El
intento de ruptura de Cataluña exige unidad y determinación
EL
PAÍS 10 NOV 2015 - 00:00 CET
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Cataluña Elecciones Ideologías Política España
Una
pantalla muestra en el Parlamento de Cataluña el resultado de la votación de la
declaración de independencia. / ALBERT GEA (REUTERS)
La
declaración de ruptura con la España constitucional de Junts pel Sí y la CUP,
que obtuvieron menos del 48% del voto en Cataluña, es un acto ilegal e
ilegítimo que requiere una respuesta firme del Gobierno y las fuerzas políticas
y la utilización de todos los instrumentos del Estado —legales, jurídicos,
políticos e institucionales— para defender la democracia y la legalidad.
Pero
una actuación defensiva, imprescindible, no es suficiente. Es necesario
acompañarla de un plan, de un proyecto que permita responder al grave momento
por el que atraviesa el país, momento del que Cataluña es un síntoma, extremo,
alarmante, pero uno más de lo que claramente es un fin de ciclo histórico.
Hemos clamado muchas veces en estas páginas por reformas y medidas políticas
que hubieran podido evitar que se llegara a donde hoy nos encontramos. No las
hemos pedido ni las seguimos pidiendo por contentar a los insurrectos o tratar
de calmar infantilmente las aguas. Reclamamos acciones políticas porque son la
mejor garantía de poder salir de la crisis actual con ciertas perspectivas de
estabilidad futura.
Paradójicamente,
el clima preelectoral que hoy domina España no es el más adecuado para requerir
del Gobierno y de los partidos políticos un ambicioso y profundo proyecto de
país. Precisamente por eso hubiera sido adecuado adelantar las elecciones
generales y separar lo más posible la campaña de la crisis catalana. Pero el
Gobierno —quién sabe con qué cálculo— prefirió no hacerlo así y ahora nos encontramos
ante una campaña intoxicada y condicionada por la rebelión independentista.
Nuestra
voluntad de que el Gobierno sea aún capaz de ofrecer un futuro para Cataluña no
está, por supuesto, reñida con nuestro apoyo al uso enérgico de la ley. El
presidente, Mariano Rajoy, respondió rápidamente al envite independentista con
una declaración firme y preparada en la que detalló cuáles serán los próximos
pasos del ejecutivo para hacer cumplir la Constitución.
Mas
se define como un activo de la independencia y es el mayor pasivo de una
Cataluña próspera
La
firmeza de Rajoy, que contrasta con la falta de respuesta durante años ante el
desafío secesionista, es una buena noticia, como también lo es la unidad
lograda con algunos de los principales partidos (PSOE, Ciudadanos y UPyD, entre
otros), para defender la legalidad constitucional.
La
medidas explicadas por el presidente parecen razonables y ajustadas a la ley.
También es positivo que se quiera evitar a toda costa la aplicación del
artículo 155 de la Constitución. Pero los partidos constitucionalistas no
pueden escudarse en la campaña electoral del 20-D para no luchar unidos contra
la insurgencia en Cataluña y tomar decisiones, por muy difíciles que sean,
cuando la situación lo requiera. Medidas legales y jurídicas, pero también
soluciones políticas que requieren reformas de calado que modifiquen el marco
de convivencia de nuestro país.
Las
12 horas y 13 minutos del 9 de noviembre se recordará como el momento en el que
la representación de la mitad de los catalanes quiso dar un golpe a un Estado
bajo cuyas leyes Cataluña ha logrado los mayores niveles de prosperidad y
autogobierno de su historia. El ambiente en el Parlament respiraba aromas
radicales, sin que el Gobierno de la Generalitat en funciones, con Artur Más a
la cabeza, mostrara excesivo entusiasmo. Varios consellers no se prodigaron en
los aplausos y todos parecían mostrar preocupación ante el nuevo paso dado con
el abrazo programático a una CUP que ni siquiera va a aplicar la reciprocidad
para votar la investidura de Mas. La desunión en las filas de Convergència se
va escenificando día a día a medida que los diputados avanzan hacia el abismo
con la sensación de estar secuestrados por ese pacto.
Artur
Mas se declaraba “el mayor activo del independentismo” en su penúltimo intento
de conseguir la investidura, sin darse cuenta de que se ha convertido en el
mayor pasivo para una Cataluña próspera. Además de ser consciente de la
ilegalidad de sus actos, él sabe que un país solo puede ser independiente si
hay alguien dispuesto a reconocerlo, y hay unanimidad internacional en su
contra.
La
campaña electoral no debe impedir la acción de los constitucionalistas contra
la secesión
En
la calle, apenas 200 personas ondeaban las esteladas, un gesto mínimo comparado
con el poder de convocatoria exhibido por el nacionalismo. Es como si los
catalanes, en lugar de celebrar, empezaran a darse cuenta del laberinto al que
les han llevado unos líderes que siguen huyendo hacia adelante incumpliendo las
leyes de España y de Cataluña sin importarles más que salvar la cara.
