JOSÉ MARÍA CARRASCAL
Pedro, Pablo y Albert José María Carrascal
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JOSÉ MARÍA CARRASCAL - 08/02/2016 a las
06:32:44h. - Act. a las 16:18:47h.
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COMO si ya tuviera mando en plaza, Pedro
Sánchez se queja de que Rajoy no le informó de que su gobierno presentase un
recurso ante el Tribunal Constitucional contra la creación de una Consejería de
Exteriores por parte de la Generalitat, al entender que asume funciones que no
le competen. ¡Pero don Pedro! Si usted está más enterado que nadie de lo que
hacen y deshacen los partidos catalanes, a los que ha prestado cuatro senadores
para que defiendan mejor sus proyectos independentistas en la Cámara Alta, algo
que aún no nos ha explicado. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de las tres leyes
aprobadas por el parlament para iniciar la «desconexión» con España? Pues no
parecen preocuparle demasiado. Aunque se comprende, a la vista de los
obstáculos que le salen en su camino a La Moncloa.
«La cosa va muy bien» nos dijo el primer día.
Veinticuatro horas más tarde había recibido dos calabazas monumentales. Pablo
Iglesias, animado tal vez por las encuestas que colocan a Podemos delante del
PSOE, le plantea elegir entre Albert Rivera y él. Los dos en el mismo gobierno,
descartado. También lo dice Rivera, con mejores modos, aparte de advertrle que
sin el PP es imposible formar un gobierno capaz de llevar adelante las reformas
que España necesita y mostraba su animadversión con Podemos. Añádanle que
Iglesias ha vuelto a recordar que exige la vicepresidencia, más algunos
ministerios claves, y nos preguntamos ¿con quién va Sánchez a formar gobierno
si los partidos de peso se excluyen entre sí? ¿Con los liliputienses? ¿Con los
nacional-separatistas? Ni siquiera añadiendo todos esos escaños desperdigados a
los 90 del PSOE llegarían a los 123 del PP. Eso, supuesto que le votasen todos
los diputados socialistas.
Volviendo a Cataluña, ¿hasta cuándo van a
abusar de nuestra paciencia y del ordenamiento constitucional? Como queda
dicho, el parlament ha aprobado tres leyes para la creación de una Justicia, de
una Hacienda y de una Seguridad Social «catalanas», que violan claramente la
Constitución española, de la que, por cierto, emanan sus competencias. Se
comprenden las prisas de algunos de sus dirigentes por tener una justicia
propia que les libre de los cargos ante los tribunales españoles por haberse
llevado el dinero a espuertas, así como de crear una Hacienda que les permita
continuar llevándoselo y una Seguridad Social con que amarrar a sus
conciudadanos. No estamos ante un juramento del cargo saltándose las fórmulas
habituales, sino ante hechos fehacientes que esconden propósitos contumaces.
Pues, contra lo que dicen, tales leyes de «desconexión» no afectan sólo a
Cataluña. Afectan también a España. Al menos a la España que (aún) legalmente
es. Otra cosa sería la España «federal» de Sánchez o la España de «la gente» de
Iglesias, que aún no nos han explicado en qué consisten exactamente. Pero, de
momento, la única España que existe es la de la Constitución de 1978, que
algunos intentan sustituir por el nacionalismo identitario y el
marxismo-leninismo.
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