El TSJC ordena a la Fiscalía que pare su investigación sobre el referéndum
La juez ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía que cierre los colegios electorales el 1 de octubre
Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un golpe encima de la mesa en la investigación del referéndum ilegal del 1 de octubre. En un auto dado a conocer este miércoles, el TSJC indica a la Fiscalía que "deberá cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos". La Fiscalía, por tanto, deja de pilotar desde ya las actuaciones para impedir la votación ilegal.
La decisión de la magistrada Mercedes Armas supone un punto y aparte en la investigación penal del referéndum. La Fiscalía había ordenado a los Mossos d'Esquadra que precinten los colegios electorales antes del sábado. El auto judicial va en la misma línea, aunque con algún matiz: Armas ordena que el domingo (pero no antes) "se impedirá la apertura" de los locales y, en su caso, "el cierre de todos aquellos que hubiesen llegado a aperturarse". La policía deberá también "impedir" hasta el domingo "la utilización de locales o edificios públicos" para preparar la votación.
El segundo matiz tiene que ver con la ejecución del plan. La Fiscalía había encomendado la misión a los Mossos. La magistrada, en cambio, dirige la orden también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los tres cuerpos deberán "prestarse en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone". "La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Cataluña", agrega el auto, "aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente".
El auto avala que un cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad -el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos- asuma, como había ordenado la Fiscalía, la coordinación del dispositivo sobre el referéndum. La juez recuerda que la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad establece que, en determinados casos, la Secretaría de Estado debe ejercer "una función de coordinación y supervisión" de la actuación de los distintos cuerpos policiales, incluidos los autonómicos.
La causa abierta por el TSJC partió de una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros del Gobierno catalán por firmar el decreto de convocatoria del referéndum. El tribunal admitió a trámite la querella por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El auto de Armas carga duramente contra los miembros del Govern. El "desarrollo de los acontecimientos" de las últimas semanas "han evidenciado una clara inobservancia" no solo de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, sino "de las resoluciones dictadas por esta instructor". Por ejemplo, cita, sobre el bloqueo de páginas webs del referéndum. Esas cautelas, agrega, "han sido burladas mediante la creación por el Govern de otros dominios en la red". Los querellados han dado cuenta de esos clones en las redes sociales y han "subrayado, en todo momento, que la consulta va a celebrarse".
La "actitud renuente" a cumplir las órdenes hace prever que el Gobierno "facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del referéndum". De ahí que adopte las medidas necesarias para que se celebre, pero "sin afectar la normal convivencia ciudadana". Además de ordenar el cierre de locales el día 1, la juez ordena a las policías que se incauten de cualquier material para la consulta. En el caso de que los colegios electorales estén en "edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos", deberán cerrar "únicamente" las dependencias destinadas a la votación. También deberán impedir, agrega el auto, "la apertura y actividad de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística el 1 de octubre: centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos".
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