Al final del mes comenzaron las reuniones para explicar a los cuadros del partido las razones para defender el sí en el referéndum de la OTAN.

Se había creado una plataforma cívica para la salida de la OTAN montada con el apoyo del Partido Comunista y presidida por Antonio Gala.

En los medios de comunicación se había desatado una polémica pueril y estéril  sobre el  si Gobierno tendría que disolver las Cortes si perdía el referéndum. Tanto en el partido como en el Gobierno no entendíamos por qué habría que disolver las Cortes. No era más que una estrategia de acoso y derribo del Gobierno, utilizando el referéndum, pues pensaban que era la única ocasión en que tenían de infligir una derrota al Gobierno al darse la extraña conjunción de que parte de la izquierda y de la derecha se hubieran convertido en aliados circunsatanciales. La izquierda por coherencia política; la derecha, por oportunismo.

(…) El día 8 El País publicó una encuesta …

Los datos eran desesperanzadores. Por el momento íbamos a perder el referéndum.

El domingo 16 se produjeron concentraciones eb contra de la OTAN en varias ciudades españolas.

(…) El domingo 23 hubo una manifestación enorme en contra de la OTAN en Madrid

(…) El día 5 de marzo El País publicó el último de sus sondeos sobre la intención de voto en el referéndum. Los datos seguían siendo desesperanzadores; no: entre el 52 y el 56%; sí: entre el 40 y el 46%.

(…) Em Madrid se manifestaron cien mil personas contra la OTAN. Pese a todo, yo aún era optimista (…) estaba convencido de que si Felipe salía un par de veces en televisión para explicar al país las razones para seguir en la OTAN, conseguiría dar un vuelco a las previsiones.

(…) Felipe estaba cansado, harto…Pensaba que estaba haciendo algo que era necesario para este país y se sentía incomprendido y en algunos casos traicionado; consideraba mezquino quem hubiera políticos de la oposición que , que por conseguir un triunfo puntual, intentaran echar abajo un proyecto necesario para España. Felipe González  estaba convencido que era imprescindible continuar en la OTAN para consolidar el futuro de España entre los países más avanzados….

El día 12 se celebró el referéndum. Por la noche esperábamos los resultados con los nervios en punta.

A los pocos minutos de cerrar las urnas estábamos seguros de que había ganado el sí. Los resultados finales fueron 52,53% a favor del sí y 39,84, del no; el resto, papeletas en blanco y votos nulos.

(…) Al día siguiente subió la Bolsa espectacularmente; no era un mal indicador.

“Aquellos años”. Julio Feo. (459-472)

España en la OTAN, 30 años de evolución

El 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número 16

Actualmente aporta un 4% a la financiación y es el séptimo contribuyente

En la cúpula de mando, que lidera EEUU, ocupa el sexto lugar

Efe | Madrid

España se ha situado como un socio fiable y activo en las operaciones militares internacionales, y en el séptimo contribuyente a la OTAN, al cumplirse ahora 30 años de su ingreso en la Alianza.

El 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica, tras solicitar formalmente su ingreso el 2 de diciembre anterior y firmar el protocolo de adhesión el 10 de diciembre de 1981.

El proceso de incorporación de España a la Alianza Atlántica se inicia el 25 de febrero de 1981, con el discurso de investidura del presidente de Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al incluir el ingreso en su programa de gobierno.

Casi de forma inmediata se inician las negociaciones con la Alianza y en agosto de ese año el Gobierno dirige la propuesta a las Cortes que es aprobada en sendas sesiones del Congreso y el Senado. El 2 de diciembre de 1981 España comunica a la Alianza su intención formal de adherirse al Tratado de Washington.

Casi de forma automática recibe la invitación del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso de adhesión y así el 30 de mayo de 1982 España se convierte en el miembro número 16 de la Organización del Atlántico Norte.

Pero su incorporación a la estructura militar se inició tras el referéndum en 1986, celebrado e 12 de marzo de 1986 en el que se consultó la permanencia en determinadas condiciones propuestas por el Gobierno de Felipe González.

Respecto a la contribución económica, España aporta algo más de un 4% a la financiación de los gastos de la Alianza, ocupando el séptimo puesto. A esta contribución hay que añadir el coste de los contingentes desplegados por España por su contribución a las operaciones OTAN, el cual es sufragado íntegramente por España

En el plano militar, España participa actualmente en la principal misión liderada por la OTAN en Afganistán (ISAF), donde mantiene unos 1.500 soldados. También participa en la operación 'Active Endeavour', una misión naval contra el terrorismo que se ejecuta desde el 2001 en todo el Mediterráneo. Y el pasado año intervino en la misión en Libia.

España desplegó por primera vez tropas a las operaciones de la OTAN en la antigua Yugoslavia 1992 y 1995. En Bosnia participó con aviones F-18. Poco después, en diciembre de 1995, Javier Solana fue nombrado secretario general.

En enero de 1999, España se adhirió a la Estructura Militar de Mandos y en junio de 1999 comenzó la participación en la Fuerza Internacional para Kosovo (KFOR).

De octubre de 2005 a enero de 2006, España lideró la primera misión humanitaria de la OTAN, tras el terremoto que causó más de 80.000 muertos en Cachemira (Pakistán).

En la cúpula de mando, que lidera EEUU, España ocupa el sexto lugar de los países aliados.

Otras de las actuales aportaciones españolas a la OTAN son el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados, en Hoyo de Manzanares (Madrid), y el centro de operaciones aéreas de Torrejón de Ardoz.

1. Introducción.

Los gobiernos de UCD y el proceso de adhesión.

El tema de la adhesión de España a la OTAN no se planteó por primera vez hasta el final de la dictadura. Podemos decir que los primeros pasos para el ingreso de España en la Alianza se dieron durante el primer gobierno de la Monarquía, encabezado por Arias Navarro, quien durante la exposición al Pleno de las Cortes de su programa de gobierno el 28 de enero de 1976, planteó esta posibilidad al declarar que "se están considerando las alternativas posibles con la OTAN".

Ya durante el primer gobierno de Adolfo Suárez se produjo un segundo impulso con la firma del Tratado Bilateral hispano-norteamericano en septiembre de 1976, que establecía la creación de una comisión ad hoc para la coordinación de la cooperación entre España y los Estados Unidos con los arreglos de seguridad en el área del Atlántico Norte. A raíz de este acuerdo, comienza a manifestarse el interés de los Estados Unidos y otros países de la OTAN por el ingreso de España en esta organización. Entre las muestras de interés de los aliados por la incorporación de España podemos citar las manifestaciones de apoyo del secretario general de la OTAN Joseph Luns a diversas autoridades españolas; las reuniones celebradas entre el presidente del Comité Militar, el almirante Hill-Norton, con el Jefe del Alto Estado Mayor, general Vallespín; o la publicación de varios artículos sobre el tema en la prensa especializada norteamericana.

Sin embargo, no todos los países de la OTAN eran partidarios de la adhesión española, entre ellos Noruega, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, por considerar que España no gozaba aún de las suficientes garantías democráticas.

A partir de entonces España puso en juego una discreta presión diplomática para conseguir el apoyo de todos los países miembros de la OTAN a su eventual solicitud de ingreso, presión que fue acompañada por una cierta estrategia de acercamiento a la organización. Así, el 9 de noviembre de 1976, una delegación española de miembros del CESEDEM visitó varias instalaciones de la OTAN en Europa y fue recibida por el Comandante en Jefe, Alexander Haig. Fruto de este acercamiento es también la inauguración en la Escuela Superior del Ejército de un curso sobre la OTAN y la puesta en marcha de un Comité para el estudio de la cooperación con la OTAN.

Esta estrategia pareció dar sus frutos, de manera que el 10 de diciembre la OTAN manifestaba su disposición a admitir a nuevos miembros, y en enero de 1977 el secretario general Luns declaraba ante periodistas españoles la conveniencia de que España se integrase en la OTAN, declaración apoyada poco después por el vicepresidente de los Estados Unidos Mondale.

