Trapero y el exdirector de los Mossos recurrirán su procesamiento por sedición
| Josep Lluis Trapero en una imagen de archivo (Foto: Efe) |
EL IMPARCIAL
Viernes 06 de abril de 2018, 12:13h
Actuaron en el marco de una estrategia "premeditada" y "coordinada".
El exjefe y el exdirector de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero y Pere Soler, respectivamente, recurrirán en los próximos días su procesamiento en la Audiencia Nacional por sedición y organización criminal en relación al asedio a la Consejería de Economía y por el 1-O.
Ambos ex altos cargos de la policía autonómica recurrirán el auto de procesamiento que dictó contra ellos este jueves la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también procesó al ex secretario general de Interior César Puig y a la intendente Teresa Laplana.
Ambos ex altos cargos de la policía autonómica recurrirán el auto de procesamiento que dictó contra ellos este jueves la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también procesó al ex secretario general de Interior César Puig y a la intendente Teresa Laplana.
Lamela ha procesado al exmayor de los Mossos Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición. La instrucción de la causa se refiere a los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalidad, así como a la jornada del 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal.
Asimismo, la magistrada procesa por los mismos delitos al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior catalán César Puig. La intendente Teresa Laplana también ha sido procesada, en su caso por sedición.
En su auto la magistrada detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que losprocesados "pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión y su proclamación como república, al margen de las vías legales alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario".
En su auto la magistrada detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que losprocesados "pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión y su proclamación como república, al margen de las vías legales alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario".
En el marco de una "estrategia premeditada y perfectamente coordinada", la magistrada describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Según la magsitrada, los Mossos fueron utilizados de forma ilegal y añade que se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”.
Respecto a la jornada del 1 de octubre, la jueza argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.
Respecto a la jornada del 1 de octubre, la jueza argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.
Después de analizar las conductas investigadas, Lamela concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La jueza recuerda los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación.
Sobre el delito de sedición, Lamela define a la cúpula de los Mossos como "autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de Economía y, con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.
En los hechos investigados concurre, según Lamela, un dolo específico, que es el de la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.
Llamadas a Sánchez y Forn, y un código propio
En la fase de instrucción, la magistrado ha contado con el tráfico de llamadas en esos dos días, en los que fueron registradas 17 llamadas entre Trapero y Jordi Sánchez, y 29 entre Trapero y Joaquín Forn. Sobre el 1 de octubre, se basa en el documento ENFOCATS que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.
El auto de Lamela incorpora audios que reflejan toda la actividad desplegada desde la dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”.
El auto de Lamela incorpora audios que reflejan toda la actividad desplegada desde la dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”.
También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”. Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de uncódigo propio -“Clave 21”- que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.
De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.
Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.
De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.
Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.
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