, Joaquín Costa, Ángel Ganivet, el cardenal Cascajares, escritores de la Generación del 98 interesados en llevar a cabo una labor de cambio y modernización de España.
La pérdida de Cuba y Filipinas no hundió el sistema político de la Restauración pero si lo hizo tambalearse y mostró la necesidad de regenerar el sistema para que pudiera subsistir.
El sistema siguió basándose en la Constitución de 1876, el bipartidismo y la farsa electoral.
La derrota en Cuba no fue asumida por nadie. La población y el ejército culparon a los políticos por no haber sabido dar solución a los problemas que planteaba la isla. La derrota colonial marcó mucho a los intelectuales del país, que haciendo una reflexión profunda, se plantearon y criticaron el papel de España en la Europa industrializada; pero tampoco ellos aportaron soluciones.
Los partidos no tuvieron un programa político con el cual convencer a la sociedad.

El Regeneracionismo cuestionó los valores del sistema:
Costa denunció la incultura y el sistema de fraude electoral. Propuso incentivar la educación y modernizar las estructuras para lograr el progreso de España.
Era necesario “un cirujano de hierro” que supiera cortar los males arraigados en el país y conducir a la nación hacia el progreso.

Después de 1898, el Gobierno intentó regenerar el sistema pero sin cambiar la estructura política:
La falta de líderes carismáticos tras la muerte de Cánovas y Sagasta (1903) ocasionó una gran debilidad política.
Esta inestabilidad se intensifica con Alfonso XIII en el trono, a diferencia de Alfonso XII y María Cristina, intervino en la política más de lo que la Constitución de 1876 le permitía.
En el partido conservador se encontraban Francisco Silvela y Antonio Maura y en el liberal Eugenio Matinez Rix, Segismundo Moret y José Canalejas.

Después de 1898, a partir de 1906 España inició su penetración en el norte de África. La conferencia de Algeciras de 1906 y el posterior tratado hispano-francés (1912) posibilitaron la entrada de España en el reparto de África. A España se le concedió una franja en el norte, el Riff y un enclave en la zona atlántica: Ifni y Río de Oro.
Los intereses en la zona eran diversos:
• Estratégicos: evitar que Francia y Alemania decidieran exclusivamente el destino de Marruecos.
• Económicos: explotación de recursos mineros de las montañas del RIF y hacer posible la inversión de capital español en ferrocarriles y obras públicas.
• La expansión en Marruecos podría ayudar a recuperar el prestigio internacional.

La división de Marruecos en dos protectorados: uno al sur, de mayor extensión y riqueza adjudicado a Francia; el otro al norte, en las montañas del RIF, más pobre y reducido, adjudicado a España.
El control del protectorado no fue fácil ni rentable, una operación difícil y costosa ya que el ejército español estaba mal preparado y carecía de recursos. El Rif era una zona muy montañosa mal comunicada y ocupada por distintas tribus.
En 1920, la ofensiva del ejército español para controlar la sublevación de Abd–el– Krim acabó con el desastre de Annual en 1921. La derrota incrementó el malestar en la opinión pública española y acentuó su descontento hacia el sistema, los políticos, militares y el Rey.

El Ejército necesitaba de una profunda reforma que los hiciera más eficaz y operativo.
Ante los problemas internos (ascensos rápidos por méritos de guerra) y los externos (ataques a su prestigio), se crearon las Juntas de Defensa como órgano de presión. Comenzaba a resquebrajarse la armonía conseguida por Cánovas y Alfonso XII entre el poder civil y el militar.

El movimiento obrero presentó un problema permanente, que fue extremando sus actitudes hasta desembocar en la huelga general de 1917.

Tiene su principal exponente en el catalanismo. El regionalismo catalán aceptaba la monarquía y la unidad de España pero pedía una reforma constitucional profunda que permitiera la autonomía catalana.

Con el fin de adecuar la Constitución de 1876 a la nueva realidad social y política de España era necesario reformarla profundamente. Se tenía que eliminar de ella todo lo que de falso y anacrónico había en su funcionamiento real (caciquismo y falsa electoral), e introducir modificaciones capaces de integrar en el sistema a otras fuerzas políticas como los regionalistas y los republicanos. El intento más serio se haría en 1917, pero fracasó.

El partido liberal, sin programa político que le diferenciara del conservador e inducido por las fuertes medidas anticlericales de Francia, tomó el anticlericalismo como bandera política. Se sucedieron hechos lamentables como agresiones a obispos, sacerdotes y edificios religiosos; la polémica estuvo centrada en torno a la enseñanza de la religión en institutos de enseñanza media y en escuelas primarias, y en la capacidad de las congregaciones religiosas para ejercer o no la docencia.