Sin embargo, esta tendencia "adhesionista" comenzó a chocar con una cierta postura ambigua del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, más interesado en los temas de política interior que en los de política exterior, algo totalmente lógico y comprensible dada la fragilidad de la nueva democracia española. A este respecto, aunque el programa de primer gobierno de Suárez se revisaron varias cuestiones pendientes de política exterior, no se había hecho referencia al tema de la adhesión en la OTAN.

La ambigüedad de Suárez le llevó por un lado a realizar manifestaciones desfavorables, o cuando menos neutras ante la integración; y por otro a allanar el camino de cara a un posible ingreso. En cuanto al primer hecho, en una entrevista en Washington, el Presidente norteamericano James Carter le había mostrado su apoyo a la adhesión española, adhesión que Suárez rechazó por considerarla contraproducente dada la situación interna española y la necesidad de un debate nacional. En cuanto a lo segundo, continuaba la política de acercamiento a la organización, política que se reflejaba a nuestro juicio en varios aspectos:

Contactos entre representantes españoles y de la Alianza.

La concreción por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de las líneas de actuación a seguir con respecto al debate sobre la OTAN, con énfasis en el carácter europeo de la relación España-OTAN para evitar un excesivo protagonismo de los Estados Unidos en el tema, y en la necesidad de integrar el problema de Gibraltar dentro de la negociación.

La unificación, mediante el Real Decreto 1558 de 4 de julio de 1977, de los tres ministerios militares en el Ministerio de Defensa, unificación que equiparaba este Ministerio con los de los países de la OTAN.

Las recomendaciones de la Dirección General de América del Norte y Pacífico en base a la elaboración de una serie de informes que subrayaban la implicación de España en la defensa de occidente a través del tratado con los Estados Unidos y desaconsejaban las fórmulas neutralistas por desestabilizadoras del status quo existente en Europa, status que según dichas recomendaciones, se vería mínimamente afectado por la entrada de España en la OTAN.

El 15 de Junio 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España y, conforme con la línea de ambigüedad que hemos señalado anteriormente, en el programa electoral de UCD no se hacía mención al tema de la OTAN, aunque sí lo hizo Suárez en el programa de gobierno surgido de estas elecciones al declarar que el Gobierno era partidario de "la apertura de un debate por los representantes del pueblo legítimamente elegidos con vistas a examinar la posible inserción de España en el Tratado del Atlántico Norte".

En marzo de 1978 se produjo un punto de inflexión en el camino de España hacia la adhesión a la OTAN, cuando en un discurso sobre política exterior pronunciado en el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja declaró el rechazo del Gobierno a cualquier tipo de neutralidad política, exponiendo los pros y contras de la adhesión a la Alianza y planteando la conveniencia de un debate nacional como fórmula adecuada para la adhesión.

Llegados a este punto vamos a hacer unas breves referencias a la figura del ministro Oreja, por la importancia que tuvo en todo este proceso. Para Oreja, la integración en la OTAN era una pieza clave e imprescindible en el proceso de la inserción española en el bloque occidental. A diferencia de otros políticos de su época, pensaba que este proceso no se terminaba con el ingreso en la Comunidad Económica Europea, sino que requería sustituir la relación bilateral que España mantenía con Estados Unidos por otra multilateral con las grandes democracias occidentales. Y el único modo de acceder a ello era a través del ingreso en la Alianza, ingreso que por otro lado y en opinión del ministro, podía contribuir a acelerar las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) así como facilitar un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar.

Sin embargo, las ideas del ministro Oreja se encontraron con un doble obstáculo: por un lado, el afán del presidente Suárez por dirigir personalmente todos los aspectos relacionados con la política exterior; por otro, la falta de consenso en el seno de su partido y del Gobierno sobre estos aspectos. Todo ello condicionó la postura diplomática española ante el tema de la OTAN y provocó discrepancias entre el presidente y el ministro, discrepancias que, como veremos más adelante, llevaron a su destitución en septiembre de 1980.

En estas discrepancias podemos observar una vez más la indefinición y ambigüedad del Presidente Suárez sobre el tema de la OTAN. Así, mientras Oreja se esforzaba por perfilar una política exterior que fuese "europea, democrática y occidental" y hacía lo posible por aproximarse a la OTAN, Suárez visitaba a Fidel Castro y alentaba la participación de España, como potencia observadora, en la VI Cumbre de Países No Alineados. Pero ¿cuál era la causa de esta ambigüedad o indefinición del Presidente del Gobierno?

A este respecto, Val Cid menciona ciertas críticas hechas por algunos autores a Suárez en base a su antinorteamericanismo o a su sentimiento nacionalista, herencia de su pasado franquista. Para Nicholas Bray la política exterior española de esta época estuvo marcada por la "falta de seriedad y la aparente falta de consideración por las cuestiones estratégicas internacionales" del presidente del gobierno Suárez. Desde otro punto de vista, según Aldecoa, para Suárez la adhesión a la OTAN no era un objetivo a conseguir sino más bien un tema a debatir o discutir. En este sentido, la indefinición de UCD sobre el tema no sería consecuencia de una indefinición en política exterior, sino más bien de un intento de retomar el protagonismo de España como actor regional de primer orden, en base a su valor geoestratégico.

Sin embargo, una explicación más coherente se basa en la importancia extrema que Suárez concedió a la política interior de cara a la implantación de un sistema político democrático y en su temor a que un desacuerdo profundo en política exterior pusiese en peligro el frágil consenso constituyente. Como afirma Fernando Rodrigo, Suárez no quería asumir el riesgo de romper una política de acuerdos entre todos los grupos Parlamentarios, riesgo que hubiera corrido de llevar a cabo la adhesión a la OTAN. En este sentido, el Gobierno de UCD consideró prioritario como objetivo en política exterior la adhesión a la Comunidad Económica Europea, un objetivo sobre el que sí había consenso entre todos los partidos políticos.

Volviendo a la narración cronológica del proceso de adhesión de España a la Alianza Atlántica, en otoño de 1978 se celebró el primer Congreso de UCD, en el que se confirmó que el partido era partidario de la adhesión a la OTAN, aunque con ciertas peculiaridades y necesidades de seguridad, y se proponía que paralelamente a la integración se llegara a un acuerdo sobre el tema de Gibraltar. En cuanto al procedimiento se era partidario de un amplio respaldo popular a través del Parlamento y un debate en el momento oportuno. Pero una vez más, estos temas quedaron en segundo plano como consecuencia de asuntos relacionados con la política interior, en este caso la necesidad de lograr un consenso entre los diversos partidos para sacar adelante el texto de la Constitución y la transición democrática.

Sin embargo las conclusiones de este primer Congreso no cayeron en saco roto. Así, tras la aprobación en referéndum de la Constitución Española y la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo de 1979, UCD en su programa electoral se mostró partidaria de la adhesión tras un adecuado debate parlamentario, aunque prudentemente no se comprometía a llevarla a cabo en dicha legislatura. Esta postura fue ratificada por Suárez en su debate de investidura del 30 de marzo cuando insistió en que la UCD era partidaria de la adhesión a la OTAN por coherencia con su vocación europea y occidental, aunque supeditaba la adhesión a la consideración de los condicionamientos de las particularidades y exigencias de defensa del país y a la obtención de un amplio respaldo parlamentario.

En esta misma línea de prudencia se manifestaba el Ministro Oreja el 18 de septiembre en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para responder a una interpelación hecha por el PSOE sobre la OTAN, al declarar que "no es todavía oportuno hablar del calendario de una eventual integración de España en la OTAN. (...) No es hoy el momento de fijar el calendario. (...)"

