La guerra, manual de instrucciones

La guerra, manual de instrucciones

Hay que llamar a las cosas por su nombre y tratar al enemigo como tal. La alternativa está clara: si no hay tropas en su terreno tendremos más sangre en el nuestro

BERNARD-HENRI LEVY 17 NOV 2015 - 09:14 CET

Una guerra de un nuevo tipo.

Una guerra con y sin fronteras, con y sin Estado; una guerra doblemente nueva porque mezcla el modelo desterritorializado de Al Qaeda con el viejo paradigma territorial que ha recuperado el Estado Islámico (ISIS).

Pero una guerra, en cualquier caso.

Y ante esta guerra que no deseaban ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Líbano, ni Turquía, ni hoy Francia, solo podemos hacernos una pregunta: ¿qué hacer? Cuando nos cae encima una guerra así, ¿cómo responder y ganar?

Primera ley: llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino, vino. Y atrevernos a decir esa palabra terrible, guerra, frente a la que lo deseable, lo propio y, en el fondo, lo noble por parte de las democracias, pero también su debilidad, es rechazarla hasta los límites de su comprensión, de sus referencias imaginarias, simbólicas y reales.

La grandeza y la ingenuidad de Léon Blum, que en un famoso debate con Elie Halévy dijo que no lograba concebir —salvo como una contradicción— ni la idea misma de una democracia en guerra.

La dignidad y los límites de las grandes conciencias humanistas a finales de aquellos mismos años treinta, que vieron surgir, espantados, a Georges Bataille, Michel Leiris, Roger Caillois y otros colegas del Collège de Sociologie con sus llamamientos al rearme intelectual de un mundo que creía haber dejado atrás su parte maldita y su Historia.

Ahí estamos hoy.

Pensar lo impensable de la guerra.

Consentir esa contradicción que es la idea de una república moderna obligada a combatir para salvarse. Y pensarlo aún con más tristeza porque varias de las reglas establecidas por los teóricos de la guerra, de Tucídides a Clausewitz, no parecen servir para ese Estado fantoche que lleva la llama más allá en la medida en que sus frentes están desdibujados y sus combatientes tienen la ventaja estratégica de no establecer diferencias entre lo que nosotros llamamos la vida y ellos llaman la muerte.

Las autoridades francesas lo han comprendido, hasta en las más altas instancias.

La clase política ha aprobado unánimemente su gesto.

Quedamos usted, yo, el cuerpo social en su conjunto y en su detalle: queda la persona que, cada vez, es un blanco, un frente, un soldado sin saberlo, un foco de resistencia, un punto de movilización y de fragilidad biopolítica. Es desesperante, es atroz, pero así están las cosas, y es necesario actuar con la mayor urgencia.

No es terrorismo. No es una dispersión de lobos solitarios ni de desequilibrados

Segundo principio: el enemigo. Quien dice guerra, dice enemigo. Y a ese enemigo no solo hay que tratarlo como tal, es decir (las enseñanzas de Carl Schmitt), verlo como una figura a la que, según la táctica escogida, se puede engañar, hacer dialogar, golpear sin hablar, en ningún caso tolerar, pero sobre todo (enseñanzas de san Agustín, santo Tomás y todos los teóricos de la guerra justa), darle, también a él, su nombre auténtico y preciso.

Ese nombre no es terrorismo.

No es una dispersión de lobos solitarios ni de desequilibrados. En cuanto a la eterna cultura de la excusa que nos presenta a los escuadrones de la muerte como individuos humillados, empujados al límite por una sociedad inicua y obligados por la miseria a ejecutar a unos jóvenes cuyo único delito era que les gustaba el rock, el fútbol o el frescor de una noche de otoño en la terraza de un café, es un insulto para la miseria y para los ejecutados.

No.

Esos hombres que están en contra del placer de vivir y la libertad propia de las grandes metrópolis, esos bastardos que odian el espíritu de las ciudades tanto —dado que son lo mismo— como el espíritu de las leyes, del Derecho y la dulce autonomía de los individuos liberados de antiguas sumisiones, esos incultos a los que habría que replicar, si no les fueran completamente desconocidas, con las bellas palabras de Victor Hugo cuando gritaba, en plenas matanzas de la Comuna, que atacar París es más que atacar Francia porque es destruir el mundo, merecen el nombre de fascistas.