Es
la hora de utilizar todos los instrumentos del Estado para atajar este intento
de ruptura. Instrumentos legales, jurídicos, políticos y también
institucionales. Este país afronta su peor crisis tras el 23-F y no hay que
olvidar que la Constitución de 1978 establece, entre las limitadas funciones
del rey Felipe VI como Jefe del Estado, la defensa de la unidad de España y el
papel de árbitro y moderador en la política.
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A
diferencia de la insurrección catalana de 1934, la de hoy parece jugarse en los
límites de una acción pacífica. Comparten de forma insidiosa la ruptura con la
legalidad por parte de una institución surgida de la propia legalidad
constitucional
LLUÍS
BASSETS 10 NOV 2015 - 00:00 CET
Como
todos sabemos, Cataluña tiene de todo. Incluso un mito insurreccional, fraguado
sobre la historia de un momento trágico y excepcional, en que tropas armadas a
las órdenes del Gobierno catalán se enfrentaron breve pero cruentamente con
tropas a las órdenes del Gobierno de la República Española. Fue en 1934, el 6
de octubre, cuando el presidente Lluís Companys proclamó el Estado Catalán de
la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de
Sant Jaume.
La
intentona duró apenas unas diez horas, que arrojaron un terrible balance, solo
disminuido por las dimensiones de la carnicería que se avecinaba apenas a dos
años vista con la Guerra Civil. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos, entre
cuatro y siete millares los detenidos, entre ellos el Gobierno catalán en pleno
con su presidente a la cabeza, así como el alcalde de Barcelona, numerosos
funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos y sindicales.
La autonomía fue intervenida, el Parlamento quedó suspendido, fueron prohibidos
los principales periódicos catalanistas, se reinstauró la censura sobre los
otros y dos militares se hicieron cargo de la presidencia accidental de la
Generalitat y de la comisaría de Orden Público.
La
insurrección catalana fue un episodio más y no el más grave de una intentona
revolucionaria de mayor alcance contra el Gobierno derechista surgido de las
elecciones de 1933, que tuvo en Asturias su capítulo más cruento. Pretendía
frenar el fascismo pero dio pie en cambio a una brutal regresión de la
democracia y del autogobierno catalán de la que Cataluña apenas se recuperaría
durante unos pocos meses, antes de caer en el caos y el desgobierno de la
Guerra Civil.
Sobre
las causas y lecciones del Seis de Octubre ha corrido desde entonces mucha
tinta, y una parte muy importante precisamente en los últimos años, con motivo
del proceso soberanista y de los temores y esperanzas que ha suscitado. ¿No
queremos un nuevo Seis de Octubre?, se ha oído decir desde hace ya unos años en
el campo nacionalista. Para unos es un error a evitar; pero para otros, en
cambio, es la experiencia que conviene corregir y mejorar para que ahora salga
bien.
Esta
vez no es el balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la
proclama
Sobre
las diferencias de circunstancias entre 1934 y hoy no hace falta extenderse,
porque casi todo es distinto, la época y las sociedades. Esta vez no es el
balcón presidencial sino el parlamento donde se produce la proclama o
acontecimiento inicial. No hay ahora una proclamación unilateral de la
independencia con pretensiones de efectos inmediatos, sino una declaración que
anuncia la ruptura o desconexión diferida o a plazos con la legalidad
constitucional y la desvinculación de la autoridad del Tribunal Constitucional.
A diferencia de los violentos años 30, todo parece jugarse en los límites de la
acción democrática y pacífica, en manifestaciones cívicas, en los medios de
comunicación, en la actuación de los Gobiernos y los parlamentos o en los
recursos a los tribunales. Aunque unos y otros pronuncian palabras graves y
duras, más o menos eufemísticas, como desconexión, ruptura, insurgencia o
rebelión, nada de momento sitúa la confrontación en el plano del uso de la
fuerza. Y lo que menos lo permite es precisamente el contexto europeo, la
desaparición de las fronteras y las soberanías compartidas —la disolución
precisamente de la idea de independencia nacional— bien distinto al de la época
de los nacionalismos agresivos, la escalada armamentística y los
totalitarismos.
Pero
también hay semejanzas. La mayor, probablemente la más insidiosa para la
democracia y la que más se ha subrayado, es que se trata en ambos casos de una
ruptura con la legalidad por parte de una institución surgida de la propia
legalidad constitucional. En los dos casos se confía en la acción unilateral para
modificar la relación con el resto de España, sin una negociación ni un acuerdo
previo. Tal como han señalado algunos historiadores, Lluís Companys no
pretendía la separación, sino repetir la jugada de Francesc Macià el 14 de
abril de 1931, cuando proclamó la República Catalana dentro de la Federación de
Repúblicas Ibéricas, adelantándose así a la proclamación de la República en
Madrid por parte de Niceto Alcalá Zamora, para conseguir con ello una
negociación posterior, que es la que desembocó en el Estatuto de 1932; nada muy
distinto a lo que pretende ahora Artur Mas, que quiere forzar una negociación
tirando millas en el camino de la independencia unilateral.