A pesar de la declaración de intenciones realizadas por el presidente Suárez en su discurso de investidura, aparece una vez más durante esta legislatura la política de ambigüedad, con alternancia de declaraciones en contra de la adhesión -como las realizadas en Cuba a Fidel Castro- y acciones encaminadas a ese fin, como la firma de la directiva de defensa nacional 01/80 en la que se propugnaba una integración en la Alianza en condiciones ventajosas por la positiva influencia que ello tendría en la política de defensa.

En la primavera de 1980 se produjo un acontecimiento de gran importancia de cara a la adhesión de España a la OTAN, y en el que ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, volvió de nuevo a desempeñar un papel trascendental. Francia veta el proceso de ampliación de la CEE, paralizando la adhesión de España a las Comunidades. El Gobierno español comienza a utilizar el ingreso en la OTAN como moneda de cambio para presionar a la Alianza y obtener la adhesión a la CEE. En este contexto el ministro Oreja realizó el 17 de junio unas declaraciones al periódico El País en las que manifestaba que el gobierno era totalmente favorable a la pronta incorporación de España a la Alianza Atlántica bajo dos condiciones: a) garantía de solución al contencioso de Gibraltar, y b) continuación del proceso de integración en la CEE. En estas declaraciones el ministro fijó por primera vez una fecha para el debate del tema, en concreto 1981.

A los problemas que en política exterior había supuesto para el Gobierno el veto del Presidente de la República Francesa Valery Giscard a la ampliación de la CEE, había que sumarle las importantes dificultades por las que se atravesaba en política interna a raíz de la moción de censura presentada por los socialistas en mayo de ese año. Además UCD había recibido un fuerte varapalo en las primeras elecciones autonómicas celebradas en Cataluña y el País Vasco, Andalucía reclamaba cada vez con más ímpetu mayores cotas de autogobierno y exigía un referéndum. A consecuencia de todo lo anterior, la unidad interna de UCD se resentía y las tensiones internas eran cada vez mayores.

Por otra parte las divergencias existentes entre el presidente Suárez y el ministro Oreja sobre al tema de la adhesión se agudizaron a consecuencia de las declaraciones, anteriormente mencionadas, de este último al diario El País. El 3 de septiembre de 1980 fue destituido por José Pedro Pérez Llorca, quien paradójicamente se había mostrado como un firme defensor de la vocación atlantista.

Todo parecía preparado para la celebración de un debate parlamentario sobre el tema de la adhesión a la Alianza, pero una vez más el presidente Suárez retrasó el proceso, argumentando las consecuencias desestabilizadoras que dicho debate tendría en política interna dada la fuerte oposición del PSOE. La actitud del presidente español comenzó a causar preocupación en los gobiernos europeos y de los Estados Unidos, así como tensiones y distensiones en el seno de su partido. Estas tensiones acentuaron el clima de crisis que vivía UCD durante ese año, y que tuvo su cenit en el denominado "movimiento crítico" encabezado por Miguel Herrero de Miñón y que jugó un papel crucial en el II Congreso del partido.

Acosado tanto dentro como fuera de su partido, Suárez tomó dos decisiones de gran importancia para la política española. En primer lugar, y envuelto en un cierto halo de secretismo, decide integrar a España en la OTAN, tal y como lo comunica el 23 de enero de 1981 al diputado Javier Rupérez y al ministro de Asuntos Exteriores belga Leo Tindemans, tras haber informado al Rey, al Vicepresidente Gutiérrez Mellado y al Ministro de Exteriores. Días más tarde - el 27 de enero- Suárez presentó su dimisión al Rey D. Juan Carlos.

El nuevo Gobierno de UCD, presidido por Calvo Sotelo adoptó una postura claramente a favor de la adhesión a la OTAN. Así, en su discurso de investidura del 18 de febrero de 1981 aparece por primera vez formulado formalmente como objetivo del Gobierno la adhesión de España a la Alianza, y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento oportuno para ello y definir las condiciones de la adhesión. Se produce por tanto un giro en la política exterior con respecto al gobierno anterior. La política exterior de los gobiernos de Suárez se había centrado en la defensa de nuestros propios intereses, en tanto que la nueva concepción de política exterior se puede sintetizar en renuncia al protagonismo exterior y énfasis en la política de seguridad o defensa. Desde esta perspectiva, la vinculación a la Alianza Atlántica se inscribía perfectamente en esta nueva concepción de política exterior.

Rodrigo (1996) ha señalado varios factores que influyeron en ese cambio radical en cuanto a la política exterior en general, y en la decisión de Calvo-Sotelo de ingresar a España en la OTAN:

La mayor experiencia en política exterior de Calvo-Sotelo, que le habían hecho desarrollar una línea de pensamiento que incluía una política exterior definida, clara, democrática y occidental. En este contexto, el nuevo Presidente había sido consciente desde un principio de la estrecha relación existente entre la integración en la OTAN y la adhesión a la CEE.

La necesidad de reformular las relaciones bilaterales con los EEUU, unas relaciones desequilibradas a favor de estos últimos, en las que España desempeñaba el papel de comparsa y que eran prolongación de los acuerdos firmados por Franco con Eisenhower en 1953. En mayo de 1981 se iniciaron las negociaciones, constatándose en seguida la escasa disposición de los Estados Unidos para alterar el Tratado Bilateral en el sentido que exigía España sin que antes se produjera el ingreso en la OTAN.

El 23 de febrero de 1981 se produjo el intento de golpe de estado del Teniente Coronel Tejero, intento que aunque fallido provocó cierta desestabilización en la situación política interna española. Este suceso tuvo una consecuencia importante a corto plazo, en tanto que la atención política se centró en política interna y provocó un parón en el proceso de adhesión. Sin embargo, a medio plazo se hizo patente la necesidad de reciclar y "occidentalizar" a las Fuerzas Armadas para evitar futuras actuaciones antidemocráticas. Los ejércitos de los países de la OTAN podían servir en ese sentido como modelo e imagen para las españolas.

Con todo, en mayo de 1981 la decisión de incorporar España a la OTAN ya había sido tomada. El 4 y 5 de ese mes el Consejo de Ministros de la Alianza había examinado de manera favorable el ingreso de España. Poco después, en una visita a la República Federal Alemana, el Presidente Calvo-Sotelo confirmaba el inmediato ingreso de España en la OTAN y su intención al respecto de no convocar un referéndum.

A partir de entonces los acontecimientos se desarrollan con celeridad. El 20 de agosto de 1981 el Consejo de Ministros solicitó al Consejo de Estado el dictamen preceptivo sobre la entrada de España en la OTAN. El día 27 de agosto el Consejo de Estado emitió dictamen favorable, recomendando la vía del artículo 94 de la Constitución para la tramitación parlamentaria de la adhesión. Días más tarde, el gobierno de UCD presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados la petición de adhesión a la OTAN, petición admitida a trámite el 3 de septiembre, aunque con los votos en contra de socialistas y comunistas.

El 15 de septiembre el Pleno del Congreso de los Diputados decidió, por 180 votos a favor, 126 en contra y 2 abstenciones, que la Comisión de Asuntos Exteriores era competente para tratar el proyecto de adhesión, por lo que se remitió a dicha Comisión la tramitación de la adhesión de España a la OTAN.

El 8 de octubre la Comisión autorizó al Gobierno a concluir la adhesión y el 27 de octubre se iniciaba el Debate parlamentario sobre la OTAN, en un clima de movilización popular en contra. El 29 quedaba aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Exteriores con los 186 votos a favor de UCD, Centro Democrático, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y Unión del Pueblo Navarro; por los 146 en contra del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Andaluz, Partido Comunista de España, Euskadiko Ezkerra, Ezquerra Republicana de Catalunya, Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Canario quedaba autorizada la adhesión con las siguientes condiciones:

No aceptar compromisos que implicasen el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la Alianza en nuestro país.