Mejor dicho: fascislamistas.

Mejor dicho: el fruto del cruce que vio venir otro escritor, Paul Claudel, cuando en su Diario, el 21 de mayo de 1935, en uno de esos destellos cuyo secreto solo poseen los grandes, anota: “¿Discurso de Hitler? Se crea en el centro de Europa una especie de islamismo...”

¿Qué ventaja tiene dar un nombre?

Poner las cosas en su sitio. Recordar que, con este tipo de adversario, la guerra debe ser sin tregua y sin piedad.

Y forzar a cada uno, en todas partes, es decir, tanto en el mundo árabe musulmán como en el resto del planeta, a decir por qué lucha, con quién y contra quién.

Eso no significa, por supuesto, que el islam tenga afinidad alguna con el mal, como no la tienen otras formaciones discursivas.

Y la urgencia de este combate no debe distraernos de esa otra batalla, también esencial, que es la batalla por el otro islam, por el islam de las luces, el islam en el que se reconocen los herederos de Massud, Izetbegovic, el bangladesí Mujibur Rahman, los nacionalistas kurdos o el sultán de Marruecos que tomó la heroica decisión de salvar, enfrentándose a Vichy, a los judíos de su reino.

Pero eso quiere decir dos cosas, o quizá tres. Para empezar, que, como se supone que la tormenta fascista de los años treinta no rebasó el perímetro de Europa, las tierras del islam son las únicas del mundo en las que se ha eludido asumir la memoria y el duelo que sí han llevado a cabo los alemanes, los franceses, los europeos en general, los japoneses.

Con este tipo de adversario, la guerra debe ser sin tregua y sin piedad

Después, que hay que poner de relieve con más claridad la disyunción decisiva, primordial, que enfrenta esas dos visiones del islam, enzarzadas en una guerra letal que es, pensándolo bien y por utilizar una expresión conocida, el único choque de civilizaciones en activo.

Y, por último, que ese trazado de la línea sobre la que se enfrentan los seguidores de un Tariq Ramadan y los amigos del gran Abdelhawahb Meddeb, ese señalar lo que, a un lado, puede alimentar el “Viva la muerte” de los nuevos nihilistas, y al otro, el tipo de trabajo ideológico, textual y espiritual que bastaría para conjurar el regreso o la llegada de los fantasmas, debe ser, sobre todo, obra de los propios musulmanes.

Conozco la objeción.

Oigo gritar a los biempensantes que llamar a quienes son buenos ciudadanos a desvincularse de un crimen que no han cometido es suponerlos cómplices y, por tanto, estigmatizarlos.

Pero no.

Porque ese “no en nuestro nombre” que esperamos de nuestros conciudadanos musulmanes es el de los israelíes que se desvincularon, hace 15 años, de la política de su Gobierno en Cisjordania.

Es el de las masas de estadounidenses que en 2003 protestaron contra la absurda guerra de Irak.

Es el grito más reciente de todos los británicos, fieles o simples lectores del Corán, que decidieron proclamar que existe otro islam —manso, misericordioso, apasionado de la tolerancia y la paz— que no es ese en cuyo nombre pudieron apuñalar a un militar en plena calle.

Es un grito hermoso. Es un bello gesto.

Pero, sobre todo, es el gesto sencillo, de justicia, que consiste en aislar al enemigo, separarlo de su retaguardia y hacer que deje de sentirse como pez en el agua en una comunidad para la que, en realidad, es una vergüenza.

Porque quien dice guerra dice otra vez, inevitablemente, la identificación, la marginación y, si es posible, la neutralización de esa fracción enemiga que actúa en el territorio nacional.

Es lo que hizo Churchill cuando encarceló, en el momento de la entrada de Gran Bretaña en guerra, a más de 2.000 personas, a veces muy próximas —su propio primo, Geo Pitt-Rivers, número dos del partido fascista inglés—, a los que consideraba enemigos interiores.

Y es, salvando las distancias, lo que debemos decidirnos a hacer hoy, por ejemplo prohibiendo a quienes predican el odio; vigilando más de cerca a los miles de individuos fichados y marcados con una “S”, es decir, sospechosos de yihadismo; o convenciendo a las redes sociales estadounidenses de que no permitan los llamamientos a cometer atentados suicidas a la sombra de la Primera Enmienda.

