Lunes 03 de abril de 2017, 10:54h

Luis María ANSON

Carlos Puigdemont ha anunciado que desobedecerá al Tribunal Constitucional y mantendrá las partidas presupuestarias destinadas a financiar el referéndum secesionista ya prohibido por la más alta instancia judicial de la nación. El desafío no está enmascarado. Se exhibe abiertamente con descaro y hasta con chulería.

Corresponde al Gobierno de España hacer efectivas las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo se hace eso? Por la fuerza se generarán mártires, manifestaciones millonarias, violencias inevitables y tal vez muertos. Todo ello bajo el foco de las cámaras de televisión de una buena parte del mundo. La prudencia aconsejaría evitar cualquier acción violenta aunque esté amparada en el artículo 155 de la Constitución con la suspensión total o parcial de la Autonomía.

El señor Puigdemont y sus cómplices conocen de sobra todo esto y se complacen cínicamente en mantener el órdago secesionista. El Gobierno llora sobre estos lodos porque no supo a tiempo dominar los polvos que los generaron.

Seguramente, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría tendrán un plan. Tal vez nos sorprendan con una jugada política de alcance. Pero la opinión pública española permanece por el momento perpleja. Nadie sabe cómo se despejarán los horizontes. Tal vez la vía sea provocar nuevas elecciones autonómicas, que ganaría Oriol Junqueras, y cerrar con él la negociación ya comenzada para evitar el referéndum y desbaratar la secesión a cambio de una serie de concesiones, sobre todo económicas, que comprenderían un concierto como el vasco y un control fiscal casi completo en Cataluña por parte de la Generalidad.