Obtener garantías para la defensa de todo el territorio peninsular y extrapeninsular, la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar, el fortalecimiento de la soberanía y defensa sobre toda España y la aceleración, de forma paralela, de la negociación política y económica con la CEE.

Un mes después, el 26 de Noviembre, el Pleno del Senado ratificó la decisión de la Cámara Baja por 106 votos a favor, 60 en contra y una abstención, dejando libre el camino para la presentación en Bruselas de la petición de adhesión. Consecuentemente, el día 28 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores dirigió una carta al secretario general de la OTAN, comunicándole que, en base a la autorización parlamentaria, España estaba en disposición de recibir favorablemente la invitación para la adhesión al Tratado del Atlántico Norte y se encontraba constitucionalmente autorizado para depositar, llegado el momento, el correspondiente instrumento de adhesión.

El 2 de diciembre el embajador español en Bruselas, Nuño Aguirre de Cárcer, entregó oficialmente al secretario general Joseph Luns la solicitud de adhesión; el día 10 de diciembre se firmaba en Bruselas, en reunión ministerial del Consejo Atlántico, el Protocolo de Adhesión, iniciándose a partir de entonces el trámite de ratificación por los parlamentos de los quince países miembros de la Alianza. España dedicó un esfuerzo considerable para convertirse en el miembro número 16 de la OTAN con la máxima rapidez posible, consiguiéndolo en apenas seis meses.

El 29 de mayo el secretario general de la OTAN dirigía una carta al Gobierno español invitándole a adherirse a la Alianza. Ese mismo día, la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores emitió el famoso comunicado por el que se anunciaba la entrega del instrumento de adhesión del Reino de España a la OTAN. El día 30, en una maniobra de adelantamiento a los obstáculos que el PSOE quería poner a la adhesión, el encargado de negocios en Washington Álvarez de Toledo, entregó el documento de adhesión al vicesecretario norteamericano de Estado Walter Stressel y España se convertía en el 16° miembro de la OTAN. Poco después la bandera española era izada en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas y los ministros españoles de Defensa y Asuntos Exteriores participaron por primera vez en una reunión del Consejo Atlántico.

El 7 de julio Javier Rupérez fue nombrado nuevo embajador en la OTAN, y comenzó a preparar las conversaciones preliminares para la integración de España en la OTAN. En dichas conversaciones se trataron temas como: a) el espacio de amenazas y su percepción, b) estado de preparación de las Fuerzas Armadas Españolas, c) asignación de fuerzas, y d) participación española en la estructura de mandos.

Como hemos visto, el proceso hacia el ingreso de España en la OTAN fue un camino repleto de obstáculos y trabas, quizá premonitorio de lo que acontecería en el futuro con el acceso al gobierno del PSOE. Vamos a analizar a continuación con respecto a este tema la postura del PSOE, y de Felipe González en particular, hasta este momento como introducción a una posterior descripción del proceso por el que, según autores como Letrilliart, se produjo un cambio radical en los planteamientos socialistas ante la integración en la OTAN en apenas diez años, desde un rechazo categórico a una aceptación razonada.

2. El PSOE y el proceso de adhesión.

Los primeros posicionamientos del PSOE en política de defensa tuvieron un fuerte carácter neutralista y antiamericanista, como quedó reflejado en el XXVII Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1976 y en el que se propugnó un modelo de neutralidad activa, cuyos objetivos prioritarios eran el desmantelamiento de todas las bases extranjeras en territorio español y el desmarque de la política de bloques militares. Esta línea neutralista y de no alineación está igualmente presente en el XXVIII Congreso, celebrado en el año 1979 y en el que Felipe González asumió la secretaría general del partido.

Durante el año 1980, y a consecuencia de los acercamientos del gobierno de UCD a la Alianza, la política del PSOE se transformó claramente en antiOTAN. En marzo de 1980 González hizo pública a nivel internacional su postura al defender en el Congreso de la Unión de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea la neutralización y desnuclearización del Mediterráneo, algo completamente contradictorio con la existencia del Tratado del Atlántico Norte.

En 1981, la posición del PSOE se fue radicalizando conforme avanzaban los contactos y los acercamientos a la Alianza. En febrero, durante el discurso de investidura del presidente Calvo Sotelo, González como jefe de la oposición rechazó de lleno sus argumentos a favor del ingreso en la Alianza, aduciendo que se trataba de una organización que no se encontraba al servicio de los intereses occidentales sino de los de Estados Unidos. En aquel discurso, González llegó a manifestar que "Si algún día llegásemos al poder, propondríamos la salida de la Alianza Atlántica si el procedimiento de entrada no es un referéndum mayoritario al pueblo español". En julio la decisión de ingresar en la OTAN parece estar ya tomada y arrecia la oposición socialista, buscando apoyo no sólo en la sociedad española sino entre los partidos socialistas europeos. Con dicho fin se sucedieron los actos públicos y las declaraciones en la prensa, como las que realizó Felipe González al diario El País calificando el ingreso como "barbaridad histórica" y "tremendo error", o las de Alfonso Guerra manifestando a Diario 16 que "el eventual ingreso en la OTAN convertiría a España en una Colonia de los Estados Unidos".

De esta manera, la decisión de Calvo Sotelo de solicitar el ingreso en la Alianza supuso el inicio de un violento debate nacional con indudables connotaciones electorales y que se reflejó en la aparición de importantes movimientos y campañas antiOTAN. En este sentido, según Portero, el Partido Socialista hizo del rechazo a la integración una estrategia política para debilitar a la UCD y obtener la victoria en las siguientes elecciones.

Esta estrategia, que se desarrolló bajo el lema "OTAN, de entrada no", se cristalizó en movilizaciones populares, como la celebrada a comienzos de julio en la Casa de Campo de Madrid y que concentró a decenas de miles de personas en contra de la OTAN, o la manifestación "Por la paz y el desarme" de 15 de noviembre en la que participaron más de 250.000 personas. Se pusieron en marcha igualmente campañas de recogida de firmas promovida por PSOE y PCE (con más de un millón de firmantes). Y como estrategia de desgaste del Gobierno dio pronto sus frutos, produciéndose una disminución paulatina del número de partidarios de la adhesión, que pasó del 20 % en julio de 1981 al 13 % en septiembre.

El 3 de septiembre, un día después de que la Mesa del Congreso acordó la admisión a trámite parlamentario de la petición del Gobierno para la autorización de la adhesión, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una moción solicitando la convocatoria de un referéndum. El 7 de octubre González iba un paso más lejos y se comprometía a que, en caso de que el gobierno lograra el ingreso en la OTAN y de que el PSOE ganara las siguientes elecciones, convocaría un referéndum aconsejando a la ciudadanía el voto favorable a la salida. Encontramos por fin la primera mención oficial al compromiso de celebrar un referéndum.

Durante la celebración en octubre de 1981 del Debate Parlamentario sobre la OTAN, los socialistas introdujeron dos propuestas cuyo objeto era sin duda paralizar el ya irremediable proceso de adhesión y que, sin embargo, no fructificaron: a) someter a consulta del Tribunal Constitucional una posible contradicción entre el texto del Tratado y la Constitución, y b) realización de un referéndum sobre el tema. Ante el rechazo de estas propuestas, González manifestó al Congreso que el PSOE no se responsabilizaría de la decisión que estaba a punto de tomarse, y que esta responsabilidad sería sólo atribuible a los grupos que la apoyaban. Consecuentemente con esta actitud, el Partido Socialista votó en contra de la adhesión tanto en el Congreso como en el Senado.

El rechazo radical del Partido Socialista a la adhesión a la OTAN se basaba en una serie de argumentos recogidos posteriormente en las resoluciones de su XXIX Congreso en octubre de 1981. En primer lugar un sentimiento antiamericanista, consecuencia de la imagen negativa que se tenía sobre la política exterior norteamericana (imperialismo) y fomentada por el apoyo incondicional americano a la dictadura del general Franco. Como señala Luis Yánez, la visión que se tenía de los americanos no era la de paladines de la libertad y de la democracia. A esto había que añadirle un cambio de opinión acerca de la guerra fría y el peligro que la amenaza soviética suponía para España, cambio de opinión basado en un análisis más crítico y real de los objetivos de la política soviética en Europa.

