La estrategia del desbordamiento

El País | Joaquim Coll

Es bastante evidente que el clima de tensión política y de incertidumbre ante el envite soberanista en Cataluña no se puede sostener indefinidamente. 2014 es un año taumatúrgico pero, una vez finalizado, cuando hayan caído todas las hojas del calendario, es de suponer que volveremos a recuperar un ambiente más sosegado y, esperemos, bastante menos atiborrado de propaganda. La urgencia y el determinismo histórico del proyecto secesionista perderá mucha fuerza, sobre todo si la famosa consulta anunciada para el 9 de noviembre no se lleva a cabo y, más aún, si Artur Mas no convoca para entonces elecciones anticipadas como sucedáneo. A medida que nos adentremos en el 2015 y nos aproximemos a las elecciones generales previstas para finales de ese año, el independentismo radical lo tendrá bastante difícil para provocar el llamado choque de legitimidades.

En el siguiente ciclo político, la pulsión secesionista se convertirá en un factor crónico de tensión, en un elemento de desestabilización grave, pero sin posibilidades de producir un jaque mate al orden constitucional. Principalmente porque, en condiciones normales, el muro de la legalidad es insalvable. Y porque, además, el conflicto es irresoluble en los términos que se plantea. Pero eso no significa que el envite vaya a desaparecer sino todo lo contrario: está más bien llamado a enquistarse muchos años. Como ha escrito el exdiplomático Carles Casajuana (El secesionismo catalán y la Unión Europea; EL PAÍS, 13 de marzo de 2014), nuestra pertenencia al club europeo actúa de garantía para que las reglas de juego democráticas se respeten por parte de ambos Gobiernos. Como nadie puede doblegar al otro, lo más probable es que el pleito se prolongue. Ahora bien, los políticos y los partidos no son los únicos actores del tablero catalán. Ya apunté tiempo atrás, cuando todavía nadie hablaba de riesgo insurreccional, que la presión del entramado asociativo secesionista es enorme y que se propone influir decisivamente en el desarrollo de los acontecimientos (El accidente insurreccional; EL PAÍS, 11 de julio de 2013).

Después del éxito de la cadena humana en la pasada Diada, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), presidida por Carme Forcadell, antigua militante de ERC, se ha convertido en un actor relevante. Es una entidad que cuenta con 50.000 miembros, entre socios y colaboradores, una implantación territorial muy amplia, considerables recursos económicos y una notable capacidad logística. Además, ha logrado institucionalizar algunas iniciativas importantes, como la campaña “Firma un voto” con la ayuda de los casi 700 ayuntamientos que hoy integran la Asociación de Municipios por la Independencia. Dicha iniciativa, que se basa en el derecho de petición, recogido en la Constitución y regulado en la legislación, pretende reunir el mayor número posible de firmas para, llegado el caso, transformarlas en un voto que legitime una ulterior declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán o, incluso, como veremos después, por parte de algún otro organismo que se atribuya la representación popular. Paralelamente la ANC se dispone a aprobar, a principios de abril, una hoja de ruta 2014-2015 cuyo borrador ha llamado poderosamente la atención, pues certifica que su estrategia es la de forzar un desbordamiento popular a favor de la secesión. Su objetivo es evitar que el conflicto entre en una vía muerta, se enquiste, fatigue a los ciudadanos y pierda fuerza. En definitiva, que se desperdicie lo que muchos consideran que es un momento de apoyo excepcional a la independencia. Por eso concentra toda su esperanza en un calendario de poco más de siete meses, entre la celebración de la próxima Diada y el día de Sant Jordi del 2015, fecha elegida para que Cataluña proclame la secesión, de una forma u otra.