Es un gesto delicado, que está siempre al borde de las leyes de excepción. Y por eso es crucial, en estos momentos, no ceder ni sobre el derecho ni sobre el deber de hospitalidad, más necesarios que nunca ante la avalancha de refugiados sirios que huyen precisamente del terror fascislamista.

Seguir recibiendo inmigrantes al mismo tiempo que se incapacita al mayor número posible de células dispuestas a matar.

Abrir aún más los brazos a los fugitivos del ISIS ahora que nos disponemos a ser implacables con quienes, entre ellos, quieren aprovecharse de nuestra fidelidad a nuestros principios para infiltrarse en tierra de misiones y cometer sus crímenes.

No es contradictorio.

Es crucial no ceder ahora sobre el deber ni el derecho de hospitalidad

Es la única forma de no dar al enemigo la victoria que da por descontada, que es vernos renunciar al tipo de convivencia abierta y generosa que caracteriza nuestras democracias.

Y es, lo repito, ese razonamiento inherente a toda guerra justa que consiste en no mezclar lo que tiene vocación de división, y mostrar, en este caso, a la gran mayoría de los musulmanes de Francia, que no son solo nuestros aliados, sino nuestros hermanos y conciudadanos.

Y, para terminar, lo fundamental.

La verdadera raíz de esta irrupción del horror.

Este Estado Islámico que ocupa un tercio de Siria e Irak y que ofrece a los artificieros de posibles futuros Bataclan bases, centros de mando, escuelas de crimen y campos de entrenamiento, sin los que no sería posible nada.

Sabemos que la semana pasada, en el Sinjar, los peshmerga lograron, con la coalición internacional, una victoria decisiva.

Podríamos mencionar numerosos ejemplos, desde hace seis meses, en los que los kurdos, que hasta ahora son los únicos que han entablado combate cuerpo a cuerpo, han visto retroceder sin resistencia a los malvados soldados de Daesh.

Y, como en otro tiempo en Sarajevo, como en la época en la que presuntos expertos agitaban el espectro de los cientos de miles de soldados que iba a hacer falta desplegar sobre el terreno para impedir la limpieza étnica, en realidad, llegado el momento, será suficiente un puñado de fuerzas especiales y de asalto: estoy convencido de que las hordas del ISIS son mucho más valientes a la hora de hacer volar a unos jóvenes parisienses indefensos que cuando se trata de enfrentarse a auténticos combatientes de la libertad, y por eso pienso que la comunidad internacional, si quiere, dispone de todos los medios para acabar con esta amenaza a la que se enfrenta.

¿Por qué no lo hace?

¿Por qué somos tan tacaños con la ayuda a nuestros aliados kurdos?

¿Y qué es esta extraña guerra que Estados Unidos, con Barack Obama al frente, no parece querer ganar?

Lo ignoro.

Pero sé que la clave está ahí.

Y que la alternativa está clara: “No boots on their ground” equivale a “more blood on our ground” (si no hay tropas en su terreno tendremos más sangre en el nuestro).

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

217.00 PARADOS MÁS AL AÑO, DURANTE LOS 21 DE GOBIERNO SOCIALISTA; 157.000 PARADOS MENOS ANUALES, DURANTE LOS 12 DEL PP

16/11/2015@12:57:49 GMT+1

Luis María ANSON

En medio del alud informativo europeo y de la atrocidad del yihadismo, S. Alcelay y J. González han publicado en el diario ABC una información reveladora. No tiene desperdicio. Durante los 21 años de Gobierno socialista en la democracia, el paro subió en 4,5 millones de personas; en los 12 años de Gobierno del PP, descendió en 1,9 millones.

Si a estas cifras incuestionables unimos la contratación de funcionarios y empleados en las cuatro Administraciones, de enchufados en las empresas públicas y de contratados como asesores, las cifras se harían todavía más gravosas para la gestión socialista, amparada, por cierto, por unos sindicatos que prefieren empresas cerradas antes que ceder en sus exigencias y que se han convertido en agencias de colocación y en un excelente negocio.