En segundo lugar, se argumentaba que la Alianza no tenía en cuenta los intereses españoles en Gibraltar ni asumía la defensa de Ceuta y Melilla, en las que España tenía amenazas reales. Se aducía con razón que el Norte de África, posible área de amenaza para España, no se encontraba dentro del área de aplicación del Tratado de Washintong.

Se temía también que el ingreso de España en la OTAN provocara un desequilibrio en el balance estratégico entre los bloques militares, aumentando la tensión internacional. No hay que olvidar a este respecto el aviso que la Unión Soviética había hecho al Gobierno español el 7 de septiembre de 1981 al entregarle un memorando en que advertía que la entrada de España en la OTAN provocaría un aumento de la tensión internacional, reforzaría la política de bloques y animaría la carrera de armamento.

En último lugar, y relacionado con el anterior, el ingreso en la OTAN convertiría a España en un objetivo potencial para el Pacto de Varsovia, con el consiguiente aumento del riesgo de sufrir un ataque nuclear.

Durante este Congreso se defendió igualmente que la única forma aceptable para el ingreso en la OTAN sería la decisión popular expresada a través de un referéndum consultivo, medida ésta prevista en la Constitución para temas de especial trascendencia. González volvía a comprometerse a la realización de un referéndum, en caso de que aún no se hubiera celebrado, cuando el PSOE accediera al gobierno. Todas estas medidas sobre la adhesión a la OTAN se complementaron con la elaboración de un documento titulado "50 preguntas sobre la OTAN", que rebatía los postulados adhesionistas del Gobierno de UCD, basándose en los inconvenientes que supondría la incorporación a la Alianza:

La OTAN no es garantía de la supervivencia de la democracia española, tal y como lo demostraba la presencia en la Organización de regímenes totalitarios como Grecia y Turquía.

No garantizaba el ingreso en el Mercado Común.

Incremento notable de los gastos militares.

Imposibilidad de que España constituyera una excepción en el proceso de nuclearización europea.

Inexistencia de conexión entre la entrada en la OTAN y la devolución de la soberanía sobre Gibraltar.

Como podemos comprobar, el Partido Socialista se iba complicando poco a poco la vida en el tema de la OTAN, comprometiéndose a una no integración de la que luego tendría que dar marcha atrás a expensas de importantes costes políticos. Pero la historia no termina aquí: aún nos queda por analizar la campaña para las elecciones de 1982.

El PSOE y la campaña electoral de 1982.

Tras el ingreso en la OTAN, y durante la campaña electoral de 1982 el PSOE contrajo dos compromisos: detener el proceso de integración y convocar un referéndum. Esta postura, usada como arma propagandística de gran efecto durante la campaña, era consecuente con las directrices adoptadas por el partido en el XXIX Congreso y se materializó en la presentación de numerosas propuestas y mociones cuyo objetivo era paralizar la adhesión. Sin embargo, un análisis detallado del programa electoral del Partido Socialista permite aventurar la hipótesis de que realmente se trató de dejar en un segundo plano el tema de la Alianza. En efecto, el tema es presentado dentro de un paquete de medidas en política exterior junto con objetivos como la adhesión a la Comunidad Europea, el desarrollo de las relaciones internacionales con los países de Iberoamérica y Mediterráneo, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, etc. La referencia al tema de la OTAN aparecía en sexto lugar.

Este "olvido" por parte del Partido Socialista tiene una explicación lógica a juicio de algunos autores: según el entonces subsecretario del Ministerio de Educación Joaquín Arango el PSOE había asumido ya que no sacaría a España de la OTAN, pues abandonar la Alianza hubiera sido interpretado por el resto de Europa Occidental como un falta de solidaridad, que hubiera afectado la credibilidad de la política exterior española y perjudicado el ingreso de España en la CEE. Desde una postura muy similar, Viñas argumenta que el PSOE había experimentado una transformación en sus planteamientos en política de defensa a consecuencia de las modificaciones producidas en el entorno geoestratégico en que había de desarrollar su política internacional.

Desde este punto de vista, si la permanencia en la Alianza era necesaria para la política exterior socialista, podemos extraer dos conclusiones de gran importancia. En primer lugar, UCD y el hasta entonces presidente Calvo-Sotelo le había hecho un gran favor al PSOE al incorporar España a la OTAN. En segundo lugar, introducir la propuesta del referéndum en el programa electoral supuso un grave error, opinión esta compartida por los ex-ministros socialistas de Defensa Narcís Serra y de Exteriores Fernando Morán y por Joaquín Arango. En este sentido, Morán ya había expresado durante la campaña electoral sus dudas sobre la inclusión del tema del referéndum como promesa electoral; mientras que Serra se mostraba menos moderado y opinaba que hubiera sido mejor no prometer el referéndum. Desde otra perspectiva, Arango, en base a las recomendaciones y conclusiones del grupo de trabajo que había presidido sobre el golpe de estado de 23 de febrero de 1981, desaconsejaba plantear la salida de la OTAN.

En cuanto a la actitud de otros partidos políticos ante el tema de la OTAN en la campaña electoral de 1982, la Unión de Centro Democrático, Alianza Popular y Centro Democrático y Social (el nuevo partido de Suárez) mostraron una postura favorable a la integración en la Alianza; por el contrario el Partido Comunista era partidario de la salida e incluso fijó la fecha para la celebración de un referéndum consultivo.

3. El PSOE en el gobierno.

Tras la victoria en las elecciones generales del 28 de octubre de 1882, el primer gobierno socialista –formado el 3 diciembre de 1982- se encontró con una indeseable herencia por parte de UCD. Calvo-Sotelo había incorporado a España en la OTAN con la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos en contra, y sin una definición clara y precisa de la aportación española y de los términos de inserción en la OTAN.

El 8 de diciembre, en una reunión del Consejo Atlántico celebrada en Bruselas, el ministro socialista de Asuntos Exteriores Fernando Morán, anunció a los aliados la intención del nuevo Gobierno de detener la integración de España en la organización militar mientras se realizaba un análisis de los intereses estratégicos de España y se celebraba un referéndum. Mientras tanto España permanecería en la Alianza con la promesa de ser un aliado seguro y fiel. En opinión de Val Cid, en esta postura subyacía un intento de sacar provecho político de la integración en la Alianza, utilizándose como moneda de cambio para la integración en la CEE.

Esta postura inicial del Gobierno se ajustaba al compromiso electoral del PSOE y a la voluntad de la sociedad española. Sin embargo, existía una contradicción latente entre su vocación europeísta y sus tendencias neutralistas, contradicción que se vio reflejada en una estrategia política conocida como ambigüedad calculada y que se caracterizó por la alternancia de declaraciones y actos a favor y en contra de la integración militar. Así, mientras por un lado se decidía mantener la presencia militar y diplomática en los comités de la OTAN, por otro se negaba a la nuclearización del territorio español en el Convenio Bilateral con los EEUU.

Esta estrategia, que con mayor o menor fortuna dio resultado en política exterior y en las relaciones con la Alianza, causó no obstante enfrentamientos entre la base y la cúpula del partido y disensiones dentro del Gobierno, ocasionadas por diversas corrientes de opinión en cuanto al tema de la permanencia:

De una parte, el Vicepresidente Alfonso Guerra, diplomáticos como Luis Yánez y ministros como José María Maravall, Ernest Lluch o Javier Solana, estaban dispuestos a abandonar la OTAN y a orientar la política exterior española hacia una línea más neutralista y de cooperación con América Latina y el Tercer Mundo.