Al comienzo del reinado, los intentos de regeneración y modernización del gobierno de Francisco Silvela se ven abortados por la incompatibilidad de sus ministros: el General Polavieja, ministro de la guerra y partidario de grandes reformas; y el ministro de hacienda, Fernando Villaverde, partidario de introducir las más severas economías en los presupuestos generales del Estado. El programa de Polavieja fue imposible de realizar por lo que presentó su dimisión y defraudado Silvela, se retiró.
En 1907 Antonio Maura volvía por segunda vez al poder e inicia un decidido programa de renovación interna. Gobernó dos veces: de 1903 a 1904 y de 1907 a 1909 pero su influencia llena todo el período. Intentó la reforma del sistema canovista tratando de lograr que la democracia fuese una realidad y no una
apariencia. Afrontó los dos problemas fundamentales del Estado: la práctica inmoral del caciquismo y el regionalismo; para ello publicó la Ley de Administración Local de 1907 que pretendía una reforma profunda de las estructuras políticas del país pero que quedó sólo en un proyecto. Esta ley pretendía “el descuaje del caciquismo”. La misma ley concedía amplias cotas de autonomía al regionalismo catalán.

Crisis de 1909 y caída de Maura.
La protesta por la movilización de reservistas catalanes para la guerra de Marruecos. Los reservistas iban a controlar una rebelión de indígenas contra la construcción del ferrocarril minero en el RIF. La Semana Trágica de Barcelona ocasionó días de terror y violencia. El Gobierno declaró el Estado de guerra y utilizó al Ejército para controlar la situación, la represión posterior costó la vida al anarquista Francisco Ferrer Guardia, a quien se le atribuyó la responsabilidad de aquellos los hechos. La ejecución de Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Nueva, levantó una violenta protesta tanto dentro como fuera de España que contribuyó al descrédito del Gobierno y la Monarquía.
Estos hechos provocaron la caída de Maura.
Fue sustituido por Moret que sólo estuvo en el Gobierno unos meses.
Los sustituyó Canalejas, la personalidad más relevante del partido liberal. Canalejas realizó el segundo gran intento de Regenerar el Sistema, para ello:
• Estableció un impuesto sobre las rentas urbanas que gravaba especialmente a los más pudientes.
• Afrontó el problema clerical promulgando la llamada Ley del Candado por la que se prohibía la entrada de nuevas órdenes religiosas a España.
• Atendió algunas reivindicaciones obreras, se estableció la jornada laboral de 9 horas.
• Se reguló el trabajo de la mujer.
• Se hizo obligatorio el servicio militar eliminando los pagos o redenciones en metálico.
• Se inició la legislación social para intentar apaciguar las reivindicaciones del movimiento obrero.
• Atajó con dureza las huelgas distinguiendo entre huelga reivindicativa de derechos y huelga revolucionaria.
• Respecto a las reivindicaciones nacionalistas se promulgó la Ley de Mancomunidades Regionales.
Cuando se esperaba un “turno pacífico” entre Maura y Canalejas, este último fue asesinado por un anarquista (12 de Noviembre de 1912).

Con la muerte de Canalejas (1912) el reformismo propiciado por los partidos dinásticos se vino abajo, la ausencia de líderes prestigiosos en éstos provocó su fragmentación interna:
*.- Dentro del partido conservador se consolidaron dos tendencias: los mauristas que intentaron formar un partido de talante más reformista y los idóneos de Eduardo Dato que representaron la postura más tradicional.
*.- También el partido liberal se fragmentó en diferentes corrientes fruto del personalismo de sus líderes.

