El intento de ruptura de Cataluña exige unidad y determinación

El intento de ruptura de Cataluña exige unidad y determinación

EL PAÍS 10 NOV 2015 - 00:00 CET

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Una pantalla muestra en el Parlamento de Cataluña el resultado de la votación de la declaración de independencia. / ALBERT GEA (REUTERS)

La declaración de ruptura con la España constitucional de Junts pel Sí y la CUP, que obtuvieron menos del 48% del voto en Cataluña, es un acto ilegal e ilegítimo que requiere una respuesta firme del Gobierno y las fuerzas políticas y la utilización de todos los instrumentos del Estado —legales, jurídicos, políticos e institucionales— para defender la democracia y la legalidad.

Pero una actuación defensiva, imprescindible, no es suficiente. Es necesario acompañarla de un plan, de un proyecto que permita responder al grave momento por el que atraviesa el país, momento del que Cataluña es un síntoma, extremo, alarmante, pero uno más de lo que claramente es un fin de ciclo histórico. Hemos clamado muchas veces en estas páginas por reformas y medidas políticas que hubieran podido evitar que se llegara a donde hoy nos encontramos. No las hemos pedido ni las seguimos pidiendo por contentar a los insurrectos o tratar de calmar infantilmente las aguas. Reclamamos acciones políticas porque son la mejor garantía de poder salir de la crisis actual con ciertas perspectivas de estabilidad futura.

Paradójicamente, el clima preelectoral que hoy domina España no es el más adecuado para requerir del Gobierno y de los partidos políticos un ambicioso y profundo proyecto de país. Precisamente por eso hubiera sido adecuado adelantar las elecciones generales y separar lo más posible la campaña de la crisis catalana. Pero el Gobierno —quién sabe con qué cálculo— prefirió no hacerlo así y ahora nos encontramos ante una campaña intoxicada y condicionada por la rebelión independentista.

Nuestra voluntad de que el Gobierno sea aún capaz de ofrecer un futuro para Cataluña no está, por supuesto, reñida con nuestro apoyo al uso enérgico de la ley. El presidente, Mariano Rajoy, respondió rápidamente al envite independentista con una declaración firme y preparada en la que detalló cuáles serán los próximos pasos del ejecutivo para hacer cumplir la Constitución.

Mas se define como un activo de la independencia y es el mayor pasivo de una Cataluña próspera

La firmeza de Rajoy, que contrasta con la falta de respuesta durante años ante el desafío secesionista, es una buena noticia, como también lo es la unidad lograda con algunos de los principales partidos (PSOE, Ciudadanos y UPyD, entre otros), para defender la legalidad constitucional.

La medidas explicadas por el presidente parecen razonables y ajustadas a la ley. También es positivo que se quiera evitar a toda costa la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero los partidos constitucionalistas no pueden escudarse en la campaña electoral del 20-D para no luchar unidos contra la insurgencia en Cataluña y tomar decisiones, por muy difíciles que sean, cuando la situación lo requiera. Medidas legales y jurídicas, pero también soluciones políticas que requieren reformas de calado que modifiquen el marco de convivencia de nuestro país.

Las 12 horas y 13 minutos del 9 de noviembre se recordará como el momento en el que la representación de la mitad de los catalanes quiso dar un golpe a un Estado bajo cuyas leyes Cataluña ha logrado los mayores niveles de prosperidad y autogobierno de su historia. El ambiente en el Parlament respiraba aromas radicales, sin que el Gobierno de la Generalitat en funciones, con Artur Más a la cabeza, mostrara excesivo entusiasmo. Varios consellers no se prodigaron en los aplausos y todos parecían mostrar preocupación ante el nuevo paso dado con el abrazo programático a una CUP que ni siquiera va a aplicar la reciprocidad para votar la investidura de Mas. La desunión en las filas de Convergència se va escenificando día a día a medida que los diputados avanzan hacia el abismo con la sensación de estar secuestrados por ese pacto.