Por otro lado, el Ministro Defensa, Narcís Serra, se mostraba partidario de la permanencia, en función de las ventajas y posibilidades que ello suponía para la industria española y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Idéntica postura adoptaba el ministro de Economía, Miguel Boyer, que comprendía la contradicción entre una política económica europeísta y otra defensiva de carácter neutral.

Por último, otros miembros del Gobierno como el ministro Moran intentaron hallar una posición intermedia entre los postulados ideológicos y los intereses de estado.

Lenta y hábilmente el Presidente González fue desmarcándose de la posición inicial de su partido, llegando incluso a manifestar a la prensa que no era antiOTAN, e incluso demostrándolo con las manifestaciones de apoyo en 1983 en la República Federal Alemana al despliegue de los misiles pershing II y cruise. Esta "huida hacia delante" de Felipe González chocaba con la postura de parte del Gobierno, como hemos señalado antes y se encontraría en la base de la tormenta interna que sacudiría al partido años más tarde.

En 1983 el Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró un informe sobre la OTAN, boceto del famoso Decálogo de política exterior que González presentó al Congreso de los Diputados un año más tarde. Los puntos recogidos por este informe eran los siguientes:

Definición precisa de los criterios de no integración en la estructura militar.

Declaración de no admisión, establecimientos o tránsito de armamento nuclear.

Mantenimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero con reducción, mediante acuerdo, de la presencia militar en España.

Declaración a favor de la paz, la distensión y del desarme controlado y verificable.

En 1984, se produjo el definitivo giro atlantista en las manifestaciones de González y del resto de los miembros del Gabinete Socialista. Se sucedieron las declaraciones favorables en TVE y los viajes al extranjero, se puso énfasis en la relación entre la permanencia en la OTAN y la integración en la Comunidad Europea, hasta tal punto que el Ministro de Defensa Serra declaró su confianza en la no celebración del referéndum. Incluso alguien tan opuesto a la Alianza como Alfonso Guerra cambió de opinión y comenzó a apoyar la permanencia. Tras este giro político se encontraba el intento del Gobierno de aprovechar las ventajas que la Alianza ofrecía a los intereses españoles y al proyecto socialista.

Los días 23 a 25 de octubre de 1984 se celebró el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que se puso de manifiesto el cambio de actitud del Gobierno en el tema de la OTAN. Felipe González expuso su famoso "Decálogo" sobre la política de paz y seguridad, compuesto por los siguientes diez puntos encaminados a la búsqueda del consenso en política exterior:

Continuidad en la OTAN.

No integración en la estructura militar.

Reducción de la presencia norteamericana en España.

No nuclearización.

No exclusión de la firma del Tratado de NO proliferación Nuclear.

Voluntad de participación en la Unión Europea Occidental.

Recuperación de Gibraltar.

Candidatura al comité de desarme de la ONU.

Desarrollo de convenios bilaterales de cooperación defensiva con otros países de la Europa occidental.

Plan estratégico conjunto.

En su intervención parlamentaria, González expuso las líneas maestras de su política en relación con la Alianza: permanencia vinculada al ingreso en la CEE y a la disminución de la presencia estratégica en España. Propuso igualmente el presidente del Gobierno la celebración de un debate parlamentario sobre el tema con vistas a la consecución de un consenso y la comunicación a la opinión pública de una amplia información que les permitiera decidirse sobre la permanencia de España en la OTAN. Finalmente anunció la celebración de un referéndum sobre la cuestión para principios de 1986.

Decidida y clarificada definitivamente su actitud con respecto a la OTAN, González se dedicó hábil y eficazmente a la búsqueda de apoyo para sus tesis, y ningún sitio mejor para ello que el XXX Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1984. Allí defendió la permanencia en la OTAN aludiendo a argumentos tan variados como la memoria histórica del partido que en 1949 había valorado positivamente la creación del Pacto Atlántico, o la crítica al romanticismo e idealismo de la izquierda socialista por su actitud neutralista. De la misma manera, en las conclusiones del Congreso se aportaron una serie de argumentos en apoyo de la permanencia:

No comprometer el proyecto global de construcción europea en el resto de sus ámbitos (político, económico, etc.).

No poner en entre dicho nuestra credibilidad exterior.

La salida de la OTAN provocaría una alteración de los equilibrios establecidos y la fragilidad política de la Alianza.

Evidentemente, esta toma de posición fue apoyada por el Departamento de Estado norteamericano y los países miembros de la OTAN, que acogieron estas medidas con euforia. Sin embargo, durante el año 1985 se produjeron varios hechos que transformaron esta euforia en preocupación. Por un lado se recibieron presiones tanto desde los Estados Unidos como desde el Congreso de la Unión Europea Democristiana. Por otro lado, en España el PCE encabezó una fuerte movilización popular contra la OTAN mediante manifestaciones, declaraciones y actuaciones de las mesas por el referéndum.

Estas presiones, tanto exteriores como interiores, volvieron a originar tensiones en el seno del Gobierno que desembocaron en la destitución de Fernando Moran y su sustitución en la cartera de Exteriores por Fernández Ordóñez, de vocación mucho más atlantista que su predecesor. Esta medida, bien recibida por los países de la OTAN supuso una consolidación de la figura de González al frente de la diplomacia española.

4. La campaña del referéndum de la OTAN.

En abril de 1985, y acosado por las presiones externas e internas, González fijó el mes de marzo de 1986 como fecha probable para la celebración del referéndum, aunque sin aclarar su carácter vinculante o consultivo. A partir de ese momento se desató una intensa precampaña que enrareció el ambiente político del país, con la multiplicación de artículos de opinión desde todos los ámbitos de la sociedad española e incluso la denuncia de maniobras para impedir la celebración del referéndum.

El día 2 de noviembre de 1985, es decir cinco meses antes del referéndum, El País publicó un sondeo de Sofemasa que mostraba claramente la actitud de los españoles en cuanto a la celebración del referéndum (un 63% de los españoles deseaban el referéndum), y debió causar gran preocupación en el Gobierno en general y en Felipe González en particular: el 46 % de los encuestados era partidario de la salida, por sólo un 19 % de la permanencia mientras que el porcentaje de indecisos se elevaba al 35 %.

El riesgo de derrota era alto, y el Gobierno se movilizó de cara a la campaña electoral. Como dice irónicamente Aguirre de aquel momento de nuestra historia, "El PSOE, utilizando todos los argumentos –desde las supuestas ventajas tecnológicas hasta la llegada del Pato Donald- tiene sobre sus espaldas la carga de convencer a la opinión pública y cambiar su orientación. Una tarea poco sencilla para un partido que llegó al poder enarbolando la bandera anti-OTAN".

Dicha tarea se realizó tanto a nivel institucional como personal. A nivel institucional se tomaron dos medidas de gran importancia. En primer lugar el PSOE elaboró un documento titulado "Propuesta de una política de paz y seguridad", en el que se optaba por la permanencia bajo una serie de condiciones como la no incorporación a la estructura militar, prohibición de instalación, almacenamiento o paso de armamento nuclear por nuestro territorio y reducción de la presencia norteamericana. Por otra parte, y en conexión con lo anterior, a finales de año comenzaba la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos para la reducción de la presencia militar en España.

A nivel personal, destacó el papel de González, que aumentó notablemente su número de apariciones en los medios de comunicación. Como muestra de su estrategia, valgan las declaraciones que realizó a El país el 17 de noviembre de 1985 y que citamos por su importancia en contraste con la postura que había defendido hacía apenas cuatro años:

"Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento no era correcta (...) En la Alianza, de verdad, están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz".

Esta chocante sinceridad del Presidente, en tanto que reconocimiento de sus errores, tendría influencia en el cambio de opinión de gran parte de la sociedad española. Así, declarada públicamente su postura ante la opinión española, González concentró su discurso en tres aspectos convincentes para su electorado:

El cumplimiento del compromiso del referéndum.