En dicho documento queda patente la voluntad de vigilar atentamente el proceso, que la ANC considera ya del todo irreversible, y de empujarlo de manera decisiva si hiciera falta. La entidad se atribuye el doble papel de guardiana y vanguardia para afrontar los cuatro escenarios que considera más probables: a) que la consulta se lleva a cabo “de forma más o menos tolerada”, en un clima de estabilidad y fiabilidad suficientes; b) que se haga “con la oposición total del aparato jurídico, político y mediático del Estado español” y, por tanto, con déficits de participación; c) que no se lleve a cabo porque el Gobierno catalán considere que “la situación política y social no lo permite”; y d) que la consulta no se haga porque “la Generalitat ha sido política y jurídicamente suspendida”. En los dos primeros escenarios, el papel de la ANC es de acompañamiento y refuerzo de la Generalitat, mediante una serie de acciones, como campañas masivas para que triunfe la opción del doble sí y constituyendo organizaciones unitarias para garantizar el activismo en todos los pueblos, barrios y ciudades. Aquí la entidad actuaría de guardiana, como agente de presión e incluso, se puede leer entrelíneas en el documento, ejerciendo la coacción, particularmente con los ayuntamientos que no fueran favorables a la consulta o la obstaculizasen por colisionar con la legalidad constitucional.

Pero lo más inquietante no es eso, sino el papel de vanguardia dirigente que se atribuye la ANC en los otros dos escenarios. Veamos primero la situación más improbable, la suspensión de la Generalitat. Ante esa circunstancia la entidad se propone constituir una asamblea de cargos electos de cualquier nivel (local, autonómico, estatal y europeo) para proceder a la declaración de independencia. Anteriormente, en el momento en que quedase claro que no se va a celebrar la consulta, entraría en funcionamiento una asamblea de alcaldes para garantizar “las estructuras políticas administrativas mínimas” ante los escenarios más complicados, organismo que se pondría a las órdenes del Presidente de la Generalitat. Del texto se desprende que Catalunya viviría una situación parecida a un estado de sitio, que obligaría a la autoorganización civil. El lector puede pensar que estamos ante un relato de ficción, pero lo peligroso es que hay un sector del independentismo radical que sí imagina, desea incluso, ver a los tanques entrando por la Diagonal.

Por último, tenemos el escenario políticamente más probable. En septiembre, inmediatamente después de que el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas no referendarias, Mas firmará el decreto de convocatoria, sin dar tiempo a que el Gobierno español pueda antes recurrir dicha ley al Tribunal Constitucional y evitar así la firma del decreto. El líder de CDC no busca celebrar la consulta sino únicamente apuntarse un gesto de enorme trascendencia para el nacionalismo: ser el primer presidente de la Generalitat que ha convocado oficialmente a los catalanes a autodeterminarse. Sabe que el Estado va a anular la consulta y que, aunque el Gobierno catalán se empeñase en llevarla a cabo, no pasaría los mínimos democráticos exigibles a nivel internacional (Víctor Andrés Maldonado,¿Un referéndum democrático?; EL PAÍS, 28 de febrero de 2014). Pero eso a Mas no le preocupa. Siempre podrá argumentar que él cumplió su promesa, pero que Madrid se lo impidió. Con ese triunfo simbólico, su deseo es sortear el 2015, con la incógnita primero de las elecciones municipales y luego de las generales.

Aquí es donde la estrategia de la ANC está diseñada para desbocar la retórica oportunista de Mas, forzándole a anticipar elecciones tras las cuales, una mayoría independentista, declare la secesión. Aunque no haya cita con las urnas, no cabe duda de que el solo gesto de firmar la convocatoria de la consulta va a alentar muchísimo el desbordamiento popular que persigue la ANC, pudiéndose crear un escenario insurreccional el que la entidad pase a encarnar la voluntad del pueblo. Algo de eso ya vimos en 2012 cuando de alguna manera el poder de decisión pareció transferirse a la calle. Y estoy convencido de que no vamos a conocer previamente muchos de los detalles de su plan. En esas circunstancias, un Mas muy presionado puede verse obligado a convocar elecciones. Pero lo más probable es que, antes de eso, denuncie solemnemente la falta de democracia en España y con ello legitime la estrategia del desbordamiento que persigue la ANC.

Joaquim Coll es historiador.