Artur Mas se declaraba “el mayor activo del independentismo” en su penúltimo intento de conseguir la investidura, sin darse cuenta de que se ha convertido en el mayor pasivo para una Cataluña próspera. Además de ser consciente de la ilegalidad de sus actos, él sabe que un país solo puede ser independiente si hay alguien dispuesto a reconocerlo, y hay unanimidad internacional en su contra.

La campaña electoral no debe impedir la acción de los constitucionalistas contra la secesión

En la calle, apenas 200 personas ondeaban las esteladas, un gesto mínimo comparado con el poder de convocatoria exhibido por el nacionalismo. Es como si los catalanes, en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que les han llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante incumpliendo las leyes de España y de Cataluña sin importarles más que salvar la cara.

Es la hora de utilizar todos los instrumentos del Estado para atajar este intento de ruptura. Instrumentos legales, jurídicos, políticos y también institucionales. Este país afronta su peor crisis tras el 23-F y no hay que olvidar que la Constitución de 1978 establece, entre las limitadas funciones del rey Felipe VI como Jefe del Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador en la política.

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A diferencia de la insurrección catalana de 1934, la de hoy parece jugarse en los límites de una acción pacífica. Comparten de forma insidiosa la ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional

LLUÍS BASSETS 10 NOV 2015 - 00:00 CET

Como todos sabemos, Cataluña tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado sobre la historia de un momento trágico y excepcional, en que tropas armadas a las órdenes del Gobierno catalán se enfrentaron breve pero cruentamente con tropas a las órdenes del Gobierno de la República Española. Fue en 1934, el 6 de octubre, cuando el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.

La intentona duró apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo disminuido por las dimensiones de la carnicería que se avecinaba apenas a dos años vista con la Guerra Civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el Gobierno catalán en pleno con su presidente a la cabeza, así como el alcalde de Barcelona, numerosos funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos y sindicales. La autonomía fue intervenida, el Parlamento quedó suspendido, fueron prohibidos los principales periódicos catalanistas, se reinstauró la censura sobre los otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la Generalitat y de la comisaría de Orden Público.

La insurrección catalana fue un episodio más y no el más grave de una intentona revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su capítulo más cruento. Pretendía frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresión de la democracia y del autogobierno catalán de la que Cataluña apenas se recuperaría durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la Guerra Civil.

Sobre las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha tinta, y una parte muy importante precisamente en los últimos años, con motivo del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. ¿No queremos un nuevo Seis de Octubre?, se ha oído decir desde hace ya unos años en el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga bien.

Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama

Sobre las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse, porque casi todo es distinto, la época y las sociedades. Esta vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamación unilateral de la independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaración que anuncia la ruptura o desconexión diferida o a plazos con la legalidad constitucional y la desvinculación de la autoridad del Tribunal Constitucional. A diferencia de los violentos años 30, todo parece jugarse en los límites de la acción democrática y pacífica, en manifestaciones cívicas, en los medios de comunicación, en la actuación de los Gobiernos y los parlamentos o en los recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y duras, más o menos eufemísticas, como desconexión, ruptura, insurgencia o rebelión, nada de momento sitúa la confrontación en el plano del uso de la fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la desaparición de las fronteras y las soberanías compartidas —la disolución precisamente de la idea de independencia nacional— bien distinto al de la época de los nacionalismos agresivos, la escalada armamentística y los totalitarismos.

Pero también hay semejanzas. La mayor, probablemente la más insidiosa para la democracia y la que más se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad constitucional. En los dos casos se confía en la acción unilateral para modificar la relación con el resto de España, sin una negociación ni un acuerdo previo. Tal como han señalado algunos historiadores, Lluís Companys no pretendía la separación, sino repetir la jugada de Francesc Macià el 14 de abril de 1931, cuando proclamó la República Catalana dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas, adelantándose así a la proclamación de la República en Madrid por parte de Niceto Alcalá Zamora, para conseguir con ello una negociación posterior, que es la que desembocó en el Estatuto de 1932; nada muy distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociación tirando millas en el camino de la independencia unilateral.