Las consecuencias negativas que para el Gobierno tendría un resultado negativo.

Las consecuencias negativas de la salida de la Alianza a nivel internacional: el aislamiento respecto del mundo occidental, el retraso tecnológico, los riesgos impredecibles de una actitud contraria a los bloque militares, o el desprestigio internacional.

Como resultado de los esfuerzos del Gobierno se produjo un giro en la opinión de buena parte de los españoles, giro recogido en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) en febrero y que mostraba una notable división de la opinión pública (32 % a favor de la permanencia, 32 % en contra y 36 % que no contestaban). Esta división a nivel popular, también se reflejaba entre las distintas fuerzas políticas, como se puso de relieve en el Debate sobre la Política de Paz y Seguridad, celebrado los días 4 y 5 de febrero de 1986 y en el que la oposición rehusó, por distintos motivos, apoyar al Gobierno.

El 7 de febrero de 1986 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 214/1986, por el que se somete a referéndum de la nación la decisión política del Gobierno en relación con la Alianza Atlántica.

Resumiendo la postura del Gobierno, se propuso a la opinión pública española que se pronuncie favorablemente a la permanencia en la Alianza y se acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

No incorporación a la estructura militar integrada.

Prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español.

Reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España.

La pregunta del referéndum quedó formulada de la siguiente manera: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?".

5. Opiniones sobre el referéndum.

Un mes antes del referéndum el clima público y político del país se caracterizaba por la confrontación y la diversidad de opiniones. En este sentido, una vez descrita la actitud del Gobierno, vamos a analizar las posturas y reacciones de diversos grupos e instituciones ante la campaña del referéndum, haciendo referencia a los grupos y partidos políticos, los medios de comunicación, la Iglesia y también a las reacciones que provocó en la misma OTAN. Por último, analizaremos la reacción de la sociedad española, lo que nos servirá para explicar los, cuando menos sorprendentes, resultados finales del referéndum.

Las organizaciones antiOTAN.

La postura contraria a la permanencia en la OTAN estuvo capitaneada la Plataforma Cívica para la Salida de la OTAN y la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP). La postura de las organizaciones antiOTAN se resumen perfectamente en un manifiesto que la CEOP publicó como alternativa al Decálogo de González cuyos principales puntos eran:

La presencia en la OTAN aumenta el peligro de guerra, reforzando los bloques militares.

Aumenta el peligro de instalación de armamento nuclear en España.

Restringe la capacidad de maniobra de España en asuntos internacionales, especialmente en el Tercer Mundo.

Favorece la industria armamentística en detrimento de otras más necesarias.

Incrementa los gastos militares.

Las fuerzas políticas.

Entre los partidos políticos hubo diversidad de opiniones y posturas, algunas sorprendentes. Obviaremos en este apartado la evolución de la actitud del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión de Centro Democrático por haber sido abordada ya en este trabajo, centrándonos en los otros dos partidos mayoritarios en España, a saber Partido Comunista de España y Alianza Popular (mas tarde, Coalición Popular).

La postura del Partido Comunista (PCE) ha sido siempre claramente antiatlantista, fijándose como metas en política exterior el no alineamiento en bloques militares, el impulso al ingreso en la CEE y el fomento de las relaciones internacionales con el Mediterráneo, el Mundo Árabe y América Latina. Así, ya en la campaña electoral de 1982 se fijó como objetivo básico la convocatoria del referéndum en el plazo de seis meses, junto con otras medidas complementarias como la congelación de las negociaciones para aclarar la situación española en la Organización, la declaración de España como territorio desnuclearizado, la recuperación de la soberanía gibraltareña y la no renovación del Tratado con Estados Unidos.

En 1986, y de cara al referéndum de la OTAN, el Partido Comunista adoptó una postura radicalmente contraria a la permanencia, participando activamente en las movilizaciones de la sociedad española en base a argumentos rescatados de la anterior campaña: denuncia de la política de bloques y del imperialismo yanqui, el aumento del riesgo de guerra y de crisis nucleares en nuestro territorio, la carrera de armamento y sus elevados costes económicos, etc. En este sentido presentó un documento llamado "La paz es posible. Una propuesta de política exterior y de defensa fuera de la OTAN", que propugnaba una alternativa de Defensa Neutral Integrada dentro de un marco global de neutralidad en política exterior.

Por su parte, Alianza Popular (AP) siempre había hecho gala de una vocación claramente atlantista. En su programa electoral de 1979, Alianza Popular reclamaba un debate inmediato con el fin de conseguir una inmediata integración en la OTAN como medio de sustituir la relación bilateral existente con los Estados Unidos a la que consideraban impopular. La integración en la Alianza se justificó entonces en base a dos tipos de argumentos. Por un lado argumentos de carácter universal o abstracto como el rechazo del neutralismo y del no alineamiento por ser una opción cara y utópica, la necesidad de pertenencia de España al mundo occidental, y las ventajas de una relación multilateral con la OTAN. Por otro lado se esgrimieron argumentos de carácter más particular o concreto y relacionados con la política interior, entre los que destacaban la mejora y modernización de la Fuerzas Armadas, garantías para una mejor defensa del sistema democrático español, garantías de supervivencia en caso de ataque de la fuerzas del Pacto de Varsovia, posibilidades de resolver el contencioso sobre Gibraltar, y beneficios económicos, científicos, sociales, industriales y tecnológicos.

A partir de 1982, AP es partidaria de la integración completa en la Estructura Militar de la Alianza, dejando en segundo lugar en orden de prioridad la adhesión a la CEE y la resolución del conflicto de Gibraltar.

El 11 de diciembre de 1985, a pocos meses del referéndum y ya como Coalición Popular (CP), tras unirse con el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal, esta intención de conseguir la integración total se concreta en una Declaración Conjunta en la que se solicita la cancelación del referéndum aduciendo los intereses partidistas del gobierno del PSOE y las consecuencias negativas para el sistema político español. Se anunciaba que en caso de celebrarse la consulta no participaría en la misma.

Contrariado por las condiciones de la permanencia y por la convocatoria del referéndum, Coalición Popular adoptó una postura abstencionista, recomendando la abstención a sus votantes en una clara intención de perjudicar y castigar al Gobierno, privándole así de un número de votantes importante. Esta actitud fue no sólo poco comprendida por los socialistas, sino ampliamente criticada por sus votantes, los conservadores europeos y representantes de los países miembros de la Alianza.

En último lugar, entre los partidos nacionalistas, proatlantista de tradición, predominó la ambigüedad e indefinición. Convergéncia i Unió había presentado en diciembre de 1985 ante el Parlamento una moción a favor de la permanencia de España en la OAN; sin embargo de cara al referéndum dio libertad de voto a sus electores. Por su parte, en el Partido Nacionalista Vasco hubo posturas contrarias como la de Xabier Arzalluz (favorable al sí) y la de Carlos Garaikoetxea (partidario del no).

Los medios de comunicación.

Dada la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública nos vamos a detener brevemente en este apartado, analizando la postura de los diferentes medios acerca de tres hechos:

Las consecuencias políticas del referéndum.

La adecuación de la convocatoria del referéndum.

La postura a tomar.

En cuanto a las consecuencias del referéndum existía una opinión generalizada por parte de todos los medios en las repercusiones negativas que tendría para algunas figuras políticas como el Presidente del Gobierno, a causa de sus contradicciones y vaivenes políticos en el tema de la OTAN; pero también en el Presidente de Coalición Popular Manuel Fraga, por su postura abstencionista calificada por la opinión pública como voto de castigo al Gobierno y de poco solidaria por los países miembros de la Alianza.

