Ignacio González:
“Lo de 2001 sí que fue un pelotazo”
Un pinchazo
telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera compra
irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca denunció
Madrid 23
ABR 2017 - 17:10 CEST
Ignacio
González, expresidente de la Comunidad de Madrid, sale de la comandancia de la
Guardia Civil hacia la Audiencia Nacional, este viernes. SANTI BURGOS
- La detención de Ignacio González por corrupción
tritura al PP de Aguirre
- Maza asegura que irá “encantado” al Congreso a
explicar la pugna de los fiscales por el ‘caso Lezo’
Ignacio González define como "pelotazo" en una
grabación de la Operación
Lezo la compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del
Canal de Isabel II. Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los
negocios del Canal en Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro
veces más del precio de venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí
que fue un pelotazo…”, describe el expresidente González, en las grabaciones
interceptadas por el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En esa grabación,
Ignacio González alude a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina
Cifuentes, y señala: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo
tuve que arreglar lo de 2001".
La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre
esta compraventa, ya que los hechos se remontan a hace 15 años y eran
personas diferentes
Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el
pasado verano un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la
adquisición en 2013 por parte del Canal de la firma brasileña Emissao
Engenharia e Construcao estuvo plagada de irregularidades y que la operación se
realizó saltándose los preceptivos controles administrativos e incluso los
resultados de una auditoría hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa
compra y al valor real de la firma. Se compró por 31 millones, seis veces su
valor, según las pesquisas judiciales.
La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix,
sobre esta operación de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación
Lezo, ya que los hechos se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que
jurídicamente podrían estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo
nada tienen que ver con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la
Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este
periódico ha intentado contactar sin éxito.
Cuando habla del pelotazo, Ignacio
González no se refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales,
y aunque sus decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se
investigase ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias
cuando la investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia
de conexión de personas y hechos.
Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se
llevaron abundante documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro
veces su valor (se compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así
como de otras adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del
Canal en los años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.
El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también
"hay indicios de actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio
González se convierte en principal responsable del Canal. "Se ha puesto de
manifiesto [en la investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas
denominado Inassa-Cleop (...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe
de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá
denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de
La Pintada, en la provincia de Cocle". Según el juez, todo indica
que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata
recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el
"ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal
de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un
contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma,
Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el
juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos
en Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal
Balaguer", un empresario panameño.
Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido,
añade el juez, el español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se
encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a
pagar", de las que "tenía informado al presidente de Cleop, Carlos
Turro". Explica el juez: "La persona identificada como
responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de
Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que
este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el hombre
de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha
descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través
de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también
habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de
Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe
Velasco.
El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el
testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza
El expresidente madrileño se halla en prisión desde el
viernes junto a los que el juez considera sus principales testaferros, a
petición de la Fiscalía Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes,
dirige Moix. Se trata de Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó
como responsable de Inassa y, por extensión, de todos los negocios del Canal en
Sudamérica; su hermano Pablo González, destituido como directivo de la firma
pública Mercasa tras el estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda
Richmond, directora financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado
verano por orden de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.
La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro
gran pelotazo del Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está
prescrito , sino que los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva
penal. Se trata de la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la
firma Emissao Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental
situada en Uruguay por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El
juez Velasco asegura en un auto sobre esta operación que el desfalco a las
arcas del Canal ascendió a 25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses
después, el propio Canal le dio en sus propias cuentas un valor de 5,5
millones.
Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su
entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que
sus teléfonos estaban intervenidos.
Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los
vendedores de Emissao transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a
una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas en Suiza
también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja en la
citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene
acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras
transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco
millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar
comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos
convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún
miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero
delegado del diario La Razón.
Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan
que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de
estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que
entonces se produjo un cambio sustancial en los diálogos de los investigados.
Antes
del chivatazo, sí hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que
Ignacio González y su entorno estaban gestionando grandes inversiones en el
extranjero y en España. En concreto, querían comprar una sociedad mercantil en
Brasil. Las gestiones con un intermediario de la sociedad las hizo su hermano
Pablo, que también se halla preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema...
tenemos el dinero”, suelta Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en
otra grabación, y refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a
concretar. Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en
la actualidad portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.
Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de
Madrid Ignacio González y a su hermano también revelan que el clan familiar
dispone de un abultado patrimonio que no se corresponde con sus ingresos:
Ignacio González empezó a trabajar en un despacho de abogados tras dejar la
presidencia de Madrid y su hermano era (ha sido destituido esta semana)
directivo de la empresa pública Mercasa, desde la que sobornó a políticos de
países extranjeros en busca de contratas y de su lucro personal.
En el registro en la casa y despacho del expresidente no se
ha encontrado ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores
están convencidos que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro.
El propio Rodríguz Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención:
"Tiene dinero B", refiriéndose al expresidente. Los investigadores
indagan llegadas fraccionadas de dinero desde firmas radicadas en el extranjero
a cuentas de sociedades regentadas por Pablo González. Rodríguez Sobrino
posee sociedades opacas en Hong Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el
expresidente simulaba préstamos con sus parientes.
EL EXPRESIDENTE EN PERSONA PIDIÓ TRES MILLONES PARA EL PARTIDO
Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el
expresidente de Madrid Ignacio González pidió personalmente a su hombre de
confianza en la firma pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en
Madrid, un total de tres millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los
otros dos estuvo a punto de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación
Púnica el 27 de octubre de 2014, que entonces se llevó por delante a Francisco
Granados, ex secretario general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio
González, en las que se apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del
Gobierno regional. Ambos se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre
ellos.
Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados
desde hace mas de dos años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no
es porque estalla la operación Púnica (octubre de 2014), González habría
conseguido para el partido casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con
las bendiciones de la mesa de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una
adjudicación a una empresa informática por importe de 4,6 millones para que
esta computara la información y escrutinio de las elecciones autonómicas de
mayo de 2015 en Madrid. Esta misma tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa
en las elecciones anteriores de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo
entonces por sólo 2,7 millones. La diferencia estaba destinada al partido,
según la investigación judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del
Consejo de Gobierno, pero en esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló
Púnica y el Gobierno regional se apresuró días después a anular el contrato. El
otro millón que personalmente pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el
partido sí lo consiguió inflando un contrato de ICM con una empresa privada con
la que estaba en connivencia.
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