Algunas
de las analogías sugieren comportamientos recurrentes. Entonces como ahora, los
dos presidentes no eran inicialmente secesionistas; y en ambos casos nada puede
entenderse sin la radicalización izquierdista y el abandono de la moderación.
También entonces como ahora, todo se juega al final en la correlación de
fuerzas y en la capacidad de hacer un buen cálculo de las propias y las ajenas.
En 1934, la insurrección no contó con la movilización obrera y callejera y
quedaron en nada las milicias armadas que debían apoyar el golpe. En el actual
proceso, Artur Mas no ha obtenido la mayoría parlamentaria indestructible que
pedía ya en las elecciones de 2012 y tampoco ahora cuando pedía un resultado
plebiscitario que los electores le han negado, aunque haya ganado las
elecciones con una mayoría insuficiente para gobernar sin el apoyo de la CUP.
Su aislamiento internacional es pavoroso, pero además no cuenta con aliados en
España; y se ha enajenado a la mitad de la población catalana.
Entonces
se respondió a la fuerza militar con la fuerza militar. Ahora las armas son
jurídicas
El
juego comparativo no ha terminado. También tiene sentido fijarse en las
reacciones del Gobierno español. Entonces se respondió a la fuerza militar con
la fuerza militar. Ahora las armas son jurídicas y gradualistas; el reproche,
justísimo, es la falta de respuesta política. Ante la aprobación en el pleno,
ahora responde Rajoy con el anuncio del recurso al Constitucional que produzca
la inmediata suspensión de la declaración y de sus efectos.
Con
Artur Mas en funciones y a la espera de una improbable investidura, el papel de
Companys corresponde ahora a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament sobre
la que ha recaído la responsabilidad de un trámite tan irregular como
precipitado para aprobar la declaración. Pero no será por esta actuación
partidista en la interpretación del reglamento del Parlament por lo que se le
pedirá responsabilidades, sino por las iniciativas que pueda tomar en el futuro
en cumplimiento de la declaración que el Constitucional suspenderá en las
próximas horas. Si Forcadell es la primera que actúa contra la legalidad de la
que deriva su presidencia será ella y no Mas quien alcanzará una palma del
martirio patriótico similar a la que obtuvo Companys el Seis de Octubre de
1934. Seguro que será un honor para ella, pero también que no le importará a
Mas, si le sirve para seguir dirigiendo el proceso hasta su culminación.
RAJOY:
TARDE Y NO SABEMOS SI BIEN
09/11/2015@12:18:53
GMT+1
Luis
María ANSON
El
Parlamento catalán ha consensuado el desafío secesionista. Si hace dos años,
Mariano Rajoy hubiera reaccionado como exigía el órdago lanzado por Arturo Mas
no se habría llegado a la situación límite en la que estamos. La
responsabilidad viene de atrás, de la ligereza de Adolfo Suárez al establecer
el “café para todos” y, sobre todo, de la ocurrencia de José Luis Rodríguez
Zapatero al respaldar una reforma del Estatuto que, en ese momento, no
importaba ni al 5% del pueblo catalán, conforme a una encuesta publicada en La
Vanguardia.
La
memez del “no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es
tener cerrado el pico”, mantenida por Pedro Arriola, quebró un principio básico
de la política seria: prevenir y no curar. Como Mariano Rajoy no fue capaz de
prever lo que muchos anunciamos que iba a ocurrir ahora no le queda otro
remedio, en vísperas electorales, que tomar las medidas necesarias para que en
el Estado de Derecho español se respete la ley. Es tarde, muy tarde, y no
sabemos si el Gobierno actuará bien. Confiemos en que sí. Esperemos que después
de tanta torpeza, Mariano Rajoy tome las decisiones que cercenen la tropelía a
la que España asiste atónita. En 1934, un presidente del Gobierno de ideología
izquierdista, Alejandro Lerroux, supo liquidar en unas horas no la aprobación
de independencia de Cataluña, sino la proclamación del “Estado catalán dentro
de la República federal española”. Ahora lo mejor sería no tener que emplear la
fuerza sino hacer funcionar la maquinaria de la justicia con la debida
celeridad. Vamos a ver en pocas horas si el Gobierno se queda en declaraciones
inanes o si actúa con la contundencia que la situación exige.