Ante el hecho de la convocatoria del referéndum se pueden distinguir tres actitudes diferenciadas. La clara mayoría de los medios de comunicación, encabezados por los diarios ABC, Ya, La Vanguardia y Diario 16, se mostraron abiertamente en contra. La cadena SER también se manifestó en este sentido aunque más discreta y subliminalmente. Otros diarios mantuvieron una postura ambigua, como El Periódico de Barcelona que lo calificaba de acierto moral, pero de error político. Por último, una minoría se mostró a favor de la celebración del referéndum. En este sentido se manifestaron el diario El País y algunos columnista de la cadena Zeta.

Acerca de la postura a tomar ante el referéndum se produjo una mayor diversidad, pero también algunas coincidencias sorprendentes. La Vanguardia, que había desaconsejado en un principio la celebración del referéndum y mostrado su disgusto por la convocatoria, dio un giro radical y solicitó encarecidamente el voto afirmativo. Por su parte, El País pasó de una actitud neutra ante este tema a adoptar una posición favorable al sí, afirmando que el voto negativo podría suscitar tensiones institucionales. El diario ABC y la revista Época defendieron la abstención, en tanto que los diarios El Periódico y Ya mantuvieron una postura ambigua o intermedia, aunque de distinta forma. Así Ya pareció inclinarse por el voto afirmativo, aunque hizo un llamamiento a la reflexión sobre el sentido del voto en base a las consecuencias del referéndum. El Periódico mostró una actitud más neutra, exponiendo las razones para el sí y para el no, sin pronunciarse salvo en el carácter vinculante del referéndum. Por último, y evidentemente por distintas motivaciones, diarios tan opuestos como El Alcázar y Mundo Obrero defendieron denodadamente el no.

La Iglesia.

En cuanto a la Iglesia manifestó sus reparos al referéndum en un comunicado de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia aludía en este sentido a la complejidad que la formulación de la pregunta representaría para muchos españoles, así como a las interpretaciones y valoraciones que el Gobierno pudiera hacer de los resultados y que calificó de dudosas.

Los países aliados.

Podemos decir que la reacción de los países aliados ante la convocatoria del referéndum no fue demasiado airada, por ser una medida esperada y que la diplomacia española había dejado clara durante los cuatro años que España llevaba como miembro de la Alianza. Sin embargo, la actitud del Gobierno español al plantear las condiciones de la permanencia creó una imagen de falta de solidaridad en los aliados. Por un lado, la no integración podía suponer para la OTAN que el precedente de Francia de convirtiera en una generalización y alentara a otros miembros a actuar de la misma manera. Por otro, la negativa española al almacenamiento, instalación y sobretodo introducción de armamento nuclear en su territorio era claramente contradictoria con la estrategia de disuasión nuclear de la OTAN. Por último, la reducción de la presencia norteamericana en España iba en contra de la estrategia global de los Estados Unidos en Europa y obligaba a otras naciones a aumentar su aportación a la defensa colectiva.

La opinión pública.

Partiendo de la afirmación de que los españoles tradicionalmente hemos mostrado escaso interés en los temas de política exterior y una percepción de los riesgos y necesidades de seguridad distinta de los demás países europeos, lo que sí es cierto es que se produjo un notable cambio de opinión en el tema de la OTAN que condujo a la victoria final del si en las elecciones del 12 de marzo de 1986.

Relacionados con la adhesión/permanencia en la OTAN es necesario analizar una serie de elementos que han caracterizado la percepción social del tema. En primer lugar la reminiscencia del aislacionismo de la Dictadura ha influido sin duda en el escaso interés que las cuestiones de seguridad exterior despiertan entre los españoles. En segundo lugar, existía una percepción de la amenaza soviética distinta de la de los demás miembros de la Alianza basada en la idea de que más que una realidad se trataba de propaganda del régimen de Franco. En tercer lugar la antipatía que gran parte de los españoles sentían por sus Fuerzas Armadas, a la que acusaban de defensoras de la dictadura y entorpecedoras del proceso democrático. Otro aspecto a destacar es nuestra fuerte vocación latinoamericana y árabe que llevó a desarrollar una sensibilidad histórica ante los problemas de estas regiones y un énfasis en las relaciones internacionales con ellas. Por último, el claro sentimiento norteamericano que tuvo su origen en la Guerra de 1898 y que se avivó con el apoyo mostrado por este país a la dictadura del General Franco. En palabras de Luis Yánez "Para los españoles (...) los norteamericanos eran sinónimos de defensores y apuntaladores de la dictadura (...) era difícil presentar a los Estados Unidos como paladín de la libertad y como amigo de España, y al ser el líder hegemónico de la OTAN, tampoco esta organización podía aspirar a tener buena imagen entre nosotros".

Todos estos elementos planearon sobre el proceso de adhesión y permanencia en la OTAN. Valga como ejemplo de ello los siguientes datos: según encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas el número de españoles que se mostraban poco o nada partidarios del ingreso en la OTAN en octubre de 1978 rondaba el 15 %, el 26 % en julio de 1979, el 30 % en julio de 1981 y el 43 % en septiembre de ese mismo año. Y a pesar de ello, se produjo finalmente ese cambio de opinión que antes hemos mencionado. Intentaremos responder en este apartado al porqué de ese giro radical en la opinión española.

El debate nacional que se produjo en verano de 1981 cuando el gobierno de UCD decidió formalmente la adhesión a la Alianza, así como la campaña electoral de 1982 habían avivado el sentimiento antiOTAN de la sociedad española, consecuencia de los factores que hemos mencionado con anterioridad. Así, en septiembre de 1981 el número de partidarios de la adhesión alcanzaba las cotas más bajas, apenas un 13 % de la población.

Sin embargo, durante el gobierno del PSOE la opción atlantista fue recuperando gradualmente respaldo popular, animada por la presión gubernamental y por el ingreso en la CEE. A pesar de lo anterior, cinco meses antes del referéndum, el 46 % de los españoles eran partidarios de la no permanencia en la OTAN. ¿A que se debió entonces el triunfo mayoritario del sí el 12 de marzo de 1986? A este respecto se han señalado diversas causas:

El apoyo recibido por un buen número de votantes de Coalición Popular que contravinieron las recomendaciones (abstención) del partido.

Ciertos sectores de la izquierda partidarios del no percibieron que una derrota en el referéndum hubiera dañado políticamente al PSOE y supuesto la posibilidad de una derrota posterior en las elecciones generales y, consiguientemente, de un gobierno conservador plagado de figuras procedentes del franquismo.

El efecto de los sondeos, que pronosticaban un triunfo insalvable del no, y que forzó a un número considerable de votantes que no pensaban votar a acudir a las urnas, cambiando crucialmente el sentido del voto.

La influencia de los medios de comunicación. En este sentido los partidos de la oposición denunciaron la actitud de TVE a favor del sí, acusándola de oficialista y de haber manipulado sin disimulo la campaña.

El esfuerzo personal de Felipe González, multiplicando sus apariciones públicas, y la habilidad de su discurso centrado en las consecuencias de una victoria del no, tanto para el Gobierno como para la política exterior española.

6. Epílogo.

El día 12 de marzo se celebró la consulta, obteniéndose contra todos los pronósticos, los siguientes resultados: sobre un número total de 29.025.494 electores, se contabilizaron 17.246.458 (59,42 %) de votos emitidos: 9.054.509 votos a favor (52,49 %), 6.872.421 votos en contra, 1.127.673 votos en blanco (6,53 %) y 191.855 votos nulos (1,11 %).

A partir de ese momento, el Gobierno inició un proceso a través del que se fue concretando el modelo de participación español en la Alianza, que se resume en cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno para la adhesión y refrendadas en el referéndum, añadiéndole la reivindicación de la soberanía de Gibraltar. Ello no fue óbice para que, ocho días después de celebrada la consulta, España pasara a formar parte como miembro pleno del Grupo de Planes Nucleares y en mayo suscribiera por vez primera los Comunicados del Comité de Planes de Defensa y del Consejo Atlántico.

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Autor: Juan A. Martínez Sánchez.

Licenciado en psicología.