OPERACIÓN LEZO

Ignacio González: “Lo de 2001 sí que fue un pelotazo”

Un pinchazo telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera compra irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca denunció

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

Madrid 23 ABR 2017 - 17:10 CEST

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, sale de la comandancia de la Guardia Civil hacia la Audiencia Nacional, este viernes. SANTI BURGOS

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Ignacio González define como "pelotazo" en una grabación de la Operación Lezo la compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II. Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los negocios del Canal en Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro veces más del precio de venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí que fue un pelotazo…”, describe el expresidente González, en las grabaciones interceptadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.  En esa grabación, Ignacio González alude a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes, y señala: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".

La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre esta compraventa, ya que los hechos se remontan a  hace 15 años y eran personas diferentes

Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la adquisición en 2013 por parte del Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construcao estuvo plagada de irregularidades y que la operación se realizó saltándose los preceptivos controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa compra y al valor real de la firma. Se compró por 31 millones, seis veces su valor, según las pesquisas judiciales.

La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, sobre esta operación de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación Lezo, ya que los hechos se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que jurídicamente podrían estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo nada tienen que ver con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito. 

Cuando habla del pelotazo, Ignacio González no se refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales, y aunque sus decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se investigase ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias cuando la investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia de conexión de personas y hechos.

Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se llevaron abundante documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro veces su valor (se compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así como de otras adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del Canal en los años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.

El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también "hay indicios de actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio González se convierte en principal responsable del Canal. "Se ha puesto de manifiesto [en la investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop (...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle".  Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el "ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal Balaguer", un empresario panameño.

Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido, añade el juez, el español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar", de las que "tenía informado al presidente de Cleop, Carlos Turro".  Explica el juez: "La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el hombre de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza

El expresidente madrileño se halla en prisión desde el viernes junto a los que el juez considera sus principales testaferros, a petición de la Fiscalía Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes, dirige Moix. Se trata de Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó como responsable de Inassa y, por extensión, de todos los negocios del Canal en Sudamérica; su hermano Pablo González, destituido como directivo de la firma pública Mercasa tras el estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado verano por orden de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro gran pelotazo del Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está prescrito , sino que los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva penal. Se trata de la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la firma Emissao Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental situada en Uruguay por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El juez Velasco asegura en un auto sobre esta operación que el desfalco a las arcas del Canal ascendió a 25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses después, el propio Canal le dio en sus propias cuentas un valor de 5,5 millones.

Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos.

Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los vendedores de Emissao transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas en Suiza también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja en la citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón.

Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que entonces se produjo un cambio sustancial en los diálogos de los investigados. 

Antes del chivatazo, sí hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que Ignacio González y su entorno estaban gestionando grandes inversiones en el extranjero y en España. En concreto, querían comprar una sociedad mercantil en Brasil. Las gestiones con un intermediario de la sociedad las hizo su hermano Pablo, que también se halla preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema... tenemos el dinero”, suelta Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en otra grabación, y refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a concretar. Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en la actualidad portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.

Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de Madrid Ignacio González y a su hermano también revelan que el clan familiar dispone de un abultado patrimonio que no se corresponde con sus ingresos: Ignacio González empezó a trabajar en un despacho de abogados tras dejar la presidencia de Madrid y su hermano era (ha sido destituido esta semana) directivo de la empresa pública Mercasa, desde la que sobornó a políticos de países extranjeros en busca de contratas y de su lucro personal.

En el registro en la casa y despacho del expresidente no se ha encontrado ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores están convencidos que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro. El propio Rodríguz Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención: "Tiene dinero B", refiriéndose al expresidente. Los investigadores indagan llegadas fraccionadas de dinero desde firmas radicadas en el extranjero a cuentas de sociedades regentadas por Pablo González.  Rodríguez Sobrino posee sociedades opacas en Hong Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el expresidente simulaba préstamos con sus parientes.

EL EXPRESIDENTE EN PERSONA PIDIÓ TRES MILLONES PARA EL PARTIDO

Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el expresidente de Madrid Ignacio González pidió personalmente a su hombre de confianza en la firma pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en Madrid, un total de tres millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los otros dos estuvo a punto de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación Púnica el 27 de octubre de 2014, que entonces se llevó por delante a Francisco Granados, ex secretario general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio González, en las que se apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del Gobierno regional. Ambos se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre ellos.

Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados desde hace mas de dos años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no es porque estalla la operación Púnica (octubre de 2014), González habría conseguido para el partido casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con las bendiciones de la mesa de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una adjudicación a una empresa informática por importe de 4,6 millones para que esta computara la información y escrutinio de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en Madrid. Esta misma tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa en las elecciones anteriores de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo entonces por sólo 2,7 millones. La diferencia estaba destinada al partido, según la investigación judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pero en esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló Púnica y el Gobierno regional se apresuró días después a anular el contrato. El otro millón que personalmente pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el partido sí lo consiguió inflando un contrato de ICM con una empresa privada con la que estaba en connivencia.