TEXTO
DE JUNTOS POR EL SÍ Y LA CUP
Los
nueve puntos de la resolución independentista aprobada en el Parlamento catalán
09/11/2015@09:52:18
GMT+1
Por
EL IMPARCIAL
Los
nueve puntos de la resolución independentista aprobada en el Parlamento
catalánAmpliar
La
propuesta de resolución independentista presentada por Juntos por el Sí y la
CUP como inicio del proceso de desconexión de España, punto por punto.
PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
El
Parlamento de Cataluña:
PRIMERO.-
Constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27
de septiembre de 2015 se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas
parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado
independiente y con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que
apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.
SEGUNDO.-
Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán
independiente en forma de república.
TERCERO.-
Proclama el comienzo de un proceso constituyente ciudadano, participativo,
abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución
catalana.
CUARTO.-
Insta al futuro Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva
esta declaración.
QUINTO.-
Considera pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de
las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.
SEXTO.-
Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera
que este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a
las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del
Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia desde
la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado
previamente por el pueblo en referendo, entre otros.
SÉPTIMO.-
Adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión
democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español, de tal manera
que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a
una participación abierta, activa e integradora.
OCTAVO.-
Insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos
emanados de esta Cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos
fundamentales que pudieran verse afectados por decisiones de las instituciones
del Estado español.
NOVENO.-
Declara la voluntad de iniciar las negociaciones para hacer efectivo el mandato
democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de
república y, así mismo, lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión
Europea y del conjunto de la comunidad internacional".El desafío choca con
4 artículos
–¿Cómo
reaccionará el Gobierno a la decisión del Parlamento catalán de poner en marcha
mañana el proceso de creación de una Cataluña independiente?
–La
maquinaria jurídica se pondrá en marcha nada más aprobarse la propuesta de
Junts pel Sí y la CUP de poner los primeros cimientos de una República
catalana. El Gobierno celebrará el mismo martes, horas después del desafío
soberanista, un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a la
impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la resolución del
Parlament.
–¿Qué
sucederá en esas 24 horas posteriores a la anunciada «desconexión» de Cataluña
del resto de España?
–Nada
más conocerse los términos exactos de la resolución, el Consejo de Estado se
pondrá manos a la obra para elaborar un informe en el que señalará la
inconstitucionalidad de la declaración secesionista y avalará el recurso de la
Abogacía del Estado.
–¿Cuándo
recurrirá la Abogacía del Estado la resolución del Parlament?
–Con
el informe del Consejo de Estado en la mano, los Servicios Jurídicos del Estado
recurrirán ante el TC el mismo miércoles, invocando expresamente el artículo
161,2 de la Constitución, que estipula que la impugnación del Gobierno de una
resolución adoptada por un órgano de una comunidad autónoma lleva aparejada la
suspensión de la disposición recurrida.
–¿Durante
cuánto tiempo estará en vigor esa suspensión?
–El
Tribunal Constitucional acordará la suspensión por un plazo de cinco meses, que
se prorrogará mientras decida sobre el fondo del asunto.
–¿Contra
qué artículos de la Carta Magna choca frontalmente la declaración
independentista?
–La
Abogacía del Estado esgrimirá en su recurso que la decisión del Parlament tiene
efectos jurídicos (sin ir más lejos, la anunciada pretensión soberanista de
tramitar las «leyes del proceso consituyente, de Seguridad Social y de Hacienda
Pública») y vulnera, en primer lugar, el artículo 1,2 de la Constitución, que
establece que la soberanía nacional «reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado». Además, también infringe el artículo 2, que
estipula la «indisoluble unidad de la Nación española», así como el 9 («los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico») y el 168, que delimita los cauces para la reforma
de la Constitución.
–¿Qué
sucederá a partir de entonces?
–Una
vez suspendido el acuerdo de la Cámara catalana, el TC tramitará el recurso y
pedirá al Parlament que presente sus alegaciones antes de pronunciarse sobre el
fondo.
–¿Existe
algún precedente?
–Sí.
En marzo de 2013, el Parlamento catalán aprobó una declaración de soberanía y
el «derecho a decidir del pueblo de Cataluña». El TC suspendió la declaración
soberanista tras el recurso del Gobierno y, un año después, anuló la resolución
del Parlament negando el carácter soberano del pueblo catalán aunque abriendo
la puerta al «derecho a decidir» siempre y cuando se lleve a cabo respetando
los cauces legales.
–¿Qué
puede hacer el TC si el Parlament ignora la suspensión y sigue adelante con su
hoja de ruta independentista?
–El
escenario es completamente distinto al que se dio en 2013. La posterior reforma
de la ley orgánica del Tribunal Constitucional deja en manos del TC una batería
de medidas para garantizar que se acate la suspensión cautelar, desde
requerimientos y multas hasta la suspensión de las autoridades o funcionarios
responsables del incumplimiento o, incluso, dejar en manos del Gobierno la
ejecución del mandato del Alto Tribunal.
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