El
intento de ruptura de Cataluña exige unidad y determinación
EL
PAÍS 10 NOV 2015 - 00:00 CET
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Una
pantalla muestra en el Parlamento de Cataluña el resultado de la votación de la
declaración de independencia. / ALBERT GEA (REUTERS)
La
declaración de ruptura con la España constitucional de Junts pel Sí y la CUP,
que obtuvieron menos del 48% del voto en Cataluña, es un acto ilegal e
ilegítimo que requiere una respuesta firme del Gobierno y las fuerzas políticas
y la utilización de todos los instrumentos del Estado —legales, jurídicos,
políticos e institucionales— para defender la democracia y la legalidad.
Ninguna
frivolidad (09/11/2015)
Por
unanimidad (06/11/2015)
A
los convergentes (04/11/2015)
Pero
una actuación defensiva, imprescindible, no es suficiente. Es necesario
acompañarla de un plan, de un proyecto que permita responder al grave momento
por el que atraviesa el país, momento del que Cataluña es un síntoma, extremo,
alarmante, pero uno más de lo que claramente es un fin de ciclo histórico.
Hemos clamado muchas veces en estas páginas por reformas y medidas políticas
que hubieran podido evitar que se llegara a donde hoy nos encontramos. No las
hemos pedido ni las seguimos pidiendo por contentar a los insurrectos o tratar
de calmar infantilmente las aguas. Reclamamos acciones políticas porque son la
mejor garantía de poder salir de la crisis actual con ciertas perspectivas de
estabilidad futura.
Paradójicamente,
el clima preelectoral que hoy domina España no es el más adecuado para requerir
del Gobierno y de los partidos políticos un ambicioso y profundo proyecto de
país. Precisamente por eso hubiera sido adecuado adelantar las elecciones
generales y separar lo más posible la campaña de la crisis catalana. Pero el
Gobierno —quién sabe con qué cálculo— prefirió no hacerlo así y ahora nos
encontramos ante una campaña intoxicada y condicionada por la rebelión
independentista.
Nuestra
voluntad de que el Gobierno sea aún capaz de ofrecer un futuro para Cataluña no
está, por supuesto, reñida con nuestro apoyo al uso enérgico de la ley. El
presidente, Mariano Rajoy, respondió rápidamente al envite independentista con
una declaración firme y preparada en la que detalló cuáles serán los próximos
pasos del ejecutivo para hacer cumplir la Constitución.
Mas
se define como un activo de la independencia y es el mayor pasivo de una
Cataluña próspera
La
firmeza de Rajoy, que contrasta con la falta de respuesta durante años ante el
desafío secesionista, es una buena noticia, como también lo es la unidad
lograda con algunos de los principales partidos (PSOE, Ciudadanos y UPyD, entre
otros), para defender la legalidad constitucional.
La
medidas explicadas por el presidente parecen razonables y ajustadas a la ley.
También es positivo que se quiera evitar a toda costa la aplicación del
artículo 155 de la Constitución. Pero los partidos constitucionalistas no
pueden escudarse en la campaña electoral del 20-D para no luchar unidos contra
la insurgencia en Cataluña y tomar decisiones, por muy difíciles que sean,
cuando la situación lo requiera. Medidas legales y jurídicas, pero también
soluciones políticas que requieren reformas de calado que modifiquen el marco
de convivencia de nuestro país.
Las
12 horas y 13 minutos del 9 de noviembre se recordará como el momento en el que
la representación de la mitad de los catalanes quiso dar un golpe a un Estado
bajo cuyas leyes Cataluña ha logrado los mayores niveles de prosperidad y
autogobierno de su historia. El ambiente en el Parlament respiraba aromas
radicales, sin que el Gobierno de la Generalitat en funciones, con Artur Más a
la cabeza, mostrara excesivo entusiasmo. Varios consellers no se prodigaron en
los aplausos y todos parecían mostrar preocupación ante el nuevo paso dado con
el abrazo programático a una CUP que ni siquiera va a aplicar la reciprocidad
para votar la investidura de Mas. La desunión en las filas de Convergència se
va escenificando día a día a medida que los diputados avanzan hacia el abismo
con la sensación de estar secuestrados por ese pacto.
Artur
Mas se declaraba “el mayor activo del independentismo” en su penúltimo intento
de conseguir la investidura, sin darse cuenta de que se ha convertido en el
mayor pasivo para una Cataluña próspera. Además de ser consciente de la
ilegalidad de sus actos, él sabe que un país solo puede ser independiente si
hay alguien dispuesto a reconocerlo, y hay unanimidad internacional en su contra.
La
campaña electoral no debe impedir la acción de los constitucionalistas contra
la secesión
En
la calle, apenas 200 personas ondeaban las esteladas, un gesto mínimo comparado
con el poder de convocatoria exhibido por el nacionalismo. Es como si los catalanes,
en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que les han
llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante incumpliendo las leyes
de España y de Cataluña sin importarles más que salvar la cara.
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