En 1913 el rey nombró al conservador Eduardo Dato como presidente del gobierno y este tuvo que hacer frente a las consecuencias del Estallido de la 1ª Guerra Mundial  (1914-1918)
España mantuvo una posición de neutralidad frente al Conflicto Europeo, actitud apoyada por todas las fuerzas políticas. A pesar de la neutralidad, la sociedad Española tomó partido a favor de uno bando:
• Germanófilos Las clases altas, la Iglesia y la mayor parte de los mandos del Ejército, se mostraron partidarios de los Imperios centrales (Alemania y Austria), como representantes del orden conservador y de la autoridad.
• Aliadófilos Los sectores más progresistas, sobre todo republicanos, se inclinaron por las potencias aliadas Francia e Inglaterra, en las que veían la encarnación de ideales más democráticos.
• Fuerzas Obreras (y Sindicales) defendieron la neutralidad al considerar que el conflicto era una pugna entre intereses imperialistas.
La neutralidad favoreció una importante expansión económica. La Guerra redujo la capacidad productiva de los países beligerantes y España se convirtió en suministradora de productos tanto industriales como agrícolas. El incremento de la demanda interior estimuló el crecimiento de la producción pero también trajo consigo un aumento de los precios lo que desató un fuerte proceso inflaccionario  (los precios de los productos de primera necesidad se duplicaron entre 1914 y 1919)y el desabastecimiento interior.
La demanda exterior benefició especialmente a la siderurgia Vasca, a la minería Asturiana y a las industrias textiles y metalúrgicas de Cataluña. Fueron años de negocios y de fácil enriquecimiento, pero este crecimiento tuvo un fuerte componente especulativo (ya no se invirtieron los beneficios en la modernización de infraestructuras).
Por el contrario, las clases populares conocieron un empobrecimiento de su nivel de vida (la inflación no trajo una equivalente subida de los salarios y, por consiguiente, su capacidad adquisitiva disminuyó), el coste de la vida subió entre un 15 y un 20% y produjo una oleada de huelgas reivindicativas (en 1914 hubo 212 huelgas y en 1918 463 huelgas).
El impacto de la I Guerra Mundial contribuyó a aumentar las diferencias sociales y la tensión social.

La Revolución Rusa (1917) consiguió, por primera vez que un partido obrero consiguiera tomar el poder e iniciar la construcción de un estado de trabajadores. Las organizaciones obreras de todo el mundo vieron en Rusia un ejemplo a seguir y ello estimuló sus posibilidades revolucionarias y sus aspiraciones de cambio social. Por el contrario el  miedo a un estallido revolucionario empujó a los Gobiernos a tomar medidas de represión contra el movimiento obrero.
También resurgió el militarismo. Cánovas pretendió terminar con la presencia activa de los militares en la vida política.

Juntas de Defensa:
Organizadas por la Oficialidad, exigían una serie de reformas que remediaran los problemas del Ejército. Pedían que el ascenso a los grados militares se efectuara por rigurosa antigüedad, poniendo fin al ascenso de los “africanistas”, el fin de su pésima situación económica del ejército debida a los bajos sueldos (agravada por la inflacción).
El 1 de junio la Junta de Infantería de Barcelona publicó un Manifiesto que tuvo una buena acogida en los sectores contrarios al sistema de la Restauración. No obtuvieron el apoyo de Maura, a quien incluso le ofrecieron su apoyo en caso de que llegara a formar gobierno. Maura veía en las Juntas una vuelta al régimen de los generales y de la preponderancia militar del siglo XIX.

Asamblea de Paralamentario:
Partió de una iniciativa de la burguesía catalana como reacción a la clausura de las Cortes.
Diputados y Senadores, reunidos en Barcelona, pidieron al Gobierno la apertura de las Cortes bajo la amenaza de convocar ellos mismos una Asamblea de Parlamentarios, si se desatendía su petición.
El Gobierno interpretó la demanda como una pretensión de los Parlamentarios de convocar Cortes, iniciativa que correspondía sólo al rey y al gobierno, y una nueva manifestación del separatismo catalán. Rechazó la petición.
Ante la negativa, se constituyó en Barcelona la Asamblea extraordinaria formada por parlamentarios de toda España. El enfrentamiento entre el Ejército y los Huelguistas, de agosto, disolvió la Asamblea de parlamentarios.

Huelga General:
El 13 de agosto de 1917 fue decretada por un Comité Ejecutivo perteneciente a la UGT y al PSOE. La huelga, a petición de Pablo Iglesias debió ser pacífica. El Manifiesto que la precedía fue redactado por el socialista Julián Besteiro en el cual se pedía:
*.- La formación de un Gobierno Provisional.
*.- Las celebración de elecciones y la convocatoria de Cortes Constituyentes

La huelga produjo un paro total casi en toda España. El gobierno declaró es Estado de Guerra y el ejército la reprimió violentamente; el 20 de agosto había terminado en toda España salvo en Asturias donde se prolongó un mes y donde el ejército se enfrentó a los huelguistas con un balance de unos 200 muertos y más de 2000 detenidos.