Algunas de las analogías sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede entenderse sin la radicalización izquierdista y el abandono de la moderación. También entonces como ahora, todo se juega al final en la correlación de fuerzas y en la capacidad de hacer un buen cálculo de las propias y las ajenas. En 1934, la insurrección no contó con la movilización obrera y callejera y quedaron en nada las milicias armadas que debían apoyar el golpe. En el actual proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayoría parlamentaria indestructible que pedía ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando pedía un resultado plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las elecciones con una mayoría insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP. Su aislamiento internacional es pavoroso, pero además no cuenta con aliados en España; y se ha enajenado a la mitad de la población catalana.

Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas

El juego comparativo no ha terminado. También tiene sentido fijarse en las reacciones del Gobierno español. Entonces se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas y gradualistas; el reproche, justísimo, es la falta de respuesta política. Ante la aprobación en el pleno, ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca la inmediata suspensión de la declaración y de sus efectos.

Con Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre la que ha recaído la responsabilidad de un trámite tan irregular como precipitado para aprobar la declaración. Pero no será por esta actuación partidista en la interpretación del reglamento del Parlament por lo que se le pedirá responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro en cumplimiento de la declaración que el Constitucional suspenderá en las próximas horas. Si Forcadell es la primera que actúa contra la legalidad de la que deriva su presidencia será ella y no Mas quien alcanzará una palma del martirio patriótico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de 1934. Seguro que será un honor para ella, pero también que no le importará a Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminación.

RAJOY: TARDE Y NO SABEMOS SI BIEN

09/11/2015@12:18:53 GMT+1

Luis María ANSON

El Parlamento catalán ha consensuado el desafío secesionista. Si hace dos años, Mariano Rajoy hubiera reaccionado como exigía el órdago lanzado por Arturo Mas no se habría llegado a la situación límite en la que estamos. La responsabilidad viene de atrás, de la ligereza de Adolfo Suárez al establecer el “café para todos” y, sobre todo, de la ocurrencia de José Luis Rodríguez Zapatero al respaldar una reforma del Estatuto que, en ese momento, no importaba ni al 5% del pueblo catalán, conforme a una encuesta publicada en La Vanguardia.

La memez del “no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico”, mantenida por Pedro Arriola, quebró un principio básico de la política seria: prevenir y no curar. Como Mariano Rajoy no fue capaz de prever lo que muchos anunciamos que iba a ocurrir ahora no le queda otro remedio, en vísperas electorales, que tomar las medidas necesarias para que en el Estado de Derecho español se respete la ley. Es tarde, muy tarde, y no sabemos si el Gobierno actuará bien. Confiemos en que sí. Esperemos que después de tanta torpeza, Mariano Rajoy tome las decisiones que cercenen la tropelía a la que España asiste atónita. En 1934, un presidente del Gobierno de ideología izquierdista, Alejandro Lerroux, supo liquidar en unas horas no la aprobación de independencia de Cataluña, sino la proclamación del “Estado catalán dentro de la República federal española”. Ahora lo mejor sería no tener que emplear la fuerza sino hacer funcionar la maquinaria de la justicia con la debida celeridad. Vamos a ver en pocas horas si el Gobierno se queda en declaraciones inanes o si actúa con la contundencia que la situación exige.

TEXTO DE JUNTOS POR EL SÍ Y LA CUP

Los nueve puntos de la resolución independentista aprobada en el Parlamento catalán

09/11/2015@09:52:18 GMT+1

Por EL IMPARCIAL

Los nueve puntos de la resolución independentista aprobada en el Parlamento catalánAmpliar  

La propuesta de resolución independentista presentada por Juntos por el Sí y la CUP como inicio del proceso de desconexión de España, punto por punto.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Parlamento de Cataluña:

PRIMERO.- Constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente y con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.

