BIEN POR PEDRO SÁNCHEZ

10/11/2015@13:10:51 GMT+1

Luis María ANSON

La objetividad exige reconocer el acierto de Pedro Sánchez ante el órdago secesionista catalán. Ha hablado repetidas veces con Mariano Rajoy y se ha entrevistado en dos ocasiones para acordar con el presidente del Gobierno una actuación común. Eso honra al líder del PSOE. La Transición consistió, entre otras cosas fundamentales, en el pacto de Estado entre el centro derecha y el centro izquierda, que han venido representando a más del 80% del voto popular, para cuestiones de gran trascendencia como la territorialidad, el terrorismo, la alta política internacional…

Conforme al espíritu de la Transición, el Partido Popular y el PSOE, con la adenda de Ciudadanos que ocupa lugar relevante en el centro político, se han puesto de acuerdo para dar respuesta a Arturo Mas y a sus cómplices. La opinión pública se ha sentido satisfecha ante esta muestra de cordura, sobre todo por lo que respecta a Pedro Sánchez que, con las elecciones generales a las puertas, ha visitado a Rajoy en el palacio de la Moncloa. No era fácil en estas jornadas preelectorales el gesto pero Pedro Sánchez lo ha hecho, siguiendo la estela de Felipe González, que actuó siempre como un hombre de Estado, que fue el gran hombre de Estado del siglo XX, como Cánovas del Castillo lo fue del XIX.

Bien, pues, por Pedro Sánchez. La respuesta conjunta a la pirueta de los golpistas civiles catalanes impedirá, con el respaldo del Tribunal Constitucional, la quiebra del medio milenio de la España unida. Delitos castigados con prisión

Ignorar un marco legal conduce a la necesidad de formular uno distinto. Según la resolución separatista, en un plazo de 30 días comenzará la tramitación parlamentaria de leyes. Pero ignorar la Constitución entraña también consecuencias jurídicas. La Abogacía del Estado y la Fiscalía estudian las acciones legales pertinentes por la vía penal contra el presidente de Cataluña en funciones, Artur Mas; la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell; y para los diputados que propusieron la resolución soberanista: Jordi Turull y Marta Rovira, de Juntos por el sí, y Antonio Baños y Anna Gabriel, de la CUP.

El incumplimiento de las resoluciones del Constitucional acarrea un delito de desobediencia, tal y como recoge el artículo 410 del Código Penal. Tras la reforma del tribunal de garantías impulsada por el Partido Popular, está entre sus capacidades imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados públicos. Pero no obedecerán. Llegados a este punto, mientras progrese esa "hoja de ruta" hacia la ruptura se ampliará el catálogo de posibles delitos penales incurridos.

Delito de sedición. De acuerdo con el artículo 548 del Código Penal, se dirige hacia quienes se alcen públicamente para impedir la aplicación de las leyes. Si es una autoridad política quien comete la sedición o sublevación, como en este caso, se enfrentaría a una pena de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación. Consideran los expertos de la Fiscalía que la justicia sancionaría este delito en caso de que se produzca un alzamiento de un sector de la población a cargo de los responsables políticos. En un peldaño inferior se encuentra el delito de conspiración, castigado con, al menos, dos años y medio de cárcel. En cualquier caso no eludirían el ingreso en prisión.

Delito de rebelión. Atendiendo al artículo 572 del Código Penal, es un acto de rebelión "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La pena tipificada oscila entre diez y quince años de prisión e inhabilitación absoluta. Se pondrían en relieve también el delito de usurpación de atribuciones por la consulta popular convocada por el Gobierno autonómico de Mas sin tener competencia para ello y el delito de ultrajes a España, ambos contemplados por la Ley.

Todo dependerá de la actuación de los grupos independentistas. En función de los pasos que den a partir de ahora aflorarán o no los indicios de delitos penales, pero también otras figuras delictivas como la desobediencia al Tribunal Constitucional e incluso la malversación de fondos públicos por financiar con dinero del Estado conductas presuntamente ilegales.

Según publican algunos medios Moncloa liderará la respuesta política que se armaría con la suspensión de las nuevas remesas del Fondo de Liquidez y el control de la Policía de la Generalidad, es decir, los mozos de escuadra. Son las medidas previas antes de recurrir al famosos Artículo 155 de la Constitución que el Gobierno de Mariano Rajoy, como ha reconocido en varias ocasiones, quiere evitar a toda costa.Firmeza y política ante la insurgencia