Se formó un Gobierno de Concentración Nacional presidido por Maura y formado por los políticos más relevantes de los partidos dinásticos, incluyendo al catalanismo.
Hasta finales de 1923 diversos Gobiernos se sucedieron  (entre 1918 y 1923 hubo 15 gabinetes distintos). El sistema canovista había entado en una crisis sin retorno.
Dos hechos agravaron la situación: el asesinato de Eduardo Dato y el Desastre de Annual. Ambos sucesos conmovieron a la opinión pública de manera que el general Primo de Rivera, desde Barcelona, dio un Golpe de Estado.

martes, 29 de enero de 2013

España en Europa.



Los primeros pasos de la construcción europea (constitución de las Comunidades Europeas en 1951 y 1957) fueron dados excluyendo a España, cuyo modelo político no cumplía con los requisitos exigidos por los Estados fundadores del proyecto.

Hubo que esperar al periodo que se inicia en la Transición política española para iniciar un proceso decidido de acercamiento.
No obstante, hubo dos momentos de crucial importancia antes de la transición política:
*.- La solicitud del Gobierno español al Consejo de la CEE el 9 de febrero de 1962, demostración de la voluntad de España de formar parte del proyecto europeo.
*.- La firma, el 29 de junio de 1970, de un Acuerdo comercial preferencial con el Mercado Común, que permitió ir integrando la economía española a la economía comunitaria.

Con la solicitud del Gobierno español al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1977, se inició formalmente el proceso que culminaría con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Una entrada entre cuyos requisitos figuraba la existencia de democracia en nuestro país. Con el Gobierno de Adolfo Suárez se dio un impulso claro en las relaciones con Europa.
Se abrió entonces un diálogo directo y decidido que condujo, el 5 de febrero de 1979, a la apertura de las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Los sucesivos Gobiernos españoles trabajaron arduamente en la materialización de las diferentes fases de la incorporación de España a la Europa comunitaria.
Los Gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de Felipe González, dirigieron las negociaciones con la Comunidad, que obtuvieron un respaldo por un amplio consenso de los partidos con representación parlamentaria.
Las  negociaciones, que se prolongaron durante siete años, estuvieron protagonizadas por la adaptación de la economía española a la economía comunitaria, exigiendo la Comunidad periodos transitorios en el ámbito de la producción agraria y pesquera española, y exigiendo España periodos transitorios en otras áreas (Unión Aduanera, monopolios o servicios) destinados a permitir la integración progresiva de algunos sectores productivos.
Finalmente, el 12 de junio de 1985, España y Portugal firman el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.  Tras la firma del Tratado en Lisboa, en Madrid, en el Salón de Columnas del Palacio Real, el Presidente del Gobierno (Felipe González), el Ministro de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas (Manuel Marín) y el Embajador Representante Permanente ante las Comunidades Europeas (Gabriel Ferrán) firmaron el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que sería ratificado por unanimidad por el Congreso de los Diputados.

La Comunidad Europea tras la incorporación de España y Portugal
Con la entrada de España y Portugal en la Europa comunitaria, que pasaría a tener 329 millones de habitantes, se culminaba la tercera ampliación de las Comunidades Europeas.
La configuración de las instituciones después de esta ampliación dio a España, como quinto país más poblado de la Comunidad, ocho votos en el Consejo. La Comisión Europea pasó a estar integrada por 17 Comisarios, de los que dos serían españoles: Manuel Marín y Abel Matutes.
En el Parlamento Europeo, España estaría representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518 escaños.
El Acta de Adhesión contemplaba un plazo de dos años para que mediante sufragio universal España y Portugal celebraran elecciones al Parlamento Europeo: el 10 de junio de 1987 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo en España. En 1989, Enrique Barón sería elegido Presidente del Parlamento Europeo (1989 - 1992).

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el número de Jueces pasó de 11 a 13, y el número de Abogados Generales de 5 a 6. En el Comité Económico y Social, España contaría con 21 miembros.
En el Tribunal de Cuentas, la representación de los Estados miembros en esta institución quedó fijada en un representante por país. Por último, en el Banco Europeo de Inversiones: Se pasó de cinco vicepresidentes a seis, siendo la nueva Vicepresidencia compartida entre España y Portugal. En el Consejo de Administración, a España le fueron atribuidos dos puestos de administradores y a Portugal uno, compartiendo ambos países un suplente.