José Luis Rodríguez Zapatero recibió de José María Aznar una herencia envidiable: déficit público, cero; deuda, la más baja de Europa en proporción a la población y poco más de 2 millones de parados. Zapatero legó a Rajoy un déficit de 9,9%; una deuda abrumadora, entre las más altas de Europa; y más de 5 millones de parados.

Serán muchos los españoles, sin duda, que al conocer estas cifras se piensen dos veces el destino de sus votos. El rechazo a Rajoy es considerable pero la solución socialista alarma cada día más.

La Europa "las naciones" o de "los Pueblos" para la Generalitat de Catalunya"

¿Adónde vas, Catalunya?

La Vanguardia | Jaime Malet

La independencia no es posible. No hay interés de las grandes potencias, ni mecanismo internacional que invocar (como nos recordó Ban Ki Mun). La comunidad internacional no apoyará nunca una secesión en Occidente que podría consolidar una nueva tendencia amenazante para la gobernanza mundial. Tampoco interesa facilitar la ruptura al 90% de los españoles; aquel gobierno que la permitiera sería poco democrático. Y, por último, hoy sabemos que no sólo no hay mayoría abrumadora (para crear un nuevo país se necesita obviamente un gran soporte), sino que no se llega ni al 48% de los votos ni al 37% del censo. Pensar que España –un país que ha superado décadas de terrorismo atroz– va a dejar sin cobertura a más de la mitad de los catalanes no es realista. Por ello, es importante trasladarle a la población, como hizo recientemente el lehendakari Urkullu, que este es un proyecto imposible.

En cambio, de seguir así sí parece que podemos ir a otro escenario: movilizaciones ciudadanas, ruptura de lazos afectivos, soflamas continuas, afrentas, pleitos y grandes fechas históricas que se sucedan mes tras mes. Un escenario de ingobernabilidad y desobediencia de leyes en el que los políticos serán los grandes protagonistas, mientras se desgarran las familias, las escuelas y los amigos, el talento y la inversión miran hacia lugares más tranquilos, y las familias, especialmente las más débiles, se empobrecen gradualmente.

Este no es un “discurso del miedo”, es un discurso del “mucho miedo” ante un supuesto posible que cualquier persona razonable debería prever. ¿Alguien cree que se está dando una imagen de estabilidad y sentido común al mundo? ¿Conseguiríamos hoy unos Juegos Olímpicos o la sede de una editorial líder en español, por poner claros ejemplos?

Catalunya ha casi triplicado su PIB per cápita desde 1978. Su sanidad es una de las mejores del mundo pese a los recortes (como la del resto de España). Las calles están cuidadas y se puede andar por ellas con seguridad. Catalunya tiene sus cuatro capitales unidas por el AVE, un caso único. Uno de los mejores aeropuertos que puedo recordar. Dos puertos internacionales de primera clase. Educación gratuita. Y así un largo etcétera que se ha mantenido, milagrosamente más bien que mal, pese a una crisis global. Los catalanes que viajamos, si somos sinceros, debemos reconocer que para ser la cuna de un pueblo esquilmado y sometido, no hay muchos sitios (de capacidades similares) tan ordenados e impolutos como nuestro próspero territorio.

En este lugar privilegiado de la tierra por su patrimonio cultural y por su climatología, una Catalunya verdaderamente business friendly podría aspirar a ser un actor global en ciencia y en tecnología, en educación, en emprendeduría y en atracción de talento.

Mientras ganamos fama internacional gracias a grandes manifestaciones y llamadas a la insurrección, tecnologías disruptivas de todo tipo están eclosionando y van a cambiar el mundo en pocos años, con nuevos retos y grandes oportunidades. Una región con tanto potencial no debería perder enfoque en un proyecto político imposible que puede hacernos descarrilar del tren del progreso.

Por otro lado, muchos de los males seculares de España se encuentran también aquí y, por mucho que corra, dudo que Catalunya pueda escaparse de sí misma: corrupción, poca meritocracia, monitoreo asfixiante de la sociedad civil, falta de mecanismos de control político, dejación de los deberes de rigor fiscal (que consiste en gastar lo que se tiene y no lo que uno considera que debería tener) y sobre todo inexistencia de lo que llaman los anglosajones accountability, es decir, dar cuenta constantemente del dinero que se administra frente a los contribuyentes. ¿Puede alguien negar que todas esas lacras también existen, y bien asentadas, en Catalunya? ¿Quién puede pensar que desaparecerán con más y no con menos lío?

