Torrent dispondrá de dos opciones. O buscarse la ruina personal, la primera. U obedecer, la segunda y última.
Desde hace una semana, esto es desde el lunes pasado a primera hora de la mañana, todas las puertas de acceso al Parque de la Ciudadela, que son más de una docena, están vigiladas por furgones de la Policía Nacional (española) con sus correspondientes dotaciones de agentes. Nadie, pues, va a poder acceder al recinto del antiguo cuartel del ejército de Felipe V donde ahora está instalado el Parlament de Cataluña sin que esos policías de absoluta e indubitada obediencia a las autoridades legítimas del Reino de España dejen de certificar su identidad. Y es que hasta las cloacas que transitan por los alrededores de la Cámara están siendo inspeccionadas en las últimas horas por los leales funcionarios de ese mismo cuerpo de seguridad. La memoria histórica de cuánto ocurriera el 6 de octubre del 34 tras la fuga por las alcantarillas de las Ramblas del célebre Dencàs, aquel Puigdemont a avant la lettre, ha estado muy presente en las últimas horas entre los responsables del Ministerio del Interior llamados a garantizar que Barcelona no se convierta (otra vez) en una pista de circo. Aunque de bien poco le serviría al Payés Errante la eventual proeza de burlar ese dispositivo de vigilancia.
Y es que si bien existen en nuestro ordenamiento jurídico tres lugares (las iglesias, los campus universitarios y los parlamentos todos) donde quien ejerce la función policial es el responsable de dichas instalaciones, o sea párrocos, rectores y presidentes de cámaras legislativas, esa potestad en ningún caso puede ejercerse para tolerar que se cometa un delito flagrante. El Parlamento de Cataluña, como el de La Rioja o el de Extremadura, no es una embajada sometida al estatus jurídico de extraterritorialidad. Así las cosas, si Puigdemont se dejara caer por su hemiciclo el próximo martes, a Torrent, tras ser requerido por una cuestión de poco más que simple cortesía, no le quedaría otro remedio que autorizar el acceso a la Policía Nacional (española). El único requisito, tal como establece el protocolo aprobado el pasado septiembre tras el registro del Parlament por parte de una dotación de la Guardia Civil sería que los policías entrasen en la Cámara desarmados y sin cubrir sus rostros con pasamontañas. No habría ninguno más. Ninguno ¿Estará dispuesto Puigdemont a cambiar dos horas de gloria escénica a cambio de siete años (como mínimo) en Estremera? ¿Alguién duda de la respuesta correcta a esa pregunta retórica? Ese farsante, por supuesto, no va a aparecer por Barcelona el martes. Ni en broma.
Lo que sí resulta harto probable, en cambio, es que Torrent acepte la delegación de voto de los otro cuatro idos de Bruselas, lo que abriría la puerta de atrás a su investidura in phantasma. Pero esa burla anunciada a nuestro Estado de Derecho tiene una solución, por lo demás sencillísima, que responde por buromail, que es el burofax de toda la vida, pero que ahora llega por correo electrónico a sus destinatarios. La laguna legal llamada a colocar en un brete al Tribunal Constitucional, en principio llamado a desautorizar al Gobierno o al Consejo de Estado con su dictamen sobre el pleno, se puede resolver, y se resolverá, por una vía que ofrece la tecnología. Porque bastará con que el Constitucional esté reunido el próximo martes a las 3 de la tarde en punto, hora prevista para el inicio de la sesión de investidura en la Ciudadela, y que los señores magistrados dispongan de un receptor de televisión en la sala. Transcurridos unos instantes, esto es una vez constatada la ausencia física del aspirante en la tribuna de oradores, la correspondiente interlocutoria anulando el pleno, cuyo texto ya habrá sido redactado con anterioridad, podrá ser remitida a la Mesa del Parlament por ese cauce instantáneo, el del buromail.
Ergo, a las tres y media, como muy tarde, el joven padre de familia Roger Torrent ya sabría que, en caso de desobedecer, estaría incurriendo en ese mismo instante en un delito de desobediencia, tipo penal que, entre otras contrariedades para el afectado, implica la inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública. Eso, repito, a las tres y media del próximo martes. Llegado ese instante procesal, Torrent dispondrá de dos opciones. O buscarse la ruina personal, la primera. U obedecer, la segunda y última. Pero siempre desde el bien entendido de que un gesto de rebeldía por su parte supondría al tiempo otro de supina estupidez, pues el pleno ya sería inválido desde el punto de vista jurídico en cualquier caso. Nadie se va a reír de España el próximo martes en la Ciudadela. Y menos que nadie, Puigdemont.
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