Viernes 26 de enero de 2018, 12:07h
En los periódicos, entre los ciudadanos, entre los juristas, se ha producido división de opiniones sobre la impugnación preventiva de la investidura del expresidente felón. La argumentación, lo mismo de un lado que de otro, no es desdeñable. Creen los más sensatos que el dictamen no vinculante del Consejo de Estado aconseja que el Gobierno de Mariano Rajoy ceda en sus propósitos.
Aseguran otros que en el insultante caso de Puigdemont, trilero y payaso de circo, conviene cortar de raíz una investidura que robustecería al felón ante la opinión pública internacional. El daño que las piruetas del expresidente prófugo está haciendo a la imagen de España es incalculable. El tramposo nos está situando al nivel caribeño, con repercusión también en la economía de Cataluña y del resto de España.
Puigdemont tiene ahora un cómplice robustecido por las últimas elecciones. Roger Torrent que, desde el primer momento, ha engañado a la crédula Soraya Sáenz de Santamaría y al pasivo Mariano Rajoy, mientras la indignación popular ante las maniobras y las trampas de Puigdemont se ha elevado al cubo. Demasiado arroz, en fin, para tan poco pollo. Puigdemont, que es un político de tercera división, está jugando al escondite belga con el Gobierno de una de las 15 grandes potencias del mundo.
El Gobierno, en fin, ha decidido apelar al Tribunal Constitucional para cercenar la investidura del prófugo, abriendo por primera vez un paréntesis de incertidumbre jurídica en este caso de extremada gravedad.
Luis María ANSON
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