Hay mucho por mejorar, como los trenes de cercanías o el corredor mediterráneo. También es necesario mejorar el sistema de financiación y la solidaridad con otras regiones pobres. Algunos creen que hay que blindar la cultura y la enseñanza del catalán. Otros, que simplemente hay que mejorar la enseñanza (transferida hace treinta años y en el furgón de cola en Europa según el informe PISA).

Muchos pueden pensar que estas razones y un desencuentro de años con el Estado son suficientes para crear un nuevo Estado, pero dudo que alguien piense que lo son para avalar el riesgo real: el de una bronca monumental durante años. Y otras cosas todavía más importantes, como el desempleo, la desigualdad o la merma de las pensiones no parecen que se vayan a arreglar, sino más bien a empeorar, en una Catalunya no independiente (que no será), sino ingobernable y perdida en su laberinto.

En definitiva, en este ambiente tan exaltado, los catalanes podemos perder lo ganado durante treinta años en democracia. La historia enseña que la prosperidad y la concordia de los pueblos no es inmutable. Por ello, debemos reivindicar pragmatismo a nuestros gobernantes y obligarles a que lleguen a soluciones pactadas sin necesidad de incendiar calles y estadios.

Que se expliquen riesgos y límites a la población. Que se dialogue hasta la extenuación. Que se deje de mirar lo que pasó hace 300 años, para pensar sólo en la gente de hoy, en las familias y en su bienestar, en crear puestos de trabajo y ayudar a los más humildes. En atraer empresas, talento y riqueza.

Catalunya tiene 47 votos en el Congreso, la segunda comunidad con mayor representación parlamentaria. ¿Podemos pedir que se utilicen esos votos tras el 20-D para mejorar lo que sea posible? ¿Estamos todavía a tiempo de reclamar el espíritu de convivencia, sensatez y pacto que nos ha caracterizado tantas veces en el pasado?

Jaime Malet, presidente de AmChamSpain.

Un problema de seguridad nacional

ABC | Luis de la Corte Ibáñez

Una vez más, la capital de Francia ha sido blanco del terrorismo yihadista. Si los atentados del pasado enero, con sus asaltos, persecuciones y sus 17 víctimas mortales, sorprendieron e indignaron a los ciudadanos franceses, los del 13 de noviembre han conmocionado a toda Europa. No es para menos, pues este último golpe supone un nuevo e inquietante repunte de la amenaza yihadista en el viejo continente. Después de aquella aciaga mañana de 2004, donde 191 españoles perdieron sus vidas en Madrid por el simple hecho de viajar en tren, ningún país europeo había vuelto a encajar un incidente de terrorismo con más de 100 víctimas mortales. De hecho, el atentado masivo más reciente de los perpetrados en suelo europeo tuvo lugar hace ya diez años en Londres, cuando varios suicidas consiguieron asesinar a 52 personas y herir a más de 700.

Los ataques ocurridos en marzo de 2012 en Toulouse y Montaban, donde un joven de origen argelino acabó con la vida de 7 personas (entre las que se incluyeron tres niños de corta edad), sirvieron como señal de aviso sobre el riesgo yihadista en Francia y los países comunitarios. Pero al mismo tiempo, aquel incidente llevó a simplificar la percepción de una amenaza que muchos quisieron reducir a un problema de «lobos solitarios» y terroristas amateurs. Sin embargo, algunas de las grandes estructuras yihadistas, en particular Al Qaida, nunca cejaron en el empeño de realizar nuevos atentados de máxima letalidad en Europa y Norteamérica y volvieron a intentarlo sin éxito en varias ocasiones… Hasta lograrlo en la capital de Francia.