Desde el punto de vista económico, se han recibido fondos netos de la UE por valor del 0’8 % de nuestro PIB durante cada año desde 1987; nuestra renta per cápita era, en 1986, de apenas un 68% respecto de la media comunitaria, se sitúa según las últimas estimaciones en el 89,6% en una Europa a 15  y en el 97,7% en una Europa a 25; las ayudas de la UE han creado unos 300.000 empleos anuales en España; finalmente, hay que resaltar que un 90% de la inversión que recibe España de todo el mundo proviene de la UE.
La UE es destino de en torno al 75% de nuestras exportaciones y origen del 66% de nuestras importaciones. Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, merecen destacarse algunos datos concretos de un sector de actividad, como las infraestructuras. Cuatro de cada diez kilómetros de las autovías que cruzan nuestro territorio han sido financiados con fondos comunitarios. Además, las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, el metro de Sevilla, la Ciudad de las Artes de Valencia, la expansión del Puerto de Las Palmas son algunos de los grandes proyectos que se han hecho gracias a la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.

Desde el punto de vista social y cultural, los fondos sociales de la UE han llegado, sólo entre 2000 y 2003 a casi 16 millones de personas. Los principales beneficiarios son los desempleados (gracias a la UE se crean unos 298.000 empleos anuales en España), los jóvenes, las mujeres y otros grupos con especiales problemas de inserción social.
Respecto de los jóvenes, hay nuevas posibilidades que se han abierto a ellos  a través de programas educativos como Lingua o Erasmus, del  cual se han beneficiado hasta hoy 180.000 estudiantes.
En el ámbito sanitario, el español que viaja a los demás países de la UE cuenta ya con la Tarjeta Sanitaria Europea, que le asegura tratamiento médico y quirúrgico en caso necesario.
En el ámbito cultural, por sólo dar un ejemplo, la Comisión  Europea ha ayudado a financiar numerosos proyectos como la restauración del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, el Monasterio de Guadalupe, o la restauración tras el incendio del  Teatro del Liceo de Barcelona.
La creación del concepto de la ciudadanía europea que acerque más el proyecto comunitario a los ciudadanos, destinatarios últimos del proyecto europeo; la apuesta por la Europa social, paralelamente a la idea de la Europa económica y monetaria (trabajando para consolidar la moneda única, el Euro); la defensa de la idea de la cohesión económica, social y territorial de la UE; la creación de empleo como motor de esa cohesión en el marco de la “Estrategia de Lisboa”, que permita que la Unión sea uno de los espacios más dinámicos y prósperos del mundo; la creación de un verdadero “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”; como también la aportación a las relaciones exteriores de la Unión trabajando por la estabilidad en la cuenca  mediterránea, intensificando los lazos de cooperación con los países del norte de África, ejerciendo una labor de mediación activa en el proceso de paz de Oriente Medio, impulsando el Proceso de Barcelona, o acercando América Latina a Europa, son todos ellos ejemplos paradigmáticos de en qué medida ha contribuido España a perfilar algunos de los contornos de la Unión Europea de la actualidad.


Participación española en la Alianza Atlántica
En la definición de una política nacional para la seguridad, había tres aspectos: la Alianza Atlántica, la Unión Europea Occidental y la relación de defensa bilateral con Estados Unidos.
El 30 de mayo de 1982, bajo el gobierno de UCD, España presentó en Washington el instrumento de adhesión a la OTAN, convirtiéndose de esta manera en un miembro de la organización. Tras la victoria del PSOE, el nuevo gobierno decidió suspender el proceso de incorporación dentro de la estructura de la Alianza y convocó un referéndum para decidir si España debía integrarse en la estructura militar de la organización.

En octubre de 1984, el presidente del gobierno, Felipe González, presentó al Congreso de los Diputados lo que se llamaría los Diez Puntos de una Política de Paz y Seguridad, sentando las bases para la restauración de un consenso de todas las fuerzas políticas con respecto a la política de seguridad y defensa.
En esa misma exposición, el presidente sugirió celebrar un debate parlamentario sobre los diez puntos, para difundir información que ayudara a los ciudadanos a tomar una decisión, por medio de un referéndum, sobre si España debería estar en la Alianza.

El 12 de marzo de 1986, tuvo lugar el referéndum anunciado por el gobierno.
Tuvo la siguiente forma:
1. La participación española no incluye el ingreso en la estructura militar integrada.
2. Se mantendrá la prohibición de instalación, almacenamiento o introducción de armamento en suelo español.
3. Se llevará a cabo una reducción gradual de la presencia militar de los estados Unidos en España.

El referéndum mostró un resultado favorable para la posición del gobierno y, desde ese momento, España empezó a elaborar su propio modelo de participación en la Alianza, dentro de los límites establecidos en el referéndum.

