Masiva manifestación en Zaragoza contra el pacto PSOE-Podemos para cerrar aulas católicas
Este acuerdo PSOE-Podemos, rubricado semanas atrás, ha desencadenado una intensa protesta que, hasta el momento, se ha saldado con la recogida de más de 29.000 firmas en su contra y la manifestación que este martes recorrió el centro de Zaragoza, desde la Plaza de Aragón hasta la sede del Gobierno aragonés.
Además, todo apunta a que este plan de cierre de aulas concertadas, de consumarse, va a acabar en los tribunales. La patronal del sector de la enseñanza concertada ha advertido que es ilegal y que atenta contra el derecho a la libertad educativa que consagra la Constitución.
Lambán optó por aceptar el cierre de aulas concertadas exigido por Podemos como una de las condiciones imprescindibles para votar a favor los presupuestos de la Comunidad autónoma, que habrán de aprobarse en las Cortes de Aragón a principios de mayo y para los que el partido de Echenique ya ha dado su visto bueno inicial.
La patronal CEOE, las organizaciones empresariales y sindicatos de la enseñanza concertada, y las asociaciones de padres de alumnos de estos centros han mostrado su rechazo frontal contra ese pacto PSOE-Podemos que contempla la eliminación de hasta 28 aulas concertadas durante el presente año. La cifra se irá multiplicando en los cursos sucesivos.
Los partidos de la oposición al Gobierno aragonés -PP, PAR y Ciudadanos- también critican ese pacto PSOE-Podemos. El PAR ha calculado que, en trece años, supondría la desaparición de 364 aulas y el despido de 437 profesores en colegios concertados.
La manifestación de este martes se desarrolló bajo el lema y al grito de «Por la libertad de enseñanza». «La respuesta ha sido masiva», se felicitaba uno de los portavoces de la organización ante los miles de personas que se sumaron a esta marcha de protesta.
Al término del recorrido, ante la sede del Gobierno aragonés, se ha leído un manifiesto en el que se ha tachado de «nefasto e ilegal» el acuerdo de presupuestos firmado entre PSOE y Podemos, por haber convertido en moneda de cambio a la enseñanza concertada que sufre un «continuo, injustificado e injusto ataque».
El manifiesto ha exigido el «respeto a la ineludible complementariedad» de la enseñanza pública y de la concertada, y se ha advertido que «cualquier intento de favorecer a la primera en detrimento de la segunda es un claro incumplimiento de las leyes españolas».
Se ha insistido igualmente en que los padres, «como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para ellos, tal y como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española». «Dicha elección corresponde únicamente a los padres, no a los poderes públicos», se subraya en el manifiesto, que exige a la Administración «respeto» a la «demanda de las familias».
Asimismo, el manifiesto ha defendido la valía de los colegios concertados. «Promueve en todo momento la igualdad de oportunidades, unida a una serie de valores humanos y, en su caso, cristianos, fruto de la singularidad de sus propios centros», en los que se «realiza una gran labor social y sigue siendo un pilar fundamental que garantiza la oferta educativa en todo el territorio aragonés».
La enseñanza concertada cuenta actualmente en Aragón con 5.000 alumnos y da trabajo a cientos de profesores.
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