Los atentados de París reproducen algunas de las pautas que han marcado la evolución reciente del yihadismo en Europa. Entre ellas, la elección de objetivos blandos o escasamente protegidos como blanco, la incorporación de objetivos judíos (la sala de fiestas Bataclan es de propiedad judía), la realización de ataques indiscriminados, el uso de armas de fuego y fusiles, sin abandonar por ello el empleo de artefactos explosivos. Aunque no todo ha sido mera repetición. Hacía tiempo que un país occidental no se veía expuesto a una operación terrorista desarrollada tan compleja. Coordinar y llevar a término seis ataques, varios de ellos iniciados de forma casi simultánea, e incluir entre ellos un asalto con toma de rehenes no resulta sencillo. En ese aspecto, los atentados de París recuerdan la masacre provocada por un grupo pakistaní asociado a Al Qaida en la ciudad de Bombay, en noviembre de 2008, concluida con el terrible balance de 173 muertos y más de 300 heridos. También llama la atención el hecho de que los atacantes de París hayan utilizado cinturones suicidas. Estos y otros detalles avalan la tesis oficial sobre la existencia de posibles colaboradores internos que ayudasen a los terroristas a preparar sus acciones y también la de la implicación del Daesh, esa organización que se refiere a sí misma como un nuevo Estado y que más voluntarios radicales moviliza hoy en el mundo, incluyendo a buena parte de los más de 1.700 individuos desplazados a partir de 2012 desde el país vecino hasta Siria e Irak para hacer el yihad.

Son varias las lecciones que pueden extraerse de los hechos de París. Hemos vuelto a comprobar que la seguridad plena no existe y que ningún gran aparato institucional puede garantizarla al cien por cien. Francia lo tiene, muy bien dotado y muy eficaz. Pero no ha sido suficiente ahora como no lo fue tampoco en enero de 2015, en 2014, cuando no se pudieron evitar otros dos ataques de menor entidad perpetrados en Tours y Nantes, ni tampoco los de 2012. Sin duda, el potencial de radicalización en Francia es muy elevado y es claro que existe una clara animadversión hacia ese país por parte del yihadismo. También hay un problema con el acceso a armas. Son ya demasiados los casos de individuos radicalizados sorprendidos en posesión de armas de gran calibre y ello a pesar de las severas restricciones legales que los países europeos imponen a su acceso. La continuidad de los tráficos ilícitos de armas debería recibir un tratamiento más eficaz.

Entérminos más generales, es importante recordar que desde hace años los peores efectos del yihadismo global se concentran en el mundo árabe y musulmán, donde los atentados de máxima letalidad son mucho más frecuentes que en Europa y donde varios actores yihadistas comprometen hoy la viabilidad de algunos Estados. Sin embargo, la tragedia de París vuelve a poner de manifiesto que, además de amenazar la paz y la seguridad internacional, y en parte gracias a ello, el terror yihadista y la circulación de la ideología que lo inspira representan un grave riesgo para la seguridad nacional de Francia. Y por extensión la del resto de sus socios de la Unión Europa, España incluida.

Luis de la Corte Ibáñez pertenece al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma

Discutamos el Estatuto

Por Víctor Ferreres Comella es profesor de Derecho Constitucional y Josep Ramoneda es periodista. Suscriben, además, este artículo Joaquim Bisbal, profesor de Derecho Mercantil; Ramón Casas, profesor de Derecho Civil; Carles Pareja, profesor de Derecho Administrativo, y Carlos Viladàs, profesor de Derecho Penal (EL PAÍS, 07/10/05):

Digamos abiertamente lo que nos consta que muchos expertos catalanes dicen en privado: el proyecto de Estatuto de Autonomía que acaba de aprobar el Parlamento de Cataluña es criticable en varios aspectos. Aunque resulta injusto afirmar que viene a ser la versión catalana del plan Ibarretxe, pues el esfuerzo por respetar la Constitución es aquí mucho mayor, lo cierto es que el nuevo Estatuto incluye preceptos inconstitucionales y es poco razonable en algunos extremos. Estos defectos pueden y deben ser corregidos durante la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Lo más importante, sin embargo, es que todos tengamos claro para qué sirve un Estatuto de Autonomía y qué tipo de cambios se pueden introducir a través de su reforma.

Existe acuerdo en sostener que el Estatuto de Autonomía es una norma concebida por la Constitución para una finalidad muy concreta: dar nacimiento a una determinada comunidad autónoma, dotándola de un conjunto de competencias y especificando, a grandes rasgos, cuáles son las instituciones básicas a través de las cuales ejercerá su autogobierno. Dentro de este marco estatutario, el Parlamento autonómico discute y aprueba luego las distintas leyes, en ejercicio de sus competencias y en función de las mayorías políticas que van surgiendo en las sucesivas elecciones democráticas. El vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 no es un texto muy extenso. Lo que hace, básicamente, es especificar las competencias que asume la Generalitat de Catalunya y establecer, sin entrar en demasiados detalles, cuáles son las instituciones que la integran.