RESULTADOS DEL REFERÉNDUM
SOBRE EL INGRESO DE ESPAÑA EN LA ALIANZA ATLÁNTICA
12 DE MARZO DE 1986:
VOTOS A FAVOR: 9.054.509 (52,49 %)
VOTOS EN CONTRA: 6.872.421 (39,84 %)
VOTOS EN BLANCO: 1.127.673 (6,53 %)
VOTOS NULOS: 191.855 (1,11 %)
NUMERO TOTAL DE VOTANTES: 29.025.494
(Fuente: Ministerio de Interior.)

La celebración en Madrid, por primera vez, de la sesión ministerial de primavera del Consejo del Atlántico Norte, en junio de 1988, simbolizó la consolidación de la participación española en la OTAN.

Las características básicas del modelo de la participación de España en la Alianza están contenidas en las comunicaciones oficiales que los ministros españoles de Defensa y Asuntos Exteriores enviaron a sus colegas de la OTAN y al Secretario general de la organización, después del referéndum. Consisten principalmente en la no incorporación a la estructura militar integrada, el mantenimiento de la no nuclearización del territorio español, la reducción progresiva de la presencia militar americana en territorio español y la petición de la soberanía sobre Gibraltar.

Las características complementarias son una consecuencia de los Principios generales de Participación en la Alianza, presentados por el gobierno español y aprobados por el Consejo Atlántico en mayo de 1986. Consisten esencialmente en la participación en el Consejo del Atlántico Norte y en sus órganos subsidiarios, en el Comité de Planificación de Defensa, el Comité Militar y el Grupo de Planificación Nuclear, así como la contribución militar llevada a cabo a través del Acuerdo de coordinación entre las autoridades españolas y aliadas. La aprobación de las directrices generales para la contribución militar española en la Alianza Atlántica ha experimentado un largo proceso desde octubre de 1986, cuando el memorándum español que contenía los principios generales fue presentado por primera vez. Después de tres rondas sucesivas, el embajador español en la OTAN presentó, en enero de 1988, al Secretario general de la Organización, una carta en la que el gobierno español explicaba detalladamente las directrices generales para la contribución militar española. Las misiones de España en la OTAN están especificadas en esta carta:
1. Defensa del territorio español.
2. Operaciones navales y aéreas en el Atlántico oriental.
3. Control sobre el Estrecho de Gibraltar y sus accesos.
4. Operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo occidental.
5. Control y defensa del espacio aéreo en la zona de responsabilidad española y cooperación en zonas adyacentes.
6. Uso del territorio español como una plataforma multifuncional de retaguardia (tránsito, apoyo, logística).

El 1 de diciembre de 1988, el comité de planificación de defensa de la OTAN aprobó las directrices generales del Comité militar español. Más adelante, el Consejo Atlántico tomó nota de estas directrices en su reunión de los días 8 y 9 de diciembre en Bruselas. Esto marca el final de un periodo de responsabilidad política y deja las especificaciones técnico-militares para que sean resueltas por los expertos.

La concreción de la contribución militar española comenzó con la firma, en mayo de 1990, de los dos primeros acuerdos de coordinación entre las Fuerzas Armadas españolas y los comandos militares, con respecto a la ejecución de maniobras marítimas y aéreas en el Atlántico oriental y de defensa aérea.

Más adelante, en mayo de 1991, entraron en vigor dos nuevos tratados sobre coordinación de defensa del territorio español y operaciones aéreas y marítimas en el Mediterráneo occidental. Después, en junio de 1992, se firmaron los dos últimos acuerdos, referentes al control y defensa del Estrecho de Gibraltar y sus accesos, y el uso del territorio español como zona de apoyo logístico y de retaguardia. Con estos acuerdos se definió la contribución defensiva española a la Alianza Atlántica, manteniendo la no incorporación en la estructura de mando, con el objetivo de cumplir la condición de no participación en la unidad militar integrada.

El 1 de diciembre de 1995, 16 embajadores de los estados miembros de la OTAN acordaron nombrar al ministro español de Asuntos Exteriores, Sr. Javier Solana, como el nuevo Secretario general de la OTAN. Fue nombrado oficialmente el martes 5 de diciembre.