SEGUNDO.- Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república.

TERCERO.- Proclama el comienzo de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana.

CUARTO.- Insta al futuro Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva esta declaración.

QUINTO.- Considera pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.

SEXTO.- Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia desde la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referendo, entre otros.

SÉPTIMO.- Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español, de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora.

OCTAVO.- Insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que pudieran verse afectados por decisiones de las instituciones del Estado español.

NOVENO.- Declara la voluntad de iniciar las negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de república y, así mismo, lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".El desafío choca con 4 artículos

–¿Cómo reaccionará el Gobierno a la decisión del Parlamento catalán de poner en marcha mañana el proceso de creación de una Cataluña independiente?

–La maquinaria jurídica se pondrá en marcha nada más aprobarse la propuesta de Junts pel Sí y la CUP de poner los primeros cimientos de una República catalana. El Gobierno celebrará el mismo martes, horas después del desafío soberanista, un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la resolución del Parlament.

–¿Qué sucederá en esas 24 horas posteriores a la anunciada «desconexión» de Cataluña del resto de España?

–Nada más conocerse los términos exactos de la resolución, el Consejo de Estado se pondrá manos a la obra para elaborar un informe en el que señalará la inconstitucionalidad de la declaración secesionista y avalará el recurso de la Abogacía del Estado.

–¿Cuándo recurrirá la Abogacía del Estado la resolución del Parlament?

–Con el informe del Consejo de Estado en la mano, los Servicios Jurídicos del Estado recurrirán ante el TC el mismo miércoles, invocando expresamente el artículo 161,2 de la Constitución, que estipula que la impugnación del Gobierno de una resolución adoptada por un órgano de una comunidad autónoma lleva aparejada la suspensión de la disposición recurrida.

–¿Durante cuánto tiempo estará en vigor esa suspensión?

–El Tribunal Constitucional acordará la suspensión por un plazo de cinco meses, que se prorrogará mientras decida sobre el fondo del asunto.

–¿Contra qué artículos de la Carta Magna choca frontalmente la declaración independentista?

–La Abogacía del Estado esgrimirá en su recurso que la decisión del Parlament tiene efectos jurídicos (sin ir más lejos, la anunciada pretensión soberanista de tramitar las «leyes del proceso consituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública») y vulnera, en primer lugar, el artículo 1,2 de la Constitución, que establece que la soberanía nacional «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Además, también infringe el artículo 2, que estipula la «indisoluble unidad de la Nación española», así como el 9 («los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico») y el 168, que delimita los cauces para la reforma de la Constitución.

–¿Qué sucederá a partir de entonces?

–Una vez suspendido el acuerdo de la Cámara catalana, el TC tramitará el recurso y pedirá al Parlament que presente sus alegaciones antes de pronunciarse sobre el fondo.

–¿Existe algún precedente?

–Sí. En marzo de 2013, el Parlamento catalán aprobó una declaración de soberanía y el «derecho a decidir del pueblo de Cataluña». El TC suspendió la declaración soberanista tras el recurso del Gobierno y, un año después, anuló la resolución del Parlament negando el carácter soberano del pueblo catalán aunque abriendo la puerta al «derecho a decidir» siempre y cuando se lleve a cabo respetando los cauces legales.

–¿Qué puede hacer el TC si el Parlament ignora la suspensión y sigue adelante con su hoja de ruta independentista?

–El escenario es completamente distinto al que se dio en 2013. La posterior reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional deja en manos del TC una batería de medidas para garantizar que se acate la suspensión cautelar, desde requerimientos y multas hasta la suspensión de las autoridades o funcionarios responsables del incumplimiento o, incluso, dejar en manos del Gobierno la ejecución del mandato del Alto Tribunal.