Tras todos estos años de autonomía, ¿era conveniente reformar ahora el Estatuto? Seguramente sí. Frente a quienes sostienen (con manifiesta ignorancia) que España es el Estado más descentralizado del mundo, lo cierto es que existe todavía un margen para ampliar de manera razonable el grado de autogobierno de las comunidades autónomas, y es indudable que en Cataluña existen un sentimiento y una voluntad en tal sentido bastante generalizados. Para incrementar el autogobierno, es necesario en algunos casos reformar la Constitución, mientras que basta la reforma estatutaria en otros. Nada que objetar, pues, a la decisión política de modificar el Estatuto catalán para ampliar las competencias atribuidas a la Generalitat, dentro del marco constitucional. Y nada que objetar a la tesis defendida por los juristas que han colaborado en la confección de este Estatuto, en el sentido de que es conveniente concretar de la manera más clara posible cuáles son las competencias que corresponden a la Generalitat, para evitar así conflictos interpretativos que acaban inundando al Tribunal Constitucional.

Ahora bien, este Estatuto va más allá, e incluye disposiciones cuya razón de ser es altamente dudosa. Así, por ejemplo, el Título Primero incorpora una extensa tabla de derechos y deberes. Dejando de lado la muy defectuosa técnica legislativa que se ha seguido en este título, la pregunta se impone: ¿para qué sirve esta tabla? ¿Están en peligro los derechos fundamentales en Cataluña? ¿Acaso es insuficiente la tabla de derechos de la Constitución española? Evidentemente, no. Algunos líderes han dicho que la tabla de derechos pretende “proteger de verdad” algunos de los derechos sociales que la Constitución española consagra como meros principios, como el derecho a la vivienda. Pero, ¿cómo un Estatuto puede protegerlos en serio? A pesar de toda la propaganda que se ha hecho sobre el carácter social del Estatuto, lo cierto es que éste no puede más que remitir en definitiva a lo que disponga el legislador ordinario, dentro de los inevitables límites presupuestarios, exactamente igual que lo hacen la Constitución española y las constituciones de otros países.

Por otra parte, el Estatuto incluye cláusulas que responden a una concepción política determinada, muy respetable y que podemos compartir, pero que no cuenta con un amplio consenso en la sociedad. Así, resulta estridente que el Estatuto (en el artículo 41) incida de manera indirecta en el tema del aborto, o que consagre (o así parece) el carácter laico de la escuela pública (en el artículo 21), o que establezca que los partidos deben respetar criterios de paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales (artículo 56). ¿Qué ocurrirá si, dentro de unos años, la mayoría del Parlamento de Cataluña discrepa de algunas de estas normas? ¿Habrá que reformar el Estatuto, lo que exigirá un engorroso procedimiento que exige la intervención del Parlamento catalán y de las Cortes Generales y la posterior ratificación en referéndum? Es difícil entender en qué sentido se logra incrementar el autogobierno de Cataluña cuando se establecen normas estatutarias como éstas, que petrifican el ordenamiento jurídico e impiden que la vida democrática catalana discurra con normalidad en el futuro. ¿Acaso no es la democracia un continuo debate y revisión de decisiones?

En algún momento, los líderes políticos han dado a entender que será una institución de la comunidad autónoma (el Consell de Garanties Estatutàries) la que garantizará que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán respeten esa tabla de derechos. Pero los ciudadanos deben saber que el garante último será el Tribunal Constitucional, al que podrán acudir (para impugnar las leyes autonómicas catalanas) el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o el Gobierno de la nación. Lo cual no deja de ser paradójico, si se tiene en cuenta que una de las quejas expresadas de manera recurrente por la Generalitat es el elevado número de impugnaciones de que son objeto las leyes catalanas.