1986: LA POLEMICA DE LA OTAN
MANUEL ANTONIO RICO
29 de octubre de 1981. El Pleno del Congreso de los Diputados apoya al Gobierno de Calvo-Sotelo en su intención de solicitar el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Hubo 186 votos a favor y 146 en contra. A favor, UCD, Coalición Democrática (Fraga), y los nacionalistas de CiU y PNV. En contra, el PSOE, Partido Comunista, los andalucistas del PSA y la mayoría del Grupo Mixto. El líder socialista Felipe González anuncia que, cuando su partido llegue al poder, convocará un referéndum, para promover que España salga de la Alianza.

30 de mayo de 1982. Con la entrega del protocolo correspondiente, en Washington, y previa la ratificación por los Gobiernos y los Parlamentos de cada uno de los países integrantes, España se adhiere a la Alianza, convirtiéndose en su 16º socio. El 5 de junio del mismo año se iza, por vez primera, la bandera de España en la sede de la Alianza en Bruselas, junto al resto de banderas de los países integrantes, y el 10 de junio, en Bonn, Calvo-Sotelo comparece ante los grandes de Occidente, reunidos en una Cumbre, y afirma que la integración española es el final de un secular periodo de aislamiento», al tiempo que pide ayuda para la solución de tres problemas: el contencioso con Gran Bretaña sobre Gibraltar, la lucha contra el terrorismo y la plena incorporación de España a las Comunidades Europeas. Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros, le escuchan atentamente. En la foto de familia» de aquella Cumbre, histórica para España, Calvo-Sotelo aparece en una esquina y con su gesto circunspecto de siempre, pero seguro que satisfecho por dentro.

28 de octubre de 1982. Elecciones generales. El PSOE y Felipe González cosechan diez millones de votos y una irrepetible mayoría absoluta de 202 diputados. El cambio» anunciado incluye la promesa del referéndum, para salir de la Alianza. Después de tan arrolladora victoria y en su discurso presidencial de investidura, González renueva ante el Congreso su compromiso con la celebración de un referéndum, aunque sin grandes especificaciones. Quizás en ese mismo momento y de forma muy sutil empezaba el cambio del cambio», que se iría escenificando suavemente y paso a paso.

12 de marzo de 1986. Por fin, se celebra el referéndum, pero lo que propone Felipe González es continuar en la Alianza, no salirse de ella. España se retuerce dolorosamente y, en contra de lo que hasta última hora auguraban los sondeos, termina venciendo el sí», con un porcentaje del 52,5, mientras que el no» obtiene el 39,8. La participación fue del 59,7 y la abstención del 40,7. Hubo un 6,5 de votos en blanco. La derecha, que temerariamente había propugnado la abstención, reclamó la victoria moral» en la consulta y Occidente se inclinó ante la capacidad de liderazgo y de mutación de González.

Entre estas fechas de referencia y en el estrecho margen de estos cinco años, se escribe la dramática, compleja y contradictoria historia de la adhesión y permanencia de España en la Alianza Atlántica, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, y también la historia de la transformación increíble de González y del PSOE, tan próxima a la esquizofrenia; una transformación que va desde el marxismo-anarquismo de los años sesenta al aterrizaje en el poder y la rápida asimilación de su estructura en el mundo, donde las cosas son como son y no como se predican. La historia tiene un epílogo tan sorprendente como todo lo anterior, o más aún: la llegada de Javier Solana, íntimo colaborador de Felipe González, al puesto de Secretario General de la OTAN, al puesto número 1» de una Organización que él también, claro, había combatido y demonizado, como había demonizado Solana la hegemonía imperial de los Estados Unidos y hasta les había avisado, en 1981, a propósito de las bases militares norteamericanas en España, advirtiéndoles de que no;si hace falta, mandaremos a Washington un ejemplar de la Constitución, para que sepan lo que es un país soberano».

A finales de 1995, la OTAN busca un nuevo Secretario General, por la dimisión, obligada, del belga Willy Claes, por su presunta implicación en el cobro de comisiones por una operación de venta de armas, y los aliados buscan el consenso, que no consigue reunir el último de los candidatos aparentes, el ex primer ministro holandés Ruud Lubbers. El ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana Madariaga, de ilustres apellidos y carácter conciliador, es el tapado» de última hora a quien, entre la incredulidad de sus paisanos españoles, Washington en particular y la OTAN en general dan su apoyo unánime en el Consejo Atlántico del 1 de diciembre y a quien oficialmente nombran para tan alto cargo los ministro de Asuntos Exteriores de toda la Alianza, el 5 de diciembre, con el intermedio de una rápida visita a España del Presidente norteamericano Bill Clinton, el día 3 de ese mismo mes y de ese mismo trascendente año.

Probablemente una novela de ficción no hubiese mejorado el guión que la realidad fue escribiendo, a propósito de la OTAN y de España, y para cuya explicación que no entendimiento hay que situarse, una vez más, en los tiempos inciertos de la salida de la Dictadura y a partir de algunas preguntas, con difícil respuesta. ¿Por qué la izquierda era tan visceralmente anti-atlantista, si la Alianza era la valedora armada de las libertades y del Occidente en que había que encajar a la democracia? ¿Por qué la izquierda defendía una situación parecida a aquella en la que, necesariamente y para sobrevivir, había tenido que instalarse el Régimen de Franco? ¿Por qué el Partido Socialista tardó tanto en desmarcarse del Partido Comunista y estuvo tanto tiempo enarbolando una bandera que, objetivamente, favorecía los intereses de la Unión Soviética?

A la salida de la Dictadura, el debate en España sobre la OTAN era un debate de emociones y de sentimientos o resentimientos, que mezclaba el miedo a los misiles con el sueño del pacifismo y que, ignorando la guerra fría y nuestra posición estratégica en el mapa-mundi, confundía el rechazo a las bases y al colonialismo yanqui con la vertebración militar de la Europa libre, a la que sin embargo aspirábamos. Y no resultó nada fácil que el PSOE deshiciera ese nudo gordiano suyo, aunque, cuando lo logró, lo hizo con toda la fe de los conversos, y desde el Gobierno. Antes y como alternativa, los socialistas se estuvieron manteniendo en su neutralismo-aislacionismo, alimentando ese fuego y sacándole buenos réditos como otro de sus medios para hacerle la oposición al Gobierno de la UCD que encabezaba Leopoldo Calvo-Sotelo, tan dubitativo en tantas cosas y tan firme en su atlantismo.

El 18 de febrero de 1981 y en el discurso de investidura, ante el Congreso, el candidato Calvo-Sotelo mostraba la disposición española a participar en la Alianza», de acuerdo con el programa electoral de la UCD y que su antecesor, el dimisionario Adolfo Suárez, había preferido ignorar, por falta de ganas y de tiempo, o porque sus querencias y sus carencias se movían mejor en las ambiguas aguas de un cierto neutralismo. A Calvo-Sotelo le replicó, ya por entonces, Felipe González y como líder de la oposición que si algún día llegamos al poder, propondremos la salida de la OTAN, si el procedimiento de entrada no es un referéndum». Tan sólo unas horas después, podía haber añadido a favor del anclaje español en la Alianza que la integración militar serviría para modernizar nuestras Fuerzas Armadas y evitar episodios tan terribles como el golpe de Estado del día 23. No lo hizo, pero continuó con el camino trazado y a muy buen paso, propio del que sabe que su tiempo político está tasado. José Pedro Pérez Llorca, como ministro de Asuntos Exteriores, fue su eficaz y discreto colaborador, en la rápida negociación con los países aliados, consumada casi coincidiendo con la sentencia del Consejo de Guerra contra los golpistas del 23-F y poco antes de que Calvo-Sotelo tuviera que convocar elecciones, inevitablemente para perderlas.

Felipe González arrolló y empieza entonces su mutación, porque la promesa del referéndum era demasiado clamorosa pero también era demasiado evidente que ni la Europa de este lado ni los Estados Unidos le perdonarían nunca que desestabilizara a todo Occidente impulsando la salida de España de la OTAN. Tenía que darse la vuelta a sí mismo, a su partido, a las encuestas y al electorado que lo había llevado hasta el Palacio de la Moncloa. En el último año de su primera legislatura procedió a la convocatoria de la consulta, para que los españoles respondieran a la pregunta no;¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?» y referidos a la no incorporación a la estructura militar integrada, a la prohibición de instalar o introducir armas nucleares y a la reducción de la presencia militar norteamericana. Se trataba de hacer más llevadero aquel gran trago. González jugó fuerte y ganó. Le ganó también a la derecha que, en medio de aquella ceremonia de despropósitos, defendió la abstención o el voto en blanco.

Felipe González confiesa a veces que el referéndum fue un error, probablemente porque sabe que entonces arriesgó demasiado. O por agradecimiento a los españoles que entonces le sacaron las castañas del fuego donde él mismo las había colocado. La Europa del Mercado Común le había echado también una mano. El 1 de enero del año del referéndum España ingresaba como miembro de pleno derecho en las Comunidades Europeas y la mayoría del país captó la conexión entre una adhesión y otra, entre las duras y las maduras.