Los políticos que tanto han elogiado la declaración de derechos sostienen que, gracias a ella, el Estatuto se transforma en algo parecido a la Constitución de un Estado miembro de una federación. Pero con ello muestran hasta qué punto andan despistados, pues deberían saber que, a diferencia de lo que ocurre con el Estatuto de Autonomía, un Estado miembro de una federación puede modificar unilateralmente su propia Constitución, sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento federal. Y es que el papel que cumple el Estatuto de Autonomía en nuestro sistema no tiene nada que ver con el que es propio de una Constitución estatal en un sistema federal. Son cosas distintas, como es pacífico entre los especialistas en Derecho Constitucional comparado.

El Estatuto también se excede cuando regula materias (como, por ejemplo, la estructura del poder judicial, el sistema de recursos, las circunscripciones electorales, etcétera) que están reservadas a las correspondientes leyes orgánicas. A nuestro juicio, no es posible, a través del Estatuto, maniatar de esta manera al futuro legislador estatal. Puede ser una espléndida idea que el Tribunal Supremo se limite a conocer de los recursos extraordinarios para unificación de doctrina, por ejemplo. Pero eso lo tiene que decidir el legislador estatal en cada momento histórico, a la luz de la experiencia acumulada, y no unEstatuto de Autonomía de una concreta comunidad.

El propio Consell Consultiu detectó este problema, pero ofreció como solución una técnica sorprendente. Esta técnica, recogida finalmente en el Estatuto (en la Disposición Adicional Novena), consiste en incluir una cláusula final que dispone que esas normas estatutarias sólo tendrán eficacia una vez que el Estado haya modificado las correspondientes leyes orgánicas, en el bien entendido de que el Estado es plenamente libre para modificar o no esas leyes. Con esta técnica tan original, no habría habido inconveniente en incluir en el Estatuto una norma que, por ejemplo, castigara con 40 años de cárcel los asesinatos cometidos en Tejas, adjuntando luego una cláusula en virtud de la cual esta norma empezaría a ser eficaz el día en que el Parlamento de Tejas decidiera modificar en tal sentido su Derecho penal.

Si el lector cree que exageramos, le invitamos a echar una ojeada al artículo 191 del Estatuto, que no tiene inconveniente en disponer que a partir de ahora, “la Generalitat de Catalunya tiene acceso directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. El legislador comunitario puede estar tranquilo, sin embargo, pues el mencionado artículo añade inmediatamente: “En los términos que establezca la normativa europea”. Y es que, en algunos momentos, el Estatuto se parece a esas estupendas ofertas de algunas compañías que, tras ponernos la miel en los labios con promesas espléndidas, añaden, en letra pequeña, “de acuerdo con las disponibilidades” o cosas parecidas (fórmulas que, por cierto, a menudo están en el punto de mira de la legislación en defensa de los consumidores).

En cuanto a la financiación de la Generalitat (que, ciertamente, necesita ser mejorada), puede decirse que el sistema que se ha pactado es muy parecido al del concierto vasco o convenio navarro. Existen sólidos argumentos para sostener que, con la Constitución en la mano, no es posible extender a Cataluña ni al resto de comunidades autónomas ese tipo singular de financiación. En cualquier caso, todo el mundo sabe que las Cortes Generales no lo van a aprobar en los términos actuales. Se ha preferido negociar en Cataluña un sistema de financiación que se acerca al concierto, para evitar un supuesto fracaso del Estatuto, y enviar luego a Madrid la “patata caliente”.

Los ciudadanos nos merecemos un debate más serio, centrado en las cuestiones que son propias de un Estatuto de Autonomía, sin generar falsas expectativas acerca de las transformaciones que es posible introducir a través de una reforma estatutaria. No hay que convertir un Estatuto en lo que, en buena técnica jurídica, no puede ser. Seguramente, lo que ha viciado todo este proceso es la decisión previa de limitar a cuatro cuestiones la posible reforma de la Constitución española. Si queremos superar, de verdad, el tabú de la reforma constitucional, deberíamos estar dispuestos a discutir todo lo que haga falta. El procedimiento de reforma debe estar al servicio de toda propuesta razonable que goce de suficiente consenso.

El proyecto de Estatuto es, pues, discutible. Por eso mismo, debe ser discutido en las Cortes Generales, para que sus defectos salgan a la luz y sean objeto de corrección. Y que nadie se rasgue las vestiduras por ello.